Tomás Méndez Lozano

Expediente 1191/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1191/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Tomás Méndez Lozano
  • Agente del Ministerio Publico de la Federacion Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 127 a 143), dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.-***** , de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 126), por la cual confirmó la sentencia de garantías dictada por este juzgado federal de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 99 a 108), para el efecto de que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, del recurso de revocación **** . 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá pronunciarse respecto de todos y cada uno de los argumentos expresados por el aquí inconforme y exponga de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda, respecto a la presunción de inocencia, en los términos precisados en la presente resolución" (fojas 108). Para tal fin, los términos precisados en la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, son: "Bajo tales lineamientos, asiste esencialmente la razón a la parte quejosa cuando menciona que la autoridad responsable debió analizar el agravio que hizo valer en el recurso, consistente en que operaba a su favor la presunción de inocencia porque la conducta administrativa por la que fue sancionado tuvo su origen en hechos de carácter penal respecto de los que se le instauró la causa penal *** del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en la que no existía sentencia ejecutoriada en su contra. Por tanto, para cumplir con el derecho constitucional de legalidad, la responsable debió haber motivado de manera congruente la consideración sostenida al respecto, expresando las razones por las cuáles, consideraba que no operaba a su favor el principio de presunción de inocencia porque la conducta administrativa por la que fue sancionado tuvo su origen en hechos de carácter penal respecto de los que se le instauró la causa penal ***** del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en la que no existía sentencia ejecutoriada en su contra; o en su caso, si estimaba que por dicha razón operaba la presunción de inocencia, lo anterior para cumplir con el principio de congruencia y exhaustividad que se señala" (fojas 106 vuelta y 107). Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 144 a 146). Mediante oficio ****** , de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, recibido en la misma fecha, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió la resolución de treinta de octubre del presente año, en la cual: a) Dejó sin efectos la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete; b) Determinó que no opera en su favor el principio de presunción de inocencia, ya que el que no existiera sentencia ejecutoria dentro de la causa penal ***** del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se le instruyó, no era impedimento legal para que se le iniciara de manera oficiosa las investigaciones por conductas irregulares. Lo anterior, ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla no constriñe a la autoridad administrativa a que tenga que existir una resolución de materia penal para poder iniciar el procedimiento administrativo, ya que son procedimientos independientes. Aunado a que el quejoso tuvo el derecho de aportar pruebas y formular sus alegatos correspondientes en la audiencia de ley prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por lo que no existía como requisito legal la conclusión de una causa penal para instar el procedimiento en materia de responsabilidades administrativas de acuerdo con el artículo 5 de la multicitada ley. Concluyendo que los procedimientos (penal y administrativo) en los que se aplica el derecho disciplinario son independientes y autónomos de aquellos, que a pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados con fundamento en el derecho penal (fojas 173 a 174). Por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 192) sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, y haber expuesto de manera fundada y motivada las razones por las que no operaba el principio de presunción de inocencia a favor del quejoso; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Guárdese por separado el original y el duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que negó la medida cautelar definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA TOMÁS MÉNDEZ LOZANO, EL ACUERDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DISPONE: SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. V i s t o el estado del presente juicio de garantías, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 127 a 143), dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.-***** , de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 126), por la cual confirmó la sentencia de garantías dictada por este juzgado federal de quince de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 99 a 108), para el efecto de que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla: "1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, del recurso de revocación **** . 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá pronunciarse respecto de todos y cada uno de los argumentos expresados por el aquí inconforme y exponga de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda, respecto a la presunción de inocencia, en los términos precisados en la presente resolución" (fojas 108). Para tal fin, los términos precisados en la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, son: "Bajo tales lineamientos, asiste esencialmente la razón a la parte quejosa cuando menciona que la autoridad responsable debió analizar el agravio que hizo valer en el recurso, consistente en que operaba a su favor la presunción de inocencia porque la conducta administrativa por la que fue sancionado tuvo su origen en hechos de carácter penal respecto de los que se le instauró la causa penal *** del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en la que no existía sentencia ejecutoriada en su contra. Por tanto, para cumplir con el derecho constitucional de legalidad, la responsable debió haber motivado de manera congruente la consideración sostenida al respecto, expresando las razones por las cuáles, consideraba que no operaba a su favor el principio de presunción de inocencia porque la conducta administrativa por la que fue sancionado tuvo su origen en hechos de carácter penal respecto de los que se le instauró la causa penal ***** del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en la que no existía sentencia ejecutoriada en su contra; o en su caso, si estimaba que por dicha razón operaba la presunción de inocencia, lo anterior para cumplir con el principio de congruencia y exhaustividad que se señala" (fojas 106 vuelta y 107). Por auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 144 a 146). Mediante oficio ****** , de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, recibido en la misma fecha, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla remitió la resolución de treinta de octubre del presente año, en la cual: a) Dejó sin efectos la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete; b) Determinó que no opera en su favor el principio de presunción de inocencia, ya que el que no existiera sentencia ejecutoria dentro de la causa penal ***** del índice del Juzgado Segundo de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que se le instruyó, no era impedimento legal para que se le iniciara de manera oficiosa las investigaciones por conductas irregulares. Lo anterior, ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla no constriñe a la autoridad administrativa a que tenga que existir una resolución de materia penal para poder iniciar el procedimiento administrativo, ya que son procedimientos independientes. Aunado a que el quejoso tuvo el derecho de aportar pruebas y formular sus alegatos correspondientes en la audiencia de ley prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por lo que no existía como requisito legal la conclusión de una causa penal para instar el procedimiento en materia de responsabilidades administrativas de acuerdo con el artículo 5 de la multicitada ley. Concluyendo que los procedimientos (penal y administrativo) en los que se aplica el derecho disciplinario son independientes y autónomos de aquellos, que a pesar de encontrarse relacionados o basados en los mismos hechos, sean solucionados con fundamento en el derecho penal (fojas 173 a 174). Por auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la quejosa con las constancias referidas (foja 192) sin que realizara manifestación alguna. En las relatadas condiciones, la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, al haber dejado sin efectos la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, y haber expuesto de manera fundada y motivada las razones por las que no operaba el principio de presunción de inocencia a favor del quejoso; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se concedió el amparo solicitado, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Guárdese por separado el original y el duplicado del incidente de suspensión. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que negó la medida cautelar definitiva, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, por el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector. VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME DE CUMPLIMIENTO. Dese vista a las partes, con el oficio con anexo antes mencionado, por el término de tres días legalmente computado, para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el presente expediente y los datos aportados por las autoridades. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA TOMAS MENDEZ LOZANO, EL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: RECEPCION DE EJECUTORIA. Se acusa recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de: 1. los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; 2. Dos tomos anexos; y, 3. testimonio de la resolución pronunciada en el toca R.A. *******, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, recepcionada el veinticuatro de octubre del año en curso y copia autorizada de la misma. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por la superioridad, en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ******, en contra de los actos y de las autoridades responsables que se precisan en el resultando primero de la presente ejecutoria, para los efectos indicados en la sentencia sujeta a revisión." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría, las copias certificadas del expediente administrativo ***** y del recurso de revisión *******, que remitió como apoyo a su informe justificado, los cuales obraban por separado en dos cuadernos auxiliares al presente expediente. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese el expedientillo de referencia. Destrúyanse las constancias restantes del citado cuadernillo transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción I del citado acuerdo general. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que en el término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria del amparo, esto es: "1. Deje insubsistente la resolución de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, del recurso de revocación *****. 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción emita una resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido que la anterior, pero para ello, deberá pronunciarse respecto de todos y cada uno de los argumentos expresados por el aquí inconforme y exponga de manera fundada y motivada lo que en derecho corresponda, respecto a la presunción de inocencia, en los términos precisados en la presente resolución." (fojas 108). Apercibida la responsable que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se le impondrá al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla ******, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico, del Delegada de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, de conformidad con los artículos 4, 9, 15, fracción XX y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado, para que ordene, a la responsable cumpla con la ejecutoria de amparo, en el término de tres días legalmente computado, lo anterior, toda vez que es a dicha autoridad a quien le compete la facultad para exhortar a la autoridad responsable a su cargo para el caso de que incurra en la deficiencia del servicio, abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, que puedan afectar los intereses de la Secretaría o de terceros. Apercibido el superior jerárquico que de no hacerlo así, sin causa justificada en el plazo indicado, se le impondrá al licenciado ***** Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla; una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se apercibe a la citada autoridad y a su superior jerárquico, que en caso de incumplimiento, además de la sanción económica antes mencionada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Dese cuenta en breve lapso para acordar lo que en derecho corresponda.

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