Tomás Mauricio de las Casas Aponte

Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1441/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Tomás Mauricio de las Casas Aponte
  • Cfe Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales informa las gestiones que se encuentra realizando y solicita que se vincule a diversas autoridades para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos que expone. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en relación con su solicitud de que se vincule al Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, así como a su superior jerárquico Coordinador General Jurídico y de Derechos Humanos, dígasele que con fundamento en el artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Dirección General de Recursos Humanos de la citada Fiscalía tiene las atribuciones necesarias para realizar las acciones correspondientes con el objeto de realizar el pago a la parte quejosa. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios remitidos electrónicamente por el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la resolución dictada en la sesión de ocho de septiembre del presente año, en la que resolvió: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes, y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Por recibido el escrito signado por el apoderado legal de la moral quejosa, por medio del cual, desahoga el requerimiento formulado en auto de treinta de agosto del año en curso, y al efecto exhibe copia certificada del instrumento notarial con el cual acredita su personalidad y solicita la devolución del mismo; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención en los términos que el promovente precisa. En ese sentido, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (Registro: 180,663, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página: 1631) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es de rubro y datos de localización siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). De lo anterior, se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, este Juzgador considera que en el presente asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (...)" De acuerdo con lo dispuesto por la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma particular todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé su artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario de lo previsto en el artículo 77, fracción I, de la citada legislación de la materia. De la transcripción a los numerales citados, interpretado el último en sentido contrario, se colige que el juicio de garantías de acuerdo a su naturaleza jurídica de medio extraordinario de defensa, es improcedente respecto de aquellos actos en los que no se pueda reparar al quejoso en el goce de la garantía violada. Al respecto, debe decirse que el legislador estructuró el juicio de amparo como un medio de control de la constitucionalidad de los actos de poder, plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 constitucional, en cuya fracción II, se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de garantías, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI, de dicho artículo, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Así también, el legislador estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable respete el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus prerrogativas constitucionales, siendo ésta y no otra, la única justificación de tan importante medio de control de los actos de poder y, por ende, a ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Asimismo, cabe citar en el caso por analogía, la tesis visible en la página 2868 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, cuyo texto es: "SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: 'SENTENCIA DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.' y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Con el propósito de evidenciar lo anterior, es importante precisar que los actos reclamados en el presente juicio de garantías consisten en: - La Licitación Pública Internacional para la contratación del servicio de "Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México". - El proceso de adjudicación directa y proceso de subasta inversa para la contratación del servicio de "Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México". - El otorgamiento del Contrato de prestación de servicios multianual para la renovación y expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI, que incluye la autorización para la explotación comercial de publicidad en 510 espacios y el patrocinio en los elementos del Sistema ECOBICI, que se suscriba con las sociedades denominadas 5M2, S.A. DE C.V. y BKT BICI PÚBLICA, S.A. DE C.V.. - El otorgamiento de licencias y/o autorizaciones de anuncios de propaganda, publicidad o patrocinio para la explotación comercial de publicidad en 510 espacios y el patrocinio en los elementos del Sistema ECOBICI. - Los efectos y consecuencias de los actos reclamados la instalación y/o operación de espacios publicitarios y patrocinios en los elementos del Sistema ECOBICI, así como la continua afectación a los derechos de mi representada que derivan del artículo DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO NOVENO Transitorios del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal con motivo de la instalación y/o operación de los espacios publicitarios y patrocinios en cuestión. En ese sentido, es preciso destacar que la licitación Pública Internacional y el proceso de adjudicación directa y proceso de subasta inversa para la contratación del servicio de "Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México"; el otorgamiento del Contrato de prestación de servicios multianual; así como el otorgamiento de licencias y/o autorizaciones de anuncios de propaganda, publicidad o patrocinio para la explotación comercial de publicidad en quinientos diez espacios y el patrocinio en los elementos del Sistema ECOBICI, son actos que no le fueron otorgados a la quejosa, pues versan sobre derechos otorgados a diversas personas morales, a saber, con 5M2 y BKT BICI PÚBLICA, ambas sociedades anónimas de capital variable, y no con la empresa quejosa. Por su parte, el reclamo medular de la solicitante del amparo se traduce en que, derivado del otorgamiento del referido Contrato de prestación de servicios multianual para la renovación y expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI, se otorga a quien fue adjudicado, la autorización para la explotación comercial de publicidad en quinientos diez espacios y el patrocinio en los elementos del Sistema ECOBICI; con lo que estima se transgreden sus derechos como empresa que con motivo de la realización de su objeto social, adquiere y comercializa anuncios publicitarios, y presta diversos servicios en materia de publicidad exterior, y que en su oportunidad se incorporó al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el siete de septiembre de dos mil cinco, en específico el contenido del artículo DÉCIMO NOVENO Transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el quince de agosto de dos mil once, en el que se estableció que las solicitudes de Permisos Administrativos Temporales Revocables o licencias para la instalación de anuncios de propaganda comercial en nodos o corredores publicitarios, presentadas por personas distintas de las incorporadas al Programa referido, serían desestimadas de plano, lo cual aduce, no fue observado por las autoridades responsables en clara violación a su derecho fundamental de audiencia, así como las formalidades esenciales del procedimiento, con el propósito de hacer valer sus derechos que derivan del artículo DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO NOVENO Transitorios del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. En ese tenor, no obstante lo manifestado por la quejosa en el sentido de que los actos reclamados le causan perjuicio, en razón de que las responsables han determinado otorgar en favor de terceros un contrato de prestación de servicios para la renovación y expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI, que incluye la autorización para la explotación comercial de publicidad en quinientos diez espacios y el patrocinio en los elementos del Sistema ECOBICI; lo cierto es que dichas prerrogativas derivan de una licitación en cuyo proceso de adjudicación no participó, de ahí que su otorgamiento no le restringe derecho alguno, pues ni siquiera generó alguna expectativa para obtener la autorización para la explotación de los espacios publicitarios que se autorizaron; aunado a que con su otorgamiento a las empresas referidas, no le fueron cancelados los espacios publicitarios que posee para su explotación comercial. Por ende, al no haberse restringido derecho alguno, de resultar fundado algún concepto de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, no se podría restituir ningún derecho a la quejosa, puesto que no le fue arrancado ninguno que se hubiese concedido a las adjudicatarias, tercero interesadas, por ello en nada incidiría en la esfera jurídica de la quejosa, pues sólo afectaría a los terceros a quienes se otorgaron los contratos y autorización mencionados; esto es, existiría un impedimento para concretar en favor de la moral quejosa, los efectos de la protección federal en los términos del citado precepto, pues ante una eventual concesión del amparo en torno a los actos que reclama, el dejarlos insubsistentes nada cambiaría en los derechos que tiene otorgados en materia de publicidad, pues como se dijo, no intervino en la licitación que reclama, y mucho menos, derivado de ésta, se vieron restringidos sus derechos en materia de publicidad, por lo que no se vería beneficiada de modo alguno. En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda promovida por Máxima Vallas y Unipolares, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado legal Roberto Flores Gutiérrez. Finalmente, en atención a la solicitud de la devolución del documento con el cual acredita su personalidad; con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, efectúese el cotejo y compulsa de las copias simples que exhibe con las copias certificadas del instrumento notarial que solicita le sea devuelto, para que obre en autos, y previa constancia de su entrega y la toma de razón respectiva a satisfacción de este órgano de control constitucional, devuélvase el mismo; en el entendido de que la persona que se presente a recogerlas, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual, previo cotejo que se realice, será glosada en autos. Se hace de su conocimiento que el horario para la expedición de dichas copias, será de las nueve horas con quince minutos a las once horas con quince minutos de lunes a viernes; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en éste Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este Órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional, en el entendido que deberá agendar una cita en términos de lo previsto en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para acudir a las instalaciones de éste juzgado a fin recoger la documentación solicitada, en los días y horas indicados. Asimismo, se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir la entrega del documento solicitado dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, derivado de la carga de trabajo del centro de fotocopiado o del volumen de las constancias respectivas, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá de programar una cita posterior para su entrega. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 253/2020, y de la copia certificada del juicio de nulidad 30124/16-17-09- 6, e informa que admite a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos en contra de la sentencia dictada en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

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