Tomás Martínez Valencia (privado de la libertad)

Expediente 1060/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1060/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2021

Partes del expediente

  • Tomás Martínez Valencia (privado de la libertad)

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de doce de noviembre del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Como cuestión previa, debe decirse que antes de la reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimaba que tratándose de órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro, se estaba en presencia de un acto que afectaba la libertad personal, fuera del procedimiento, lo que llevaba a conceder la suspensión de plano y de oficio la suspensión de los actos reclamados. No obstante, derivado de la implementación del actual sistema penal acusatorio, la referida Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación ha abandonado tal criterio, puesto que estimó que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. En razón de lo anterior, el suscrito estima que no se surten los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 de la Constitución Federal, ni del artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, pues como se expuso con anterioridad, se está en presencia de un acto que aun cuando pudiera afectar la libertad personal, fue dictado o ejecutado dentro del procedimiento. Con base en esto último, la demanda de amparo que nos ocupa, no amerita el trato de un asunto urgente en el que deba proveerse con inmediatez respecto de la suspension de los actos reclamados. En consecuencia, se procede a proveer lo conducente a la procedencia de la demanda constitucional. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano. Ello, en atención a que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda constitucional para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo que, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Bajo esa guisa, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". Dicho articulado, regula el principio de definitividad que rige el presente procedimiento, cuando se trate de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo, así como los supuestos de excepción. El principio de definitividad se sustenta, en que previo a acudir al juicio de amparo, los gobernados tienen la obligación de acudir a los medios de impugnación que prevé la legislación ordinaria que los regule. Esto es, dicho principio implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Ahora bien, en el caso, se considera que la parte quejosa, previo acudir a la promoción del presente sumario, debió agotar los medios ordinarios previstos por la ley que rige el acto reclamado, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En efecto, en materia de traslados, se precisa que los artículos 1, fracción II, 50, 51, 52, 57, 116, 117, 131 y 132, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen los lineamientos a seguir para que se lleven a cabo los diversos tipos de traslados que contempla, incluyendo sus casos de excepción, la competencia para resolver sobre su procedencia, los medios de impugnación y las controversias que se pueden plantear sobre las condiciones de internamiento, a fin de que los internos afectados con tales actos puedan hacer valer su inconformidad en su contra, para que se modifique, revoque o nulifique el actuar de la autoridad responsable. El contenido de dichos preceptos, es el siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y III. Regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley.". "Artículo 50. Traslados voluntarios Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución.". "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código.". "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa.". "Artículo 57. Competencia de controversias con motivo de traslados nacionales Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser conocidas por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario de origen o por el Juez de Ejecución del Centro Penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. En el caso de traslados internacionales, será competente el Juez de Ejecución con jurisdicción en los Centros Penitenciarios donde se encuentre la persona privada de la libertad o, en su caso, el de la jurisdicción donde se hubiere dictado la sentencia correspondiente, a elección de la persona privada de la libertad, siguiendo el procedimiento que para tal efecto se establezca en el tratado aplicable. Las mismas reglas de competencia se observarán en relación con las personas inimputables sujetas a medidas de seguridad en los establecimientos previstos en la ley.". "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; III. Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil; IV. La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y V. La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.". "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa; II. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de la libertad, que podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los diez días siguientes; III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y IV. Los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. En relación a la facción II, en tanto no quede firme la sanción administrativa no podrá ejecutarse. Por cuanto hace a la fracción III, los traslados por razones urgentes, relacionados con la integridad física o la salud de la persona privada de la libertad o bien, por cuestiones de seguridad del Centro, no requerirán autorización previa del Juez de Ejecución, sin perjuicio de que dicha determinación pueda ser recurrida y en su caso, confirmada o revocada.". "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla.". "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley.". En esa tesitura, se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé tres tipos de traslados, los cuales tienen un procedimiento propio, y que son: Traslados voluntarios Traslados involuntarios Traslados urgentes (o excepcionales) Traslado voluntario, es aquel que tiene lugar a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, quien a su vez, celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Cuando se trata de personas privadas de la libertad a otro país, dicho traslado operará siempre y cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Constitución Federal. Traslado involuntario, los cuales son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, en términos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados urgentes o excepcionales surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley -delincuencia organizada, esté en riesgo la integridad y la salud de la persona privada de la libertad o esté en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario-, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad. Supuestos en que la autoridad penitenciaria deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Asimismo, se observa que respecto a esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación, establecido en los artículos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. Así, cuando se susciten casos como el presente, en que la persona privada de su libertad, reclama una orden de traslado que aún no se materializa, ni se tiene certeza de la calificación que sobre su legalidad emita el Juez de Ejecución, lo procedente será que los afectados promuevan una "controversia judicial", a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados. De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deberán ser autorizados por el Juez que esté conociendo del procedimiento de ejecución, de forma general, previa al traslado; y excepcionalmente, posterior a este, en cuyo caso, la autoridad penitenciaria deberá someterla a calificación del Juez del conocimiento. Luego, si la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades jurisdiccionales o administrativas. Ahora bien, en el caso, el promovente en el presente sumario constitucional reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala a uno diverso. En tal virtud, previo acudir al presente juicio, el quejoso debió agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado que reclama, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, pues se instituyen como medios de defensa ordinarios eficaces para combatir el traslado, a fin de analizar su legalidad y puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama. Sin que en el caso se advierta alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de la materia, que releven al promovente de cumplir con dicho principio. Lo anterior, en virtud de que la determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se afirma tal aserto, pues ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la orden traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro, produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta, pero dicha circunstancia sólo es a condición de que tal orden se ejecute sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o su fase de ejecución. En ese orden, se considera que el acto en estudio no se ubica en ese supuesto, en razón de que éste se encuentra sujeto a la revisión de un Juez de Ejecución, al amparo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que no puede considerarse como un acto fuera de procedimiento. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; Tampoco se ostenta como tercero extraño, ni mucho menos por equiparación, al ser el directo agraviado, por lo que está en aptitud de hacer valer el recurso correspondiente; así como tampoco se trata de un auto de vinculación a proceso. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber agotado los medios de impugnación correspondientes al traslado que reclama, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse las aludidas causales de improcedencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Tomás Martínez Valencia, en términos del artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En otro ámbito, debe precisarse que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; (.)" En este sentido, atento al contenido del numeral antes transcrito, las notificaciones al quejoso privado de su libertad deben hacerse en forma personal y en cualquiera de los siguientes lugares: En el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio. En el lugar de su reclusión. En el domicilio designado para oír notificaciones. En este contexto, toda vez que el quejoso ***, manifiesta estar recluido en el Centro Penitenciario de reinserción Social de Apizaco, Tlaxcala, se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído y las subsecuentes determinaciones que se emitan en el presente asunto con motivo de su substanciación, en el lugar de su reclusión, esto es, en el aludido Centro de Reinserción, a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Asimismo, se instruye al Analista Jurídico (S.I.S.E.) adscrito a este órgano jurisdiccional, que realice la autorización para que los usuarios ***, ***, *** y ***, se encuentre en aptitud de consultar vía internet el expediente de mérito y recibir las notificaciones en el presente sumario constitucional mediante vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente. Sin que pase desapercibido que además, se hayan señalado los "estrados" para recibir notificaciones; no obstante, atendiendo a la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS COV-2 (Covid 19) y a fin de privilegiar el uso de las tecnologías de la información y comunicación, las notificaciones se le practicarán de forma electrónica, pues así lo solicitó expresamente el ocursante. Asimismo, téngase como autorizados en términos amplios a ***, ***, *** y a ***, por contar con su cédula profesional inscrita Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y a las personas restantes, en términos restringidos del referido numeral, en atención a que *** no cuenta con dicho registro y así lo solicitó expresamente el quejoso con relación a *** e ***. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,983 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano