Tomás Martínez Arevalo

Expediente 226/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
226/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Tomás Martínez Arevalo

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, quince de abril de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de uno de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Por otro lado, toda vez que existe documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, para conocimiento del quejoso Tomás Martínez Arévalo, como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Mazatlán, Sinaloa, quince de abril de dos mil diecinueve. I. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de uno de abril de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. II. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. III. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documento. Por otro lado, toda vez que existe documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger el documento que exhibió en este expediente, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese en términos de Ley. Así lo proveyó y firma Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Clarisa Isela Vargas Anguiano, Secretaria que autoriza y da fe. Lic. Sergio López Valdez Actuario Judicial

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de abril de dos mil diecinueve. Devolución de documentos. Téngase por recibido el escrito firmado por María Olivia Álvarez Corona y Juan Martínez Arevalo, autorizados del quejoso Tomas Martínez Arevalo, por medio del cual solicitan la devolución de los documentos en copia certificada que se anexaron a su escrito inicial de demanda. No ha lugar. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento a los promoventes que por el momento no es dable acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que aún no queda firme el proveído de uno de abril del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, uno de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Tomas Martínez Arevalo. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 226/2019. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda, se advierte que el amparo es improcedente, como se verá a continuación. De los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se obtiene que la demanda debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. El motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. En la especie, se advierte la actualización de la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porque operó el consentimiento tácito del acto reclamado. Se entiende que un gobernado consiente un acto de autoridad cuando no promueve oportunamente en su contra la acción constitucional de amparo, resultando improcedente el juicio una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. El artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla general el plazo de quince días para presentar la demanda. La citada regla general admite excepciones, entre otras, que el acto que se reclama se encuentre en el supuesto de que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por otra parte, el numeral 18 del mismo ordenamiento, precisa que se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo señalado en primera instancia, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el promovente se duele de la sentencia interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Cuarto de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con sede en esta ciudad, en el expediente 29/2019. Asimismo, del capítulo de antecedentes de la demanda se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, tuvo conocimiento del acto reclamado. Sin embargo, del análisis de las constancias remitidas, se advierte que la resolución reclamada le fue notificada a la parte quejosa el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, lo cual consta en la foja quince vuelta del expediente en que se actua. Entonces, si la demanda de amparo en estudio fue presentada el veintinueve de marzo del año en curso, es incuestionable que fue promovida después del término genérico de quince días. Atento a lo expuesto se colige que el anotado plazo se empezó a computar desde el día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, esto es, del veintiuno de febrero al quince de marzo de dos mil diecinueve, descontando de dicho cómputo los días cuatro y cinco de marzo del año en curso, por ser inhábiles; así como veintitrés y veinticuatro de febrero, dos, tres, nueve y diez de marzo del mencionado año, por ser sábados y domingos. De ahí, que la demanda de amparo resulta extemporánea respecto de tal acto, al actualizarse el consentimiento tácito. Orienta a lo anterior, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; con rubro, texto y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado". (Séptima Época; Instancia: Tercera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Volumen 217-228, Cuarta Parte; Registro: 239520; Página: 105; Tesis Aislada; Materia(s): Común). Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios emitidos por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito: "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado". (Quinta Época; Registro: 370682; Instancia: Cuarta Sala; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo XCV; Materia(s): Laboral; Tesis: Página: 1533). "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". (Novena Época; Registro: 204707; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo II, Agosto de 1995; Materia(s): Común; Tesis: VI.2o. J/21; Página: 291). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, se procede a desechar la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Olivia Álvarez Corona y Juan Martínez Arevalo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese en términos de Ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano