Tomas Márquez Cruz

Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
710/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • Tomas Márquez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista certificación que antecede, de la que se advierte que de una búsqueda realizada en la página oficial de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se obtuvo que el siete de julio del año en curso, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, radicó el juicio de amparo 504/2022, de su índice, en el cual tuvo por recibido el oficio librado por este órgano jurisdiccional y en el cual se comunica en esencia la determinación de veintidós de junio de dos mil veintidós, en la que se determinó carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda motivo del presente asunto. Asimismo, se aprecia que dicho órgano jurisdiccional -Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz- se avocó al conocimiento de ese juicio de amparo, así como que aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. Datos que se invocan como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso j) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por *****, contra actos del Juez Primero Familiar, con sede en Salina Cruz, y otras autoridades. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 710/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. En el caso, como la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente, se debe considerar si la demanda de amparo da motivo para que este Juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. De no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 36, tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: JUEZ PRIMERO FAMILIA (SIC), SECRETARIO DE ACUERDOS, NOTIFICADOR, DEL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ, OAXACA. IV.- ACTO RECLAMADO: Respecto de la autoridad señalada como responsable reclamo como acto la OMISIÓN del juzgado primero familiar con residencia en Salina Cruz, toda vez que el día 10 de junio de 2022 acudí al juzgado primero de lo familiar y le solicite a la secretaria el expediente *** para que pudiera revisar unos acuerdos y apersonarme como representante del C. ***** quien es uno de los herederos en el juicio intestamentario que se ventila en ese juzgado, ya que mi representado vive fuera del país, y fue una sorpresa que la secretaria me negara el acceso al expediente antes enunciado, señalándome que el juez lo tenía bajo su resguardo, que nos esperáramos a que citara a la junta de herederos, que no se le podía molestar. Debo señalar que este asunto es de 2017 y que entre la desorganización de las partes, y la falta de asistencia técnica recurrente se ha dilatado el proceso, ya que se le señalo a su señoría que el albacea y heredero ***** falleció, y se inició el proceso de nombrar otro albacea, se señaló el domicilio y el nombre de la viuda para que manifieste lo que a su derecho convenga y se le notifique, hecho que no ha sucedido por que el NOTIFICADOR no ha realizado lo ordenado por su señoría, y básicamente el juez, notificador y secretario se toman atribuciones que no les compete, pues son la autoridad encargada de vigilar, agilizar el proceso, no dilatarlo o negar derechos a los interesados". Al respecto conviene hacer alusión al contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el que se presente la demanda, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro (párrafo segundo). c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material (párrafo tercero). Atento a las consideraciones anteriores, en virtud de que el acto que se reclama en esta instancia constitucional, consiste -en esencia- en la omisión de las autoridades responsables de dar acceso al expediente ****, de su índice; lo cual, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita, tal y como se encuentra establecido en los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), pues refiere no ha podido intervenir en dicho juicio y por ende la dejan en estado de indefensión. Por tanto, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto dado que la acción que emprendan las autoridades responsables, será esencialmente permitir a la parte aquí quejosa tenga acceso al expediente ****, del índice del Juzgado Primero Familiar, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca; lo que en el caso se estima genera un cambio en el mundo fáctico, en razón de que el referido acto reclamado constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que conlleva una vulneración del derecho fundamental de justicia pronta y expedita. Es así además, ya que las autoridades al proveer lo conducente respecto del acceso al expediente *****, de su estadística, llevarán a cabo un actuar que tendrá incidencia en el lugar en donde residen éstas, es decir, donde se desahoga el procedimiento de que se trata, y en donde sus consecuencias jurídicas se verán materializadas, respecto de la situación particular de la accionante. Resulta orientadora, por las razones que la integran, la Jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1873, Undécima Época, Materia Penal, Registro digital 2023548, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario". Con base en los razonamientos expuestos, se estima que la omisión reclamada en el juicio de amparo indirecto, no es de naturaleza meramente declarativa, ya que sí tiene repercusión en el mundo fáctico; pues se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se dé acceso a la parte aquí quejosa al expediente de origen, por eso se trata de actos omisivos con efectos positivos. En ese orden de ideas, se impone señalar lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito; el cual señala que: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz". De lo transcrito se desprende que Salina Cruz, Oaxaca, lugar en donde tienen residencia las autoridades responsables, no se encuentra dentro de los municipios que expresamente establece el citado Acuerdo General 3/2013, en los que ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; por tanto, se encuentra fuera del ámbito territorial de competencia de este Juzgado. Por lo tanto, es claro que conforme a la regla establecida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda de amparo, el Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 48 de la Ley de Amparo, sin proveer sobre su admisión, remítase la demanda de que se trata, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, a fin de que provea lo que conforme a derecho proceda respecto del conocimiento del presente asunto Asimismo, se solicita de la manera más atenta, tenga a bien informar a este órgano jurisdiccional sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias correspondientes. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO (NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS). Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones a dicha parte quejosa se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación de manera indistinta a los usuarios ****; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Vista la certificación de cuenta se autoriza a los usuarios ****, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). NÚMERO TELEFÓNICO. Ahora, respecto a que se autorice como medio para recibir notificaciones, el número telefónico que para tal efecto indica; dígasele que no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. No obstante lo anterior, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente (vía electrónica).

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