Tomás Macías Esquivias

Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Tomás Macías Esquivias

Actuaciones

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda promovida por ***, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Archivo y clasificación. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de documentos. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por *****, en contra de actos del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 688/2021-II. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y, por ello, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado expuestos bajo protesta de decir verdad en los escritos en cita, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En efecto, de los antecedentes, expuestos bajo protesta de decir verdad -manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º- se advierte lo siguiente: 1. Que se tramitó el juicio ordinario civil número ***** ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el cual se dictó sentencia condenatoria en contra del demandado, ahora quejoso, es decir, dicho controvertido se encuentra en etapa de ejecución. 2. Que, previa petición de la parte actora, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable decretó una medida de embargo y aseguramiento de bienes para garantizar la condena impuesta en la sentencia definitiva o los posibles daños para el caso de incumplimiento, hasta por la cantidad de $*****(*****). En razón de ello, el juez responsable giró exhorto a su homólogo en Cortazar, Guanajuato, para la ejecución respectiva. Estos son los actos reclamados en la presente instancia constitucional. De lo anteriormente narrado, se desprende que el acto reclamado es resultado de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, pues de autos se desprende que la parte quejosa se inconformó en contra de la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno que decretó la medida de embargo y aseguramiento de bienes para garantizar la condena impuesta en la sentencia definitiva o los posibles daños para el caso de incumplimiento; por tanto es evidente, que lo aquí reclamado son actos dictados dentro del periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima, como se precisó, que en este caso se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que esta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede en contra de los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: a. Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. b. Tratándose de remates, solo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Dicho precepto, interpretado en sentido contrario, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de ejecución de sentencia es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que respecto al procedimiento de remate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado párrafo y numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." La finalidad de la disposición analizada es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así, los autos intermedios dictados dentro de la etapa de ejecución, como es el caso a estudio, no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, toda vez que, al existir sentencia ejecutoriada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra de determinaciones intermedias dictadas en el procedimiento respectivo, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución, en contra de la que tendrá expedito su derecho para impugnar las violaciones procesales que surjan en la etapa de ejecución. En el particular, se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se decretó una medida de embargo y aseguramiento de bienes para garantizar la condena impuesta en la sentencia definitiva o los posibles daños para el caso de incumplimiento, hasta por la cantidad de $4´961,071.56 (cuatro millones novecientos sesenta y un mil setenta y un pesos con cincuenta y seis centavos), así como el hecho de que se haya girado exhorto a Cortazar, Guanajuato, para la ejecución respectiva. Lo que pone de manifiesto que esos son actos tienen como finalidad de materializar la sentencia condenatoria; de ahí que, se estime que dichos actos son emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, como se adelantó, tal acto reclamado no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Así es, el juicio de amparo es improcedente en la especie, pues se trata de un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución, el cual será impugnable junto con la resolución final que declare que la sentencia definitiva ha sido cumplida, o bien, que existe una imposibilidad material para su cumplimiento, o el archivo del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada III.4o.(III Región) 8 C (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, con número de registro digital 2004223, de la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1647, de rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." En ese sentido, el acto aquí reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio origen, lo que trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la quejosa es parte. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que se considere se cometieron en el trámite del incidente de nulidad de actuaciones, así como en las determinaciones subsecuentes de la etapa de ejecución de sentencia. Además, la resolución reclamada, se estima que no es autónoma a la ejecución, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar la sentencia condenatoria que le fue adversa a la parte quejosa, por lo que el promovente debe esperar la última resolución para promover el amparo indirecto, en términos de la fracción analizada. Tampoco la determinación impugnada es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, en contra de ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si, se insiste, se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella determinación que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o tratándose de remates, la última resolución, constituye la que en definitiva y de manera indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Siendo estas las resoluciones culminatorias del procedimiento de ejecución y en contra de las cuales se prevé la procedencia del juicio de garantías, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional, ajeno a la cosa juzgado en el juicio de origen. En ese sentido en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que la peticionaria del amparo es parte formal y material en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/20101, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60. ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por tanto, es dable concluir que el quejoso debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto solo procederá en contra de la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, que establece: "Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por *****, en contra de actos del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 688/2021-II. Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y, por ello, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y escrito aclaratorio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último interpretado a contrario sensu y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De los antecedentes del acto reclamado expuestos bajo protesta de decir verdad en los escritos en cita, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En efecto, de los antecedentes, expuestos bajo protesta de decir verdad -manifestación que merece eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por el numeral 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º- se advierte lo siguiente: 1. Que se tramitó el juicio ordinario civil número ***** ante el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en el cual se dictó sentencia condenatoria en contra del demandado, ahora quejoso, es decir, dicho controvertido se encuentra en etapa de ejecución. 2. Que, previa petición de la parte actora, el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el juez responsable decretó una medida de embargo y aseguramiento de bienes para garantizar la condena impuesta en la sentencia definitiva o los posibles daños para el caso de incumplimiento, hasta por la cantidad de $*****(*****). En razón de ello, el juez responsable giró exhorto a su homólogo en Cortazar, Guanajuato, para la ejecución respectiva. Estos son los actos reclamados en la presente instancia constitucional. De lo anteriormente narrado, se desprende que el acto reclamado es resultado de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, pues de autos se desprende que la parte quejosa se inconformó en contra de la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno que decretó la medida de embargo y aseguramiento de bienes para garantizar la condena impuesta en la sentencia definitiva o los posibles daños para el caso de incumplimiento; por tanto es evidente, que lo aquí reclamado son actos dictados dentro del periodo de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima, como se precisó, que en este caso se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que esta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." El normativo precedente establece la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Así, en general, el juicio procede en contra de los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. No obstante, existen reglas particulares respecto de dos actos específicos: a. Tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. b. Tratándose de remates, solo procede el amparo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, caso en el cual también se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Dicho precepto, interpretado en sentido contrario, permite concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo. De lo anterior se sigue que para efectos del juicio de amparo, la última resolución en el caso de ejecución de sentencia es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Mientras que respecto al procedimiento de remate, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, interpretó el citado párrafo y numeral y sostuvo que el juzgador de amparo debe analizar dicho arábigo en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la última resolución del remate, la cual la constituye la que indistintamente y en forma definitiva ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado; es decir, que basta que se emita una sola de las citadas determinaciones para considerar actualizada la última resolución del remate y, por ende, procedente el juicio de amparo biinstancial. De la anterior contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) publicada en la página 1066 del libro 29, de abril de 2016, tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." La finalidad de la disposición analizada es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada en ejecución de sentencia, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así, los autos intermedios dictados dentro de la etapa de ejecución, como es el caso a estudio, no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, toda vez que, al existir sentencia ejecutoriada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra de determinaciones intermedias dictadas en el procedimiento respectivo, en términos de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución, en contra de la que tendrá expedito su derecho para impugnar las violaciones procesales que surjan en la etapa de ejecución. En el particular, se reitera, la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la cual se decretó una medida de embargo y aseguramiento de bienes para garantizar la condena impuesta en la sentencia definitiva o los posibles daños para el caso de incumplimiento, hasta por la cantidad de $4´961,071.56 (cuatro millones novecientos sesenta y un mil setenta y un pesos con cincuenta y seis centavos), así como el hecho de que se haya girado exhorto a Cortazar, Guanajuato, para la ejecución respectiva. Lo que pone de manifiesto que esos son actos tienen como finalidad de materializar la sentencia condenatoria; de ahí que, se estime que dichos actos son emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por tanto, como se adelantó, tal acto reclamado no constituye la última resolución a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en contra de la que procede el juicio de amparo, y que permita analizar las violaciones que la parte quejosa estima se cometieron durante el procedimiento respectivo. Así es, el juicio de amparo es improcedente en la especie, pues se trata de un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución, el cual será impugnable junto con la resolución final que declare que la sentencia definitiva ha sido cumplida, o bien, que existe una imposibilidad material para su cumplimiento, o el archivo del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone, la tesis aislada III.4o.(III Región) 8 C (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, con número de registro digital 2004223, de la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1647, de rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. De acuerdo con los artículos 1346 y 1347 del Código de Comercio, el embargo que se suscita en esa etapa, forma parte del sistema establecido para que la demandada cumpla con la obligación de pago que le fue impuesta y, por ende, debe considerarse una consecuencia directa y necesaria del fallo condenatorio, por lo que sólo podrá ser impugnado al controvertir en amparo la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en el que podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase, que lo hubiesen dejado sin defensa. Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", porque la afectación que en esas condiciones se produce sobre el derecho de propiedad del ejecutado, no resulta ajena a la cosa juzgada en el juicio natural que le impuso la obligación de cubrir con sus bienes la deuda que tenía con el actor." En ese sentido, el acto aquí reclamado fue emitido dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio origen, lo que trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución, y la voluntad del legislador al crear la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, fue evitar el abuso del juicio de garantías y que no se impida la materialización de los trámites de ejecución en un juicio en el que la quejosa es parte. En consecuencia, el amparo procede hasta que se dicte la última resolución en el periodo de ejecución de sentencia, y en los conceptos de violación se podrán alegar las violaciones que se considere se cometieron en el trámite del incidente de nulidad de actuaciones, así como en las determinaciones subsecuentes de la etapa de ejecución de sentencia. Además, la resolución reclamada, se estima que no es autónoma a la ejecución, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar la sentencia condenatoria que le fue adversa a la parte quejosa, por lo que el promovente debe esperar la última resolución para promover el amparo indirecto, en términos de la fracción analizada. Tampoco la determinación impugnada es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, en contra de ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si, se insiste, se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella determinación que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenen el archivo definitivo del expediente; o tratándose de remates, la última resolución, constituye la que en definitiva y de manera indistinta ordena la entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Siendo estas las resoluciones culminatorias del procedimiento de ejecución y en contra de las cuales se prevé la procedencia del juicio de garantías, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional, ajeno a la cosa juzgado en el juicio de origen. En ese sentido en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en virtud de que la peticionaria del amparo es parte formal y material en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 3, página 1515, que establece: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Así como, la jurisprudencia 1a./ J. 28/20101, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la 1 Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 60. ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por tanto, es dable concluir que el quejoso debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto solo procederá en contra de la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, localizable en la página 648, del tomo IX, enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del invocado numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita."

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