Tomás Luna Pérez
Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- Tomás Luna Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito signado por .................., apoderada general de ............. visto su contenido con fundamento en el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, previa comparecencia y firma que por su recibo obre en autos, en el entendido que, deberá presentar dos identificaciones oficiales, una que le permitirá el acceso al edificio y la segunda para identificarse en el órgano jurisdiccional y copia de la misma; teniendo por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que precisa. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
".San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su numeral 2°, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio CAUSA EJECUTORIA, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro de control respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido; en el entendido de que se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó sobreseer. Por lo que la fecha probable de su DESTRUCCIÓN será el SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, ASÍ COMO INDÍQUESE LA FECHA PROBABLE DE DESTRUCCIÓN, y una vez que transcurra el término que se refiere el párrafo anterior, al año y previamente a la visita de inspección se destruirá este expediente y se remitirá dentro de los treinta días siguientes el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Con copia del presente acuerdo, hágase del conocimiento al Secretario encargado de las listas de archivo la fecha de probable destrucción o transferencia para su registro y efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a sus autos el oficio signado vía electrónica por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de septiembre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ********************, interpuesto en contra del auto de dos de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo en que se actúa; haciendo saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se encomienda a la Jueza Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la admisión de la demanda de amparo promovida por .................., respecto de la autoridad responsable ejecutora Secretario del Juzgado de Paz de la Colonia Guadalupe Hidalgo, Nealtican, Puebla, tramitada bajo el número de expediente 983/2023." Acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el expedientillo únicamente con las constancias originales. Visto su contenido, se advierte que dicho órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja interpuesto en contra del auto de dos de julio de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio, mediante el cual se desechó parcialmente la demanda; es decir, únicamente en relación con el acto reclamado al Secretario adscrito al Juzgado de Paz de la Colonia Guadalupe Hidalgo, Nealtican, Puebla. Sin embargo, de autos se advierte que el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia constitucional y el doce de septiembre siguiente, se dictó la sentencia definitiva en la que se sobreseyó en el juicio, en la que se ordenó notificar a la Superioridad, para su conocimiento en la queja de cuenta. Por tanto, dado que ya se dictó sentencia en el presente asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para acatar el sentido de la ejecutoria aludida, ya que ello implicaría revocar las propias determinaciones, esto es, dejar sin efectos la audiencia constitucional y la sentencia definitiva. Así, dado que la normatividad aplicable no contempla la posibilidad de revocar las propias determinaciones; por tanto, la suscrita se encuentra impedida para admitir nuevamente a trámite la demanda de amparo, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.21 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA VEZ CELEBRADA, POR NINGÚN MOTIVO EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DEJARLA SIN EFECTO. Ningún precepto de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para que una vez llevada a cabo la audiencia constitucional del juicio de amparo, pueda dejarla sin efecto y señalar día y hora para una nueva audiencia, pues ello implica infracción a lo dispuesto en el artículo 155 de la citada legislación, conforme al cual, el trámite de la audiencia constitucional está regido por los principios procesales de continuidad, unidad y concentración, al prever que en la audiencia deben recibirse las pruebas y los alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, para enseguida, dictarse el fallo correspondiente. En esa tesitura, dejar sin efecto una audiencia constitucional implica anular los actos procesales relativos a la recepción de pruebas, alegatos y aun el pedimento del Ministerio Público para volver a celebrarla, obligando a las partes, en su caso, a imponerse de otras situaciones y de otras pruebas que no constaban en autos en la fecha en que se inició la celebración de la audiencia constitucional, lo que da lugar a la pérdida de los derechos adquiridos por éstas. Así, podría suceder, por un lado, que la parte que compareció y ofreció pruebas tenga que repetir su actuación, mientras que para la que no compareció ni ofreció pruebas renazca el derecho para hacerlo en perjuicio de su contraparte, lo cual no es lógico ni jurídico. Además, es principio generalmente reconocido y de aplicación obligatoria en el procedimiento del juicio de amparo, que no es permitido al juzgador de garantías revocar sus propias determinaciones, en procedimientos regidos por leyes que prevén recursos para impugnar las resoluciones dictadas en ellos, ya que la seguridad jurídica que garantiza el orden constitucional, exige que tengan firmeza los procedimientos que se siguen en un juicio y estabilidad los derechos que por ellos se conceden a las partes, por lo que sólo sería el tribunal revisor el que, de advertir alguna irregularidad procesal, tendría la facultad para revocar la sentencia dictada en esa audiencia y ordenar la reposición del procedimiento, dejando sin efecto, de ser necesario, lo actuado en esa diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable en lo conducente la tesis I.3o.C.77 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "REGULARIZACION DEL PROCEDIMIENTO, LOS TRIBUNALES NO DEBEN REVOCAR SUS PROPIAS RESOLUCIONES AL DECRETAR LA. De lo dispuesto en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, se desprende que tal dispositivo no establece una obligación, sino una facultad para que los jueces y magistrados puedan subsanar toda omisión que notaren en la sustanciación del procedimiento, para el solo efecto de regularizarlo, siempre que con ello no modifiquen sus propias determinaciones; por lo que si además el artículo 84 del Código aludido es contundente al ordenar que esos órganos jurisdiccionales no podrán variar ni modificar sus sentencias o autos después de firmados, estableciendo sólo la posibilidad de aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que las primeras contengan sobre un punto discutido en el litigio, o bien cuando los segundos sean obscuros o imprecisos, pero haciendo sobre todo hincapié en que no se puede alterar la esencia de dichas sentencias y proveídos; por lo que resulta incuestionable que no podía proceder la pretensión de la parte quejosa de que se regularizara el procedimiento, puesto que ello no sólo tendría como finalidad la de subsanar la omisión de que no se acordó una promoción de la parte demandada, por la que señaló un nuevo domicilio para oír notificaciones, ya que eso necesariamente también traería como consecuencia que se anulara todo lo actuado en el juicio natural, con posterioridad a un auto por el cual se ordenó una notificación personal a las partes, en virtud de que la misma se llevó a efecto en el domicilio originalmente señalado por la amparista y no en el que precisó con posterioridad; por lo tanto, al quedar claro que no se está en el supuesto de que se pretenda subsanar una simple omisión, es indudable que tal pretensión se debió intentar a través del recurso ordinario que resultara procedente para lograr la nulidad de las actuaciones relativas." Notifíquese en términos de ley.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****** y ********, a través de su apoderado general *******, en contra del acto reclamado al Juez de Paz de la Colonia Guadalupe Hidalgo, perteneciente al Municipio de Nealtican, Puebla, el cual quedó precisado en el considerando segundo y por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo.
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