Tomás Luna López
Expediente 624/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 42 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 22/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Tomás Luna López
- Patricia Ortiz Rosas (en favor de incomunicado)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
...se declara que dicho auto ha causado estado...Archívese este juicio como asunto totalmente concluido...
- Principal
estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado aludido. Conforme a la disposición legal trascrita, el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ello, pues como se adelantó, en relación con los impetrantes de mérito, el juez de control celebró la audiencia inicial, en la que, entre otras cuestiones, calificó de legal la detención de los imputados y luego de llevar a cabo las etapas o fases respectivas, por una parte, dictó auto de vinculación a proceso en su contra y, por otra, de no vinculación a proceso por no haberse acreditado el hecho señalado por la ley como delito. Por consiguiente, es claro que en el caso particular ha existido un cambio de situación jurídica, ya que la detención combatida en el presente juicio de amparo, se sustituyó jurídica y procesalmente por lo determinado en la audiencia de control de legalización de la detención y formulación de imputación, en la que se dictó auto de vinculación a proceso; de modo que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la detención que combaten y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación creada en su esfera jurídica con motivo de la consignación que se efectúo ante la autoridad jurisdiccional, quien resolvió calificar de legal la detención y resolver su situación jurídica, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de esas actuaciones para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. En consecuencia, se estima que lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (S.J.F., Novena Época, Tomo XVII, Marzo - 2003, Pág. 386). En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, por lo que se tiene[n] por inexistente[s] dicha[s] autoridad[es]; en consecuencia, se suspende toda comunicación con la[s] autoridad[es] precisada[s] en dicho[s] documento[s] y se ordena seguir el presente juicio por la[s] autoridad[es] ya señalada[s] como responsable[s].
- Principal
lo procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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