Tomás José Martínez Pinacho

Expediente 902/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
902/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
11/12/2015

Partes del expediente

  • Tomás José Martínez Pinacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA V B Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Roberto Velásquez Demetrio contra actos del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por violación a sus derechos fundamentales; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1902/2015. Tramítese sin incidente de suspensión por no haber solicitado el promovente dicha medida cautelar. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, se otorga al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente por lo que entréguesele una copia simple de la demanda. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicítese informe justificado a la autoridad responsable, el cual deberá rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguiente al en que reciba el oficio, para lo cual, deberá acompañar en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. En términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. Se reserva proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admite como prueba de la parte quejosa la presuncional legal y humana, y la instrumental de actuaciones, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Respecto a la documental, consistente en todo lo actuado en el expediente penal 141/2011 del índice de la autoridad responsable, una vez que obre en autos, téngase como prueba del quejoso. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo; y por autorizadas con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, por así solicitarlo y ser el presente asunto de naturaleza penal. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional.

  2. Incidental

    MESA IV A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de siete de julio de dos mil quince (fojas 22 y 23), se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en este incidente de suspensión; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar en este incidente de suspensión, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA IV A De los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil quince (fojas 46 a 48), sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. En otro aspecto se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  4. Principal

    MESA IV A se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por TOMÁS JOSÉ MARTÍNEZ PINACHO, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta sentencia.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

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