Tomas José Luis Villanueva Aguirre
Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2021
Partes del expediente
- Tomas José Luis Villanueva Aguirre
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, del estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21 inciso d) de dicho Acuerdo. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo indicado en el párrafo que antecede; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida ********, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 622/2021-I. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el toca ***/2021, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante la cual se confirmó la determinación de treinta de abril del año en curso, dictada por el Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de inconformidad de inventario y exclusión de bienes, deducido del juicio sucesorio intestamentario ***/2018. Por lo que, el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, este Juzgado de Distrito estima se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, ya que la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto, se encuentra inmersa en el inventario y avalúo del juicio sucesorio intestamentario, radicado con el número ****/2018, del índice del Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y, por ende, constituye un acto dentro de una de las etapas de dicho juicio que deben impugnarse precisamente en amparo indirecto pero contra la resolución que le ponga fin a la etapa en desarrollo, siempre que sea de las tres primeras secciones que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria de una de las etapas del juicio, en tanto que éste no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. Esto es, si se parte de la base de que el juicio sucesorio sustanciado conforme al Título Segundo, denominado Sucesiones; capítulo I, Disposiciones Generales, Secciones del juicio, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, consta de cuatro secciones, a saber: Sección primera relativa a la sucesión; Sección segunda de inventario y avalúos; Sección tercera de administración y, Sección cuarta de partición. Ahora, conforme a lo dispuesto en los artículos 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 y 4.32 del ordenamiento jurídico en cita, es evidente que cada una de esas etapas concluye con una resolución o sentencia; y precisamente en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos (sucesión), inventarios y avalúos y, de administración, serán reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, pues es evidente que las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables cuando se promueva el juicio contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en el juicio intestamentario a bienes de **** o ******, radicado con el número ****/2018, del índice del Juzgado Séptimo Familiar de Toluca, Estado de México, sólo se han llevado a cabo la primera sección y, en la segunda, correspondiente al inventario y avalúo de la masa hereditaria el heredero, ahora quejoso Tomás José Luis Villanueva Aguirre, planteó incidente de exclusión de dominio respecto de dos fracciones de terreno que -aduce- son de su propiedad y se encuentran inmersas dentro de una superficie mayor que corresponde a la masa hereditaria; el treinta de abril de dos mil veintiuno, el juez de origen declaró improcedente la exclusión aludida, inconforme con ello, el peticionario del amparo interpuso recurso de apelación, al cual recayó la resolución combatida que confirmó la de primera instancia. De lo expresado, se desprende que el juicio sucesorio intestamentario de mérito se encuentra en la segunda sección de inventario y avalúo, dentro de la cual se planteó incidente de exclusión de dominio, sin que se advierta que se haya emitido la resolución con la cual concluya dicha sección. Ahora, el artículo 4.30 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone: "Sección segunda Artículo 4.30. La sección segunda es de inventario y avalúos y contendrá: El inventario provisional del interventor; El inventario y avalúo; Los incidentes que se promuevan; La resolución sobre inventario y avalúo." Del numeral anterior, se advierte que la sección de inventarios y avalúos se iniciará con la presentación del inventario o exhibición de avalúos que al efecto realice el albacea y culminará con la determinación que pronuncie el juzgador común, donde apruebe éste. De la reseña de las constancias se pone en relieve que el juicio del que deriva el acto reclamado, aún se encuentra en trámite; luego, si se toma en consideración que, conforme a la propia ley procesal civil, la sección de inventario y avalúos termina con la resolución mediante la cual se aprueban los propuestos por el albacea, es claro que el acto reclamado, debe estimarse como dentro de juicio y, por su naturaleza, de los que no causa a las personas una ejecución de imposible reparación. En ese tenor, el juicio sucesorio es de naturaleza especial, constituido de cuatro etapas distintas, por tanto, las violaciones procesales que en cada una de las tres primeras etapas se cometa sólo podrán ser reclamadas en juicio de amparo indirecto cuando se impugne la resolución que cierre y decida el fondo de ellas. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis cuyo rubro y texto, son: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." Entonces, como en la especie, es necesario que se encuentre concluida la segunda etapa del juicio sucesorio (inventario y avalúos) para poder combatir las violaciones procesales a través del juicio de amparo, es claro que al no acontecer así, es decir, al estar inconclusa esa fase, el controvertido constitucional es improcedente ya que, se insiste, todavía se carece de resolución que decida la segunda sección, sin que esto implique consumación irreparable, pues es factible el estudio o análisis de la exclusión de bienes alegada por el heredero, aquí quejoso, cuando se ataque la resolución que culmine la "sección de inventarios y avalúos" del juicio de origen. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Tomás José Luis Villanueva Aguirre, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como domicilio el que cita y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Salvador Felipe Ramírez Martínez, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y a la persona restante que refiere en términos del artículo 24 de la legislación citada, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Se sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, en la tesis cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Finalmente, en términos del artículo 22 del Acuerdo General a que se ha hecho referencia, se exhorta a las partes que integran el presente juicio, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 5,602 expedientes
- Tirso Roberto Escamilla Manjarrez1626/2023
- Tito Rosales Romero39/2022
- Tobías Elimelec Ochoa Rodríguez692/2021
- Tomas Carlos Escobar Corona282/2023
- Tomás Carlos Escobar Corona870/2023
- Tomás Hernández Figueroa353/2022
- Tomas Martínez Nava629/2020
- Tomás Muciño Delagado413/2023
- Tomás Muciño Delgado1255/2021
- Tomás Torres Lucio529/2022
- Tomas Trujillo Segura1818/2022
- Tomas Trujillo Segura139/2019