Tomás Jacobo Jacobo
Expediente 752/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Tomás Jacobo Jacobo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
SIN MAYOR PRONUNCIAMIENTO. Agréguese a los presentes autos, sin realizar mayor pronunciamiento el oficio de cuenta, que suscribe el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria realizada, sin embargo, dentro del presente juicio se sobreseyó en la sentencia dictada, y por ende no existe cumplimiento que deba realizar, virtud a lo anterior reenvíese copia simple de la sentencia dictada en autos.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo IV-752/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido ese día en este juzgado, Tomás Jacobo Jacobo solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, los cuales consisten en lo siguiente: La omisión de tramitar el juicio laboral 1B-2228/2019, en los plazos y términos establecidos en la ley, en forma concreta: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del juicio laboral 1B-2228/2019, y; La omisión de turnar el expediente referido al actuario adscrito a fin de que realice el emplazamiento de los demandados en el juico laboral subyacente. Los que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se ordenó registrar con el número 752/2020, y mediante acuerdo de doce de noviembre del año próximo anterior, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento, emitiéndose las restantes providencias del caso. Así, se reconoció el carácter de terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes se llamó al juicio en términos de la constancia de notificación correspondiente. Por su parte, en proveído de doce de enero actual, se ordenó la reanudación de plazos en el presente juicio, lo que se notificó a las partes reconocidas en este juicio, como se observa de las constancias respectivas; por ende, una vez concluidos los trámites de ley, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103 y 107, fracciones I, VII y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once); 36 de la Ley de Amparo; 48, 55, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque la omisión que se reclama en esta vía, se atribuye a un tribunal laboral que reside dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción de esta potestad federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo al análisis de la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, y con base en la integridad de la demanda, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y de que éste no vea obstaculizado el acceso a la justicia, así como de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, atendiendo a lo dispuesto por la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la 255, tomo XIX, abril de 2004, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este sentido de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias relativas remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado por esta vía constitucional, consiste en: La omisión de tramitar el juicio laboral 1B-2228/2019, en los plazos y términos establecidos en la ley, en forma concreta: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial dentro del juicio laboral 1B-2228/2019, y; La omisión ordenar el emplazamiento de los accionados -referido por el quejoso como omisión de turnar el expediente referido al actuario adscrito para tal efecto-. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado el Presidente y Auxiliar de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, manifestaron que no son ciertos los actos que se les reclaman, argumentando que en proveído dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, se señaló fecha para la audiencia inicial y ordenó notificar y emplazar a juicio a la parte demandada del juicio, y para acreditar lo anterior, exhibió copias certificadas del juicio laboral en comento. Ahora, para analizar la postura de la responsable, se tomarán en consideración las documentales exhibidas cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. En esas condiciones, este juzgado federal considera que las probanzas exhibidas por las responsables desvirtúan la negativa expuesta en su informe, puesto que el proveído en el que se apoyan para negar los actos, contrario a su postura, es el que acredita la existencia del reclamo que se formula en este juicio. Se explica. El peticionario de amparo se duele de la falta de señalamiento de fecha para la celebración de la audiencia inicial, así como la falta de emplazamiento de la parte demandada; por su parte, las documentales que remite la responsable ponen en evidencia que la responsable señaló hora y día para la celebración de la referida diligencia y ordenó el emplazamiento de los accionados el día treinta de noviembre de dos mil veinte, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, que lo fue el once de noviembre de dos mil veinte. En otras palabras, a la data de presentación de la demanda de amparo, la responsable aún no había realizado la fijación de fecha para la audiencia ni ordenado el emplazamiento de los accionados. Luego, es evidente que las constancias de referencia resultan aptas para desvirtuar la negativa de las responsables. CUARTO. Improcedencia. Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que se advierte de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar el alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica de la quejosa y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la parte quejosa reclama, en esencia, la omisión de señalar fecha para la audiencia inicial y de ordenar el emplazamiento de los demandados, por parte del presidente y auxiliar de la junta laboral señalados como responsables. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Auxiliar adscrito a la misma, se desprende que en el juicio laboral 1B-2228/2019, mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, se determinó, entre otros, lo siguiente: Señalar las diez horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en dicho juicio; y, Ordenar el emplazamiento de JUAN GONZALEZ MORA Y QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, con domicilio ubicado en CALLE JORGE VILLARREAL EDIFICIO 164, INTERIOR 101, PLANTA BAJA COLONIA IRRIGACIÓN DE ESTA CIUDAD, así como a JORGE ARTURO PASTRANA CENDEJAS Y QUIEN RESULTE PROPIETARIO O RESPONSABLE DE LA OBRA EN REMODELACIÓN, con domicilio en CALLE DOCTOR JUAN N. NAVARRO NUMERO. 217, EN LA COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE de esta ciudad, en cuanto parte demandada. Ahora, el contenido del proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitido por la junta responsable en el expediente laboral de referencia, pone de manifiesto que se actualiza la referida causal de improcedencia invocada; ello es así, porque con dicho acuerdo la responsable realiza aquello cuya emisión constituye el acto reclamado en este juicio, es decir, que con esa determinación la responsable emite las determinaciones cuya falta de expedición es de lo que se duele el quejoso en su demanda de amparo. Por tanto, si en el proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este expediente, la responsable lleva a cabo la emisión de las determinaciones cuya omisión se consideró atentatoria de los derechos humanos del peticionario de amparo, es evidente que se surte la hipótesis de improcedencia en estudio, precisamente porque aun cuando los actos reclamados -omisiones en cita- existían a la data de presentación de la demanda amparo; lo cierto, es que durante la secuela del juicio constitucional, tales actos cesaron en sus efectos, con motivo de la emisión del proveído en comento, dado que en el mismo se emiten las determinaciones pretendidas por el ahora quejoso, dejando de existir las omisiones reclamadas. Así, se reitera, este juzgado federal considera que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues al ser de carácter omiso, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, en el proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, fijó hora y día para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones del juicio laboral de origen, y ordenó el emplazamiento de los accionados que aún no se encontraban integrados a la litis laboral de origen. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Auxiliar adscrito a dicha Junta, con residencia en esta ciudad, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor trascendencia, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada; es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Tomás Jacobo Jacobo, respecto del acto atribuido al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y Auxiliar adscrito a dicha Junta, con residencia en esta ciudad, autoridades responsables, conforme al considerando cuarto de esta resolución.
- Principal
Certificación secretarial de cuenta. Vista la certificación que antecede, de la que se observa que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto por la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", sin que el presente asunto pueda considerarse urgente pues en el presente juicio de derechos humanos se reclama la omisión de tramitar el juicio laboral 1B-2228/2019, en los plazos y términos establecidos en la ley, en forma concreta, la omisión de señalar fecha para la audiencia inicial y turnar los autos al actuario para el emplazamiento de los demandados, por ende, es inconcuso que el acto reclamado no se encuentra contemplado dentro del catálogo de asuntos considerados "urgentes" por el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales se encuentran contenidos en su artículo 4. Por tanto, en esta data se reanudan los plazos en el presente juicio, para los efectos legales pertinentes. Por otro lado, según se asienta en la certificación de cuenta, la audiencia constitucional se encontraba señalada para las trece horas con diez minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte; sin que se haya podido llevar a cabo su celebración, con motivo de la suspensión de labores en comento. Señalamiento de audiencia constitucional. En esas condiciones, se señalan las catorce horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Sin perjuicio de lo anterior, se conmina a las partes a que tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes. Conviene mencionar que es un hecho notorio que algunas dependencias del Estado de Michoacán y la Federación no se encuentran laborando con regularidad debido a la emergencia sanitaria que vive el país actualmente derivada del virus COVID-19, por ello; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de un comunicado por dicha circunstancia, lo reserve en la actuaría de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Alegato ministerial. Visto el pedimento 277/2020, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, agréguese a los autos para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha su manifestación que en vía de alegatos realiza, sin perjuicio de tomarla en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Digitalización del proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para que sea agregado al expediente físico.
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