Tomas Humberto Rodriguez Gonzalez

Expediente 137/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
137/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
14/03/2018

Partes del expediente

  • Tomas Humberto Rodriguez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...SE SOBRESEE ESTE JUICIO...

  2. Principal

    ...TÉNGASE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO...NO SISE...

  3. Incidental

    ...ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITO EL QUEJOSO...NO SISE

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Tomas Humberto Rodríguez González; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 137/2018-1, que por razón de turno le corresponde. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Tomas Humberto Rodríguez González, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Fuero Común, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia de la demanda de que se trata. Fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.. xxxxxx horas con xxxxxxxxxxx minutos del xxxxxxx de xxxxxxxx de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciban la notificación del presente proveído, mismo que inclusive podrá ser rendido utilizando la vía fax que se sirvan transmitir al número telefónico 899-926-30-74, correspondiente a este Juzgado Federal, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca la promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante los oficios que se giren, deberán verificar si la denominación con que fueron señaladas es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarlas en estado de indefensión. Sin que sea necesario ordenar el emplazamiento con el carácter de terceros interesados a los Agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Fuero Común, residentes en esta ciudad, toda vez que fueron señalados como autoridades responsables, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo. Por otra parte, se reserva el señalamiento de un diverso tercero interesado hasta en tanto obren en autos las constancias que integran el expediente penal de origen, y de las que pueda desprenderse la existencia de una persona con el carácter de víctima u ofendido, con derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, y por ende, resultarle tal carácter, conforme al artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los citados en la demanda de amparo. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. En cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, éste puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan transcendencia procesal, se notifique a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.- Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Asimismo, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante el licenciado Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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