Tomas Hernández Solís
Expediente 345/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tomas Hernández Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los escritos de cuenta, firmado por el quejoso Tomas Hernández Solís, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el escrito de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado Federal. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 345/2023, contra actos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Oficial Mayor del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos "Omisión infundada.de dar cabal cumplimiento al Acuerdo por el que se concede pensión por cesantía en edad Avanzada.publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Número ********************, el día 20 de octubre de 2021, respecto de la aplicación incorrecta del incremento de mi pensión del año 2023" Presidente municipal de Amacuzac, Morelos Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos Integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos SEGUNDO. Prevención de la demanda de amparo. El diez de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 345/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama del presidente municipal, oficial mayor, tesorero e integrantes del cabildo de Emiliano Zapata, Morelos: La omisión de dar cumplimiento al acuerdo por el que se le concedió pensión por cesantía en edad avanzada publicado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos número ********************, mediante el cual el ayuntamiento responsable concedió la pensión por viudez que solicitó la aquí quejosa, en específico lo relativo al aumento del monto de la misma. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El oficial mayor y los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, negaron la existencia del acto reclamado, además, del propio acuerdo pensionatorio no se desprende que dichas autoridades sean las encargadas de dar el cumplimiento al mismo. Es aplicable por identidad de razones la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de rubro: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado que se analiza en el presente apartado, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Si bien es cierto el Presidente y Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, negaron la existencia del acto reclamado, debe tenerse por cierto, ya que de la lectura al acuerdo de pensión publicado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos número ********************, se advierte que se autorizó al quejoso ******************** la pensión por cesantía en edad avanzada. Por virtud de lo anterior fue que el ayuntamiento referido concedió la prerrogativa solicitada, de conformidad con el artículo 65 y 66 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos. En consecuencia, se desvirtúa la negativa sostenida por las autoridades responsables, por lo que debe tenerse por cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, este juzgador, en ejercicio de la facultad oficiosa prevista en el artículo 62 de la Ley de Amparo, no advirtió la configuración de alguno de los supuestos para la improcedencia o sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, ni se hizo valer alguna causal por las partes, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por el justiciable. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Acotado lo anterior, se tiene que la parte quejosa sostuvo que la omisión de pagar el aumento correspondiente a la pensión a la que tiene derecho viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y 123 constitucional. En específico, se duele que en lo relativo al aumento correspondiente al año dos mil veintitrés, debió llevarse a cabo sobre el 20%, con motivo del aumento al salario mínimo, siendo que únicamente se dio en un 10%. Es infundado y suficiente el concepto de violación como a continuación se explicará. Mediante acuerdo publicado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos número ********************, se concedió pensión por cesantía en edad avanzada a ********************, en los términos siguientes: "PRIMERO.- Se concede pensión por Cesantía en Edad Avanzada en favor del C. ********************, fue trabajador del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, cual quedó debidamente acreditado mediante las constancias laboral y salarial, ambas expedidas por el oficial mayor del municipio de Emiliano Zapata, Morelos. SEGUNDO.- Lo anterior se concluye que es procedente otorgar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada, conforme al tercero y cuarto de los considerandos previo cumplimiento de los requisitos legales, eso en virtud de que se acreditó las hipótesis jurídicas establecidas en los artículos 54, fracción VII, 57, inciso A), 59, inciso F) de la Ley del Servicio Civil, vigente en el estado de Morelos. La pensión mensual es concedida al 75% de su último salario percibido, e ese sentido se concede la pensión para el C. ********************, por la cantidad mensual de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100), pensión que recibirá mensualmente y esta será cubierta con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones. TERCERO. La pensión concedida, se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al estado de Morelos, dicha pensión se integrará por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. Lo anterior con base en el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil, vigente en el estado de Morelos." Ahora bien, este juzgador estima que las autoridades responsables sí han dado cabal cumplimiento conforme a sus atribuciones, a lo ordenado en el decreto referido, por el cual se otorgó al quejoso el beneficio de incrementar el monto de su pensión conforme al aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, siendo el caso a razón de lo señalado por las responsables, pues contrario a lo aducido, el incremento a su pensión por jubilación corresponde a los porcentajes aplicados por la autoridad (10%) y no a los diversos que él reclama (20%). De la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil veintidós, emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se establecieron los salarios mínimos que debían de regir a partir de enero de dos mil veintitrés. De la referida resolución, se advierte que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, determinó incrementar los salarios mínimos generales con base en un factor de aumento por fijación igual a 10.00%. Ahora bien de la resolución precisada se desprende que el Consejo de Representantes determinó que para la fijación salarial se utilizaría el mecanismo establecido en la resolución de diciembre de dos mil dieciséis, en la que se estipularon los salarios mínimos generales y profesionales para el año dos mil diecisiete; consistente en el Monto Independiente de Recuperación (MIR), el cual se tipificó de la siguiente forma: a) Que era una cantidad absoluta en pesos; b) Su objetivo era única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; c) No debía ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales, salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales, y además salarios del sector informal); y, d) El MIR podía ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial, previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Por su parte, de las Tablas de Salarios Mínimos Generales y Profesionales por áreas geográficas, publicadas por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, relativas al año dos mil veintidós, se advierte lo siguiente: Al salario de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 M.N.) se le otorgó un aumento de $15.72 (quince pesos 72/100 M.N.), correspondiente al Monto Independiente de Recuperación, para alcanzar $188.59 (ciento ochenta y ocho pesos 59/100 M.N.) y posteriormente a esta cantidad se dio un incremento del 10%, por lo que el salario alcanzó $207.44 (doscientos siete pesos 44/100 M.N.). De lo anterior, se tiene que entre el salario mínimo general de dos mil veintidós de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 M.N.) y el salario alcanzado en enero de dos mil veintitrés $207.44 (doscientos siete pesos 44/100 M.N.), se tiene una diferencia de $34.57 (treinta y cuatro pesos 57/100 M.N.), cantidad que dividida entre los $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 M.N.) dan un resultado de 0.19997686, que multiplicado por 100% da el porcentaje de 20%. En ese sentido, desarrollado el desglose e integración del salario mínimo general, debe destacarse que sobre el concepto Monto Independiente de Recuperación "MIR", en la Resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se advierte que dicho concepto fue establecido con el objeto único y exclusivo de contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general, por lo que en los casos en que el sueldo sobre pasa el salario mínimo, dicho concepto no es compatible. Por tanto, es incorrecto el argumento del quejoso de que para el incremento de su pensión por jubilación la autoridad debió aplicar el incremento de 20.0%, ya que el monto de su pensión dista de un salario mínimo; por lo que, únicamente le es aplicable el incremento porcentual del 10%, mismo que incluso acepta haberlo recibido. Se arriba a dicha conclusión al advertir las consideraciones vertidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión ********************en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte. Además, se invoca por las razones que la sustentan, la jurisprudencia PR.A.CN. J/9 A (11a.), con registro digital 2026989, emitida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que establece: "PENSIONES. EL AUMENTO ANUAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ABROGADA) NO DEBE INCLUIR EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN (MIR). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones discrepantes en torno a si conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, el monto independiente de recuperación (MIR) es o no un elemento a considerar para calcular los aumentos de la pensión cuando éstos deban hacerse en salarios mínimos, pues mientras tres órganos jurisdiccionales resolvieron que sí debe ser tomado en consideración al actualizar el pago de las pensiones, el otro determinó que no. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando los aumentos de una pensión deban ser calculados en salarios mínimos, porque exista una resolución que así lo ordene, conforme al citado precepto, el monto independiente de recuperación (MIR) no debe ser tomado en consideración como componente de dicho salario. Justificación: De acuerdo con la tesis jurisprudencial 2a./J. 37/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el artículo 57 en estudio remitió al salario mínimo para fijar el sistema de incremento de las pensiones, el legislador no lo hizo por considerar que existe una similitud substancial de índole laboral entre las pensiones y el salario, ni para garantizar que las personas pensionadas obtuvieran los mismos beneficios que las personas trabajadoras, sino simplemente porque era un indicador económico que permitía responder al incremento en el costo de la vida. Una interpretación histórica progresiva del precepto en cuestión, considerando el impacto que tendría la decisión de incluir el monto independiente de recuperación en el cálculo del incremento de las pensiones, las distorsiones que generaría respecto de las personas que devengaran salarios superiores, el deber del Estado Mexicano de garantizar en el mayor grado posible la eficacia del derecho a la seguridad social, así como los principios pro persona, de progresividad y el diverso de garantizar cierto nivel de subsistencia a los trabajadores que perciben el salario mínimo general diario, conforme a los artículos 1o. y 123, apartado "A", fracción VI, constitucionales, lleva a concluir que la inclusión del referido monto no es acorde a la finalidad perseguida por la norma, toda vez que no tiene la vocación de trascender a los salarios de la clase trabajadora en general, ni actúa como una medida de referencia económica o como un indicador del costo de los bienes y servicios, sino que persigue fortalecer el poder adquisitivo de quienes perciben menos ingresos, a fin de disminuir la brecha respecto de quienes reciben mayores salarios." Así, al resultar infundados los conceptos de violación vertidos por la quejosa y en consecuencia, no se vulneran sus derechos, toda vez que le fue efectuado el incremento a su pensión de manera correcta, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto a las autoridades y por los motivos señalados en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************, por los motivos establecidos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por José Manuel Pineda Martínez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas; al respecto, se provee lo siguiente. Se tiene por autorizada la consulta del presente expediente vía internet y notificaciones electrónicas por medio del usuario que refiere; de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico y notificaciones electrónicas, únicamente respecto de las cuentas que se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Fórmese el cuaderno provisional respectivo, ya que con fecha veintisiete de junio de dos mil veintitrés, quedó celebrada la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual desahoga la vista que se le dio por auto de trece de junio del año actual; al respecto, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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