Tomás Hernandez Nava

Expediente 1561/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1561/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Tomás Hernandez Nava

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio suscrito por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a través del cual acusa de recibo del oficio 7274/2017, por los que se le devolvieron las constancias que adjunto como complemento a su informe justificado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó en el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese orden, a la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, devuélvanse los anexos que adjunto como complemento a su informe justificado, consistente en copia certificada de la causa penal 47/2015-VII, en nueve tomos. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de autos, del cual se advierte que mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, el presente asunto, sobreseyó fuera de audiencia constitucional, sin que a la fecha se haya notificado personalmente a la defensora pública del quejoso, como se ordenó en dicho proveído; por tanto, comisiónese al actuario judicial de esta adscripción a efecto de que a la brevedad, notifique a la parte quejosa el auto de referencia. Notifíquese, y personalmente a la defensora pública, Columba Rocío Ortiz Ortiz, el presente proveído, así como el de de treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V. Toluca, Estado de México; treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos, el oficio y anexo de mérito, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a través del cual en cumplimiento al proveído de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, remite copia certificada del Certificado de Defunción de Tomás Hernández Nava; en consecuencia, téngase por cumplida la referida providencia. Ahora, de la constancia de cuenta se advierte que el quejoso Tomás Hernández Nava, falleció el trece de noviembre de dos mil dieciséis y su muerte fue certificada el catorce siguiente, según certificado de salud, exhibido en copia certificada. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que de conformidad con el numeral 63 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, debe realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio, las que deben estudiarse en un orden preferente, como en el caso acontece, al actualizarse el supuesto previsto en la fracción III de dicho ordinal, lo que obliga a decretar el SOBRESEIMIENTO, en el presente juicio de amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada con el número I.7o.P.11 K, en la página 1200, del Tomo XXVIII, Agosto de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, se precisa lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ... III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona." En ese orden, si el acto tildado de inconstitucional, como es la resolución de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en la cual el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, desechó el incidente de traslado planteado por la defensora pública Columba Rocío Ortiz Ortiz en favor del quejoso, sólo afectaba a la persona de Tomás Hernández Nava, no existe parte agraviada, ni sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia para reponerlo en el goce de la garantía violada, presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo establecido por el artículo 107 Constitucional, impide al suscrito dictar sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, surtiéndose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL NACIÓN, publicada en la página 1325, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan solo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio." Y, la tesis sustentada por el QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, publicada con el número XVI.5o.8 K, en la página 1793, del Tomo XXI, Febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, no es obstáculo que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, dejar sin efectos la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta minutos del seis de enero de dos mil diecisiete, por las razones insertas en el cuerpo de la presente determinación. Se estima aplicable, por analogía, la jurisprudencia publicada con el número 2a./J.10/2003, sustentada por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Procede decretarlo fuera de la audiencia constitucional, cuando se actualice una causal de improcedencia manifiesta e indudable." Finalmente, notifíquese a la autoridad responsable. Notifíquese, y personalmente a su defensora pública, Columba Rocío Ortiz Ortiz, en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

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