Tomas Gonzalo Delgado San Martin

Expediente 315/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
315/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Tomas Gonzalo Delgado San Martin

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio... informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en el presente asunto, el cual se registró con el número ************...

  2. Principal

    Agréguese el acuse de recibo del oficio 9956/2023... adjunta la boleta de turno del medio de impugnación en cita, de la que se advierte que el recurso de mérito fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz.... remítase el medio de impugnación...

  3. Principal

    Se tiene por recibido el escrito... interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo... se tiene por interpuesto... envíese oficio por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, para que remita la boleta de turno correspondiente...

  4. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Tomás Gonzalo Delgado San Martín, por derecho propio, contra actos del Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ozuluama, Veracruz. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 315/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Consideración previa. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Desechamiento de la demanda. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, y el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El citado numeral si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento por identidad jurídica, en la tesis LXXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 373, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de rubro y contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Por otra parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece: [A]rtículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Del artículo transcrito, se observa que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas [las salas], tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En tanto que, la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Este numeral establece la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los Juzgados de Distrito, por ende, de acuerdo con la jurisprudencia invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos que son consecuencia de otros que fueron consentidos. En ese sentido, ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos, ya que si bien esta causal no se menciona expresamente, sí en cambio en la fracción XXIII del artículo 61, de la ley de la materia dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sostenido invariablemente, que el amparo que se solicita contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente deben estimarse improcedentes. La improcedencia de una demanda de amparo, cuando se reclama en ella un acto que deriva de otro consentido, se funda en el consentimiento mismo del quejoso que existe sobre el acto primitivo y del cual, el segundo, no modifica su esencia, si no tan sólo se encuentra vinculado del acto principal, pues es la consecuencia del cumplimiento de lo ordenado acto génesis. Ahora bien, para el caso que nos ocupa, resulta de gran relevancia dejar establecido que por acto derivado de otro consentido debe entenderse, para los efectos del amparo, aquél que es consecuencia legal, directa y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. Lo anterior, así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido siguiente: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: La existencia de un acto anterior consentido; y La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Por tanto, cuando el juicio de amparo se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Es inexacto que en el artículo 73 de la Ley de Amparo, no se encuentre la causa de improcedencia consistente en que el acto reclamado sea consecuencia de otro consentido, ya que si bien no se menciona expresamente, en cambio, la fracción XVIII, del referido precepto, dispone que el juicio es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley, y la jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido, invariablemente, que el amparo que se solicite contra actos que son consecuencia de otros no recurridos oportunamente debe estimarse improcedente, porque al resolver sobre los primeros tendría que examinarse necesariamente la constitucionalidad de los segundos, no obstante que éstos no fueron reclamados dentro del término que para la promoción del juicio de amparo señala la ley respectiva. Así, el análisis del consentimiento expreso o tácito del acto reclamado no debe realizarse de forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos previos que tengan relación con él, para determinar si se deriva de algún acto consentido. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz, mediante la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable declaró improcedente la solicitud de disolución del vínculo matrimonial entre el quejoso y María del Rosario Valdez Delgado, al señalar que debía estarse a lo acordado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se atendió la petición aludida. En este orden, conviene indicar que el quejoso interpuso el diverso juicio de amparo indirecto 135/2023, del índice de este Juzgado Federal, sumario constitucional que se tiene a la vista como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, en el cual el impetrante de amparo reclamó el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio civil 434/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ozuluama, Veracruz, en el que se denegó su petición de disolver el vínculo matrimonial, contenida en el escrito de quince de febrero de dos mil veintidós, precisando que se debería estar a lo determinado en la resolución emitida en el toca civil 1655/2022 del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. De tal manera que la resolución reclamada (diecinueve de mayo de dos mil veintitrés), se estima que es un acto derivado de la resolución emitida en el toca civil 1655/2022 del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa., la cual fue consentida por la parte quejosa, al no haberse impugnado. Lo anterior se afirma, pues la resolución que se reclama en esta vía [diecinueve de mayo de dos mil veintitrés], es una consecuencia legal y necesaria del acto primigenio [resolución emitida en el toca civil 1655/2022 del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa], en el que la autoridad responsable indicó que era improcedente decretar la disolución del vínculo matrimonial, ordenando la reposición del procedimiento en el juicio civil 434/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Ozuluama, Veracruz, por lo que es inconcuso que tal resolución adquirió firmeza al ser consentida tácitamente. Por tanto, si mediante la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Ozuluama, Veracruz, se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, al señalar que tal determinación únicamente le remite al diverso auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se proveyó respecto a una petición formulada en idénticos términos al señalarle que debía estarse a lo dispuesto en el fallo dictado en el toca civil 1655/2022 del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, la cual no combatió mediante medio de defensa alguno, es evidente que es una consecuencia lógica, natural y necesaria de aquél que se reputó consentido. Ilustra sobre el tema, la tesis XXVII.3o.29 L (10a., de rubro y texto siguientes: PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Aun cuando es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior y que se ataque por vicios propios. Ello, porque si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones la afectación a derechos sustantivos tiene su origen en la falta o indebida aplicación de la ley en relación con los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial (momento de la admisión), también lo es que eso no excluye la posibilidad de que en momentos posteriores de la etapa probatoria (preparación, desahogo y valoración) pueda presentarse una afectación a derechos sustantivos. Así sucedería, por ejemplo, si la pericial se admitió respecto de ciertos temas y al ordenarse su preparación se modificara el alcance de esos temas, ya sea por incluir más o menos aspectos o, incluso, distintos a los admitidos. Similar caso se presentaría en el supuesto de que el especialista realizara los estudios de su ciencia respecto de temas o aspectos que no le fueron planteados. En tales supuestos, si se alega una violación a derechos sustantivos en la preparación de una prueba por vicios propios de esa preparación, en tanto no serían una consecuencia de la admisión, su origen no sería el acto de la admisión, por lo que el amparo sería procedente contra el auto que ordenara la preparación, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se admitió esa prueba; en este caso, tal acto no sería derivado de otro consentido, pues, para ello deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos previamente. De igual manera, encuentra sustento lo expuesto en la tesis XVII.2o.P.A.3 P (11a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de epígrafe y contenido siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO (VÍCTIMA DEL DELITO) LO PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA, RESPECTO DE LA CUAL NO INTERPUSO RECURSO ALGUNO, AL CONSTITUIR UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Hechos: El quejoso (víctima del delito) promovió juicio de amparo directo contra la resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto únicamente por la representación social, que confirmó la sentencia de primera instancia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el quejoso (víctima del delito) promueve el juicio de amparo directo en materia penal contra la sentencia de segundo grado que confirma la de primera instancia, y ésta fue recurrida sólo por el Ministerio Público, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues si no interpuso recurso alguno contra la resolución de primera instancia, ello constituyó un acto consentido; por tanto, la de segundo grado, contra la que pretende promover el juicio de amparo directo, resulta ser un acto derivado de otro consentido, en razón de que no modifica la situación jurídica del sentenciado. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 467, fracción VII y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte ofendida estaba legitimada para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, razón por la que si sólo lo hizo la representación social, la resolución de segunda instancia impugnada por la víctima u ofendido del delito en el juicio de amparo directo constituye un acto derivado de otro consentido; de ahí que se actualiza la mencionada causal de improcedencia del juicio constitucional. Asimismo, se cumple con el segundo de los requisitos exigidos para la actualización la causal de improcedencia en estudio, relativo a que el acto reclamado no se ataque por vicios propios sino que su inconstitucionalidad se haga derivar del acto consentido. Es así, pues los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa respecto del acto reclamado, consisten, básicamente, en que no funda y motiva correctamente la determinación en que se niega a decretar la disolución del vínculo matrimonial del quejoso; tema que, como se apuntó, se decretó su realización en la resolución emitida en el toca civil 1655/2022 del índice de la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, fallo que no controvirtió, ni existe en el expediente de amparo constancia alguna de que haya sido modificado. De ahí que, se satisfagan las condiciones para que opere la improcedencia de que se trata, pues está demostrada la relación causa efecto entre el acto consentido y el reclamado; y, además, este último no se impugna por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad deriva del acto consentido, en la medida que la quejosa argumenta que le causa agravio que no se prosiga con el juicio hasta el dictado de la sentencia en el juicio de origen. Por ello, no es jurídicamente posible que el quejoso pretenda someter a análisis constitucional un acto que tiene su razón de ser en uno diverso, cuyas consecuencias jurídicas consintió; de ahí que se configure la causal de improcedencia que se analiza. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió el justiciable en su escrito de demanda,; expresiones bajo protesta de decir verdad que adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión expresa. Esto es, el amparista no alega en sus conceptos de violación, el acto reclamado por vicios propios. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios: ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 217, ambos de la Ley de Amparo, y el criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", es que se concluye, que con fundamento en los diversos numerales 112 y 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Tomás Gonzalo Delgado San Martín, por propio derecho, al promoverse en contra de un acto derivado de otro que se encuentra consentido. Notificación a la parte quejosa. De conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través de los usuarios "mherrera83" y "cindylopez98". Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que habilite a dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Manuel Herrera Sosa y Cindy Guadalupe López Mar, por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Por otra parte, como lo solicita se tienen como medios de contacto a efecto de entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico y los número telefónico proporcionados. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio.[...]

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