Tomás García Zavala
Expediente 1284/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1284/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 28/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Tomás García Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
En veintiocho de octubre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del catorce al veintisiete de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil quince dentro del juicio de amparo número 1284/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, devuélvase al Juez de Primera Instancia del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, el duplicado de la causa penal 19/2015 que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, por lo que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo, se determina que el incidente de suspensión relativo, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, en virtud, de que se concedió al impetrante la medida cautelar solicitada; por lo que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda y de la interlocutoria correspondiente; por tanto, agréguese el original del incidente de suspensión al juicio de amparo en que se actúa, y el duplicado guárdese por separado, para que atendiendo a la disposición legal antes aludida, una vez que transcurra el término de seis meses se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las partes. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1284/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de las autoridades responsables Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (firmando por ministerio de ley el Subdirector de Policía Ministerial del Estado) y Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, y por legalmente emplazado al tercero interesado Antonio García de la Torre, por conducto de su representante legal Manolett García de la Torre. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, consistentes en el duplicado de la causa penal 19/2015. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, se hace constar que ninguna de las partes los ofreció. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1284/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, TOMÁS GARCÍA ZAVALA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas y el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los actos que hizo consistir en: "IV.- Los actos señalados como reclamados lo vienen a ser: De la ordenadora: .- LA ORDEN DE APREHENSIÓN, que fue librada en mi contra en alguna causa penal que ignoro y desconozco, pero que se dice radicado en mi contra por el delito de daño en las cosas que se dice en agravio de MANUEL GARCÍA DE LA TORRE. Además, cualquier orden o auto que ordene la identificación administrativa (ficha signaletica) del suscrito hasta en tanto se resuelva el presente juicio de garantías. De la Ejecutora.- El pretendido cumplimiento de la orden de Aprehensión que existe librada en mi contra. Preceptos constitucionales que se consideran violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el número 1284/2015 y; en auto de veintinueve de julio de dos mil quince, se ordenó su admisión; pedir informe justificado a las autoridades responsables; dar la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Tribunal Federal; emplazar al tercero interesado; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Precisión y certeza del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que los actos reclamados en la presente instancia se hacen consistir en la orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso, así como cualquier orden o auto que ordene su identificación administrativa; así como la ejecución de tales actos. II.2. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, toda vez que así lo reconoció expresamente en su informe justificado [f. 12]. Por su parte, el Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en su informe justificado negó expresamente la existencia de los actos que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa debe considerarse desvirtuada, toda vez que como ya se asentó en líneas que preceden, el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Valparaíso, Zacatecas, en su comunicado admitió como cierto el acto reclamado; por tanto, dadas las funciones que el citado Director General de la Policía Ministerial desempeña, es a él a quien le compete la ejecución del mandamiento de captura que en esta instancia se combate; en consecuencia, deben considerarse ciertos los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad citada en último término. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que en apoyo a su comunicado remitió la citada responsable, consistentes en el duplicado de la causa penal 19/2015; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este Juez de Distrito advierte que en el caso de estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de garantías se advierte que el agraviado TOMÁS GARCÍA ZAVALA reclama la orden de aprehensión dictada en su contra, así como la orden para llevar a cabo su identificación administrativa, señalando como autoridades responsables al Juez Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas; y al Director General de la Policía Ministerial del Estado en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, específicamente del duplicado del proceso penal número 19/2015, que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, remitió como justificación de sus actos, se obtiene que el treinta de junio de dos mil quince, giró orden de aprehensión en contra del impetrante de garantías TOMÁS GARCÍA ZAVALA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de DAÑO EN LAS COSAS, perpetrado en agravio de ANTONIO GARCÍA DE LA TORRE. Asimismo, de las copias fotostáticas certificadas que la citada autoridad judicial remitió con su oficio 1670, se obtiene que el diecisiete de septiembre de la presente anualidad, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso, habiendo decretado en su contra auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito anotado. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario de garantías, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la orden de aprehensión dictada en contra del peticionario de garantías, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de garantías en que se actúa, auto de término constitucional que resolvió la situación jurídica del impetrante TOMÁS GARCÍA ZAVALA, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una orden de aprehensión, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de término constitucional, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado con motivo de la orden de aprehensión combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicho mandamiento de captura, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de término constitucional es autónomo e independiente de aquél mandato aprehensorio; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de formal prisión pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la orden de aprehensión que reclamó en esta instancia constitucional. Tiene puntual aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia número 567, visible en la página 451, Tomo II, Materia Penal del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia del mandato de captura reclamado a la autoridad judicial señalada como ordenadora. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Finalmente, con apoyo en el numeral 63, fracción IV de la ley de la materia en consulta, también procede decretar el sobreseimiento por cuanto hace al diverso acto reclamado que el quejoso hace consistir en la orden para recabar su identificación administrativa (ficha signalética), en razón de que es claro que en la fecha en que se presentó la demanda de garantías, esto es, el veintiocho de julio de dos mil quince, no existía una determinación emitida en ese sentido, pues la misma se generó hasta el diecisiete de septiembre del año citado, en la misma resolución en la que se decretó su formal procesamiento, es decir, después de que se ejerciera la acción de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 1284/2014, promovido por TOMÁS GARCÍA ZAVALA, respecto de los actos reclamados al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar en Valparaíso, Zacatecas, y al Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. L/F/R J/J/M/T.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION III EN RELACION CON EL 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRFE DE DOS MIL QUINCE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE: "En veinticinco de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 18923 y anexo que se adjunta.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de septiembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el diecisiete de septiembre de dos mil quince, por la que se resolvió la situación jurídica del promovente del amparo TOMÁS GARCÍA ZAVALA, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de DAÑO EN LAS COSAS, cometido en agravio del menor ANTONIO GARCÍA DE LA TORRE; con su contenido dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Notifíquese personalmente a la quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
- Incidental
El catorce de septiembre de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con dos oficios con registros 18224, 18288 y anexo que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de septiembre de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio con registro 18288 de cuenta que remite el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, mediante el cual, informa que el once de septiembre del año en curso, SE PRESENTÓ ante su instancia el impetrante de garantías TOMÁS GARCÍA ZAVALA a rendir su declaración preparatoria, la que el mismo día le fue tomada, exhibiendo al efecto la cantidad que como fianza ese Juzgado le fijó para gozar de la libertad bajo caución, girándole la boleta de libertad correspondiente. Por otra parte, visto el oficio con registro 18224 de cuenta signado por la autoridad responsable Director General de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido y como lo solicita dicha autoridad, hágase de su conocimiento que en la interlocutoria emitida el treinta y uno de agosto de dos mil quince, mediante la cual se concedió al impetrante de garantías TOMÁS GARCÍA ZAVALA la suspensión definitiva de los actos reclamados, se le impuso como medida de aseguramiento la de comparecer ante el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Valparaíso, Zacatecas, dentro de un plazo de tres días a fin de que se le tomara su declaración preparatoria; asimismo, dicha interlocutoria le fue notificada por lista el uno de septiembre de dos mil quince, la cual comenzó a correr a partir del tres y feneció el siete del citado mes y año; finalmente, se le hace de su conocimiento que a la fecha el impetrante no ha exhibido la garantía que este Tribunal Federal le impuso a efectos de que surtiera efectos la suspensión definitiva decretada en el presente asunto; no obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que el Juez responsable ha informado que el once de septiembre de dos mil quince, el quejoso se presentó ante su instancia a rendir su declaración preparatoria, exhibiendo al efecto la cantidad que se le fijó para gozar de su libertad provisional. En tales condiciones, en este momento ya no se requiere la exhibición de una garantía, pues el quejoso se encuentra gozando de su libertad provisional bajo caución, lo que implica que puede seguir con la continuación del procedimiento penal en libertad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*
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