Tomás García Moctezuma

Expediente 149/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
149/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Tomás García Moctezuma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 inciso a), del acuerdo en cita, toda vez que se concedió´ la suspensión de plano en el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIO´N, por lo que deberá´ conservarse por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, el auto que puso fin al asunto y el acuerdo del archivo. La justificación de esto último deberá´ constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el libro de gobierno correspondiente, y en Sistema integral de Seguimiento de Expediente -SISE-. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de abril de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor pronunciamiento, el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano de control constitucional, mediante el cual pretende formular alegatos; en virtud de que en diverso proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, el presente juicio de amparo se sobreseyó fuera de audiencia. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento el oficio de cuenta signado por el Delegado VII de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual pretende rendir su informe justificado; esto en virtud de que, en diverso proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Agente Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Feminicidios, Homicidios y Asuntos Relevantes de la VII Delegación, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de uno de abril de dos mil veintiuno remite copias autentificadas deducidas de la causa penal RIV/CV/CP-35/2021, respecto de la puesta a disposición del quejoso Juan Ricardo García Moctezuma, ante el Juez de Control y de Juicio Oral comisionado al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región con sede en Ciudad Valles, asimismo de dichas constancias se advierten los puntos resolutivos del auto de vinculación a proceso de seis de abril de dos mil veintiuno dictado en contra del solicitante de protección constitucional. Por otro lado, se le tiene señalando a la autoridad oficiante, domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en carretera Libramiento Poniente km 2+5000 sin número predio Las Delicias, en esta ciudad; así como el número telefónico 4442788657 y; los correos electrónicos delegación_vii@fiscaliaslp.gob.mx y felipe_111@hotmail.com, de lo que se tomará en consideración para los efectos legales que haya lugar. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, supuesto que restringe su procedencia contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en ese procedimiento por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" Ahora bien, para que se configure la causa de improcedencia invocada es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que recurrió a través del juicio de garantías; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación al caso la tesis número 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página: 219, Tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996, cuyo rubro y texto dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En este orden de ideas, los supuestos antes mencionados se encuentran justificados, dado que en el particular el acto reclamado por el quejoso en este sumario consiste en la privación de la libertad de Juan Ricardo García Moctezuma (la cual tildaba de ilegal), resultando que estuvo a disposición del Agente Fiscal Investigador adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Feminicidios, Homicidios y Asuntos Relevantes de la VII Delegación, relacionado con la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/854/21. De igual manera, se tienen por acreditados el segundo, tercero y cuarto de los extremos señalados con antelación, pues del oficio de cuenta y anexos que se adjuntaron al mismo, se advierte que el solicitante de amparo fue puesto a disposición del Juez de Control y de Juicio Oral comisionado al Centro Integral de Justicia Penal de la Cuarta Región con sede en Ciudad Valles, relacionado con la causa penal RIV/CV/CP-35/2021 de su índice; dictándose el seis de abril de dos mil veintiuno, auto de vinculación a proceso en contra de Juan Ricardo García Moctezuma y otros, por el hecho que la ley señala como delito de Trata de Personas en su modalidad de trabajo forzado previsto por el artículo 22 fracción I de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas; como se advierte de las copias autenticadas que el fiscal anexó a su oficio de cuenta, de entre las que destaca la resolución de vinculación a proceso dictada en el expediente penal en cita. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153 del Tomo VI, Quinta Época, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por tanto, es incontrovertible que en la especie ha cambiado la situación jurídica del demandante de amparo, al habérsele vinculado a proceso en audiencia de seis de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal RIV/CV/CP-35/2021, iniciada por el ejercicio de la acción penal ejercida en la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/854/21, motivo por el que el quejoso se encontraba privado de su libertad (detención que se señaló como acto reclamado). Por lo que ante tal circunstancia, resulta que el quejoso actualmente se encuentra sujeto a la jurisdicción del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro Integral de Justicia Penal, Cuarta Región con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí, con motivo del citado auto de vinculación a proceso, resolución para la cual se requiere justificar los requisitos previstos por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, no podría estimarse que al resolver sobre la legalidad o ilegalidad de la detención reclamada en este controvertido constitucional, no se afectaría la nueva situación del demandante de amparo, pues al haberse decretado auto de vinculación a proceso en su contra, es indudable que las violaciones cometidas al haber estado detenido y a disposición del agente fiscal relacionado con la carpeta de investigación CDI/FGE/VII/D06/854/21 que se tildaba de ilegal, ha sido consumado de manera irreparable. Así, a pesar de la posible existencia de violaciones en la emisión y ejecución del acto de autoridad señalado de inconstitucional (privación de la libertad), actualmente el peticionario de amparo se encuentra a disposición del juez de la causa a virtud del auto de vinculación a proceso pronunciado en su contra, por un acto independiente que adquiere vida propia, pues con el mismo inicia el proceso penal. En estas condiciones, válido es concluir que hubo un cambio de situación jurídica en este asunto, por lo que no puede abordarse el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la privación de la libertad que controvirtió inicialmente la parte quejosa sin afectar su nueva situación jurídica, lo que configura la causal de improcedencia invocada. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Junio de 2008, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, al haberse actualizado en forma notoria la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sin que sea necesario esperar a que venza el plazo de quince días que se otorgó al quejoso para que manifestara si era su deseo el ampliar su demanda de amparo por las autoridades Subdirector Zona Huasteca Norte de la Dirección General de Métodos de Investigación; el Delegado VII de la Fiscalía General del Estado y el Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializado en Feminicidio, Homicidios y Asuntos Relevantes, todos residentes en esta ciudad; decretado en acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, puesto que ya no se encuentra a disposición de éstas. Por ello, déjese sin efectos la audiencia programada para las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, ordenada en acuerdo de veintinueve de marzo del presente año. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el centro penitenciario estatal de esta ciudad, en donde se encuentra recluido. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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