Tomas García Martínez
Expediente 453/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2016
Partes del expediente
- Tomas García Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de por el que desechó la demanda de garantías promovida por Tomas García Martínez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Veinticuatro Distrito, Toluca, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la ley invocada, en relación con los artículos 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente expediente como asunto concluido y se determina que: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de garantías que promueve Tomas García Martínez, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Veinticuatro Distrito, Toluca, Estado de México; por tanto, anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese expediente con el número 453/2016. Desechamiento. Ahora, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele substancialmente de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas de nueve de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente 809/2015, del índice del Tribunal Agrario del Veinticuatro Distrito, Toluca, Estado de México, en el que se llevo a cabo el desahogo de pruebas sin que el impetrante de garantías fuera asistido por un defensor adscrito a la Procuraduria Agraría, dejándolo en estado de indefensión y con ello seria transcendente al resultado de la sentencia que se pueda emitir. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Por otra parte, se estima que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Así las cosas, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que en esta vía se reclaman y que se precisan líneas arriba. Lo anterior es así, porque dichos actos tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una imposible reparación, en virtud que tales actos (los de imposible reparación) son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos; por lo que en estos casos (irreparabilidad), no podrían subsanarse esas violaciones en la sentencia que en el juicio de origen se pronunciara; incluso, tampoco podrían enmendarse a través del amparo directo que se intentara dada la propia naturaleza del acto; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Lo anterior, en atención a que la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas de nueve de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente 809/2015, del índice del Tribunal Agrario del Veinticuatro Distrito, Toluca, Estado de México, en el que se llevo a cabo el desahogo de pruebas sin que el impetrante de garantías fuera asistido por un defensor adscrito a la Procuraduria Agraría, dejándolo en estado de indefensión y con ello seria transcendente al resultado de la sentencia que se pueda emitir, tiene su origen en el reclamo de una violación procesal que, en su momento, podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172, fracciones V y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerados como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. A mayor abundamiento, cabe señalar que en el criterio emitido en el recurso de revisión 315/2013, de la estadística del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en lo que interesa se sostuvo: "16. Así, los artículos 107 constitucional, fracción III, inciso b) y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito cuando se reclamen actos dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales se precisan en este último numeral como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y nunca en los casos en que solo se afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. 17. Es decir, que procede el juicio biinstancial únicamente contra los actos que afectan materialmente derechos sustantivos de las partes ya que trascienden del ámbito puramente adjetivo para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, por lo tanto, resulta improcedente el amparo que se promueve contra actos de carácter procesal dentro del juicio, que solo atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos, sin afectar los derechos fundamentales del gobernado, de modo tal que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la transgresión procedimental de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, sino en que con motivo del sentido favorable de ésta, se actualiza el daño o perjuicio de las misma, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todos los actos del procedimiento son reclamables en el ampro indirecto, ya que de otro modo se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 constitucional. 18. En la especie, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que confirmó la sentencia interlocutoria a través de la cual se declaró improcedente la excepción de la vía. 19. De ahí que el acto reclamado no debe considerarse de aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, son que se trata de un aspecto de índole procesal que no impide que siga el juicio en relación con la demandada solicitante, y que se dicte la sentencia correspondiente, en la que incluso puede favorecer sus intereses, con lo cual se repararían las violaciones y sus posibles perjuicios que se le hubieran causado con ese acto, por ello se trata de una violación procesal que debe ser reclamable, en el caso, hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo. Así también, en el diverso recurso de revisión 363/2013, del índice de la preindicada superioridad, en lo conducente se estableció: "20. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (lo subrayado es énfasis de este tribunal). 21. Aquí es conveniente aludir a algunos aspectos vinculados con la reforma a la Ley de Amparo vigente, dado que la citada fracción se limita a señalar que se estiman actos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos. 22. Así es, en la exposición de motivos de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada al Senado de la República el quince de febrero de dos mil once, se desprende que se hizo alusión, entre otros cosas, a que dicha iniciativa presentada pretendía recoger ampliamente los esfuerzos de la Comisión de Análisis de Propuesta para una Nueva Ley de Amparo, creada a finales de 1999, a partir del impulso decidido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales se vieron consolidados a través del Proyecto de Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año 2000. 23. En el Dictamen de las Comisiones de Unidad de Justicia, de Gobernación, de Estudios legislativos, Segunda, a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente de la Primera Lectura (cinco de octubre de dos mil once), entre otras cosas, se dijo que en cuanto al "Procedimiento de Amparo", los integrantes de esas Comisiones juzgaban acertado realizar modificaciones a la estructura prevista a la Ley de Amparo vigente respecto de los dos procedimientos de amparo (directo e indirecto); esto en virtud de que, en primera instancia, se establecen los supuestos de procedencia y demanda, posteriormente los de substanciación, finalmente los relativos a la suspensión. 24. Por su parte, del Dictamen de la Segunda Lectura (doce de octubre del mismo año) no se advierte que se haya discutido lo tocante al contenido ni redacción de los preceptos 107, fracción V y 170, fracción I, párrafo cuarto. Incluso en la diversa sesión ordinaria de trece de octubre de dos mil once, en donde quedó aprobado en lo general y en lo particular el multicitado Proyecto, tampoco existió discusión en relación con los citados preceptos. 25. Por otro lado, el siete de febrero de dos mil trece, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, previo a la aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adujo, entre otras cosas, que la Ley de Amparo incorporaba en forma puntual, criterios que se habían desprendido de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica que facilitaran el entendimiento del juicio de amparo, y que trataban de explicar en forma clara y precisa, los aspectos técnicos del juicio de amparo, y fuera asequible para el común de las personas. Se propusieron cambios al citado Proyecto, pero no se advierte que fueran en relación con el numeral 107, fracción V, ni del 170, fracción I, párrafo cuarto. En la subsecuente discusión de doce de febrero en donde se aprobó en lo general y lo particular el citado Proyecto de Decreto, tampoco existió alguna, en relación con los numerales de que se trata. 26. Es importante en este apartado hacer hincapié que en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el juez de distrito, "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.". De antaño el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación se situaba como tales tanto los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior. 27. Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que si en la nueva ley de la materia quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, dentro de los cuales, se encontraban los relativos a lo que debía entenderse por imposible reparación, como ha quedado referido con antelación, pero no obstante ello, el actual precepto 107, fracción V, de la ley de la materia quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole esta connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante la existencia de los dos criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior), todo indica que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior. 28. Por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través de amparo indirecto, No es óbice el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, establezca que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva, en tanto ese numeral contiene una regla específica en amparo directo y en especial tratándose de normas generales, por lo que su contenido no puede dar margen a estimar que en amparo biinstancial se aplique para estimar procedente el estudio de violaciones procesales relevantes. 29. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que hay que observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cado uno de ellos; consecuentemente, no es dable aplicar al primero de los amparos citados, lo que regula en relación al segundo de ellos, específicamente en cuanto a las cuestiones que surjan dentro de juicio sobre constitucionalidad de normas generales. 30. Corolario de lo anterior, como la Ley de Amparo vigente para la procedencia del amparo indirecto considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación solo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos [.]" En esa tesitura, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio deriva de la inconformidad del quejoso con relación a la decisión de la autoridad responsable mediante la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas de nueve de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente 809/2015, del índice del Tribunal Agrario del Veinticuatro Distrito, Toluca, Estado de México, en el que se llevo a cabo el desahogo de pruebas sin que el impetrante de garantías fuera asistido por un defensor adscrito a la Procuraduria Agraría, dejándolo en estado de indefensión y con ello seria transcendente al resultado de la sentencia que se pueda emitir, debe decirse que el mismo constituye una violación procesal reclamable en el amparo directo, por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por tanto, se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 170, fracción I y 172, fracciones III y XII, del cuerpo de leyes en cita, por lo que se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Sirve de apoyo y en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 8ª Época, tomo XIV, Julio de 1994, página: 740, cuyo rubro y texto son: PRUEBA. TERMINO SUPLETORIO PARA SU DESAHOGO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. De lo establecido por los artículos 107, fracciones III, incisos a) y b), V, VI y VII de la Constitución General de la República, y 114, fracción IV, 158, 159 y 160 de la Ley de Amparo, se obtiene la regla general de que la vía de amparo directo es la idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que afecten las defensas dla quejosa trascendiendo al resultado del fallo, así como la regla de que el amparo indirecto es idóneo, entre otros supuestos, para impugnar actos dentro de juicio que sean de ejecución o cumplimiento irreparable. Ahora bien, el acuerdo que concede un término supletorio para que se desahoguen las pruebas ofrecidas por cualquiera de las partes no acarrea, por sí sólo y desde luego, ningún perjuicio al quejoso o a su contraparte; éste, podrá actualizarse, en su caso, hasta que el tribunal efectúe la valorización de esas probanzas, lo que sólo tiene lugar al dictarse la sentencia definitiva que resuelva la controversia y es hasta entonces cuando se podrá saber si la recepción de dichas probanzas, motivada por la concesión de ese término supletorio, agravió a una de las partes, esto es, si la violación trascendió al resultado del fallo, razones por las cuales el auto de que se trata no es de ejecución irreparable. Por tanto, en el amparo directo que en su caso se promueva contra el fallo definitivo, podrá alegarse la violación cometida durante el procedimiento, siendo en consecuencia improcedente el amparo indirecto para combatir el acto de mérito, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII en relación con el 114, fracción IV, interpretado este último a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Finalmente, es menester precisar que los razonamientos jurisprudenciales y tesis utilizadas en el presente acuerdo, resultan aplicables sin soslayar que algunos se refieren a la Ley de Amparo anterior, toda vez que el contenido de los artículos que en ellas se hace referencia, ahora está reflejado en diversos numerales de la ley actual, con la puntualidad que en la ley actual, el legislador definió que debe entenderse para cada caso en concreto, empero al no realizar en dichos criterios una interpretación diversa a la utilizada, continúan vigentes y, por tanto, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Domicilio. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a la persona que tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué el trámite respectivo. Pruebas. Conforme a lo establecido por los artículos 119 y 123 de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales, se tiene por ofrecido, admitido y desahogado el medio probatorio que se relaciona. Se habilitan días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Transparencia. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Digitalización. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.
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