Tomas García Hernández
Expediente 279/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 279/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tomas García Hernández
- Sala del Distrito Judicial Unico En Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Sala del Segundo Circuito en Materia de Justicia Penal Oral Judicial del Tribunal Superior de Justicia, con sede en Jojutla, Morelos, por medio del cual, solicita se le informe estado procesal que guardan el presente juicio; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar, asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad de mérito que mediante sentencia de dos de febrero pasado, este órgano jurisdiccional determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa, resolución que causo ejecutoria el nueve de marzo del año en curso, por tanto, en cumplimiento al aludido auto el presente juicio se encuentra en el archivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 279/2020-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el dos de febrero de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de dos de febrero de dos mil veintiuno, a los terceros interesados HIROSVER ROSAS GUTIÉRREZ y/o IROSVER ARAM ROSAS GUTIÉRREZ y DAVID JORGE MÉNDEZ, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe. Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 279/2020-III, promovido por TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: ... Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma...
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 279/2020-III, promovido por TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, por derecho propio. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada ese mismo día a este Juzgado Federal, TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclama de los Magistrados Integrantes de la Sala del Distrito Judicial Único en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, Morelos. SEGUNDO. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte se radicó y se previno la demanda de amparo. Una vez subsanada la prevención, por auto de once de marzo de dos mil veinte se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo que prevé el numeral 74 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional, precisa que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte dictada en el toca penal 05/2020-13-OP, por los Magistrados Integrantes de la Sala del Distrito Judicial Único en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, que confirma el auto de vinculación a proceso emitido el quince de noviembre de dos mil veinte en la causa penal JC/250/2018. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo informó al rendir su informe justificado la Magistrada Presidente del Circuito Judicial Único en Materia de Justicia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Jojutla, Morelos. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas que la responsable anexó a su informe justificado, relativas al toca penal 05/2020-13-05-OP, un disco que contiene copia auténtica de los registros de audio y video de la audiencia de apelación desahogada el cuatro de febrero de dos mil veinte, en el toca penal 05/2020-13-05-OP, así como del diverso que contiene la audiencia de vinculación a proceso relativas a la causa penal JC/250/2018, que desahogó ante el juez de control. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2004362, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, del siguiente rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se realiza el estudio del acto reclamado. CUARTO. ESTUDIO DEL ACTO. Los motivos de inconformidad son en una parte inoperantes y en otras infundados, sin que se advierte queja por suplir en términos del artículo 79 fracción III inciso b) de la ley de la materia. Se relatarán los antecedentes de acto reclamado. 1.- El dos de abril de dos mil dieciocho se llevó a cabo audiencia de formulación de imputación en contra de TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, por su probable participación en el hecho delictivo de homicidio culposo agravado. 2.- Con fecha seis de abril de dos mil dieciocho se dictó auto de vinculación a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio culposo agravado. 3.- Inconforme con dicha determinación el ahora impetrante promovió recurso de apelación, que se radicó en la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con el número de toca penal 142/2018-6-OP y resuelto el cinco de junio de dos mil dieciocho. 5.- En contra de la anterior resolución TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ promovió juicio de amparo, del que conoció este juzgado federal con el número 1030/2018-III, y se resolvió el veintidós de octubre dos mil dieciocho, concediendo el amparo y protección de la justicia federal; determinación que fue confirmada por el Tribunal de Alzada por ejecutoria de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve emitida en autos del recurso de revisión 859/2018. 7.- En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso de seis de abril de dos mil dieciocho. 8.- El once de noviembre de dos mil veinte, se desahogó nuevamente la audiencia inicial en la carpeta penal JC/250/2018, en la que el imputado solicitó que su situación se resolviera dentro de las 144 horas, por lo que se señalaron las trece horas del quince de noviembre de dos mil veinte para la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. Cabe destacar que los hechos que se imputan al ahora quejoso, se hacen consistir en aproximadamente a la una hora con dieciocho minutos del día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, al parecer conducía el vehículo marca Volkswagen tipo Jetta, rojo, con placas de circulación HCT7956, del Estado de Guerrero, sobre la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, kilómetro 7+800, paraje la texcalera, límites de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos, sin las debidas precauciones y sin la suficiente capacidad técnica, ya que invadió el carril contiguo de sentido contrario e impactó la motocicleta sin placas que transitaba por la carretera aludida, con dirección al oriente a exceso de velocidad, por lo que el conductor y su acompañante, salieron proyectados sobre la carpeta asfáltica, lo que les provocó diversas lesiones graves y a la postre la muerte. 9.-El quince de noviembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de TOMAS GARCÍA HERNANDEZ, por su probable participación en el hecho delictivo de homicidio culposo. 10.- En contra de la anterior resolución, el defensor particular del imputado promovió recurso de apelación. Dicho recurso se radicó con el número de toca penal 5/2020-13-OP, en la Sala del Distrito Judicial Único en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, quien por sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte confirmó el auto de vinculación a proceso emitido en contra de TOMAS GARCÍA HERNANDEZ. Es éste el acto que se reclama en el presente juicio de amparo. Cabe decir que en el contexto general de la demanda, se aduce transgresión a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19 de la ley fundamental. Además, en vía de conceptos de violación aduce que la Sala responsable: No tomo en consideración las pruebas ofrecidas por su defensa particular en la audiencia de vinculación a proceso. También aduce que la Sala responsable no valoró correctamente los indicios presentados tanto por la representación social, como por el imputado ahora quejoso, pruebas que aduce son las siguientes: Dictamen en materia de hechos de tránsito rendida por EFRAIN JAIMES CHAVEZ, que aduce es claro al establecer que de acuerdo a la dinámica de lesiones practicada a TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, no correspondían a las características de lesiones que se pueden presentar en un conductor; por ello argumentó que se acreditaba que no era el conductor del vehículo, sino que ocupaba el lugar del copiloto; perito que estableció que la base de su prueba pericial fueron elementos que obran en la carpeta de investigación AHTD/50/2018, específicamente el dictamen en materia de medicina legal de mecánica de lesiones emitido por la médico CRISTINA ORTIZ SILVA, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. Aduce que en el dictamen en materia de criminalística realizado por ADÁN ISRAEL SORIA AGUILAR, después de apreciar el lugar de los hechos, así como el vehículo automotor marca Volkswagen, tipo jetta, modelo 2000, color rojo, con placas de circulación HCT7956 del Estado de Guerrero, refirió que del lado del conductor se observa una bolsa de aire accionada con mancha en coloración rojiza con característica de salpicadura contacto y absorción, con una medida general de 46 por 9 centímetros, y que del lado del copiloto, se observo la bolsa de aire accionada, misma que en su parte derecha se localizó una mancha de forma irregular de coloración rojiza de dos por un centímetros, con características de contacto e impregnación. Que la separación entre el asiento del copiloto y la guantera del vehículo es de veinticinco centímetros y se aprecia un daño por cuerpo blando en el tablero, en la parte baja derecha. Por lo que aduce que dicho perito estableció que en el interior viajaban por lo menos dos personas al momento del choque, las cuales fueron lesionadas en diferentes regiones anatómicas. Prueba de video que aduce el Juez de Control no admitió como dato de prueba. De la que refiere se advierte el estado físico en que se encontraba el imputado al momento de su detención, es decir, que no contaba con presencia de ninguna coloración rojiza tipo hemática ni lesiones, lo cual aduce es concordante con las pruebas periciales, además que dicho video desmiente que hubiera alrededor de ochenta personas tratando de golperalo. Que la Sala responsable no analizó el dato de prueba ofrecido por el Agente del Ministerio Público, consistente en el dictamen pericial de CRISTINA ORTIZ SILVA, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, con número de oficio 1746/2018, en el que estableció "QUE NO SE CUENTA CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS MEDICO LEGALES PARA DETERMINAR SI LAS LESIONES QUE PRESENTA EL C. TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, CORRESPONDE A LAS LESIONES DE CONDUCTOR". Que se le debe restar valor probatorio al informe homologado realizado por los elementos JOSÉ LUIS CUENCA ROJAS y DAVID ROMERO FUENTES, número TM/0427/2018-N, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, en razón de que éstos no observaron el hecho de transito que nos ocupa, sino que solo escucharon un golpe, y señalan que la persona detenida fue quien era el conductor, sin concatenarse con otros medios de convicción para robustecer la teoría del caso del ministerio público en el sentido incriminatorio, así que está afectado de ilicitud a razón de la calificación que hiciera de la detención y posterior puesta a disposición que se calificó de ilegal. Que la prueba de química forense emitida por la experto DULCE MARÍA CORTES FIGUEROA, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, con número de llamado SM-7986, debe declararse ilícita, puesto que se realizó al momento de que estaba detenido de manera ilícita, y que en el caso no puede operar excepción alguna, pues en el caso no se le informó al hora imputado su derecho a negarse a realizarse la prueba de residuo biológico de mérito. La prueba en materia de tránsito terrestre emitida por el ingeniero ALEJANDRO RIVAS RAMOS, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, con número de oficio SM-7987, en el que no se estableció precisamente quien es el responsable del hecho ilícito, pues no fue claro ni certero en establecer la causa que dio origen al evento de transito materia de estudio. Que la Sala pasó por alto que no se estableció el cronotanatodiagnostico de ninguna de las personas que perdieran la vida, es decir, del dictamen de medicina legal emitido por el medico GONZALO SANDRIA VÁZQUEZ, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, con números de llamados SMF-170/2018 y SMF-171/2018, no se estableció la hora en la que probablemente perdieran la vida las víctimas, por lo que no puede establecerse correspondencia entre la data de su muerte con el hecho de tránsito terrestre. Como ya se mencionó, la parte quejosa aduce trasgresión a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 19, de la ley fundamental sin expresar concepto de violación encaminado a tener por actualizada la trasgresión de dichos preceptos, por lo que en suplencia de la queja se examinaran, atendiendo al recurso de apelación materia del presente juicio de amparo. Quien resuelve considera que no existe trasgresión a los artículos 14, 16 y 17 de Nuestra Carta Magna, pues de las constancias allegadas a los autos se advierte que en el caso se cumplieron las formalidades del procedimiento. Lo anterior se advierte de los autos de los que deriva el recurso de apelación reclamado, pues se aprecia que se cumplieron las fases procesales respectivas, se respetaron las formalidades necesarias para garantizar el debido proceso, a más que se observa debidamente fundado y motivado el acto reclamado Esto es así, dado que de las constancias allegadas por la responsable se advierte que en el recurso de apelación reclamado se realizó lo siguiente: Por auto de dieciséis de enero de dos mil veinte, la Sala se pronunció en relación a la admisión del recurso de apelación. Se ordenó la notificación personal a las partes del inicio y prosecución del recurso de apelación. Una vez llegada la fecha de la audiencia, se concedió el uso de la voz al recurrente a efecto de exponer sus alegatos aclaratorios sobre los agravios expuestos. En el desahogo de la audiencia se dio contestación a los agravios expuestos por el recurrente y se dictó sentencia. Sentencia que se advierte se emitió observando las cuestiones precisadas por el recurrente en su escrito de apelación. Consideraciones con base en las cuales se advierte se cumplió con los extremos previstos en los artículos 475 al 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto, no existe transgresión a los derechos fundamentales supracitados por el ahora quejoso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible a foja 1156, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, tomo I, materia constitucional, tercera parte, décima segunda sección, de rubro siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO" Tampoco se advierte violación al artículo 16 de la Constitución Federal, pues de la decisión reclamada de cuatro de febrero de dos mil veinte, que confirmó la resolución de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que se cumplieron con las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en la norma constitucional aludida. Lo anterior al haber citado con precisión los preceptos constitucionales y legales -tanto sustantivos como adjetivos- aplicables al caso concreto, como son los siguientes: Artículos 86, 93 y 99, fracción VII de la Constitución Política del Estado de Morelos; artículo 1º, 2º, 3º, fracción I, 4º, 5º, 14, 15 fracción I. 37,41,42,43 y 46 de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos; los numerales 12, 13, 14, 26, 27, 28, 31 y 32 del del reglamento de la Ley Orgánica del Estado de Morelos; así como los artículos 4, 10 al 20, 456, 457, 458, 461, 462, 463, 464, 467, 471, 472, 474, 475, 476, 479 al 483 del Código Nacional de Procedimientos Penales así como el artículo cuarto del Acuerdo General de Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, preceptos en los que fundó su competencia. Asimismo, estableció que en el caso se cumplió con los previsto en los artículos 82, 456, 471 y 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a los requisitos, notificaciones y procedencia del recurso de apelación, y estableció que se interpuso de manera oportuna, que el recurrente es el defensor de TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, por lo que tiene la facultad de recurrir las resoluciones que produzcan agravio a su esfera jurídica, como en el caso la vinculación a proceso. Realizó relato de los antecedentes y circunstancias que fueron objeto de acusación, que el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, y se fundó en los hechos que calificó como delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 62 y 15 párrafo tercero del Código Penal Vigente en el Estado de Morelos, cometido en agravio de las victimas IROSBER ARAM ROSAS GUTIERREZ y DAVID JORGE MENDEZ, en el que especificó que el delito se consumó de manera culposa y a título de autor material de conformidad con el artículo 18 fracción I de la legislación antes citada. Preceptos legales del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO *106.- Al que prive de la vida a otro se le impondrán de veinte a cuarenta años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización." "ARTÍCULO 62.- Los delitos culposos se sancionarán con hasta la mitad de las sanciones asignadas al delito doloso que corresponda, salvo que la ley ordene otra cosa. En estos casos, la sanción privativa de libertad no podrá exceder de la dispuesta en el artículo 128. Cuando se trate de sanción alternativa que incluya una no privativa de la libertad, esta circunstancia aprovechará al infractor. Al responsable de delito culposo se le impondrá, igualmente, en su caso, suspensión hasta de cinco años o privación definitiva de los derechos, cargos o funciones correspondientes a la actividad en cuyo ejercicio cometió el delito." "ARTÍCULO *15.- Las acciones y las omisiones delictivas sólo pueden causarse dolosa o culposamente. Obra dolosamente la persona que conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley como delito. Obra culposamente la persona que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiado en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Solamente se sancionarán como delitos culposos los previstos en los artículos 106, 110, 115, 121, 124, 132, 149, primer párrafo, 193, 194, 195, 197, 204, 206, 207, 227, 231, 235, 241, 251, 271, fracciones I y II, 304 y 310 fracción III." Que, en audiencia se dictó auto de vinculación a proceso a TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, por el hecho ilícito de homicidio culposo previsto en el artículo 106 en relación con el 62 y 15 párrafo tercero del Código Penal del Estado de Morelos y que en contra de tal determinación se interpuso el recurso de apelación materia de resolución. Una vez abierta la audiencia, concedió la palabra al recurrente a efecto de que expresara sus alegatos aclaratorios sobre los alegatos que fueron presentados por escrito. Determinado lo anterior, la Sala responsable se ocupó del examen de los agravios expuestos en el recurso de apelación incoado, dando contestación de manera puntual a éstos. Por lo antes expuesto, y por los motivos que más adelante se expresarán, la resolución reclamada se considera ajustada a derecho. No se advierte además que con la emisión del acto reclamado se vulneren en perjuicio del quejoso los derechos humanos contemplados en los artículos 1 y 19 de la Constitución Federal; sobre la base que no se observa transgresión alguna en la aplicación de la norma cuya interpretación se solicita sea más favorable. Además, la pretensión del quejoso no implica necesariamente que deba resolverse en el sentido pretendido. Una vez establecido que la sala responsable al dictar el acto que se reclama en esta instancia sí cumplió con los requisitos constitucionales y legales de forma para su emisión, se dará contestación a los motivos de disenso expresados por la parte quejosa, lo que conlleva el estudio de fondo de la resolución reclamada, bajo el siguiente tenor. Es inoperante por novedoso el concepto de violación que hace valer cuando refiere que la sala responsable no tomó en consideración ni valoró las probanzas siguientes: El dictamen en materia de criminalística de ADÁN ISRAEL SORIA AGUILAR. La prueba de video que aduce el Juez de Control no admitió como dato de prueba. El dictamen pericial de CRISTINA ORTIZ SILVA. La prueba de química forense emitida por DULCE MARÍA CORTES FIGUEROA. La prueba en materia de tránsito terrestre emitida por el ingeniero ALEJANDRO RIVAS RAMOS. Lo anterior, porque se trata de argumentos novedosos, ya que de la lectura del escrito de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil veinte, no se advierte argumento tendente a sostener lo que hace valer en el presente juicio de amparo, en la medida que no se observa que vía agravio o incluso aclaración, hubiese formulado a la responsable alegato alguno en torno al mérito o no de las indicadas probanzas, de ahí que o podría existir la presunta omisión de valorar los aludidos medios de prueba al no haberse formulado agravio al respecto; de ahí que el suscrito este impedido para analizar su eficacia en la forma pretendida. Ello es así, pues de la lectura del recurso de apelación interpuesto contra el auto de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte en esencia, que en vía de agravios hizo valer lo siguiente. Que se valora de manera correcta los indicios siguientes: 1.- El dictamen en materia de hechos de tránsito rendido por el perito EFRAIN JAIMES CHAVEZ. Ya que fue claro y precisó en el sentido que de acuerdo a la dinámica de lesiones presentada por parte del señor TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, no corresponde a las características lesiones que se pueden producir en un conductor, y que la base de dicha prueba pericial fueron elementos objetivos que obran en la carpeta de investigación AHTD/50/2018, en especificó el dictamen en materia de medicina legal de mecánica de lesiones emitido por CRISTINA ORTIZ SILVA. 2.- Que se pasó por alto el hecho que no se estableció específicamente el cronotanatodiagnostico de ninguna de las personas que perdieron la vida con motivo del hecho de tránsito, por lo tanto, no se puede establecer correspondencia con la data de la muerte con el hecho de tránsito en el que se señala a TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, como probable responsable. 3.- Que no se le debe otorgar valor probatorio al informe policial homologado realizado por JOSÉ LUIS CUENCA ROJAS y DAVID ROMERO FUENTES, ya que de éste se desprende que hubo una demora de siete horas y media desde que ocurrió la detención de TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, hasta su puesta a disposición ante el Agente del Ministerio Público, lo que originó que se hubiera calificado de ilegal su retención, y en ese sentido, al evidenciarse que existió una la ilegal retención y que esta tuvo como origen un informe policial homologado que se realizó siete horas y media después aproximadamente del hecho imputado, es que se debe de considerar también viciado dicho informe policial, y no otorgarle valor probatorio. Lo anterior además que los policías aprehensores no observaron el hecho de tránsito, si no que únicamente escucharon un golpe, señalando a la persona detenida como el conductor. En efecto, la Sala responsable al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente, sin embargo, cuando no se esté en ese supuesto, como acertadamente lo resolvió la Sala, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. En ese sentido, la Sala responsable salvo las excepciones legales expresas sólo podrá atender a los argumentos planteados en los agravios, sin poderse ocupar de otras consideraciones no formuladas, que el recurrente tuvo oportunidad de hacer valer en el transcurso de la tramitación del recurso de apelación. Esto es así, ya que conforme al artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales el Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado Dicha disposición es del tenor literal siguiente: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente.". -Lo resaltado es propio- Entonces, si conforme a esa disposición el Tribunal de apelación sólo podía pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, es inconcuso que el concepto de violación planteado resulta novedoso; habida cuenta que para que se analizaran las cuestiones que ahora sostienen en el concepto de violación que se estudia, TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ debió plantearlos vía agravios en su escrito de apelación, a fin de que fuera materia de análisis de la responsable, caso contrario, se plantearía un reproche a una autoridad que no tuvo oportunidad de ejercer su jurisdicción respecto al planteamiento aquí alegado, sustituyéndose el juez de amparo de manera indebida a la responsable. Sin que pase por alto la jurisprudencia 1a./J. 17/2019 (10a.), de registro digital 2019737, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO." Pues en ese sentido actuó la Sala responsable, ya que en la resolución reclamada refirió que, a efecto de verificar la posible violación a derechos humanos, realizó un análisis de las constancias completas remitidas por el A quo. Al no observar alguna, se avocó a los agravios expuestos por el imputado; los que como lo señaló la responsable, estaban encaminados solamente a refutar su posible intervención en los hechos imputados, sin que en el particular observara queja deficiente que suplir, al igual que en esta instancia. Por lo expuesto resultan inoperantes los conceptos de violación, puesto que no se hicieron valer ante la Sala responsable vía agravios y no fueron materia de pronunciamiento por parte de ésta. Además, no pasa inadvertido para quien resuelve, que de la reproducción de las audiencias citadas en el anterior párrafo, así como de la audiencia de apelación, no se advierte que el Agente del Ministerio Público haya citado como datos de prueba el dictamen en materia de criminalística de ADÁN ISRAEL SORIA AGUILAR; la prueba de video que aduce el ahora quejoso el Juez de Control no admitió; el dictamen pericial de CRISTINA ORTIZ SILVA ni la pericial de química forense emitida por DULCE MARÍA CORTES FIGUEROA, ni tampoco que éstas hubieran sido ofrecidas por el imputado, ahora quejoso. Y en ese sentido, es necesario establecer que, conforme a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en las sentencias dictadas en los juicios de garantías, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Ya que no es posible tomar en consideración datos de investigación o pruebas aportados por el Ministerio Público o el imputado que no se hubieran sido ofrecidas y desahogadas en la audiencia de vinculación a proceso, y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, aún y cuando estos obren en la carpeta de investigación. Lo anterior es así, pues se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sirve de sustento a lo anterior por las razones que la integran la Jurisprudencia de la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro digital 2018561, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 206, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. POR REGLA GENERAL, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, NO DEBE REQUERIR DE OFICIO LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN." Asimismo, sirve de sustento la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de número de registro digital: 160252, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 270, del siguiente rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Por otra parte, es infundado el concepto de violación por el cual aduce que la Sala responsable no tomó en consideración las pruebas ofrecidas por su defensa particular en la audiencia de vinculación a proceso y que no valoró adecuadamente el dictamen del perito EFRAIN JAIMES CHAVEZ. Tal motivo de disenso deviene infundado, pues no obstante el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que los Tribunales de Alzada deben analizar las resoluciones de primer grado a efecto de verificar posibles violaciones a derechos humanos del imputado, en el particular la Sala responsable no advirtió motivo alguno que suplir como ya se indicó, siendo que en el particular el quejoso se duele de que no se analizaron los medios de convicción ofrecidos por éste en la audiencia de vinculación a proceso. Sin embargo, de la reproducción de los discos de audio y video que contienen tanto la audiencia inicial, la de vinculación a proceso, así como la audiencia de apelación, no se advierte que el aquí quejoso o su defensa particular haya ofrecido alguna prueba diversa a la del dictamen en materia de hechos de tránsito de EFRAIN JAIMES CHAVEZ, misma que incluso fue invocada por el Agente del Ministerio Público como dato de prueba y referida por la defensa del imputado, hoy quejoso. Por el contrario, a minuto 01:06:00, de la videograbación de la audiencia de vinculación a proceso, se evidencia que el A quo preguntó a la defensa si ofrecería algún medio de convicción, a lo que éste le manifestó que no ofrecerá medios de convicción y se limitará a argumentación de refutación. De ahí lo infundado de su concepto de violación esgrimido, pues como quedó evidenciado, el imputado no ofreció prueba diversa al dictamen en materia de hechos de tránsito del perito particular EFRAIN JAIMES CHAVEZ, la cual contrario a lo aseverado por el hoy quejoso, si fue materia de estudio por parte de la Sala responsable, como a continuación se expondrá. Así, de la sentencia reclamada, se advierte que, contrario a lo manifestado por el quejoso, la Sala responsable si tomó en consideración y se pronunció en relación con dicho medio de convicción - dictamen en materia de hechos de tránsito del perito particular EFRAIN JAIMES CHAVEZ-. Se advierte que la responsable expuso que si bien del referido dictamen pericial en materia de hechos de tránsito terrestre, se determinó que las lesiones que presentó el imputado no corresponden a las que hubiere presentado el conductor, no era factible otorgarle valor probatorio, atendiendo a lo siguiente: Que, para arribar a su conclusión, el perito de referencia tomó como base el informe médico legal que le fuera practicado al ahora imputado el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. Sin embargo, dicho dato de prueba - informe médico legal no fue incorporado por alguna de las partes en la audiencia de once de noviembre de dos mil diecinueve o en la de quince de noviembre del mismo año, y en ese sentido no era posible su estudio. No obstante lo anterior, dado que las partes en replicas y contra replicas incorporaron partes sustanciales del contenido de dicho informe, la Sala hizo pronunciamiento al respecto. En ese sentido, expuso que dicho dictamen médico sólo indicó las lesiones que se encontraron al imputado, mas no que las lesiones no correspondieran a las lesiones de un conductor de vehículo de hecho de tránsito. Y que en ese aspecto, las conclusiones a las que arribó el perito particular en materia de hechos de tránsito EFRAIN JAIMES CHAVEZ, no tienen sustento, máxime que como perito en dicha materia, no le da la experticia para para determinar la posición dentro de un vehículo en relaciones con las lesiones del imputado, pues no acreditó ser experto en criminalística de campo o medicina legal. Motivo por el cual consideró infundado el agravio expuesto, lo que en la especie quien resuelve considera acertado. Lo anterior es así, pues como el propio quejoso refiere en su demanda de amparo, la conclusión a la que arribó el perito en materia de hechos de tránsito EFRAIN JAIMES CHAVEZ, en el sentido que de acuerdo a la dinámica de lesiones presentada por TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, no corresponde a la dinamina de lesiones que se pueden producir por un conductor, tuvo como base un diverso dictamen que obra en la carpeta de investigación AHTD/50/2018, en el caso, dictamen de medicina legal emitido por la médico CRISTINA ORTIZ SILVA. Y en el caso, como de manera correcta lo apreció la Sala, dicho dictamen no fue incorporado por ninguna de las partes en la audiencia inicial ni en su continuación de quince de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que la Sala se encontraba impedida para abordar su estudio. Lo anterior es así, puesto que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. De tal manera que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para determinar que existen elementos para iniciar un proceso contra el imputado, el dictado del auto de vinculación a proceso se debe basar en el estudio de los datos en que el Agente del Ministerio Público sustente la imputación y en la razonabilidad de los argumentos expuestos por éste en la audiencia. Razón por la cual, está vedado revisar la carpeta de investigación a fin de dictar dicha resolución, ya que actuar en contrario originaría una violación al principio de contradicción, al resolver con elementos no expuestos ni debatidos en audiencia, lo que también vulneraría el principio de igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Y en ese sentido, se considera acertada la decisión de la Sala de no otorgar el valor pretendido por el quejoso al dictamen emitido por el perito en materia de hechos de tránsito EFRAIN JAIMES CHAVEZ, pues se advierte que la conclusión a la que arribó se basó en un diverso dictamen pericial que no puede ser tomado en consideración como medio de convicción al no haber sido incorporado como dato de prueba por ninguna de las partes ni en la audiencia inicial ni en la audiencia de vinculación a proceso de quince de noviembre de dos mil diecinueve. A más que, como de manera correcta lo advirtió la Sala responsable, la conclusión emitida por el referido perito de que las lesiones presentadas por el ahora imputado no son propias de un conductor de hecho de tránsito, no fueron asentadas de esa manera en el dictamen médico en que basó su peritaje, pues incluso así lo refiere en su demanda de amparo el quejoso, cuando trascribe la conclusión de dicho dictamen: "NO SE CUENTA CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS MÉDICO-LEGALES PARA DETERMINAR SI LAS LESIONES QUE PRESENTA EL C. TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ CORRESPONDEN A LESIONES DE CONDUCTOR". Es decir, se concluyó que no había elementos para saber si las lesiones presentadas por el ahora imputado correspondían o no a lesiones de conductor, más no que no correspondieran a las de un conductor. Además que tampoco se refuta lo determinado por la Sala en el sentido que no se acreditó que estuviera calificado para dictaminar en relación a la dinámica de lesiones del ahora imputado. Requisito previsto en el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que los peritos deberán poseer título oficial en la materia relativa al punto sobre el cual dictaminarán, siempre que la ciencia, el arte, la técnica o el oficio sobre la que verse la pericia en cuestión esté reglamentada, lo que en el caso en particular se actualiza. Y en ese sentido, la Sala si tomó en consideración y expuso los motivos por el cual no le otorgaba valor probatorio al dictamen referido por el quejoso, los cuales quien resuelve considera adecuados por los motivos expuestos, por lo que se considera infundado el concepto de violación hecho valer. Deviene infundado lo expresado en el sentido que la Sala obvio que no se estableció el cronotanatodiagnostico de ninguna de las personas que perdieran la vida, por lo tanto, refiere el quejoso no establecerse la hora en la que probablemente perdieran la vida las víctimas, no puede haber correspondencia de la data de la muerte con el hecho de tránsito terrestre atribuido. Contrario a lo aducido por el quejoso, la autoridad responsable si precisó que tanto en la audiencia inicial de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve como vinculación a proceso de quince siguiente, el fiscal al momento de incorporar los datos de prueba especificó los respectivos cronotanatodiagnosticos de ambas víctimas, refiriendo al efecto que el médico expuso lo siguiente: Que la muerte ocurrió de seis a ocho horas en relación con las necropsias. Que la necropsia que se practicó a IROSBER ARAM ROSAS GUTIERREZ, fue a las 10:40 horas del día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. Que la necropsia practicada a DAVID JORGE MENDEZ, se realizó a las 11:00 horas del del día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. Por lo tanto, concluyó que sí se establecieron las horas presuntas de muerte, y que éstas guardaban correspondencia con las circunstancias del hecho imputado. Lo antes expuesto por la Sala es acertado. Ello es así, pues en efecto de la reproducción de la audiencia inicial desahogada el once de noviembre de dos mil dieciocho, se advierte que el Agente del Ministerio Público, al hacer del conocimiento al imputado los datos de investigación realizados, expuso entre otros datos de prueba, las necropsias realizadas a HIROSBER ARAM ROSAS GUTIERREZ, así como a DAVID JORGE MENDEZ, el día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho a las diez horas con cuarenta minutos y once horas respectivamente, por el doctor GONZALO SANDRIA VÁZQUEZ, perito médico legista de la Fiscalía del Estado en fecha, identificadas con números de oficio SMF/170/2018 y SMF/171/2018. Asimismo, expuso como cronotanatodiagnostico de seis a ocho horas al momento de realizar la necropsia. De lo anterior se advierte, que contrario a lo manifestado por el quejoso, la Sala advirtió correctamente que si se estableció el cronotanatodiagnostico de las personas que perdieron la vida en los hechos de tránsito. Que ello aconteció de seis a ocho horas al momento de realizar la necropsia. En efecto las necropsias se realizaron a las diez horas con cuarenta minutos y once horas respectivamente, ambas en el día dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. De tal manera que si el hecho de tránsito atribuido al imputado, aquí quejoso se suscitó según lo referido por el Agente del Ministerio Público al momento de formular imputación, aproximadamente a la una hora con dieciocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, entonces, el cronotanatodiagnostico practicado a HIROSBER ARAM ROSAS GUTIERREZ, así como a DAVID JORGE MENDEZ , permiten establecer, contario a lo referido por el quejoso, una relación entre la hora aproximada de muerte y el hecho de transito materia de la causa penal JC/250/2018. Razonamiento que se considera adecuado y que conlleva a determinar infundado el concepto de violación esgrimido. También es infundado lo referido por el quejoso, en el sentido de que la Sala debió restar valor probatorio al informe homologado realizado por los elementos JOSÉ LUIS CUENCA ROJAS y DAVID ROMERO FUENTES, número TM/0427/2018-N, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. Al respecto, de la reproducción del disco óptico digital que contiene la audiencia de apelación, se advierte que a minuto 00:06:32 se expuso que la detención efectuada a los agentes captores y que se materializó en el informe policial homologado de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, fue ajustado a la legalidad ya que se realizó dentro de los supuestos de flagrancia. Que la detención del imputado y la demora en su puesta a disposición del Ministerio Público son actos diferentes. Que ambos actos tienen autonomía y deben analizarse en ese contexto. Que si bien son acciones que tienen una relación causal sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial. Por lo que en el supuesto constitucional de detención en flagrancia, la primera acción que deben de realizar los policías es la detención, y la siguiente es la de presentar de manera inmediata al detenido al Agente del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica. Y en el caso, si bien los agentes aprehensores demoraron de manera injustificada la presentación del imputado ante la representación social, ello no implica una detención ilícita, dado que la prolongación injustificada de la puesta a disposición del detenido es una condición fáctica sucesiva e independiente, ello es así, puesto que la violación se suscita con posterioridad a la detención que fue legal, por lo tanto, la Sala consideró legal también el informe policial homologado. Lo antes expuesto por la Sala responsable, quien resuelve lo considera apegado a derecho, por los motivos siguientes: En efecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional, ha establecido que la detención de una persona y su puesta a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público, tratan de acciones distintas que, no obstante de tener una relación causal y sucesiva, mantienen independencia fáctica y sustancial, pues primero, tiene lugar la detención, que debe sujetarse a los supuestos constitucionales, entre ellos, la flagrancia de delito, y luego, la policía deberá cumplir con el imperativo constitucional que la obliga a poner al detenido de inmediato a disposición del Ministerio Público. En consecuencia, dichas acciones deben analizarse de manera independiente, pues la ilicitud de la detención no condiciona la vulneración al imperativo constitucional de inmediatez en la puesta a disposición, ni viceversa; aunque sea cierto que en algún caso podrán actualizarse ambas violaciones constitucionales, ello no significa que tengan una vinculación indisoluble; por ello, determinó que es necesario analizar cada una de las violaciones de forma independiente; de ahí que no deban confundirse ambas acciones. Al efecto, se invoca la tesis 1a. CCII/2014 (10a.), con registro electrónico 2006471, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo I, página 540, con el rubro y texto: "DERECHO DE LA PERSONA DETENIDA A SER PUESTA A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA RETENCIÓN INDEBIDA GENERA COMO CONSECUENCIAS Y EFECTOS LA INVALIDEZ DE LOS DATOS DE PRUEBA OBTENIDOS DIRECTA E INMEDIATAMENTE EN AQUÉLLA, AL SER CONSIDERADOS ILÍCITOS" En el particular, la parte quejosa plantea que el dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, se efectuó una ilegal retención del imputado, pues fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público siete horas y media después de acontecido el hecho de tránsito imputado, lo que originó, que el A quo que inicialmente conoció del asunto, determinara que existió una ilegal detención y retención del imputado, y en ese sentido, el informe policial homologado también deviene ilegal, ya que refiere éste también fue emitido siete horas y media después de la detención de TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, es decir, después de la dilación injustificada, por lo que se encuentra viciado. Sin embargo, como ya se refirió, la detención de una persona y su puesta a disposición de manera inmediata ante el Ministerio Público, corresponden a acciones distintas. Y en el caso, el informe policial homologado de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, no se suscitó con motivo de su demora injustificada en la puesta a disposición, sino que dicho informe surgió a virtud de su inicial detención, razón por la que no se puede considerar viciado de legalidad no obstante de la ilegal retención que sufrió el ahora quejoso. Dicho aspecto fue abordado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y determinó que la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin conducción y mando del Ministerio Público. No así las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia, a menos que se acredite la existencia de vicios propios de la misma detención, por lo que en ese tenor, la valoración probatoria del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos -detención y puesta a disposición-. Para lo cual se tendrá que fragmentar el contenido informativo del parte u oficio, conforme a dos elementos sustanciales: a) La descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción; y, b) todas aquellas referencias a circunstancias y medios de prueba obtenidos por la policía, que derivan directamente de la demora injustificada en la puesta a disposición del detenido, o que hayan sido recopilados con motivo de una investigación policial no dirigida y controlada por el Ministerio Público. Y una vez identificado lo anterior, se deberá excluir de la valoración probatoria únicamente lo relativo al segundo inciso -b)-. Lo anterior dado que la violación en cuestión sólo afecta la información relacionada con la siguiente acción que se debe realizar al detenerse a una persona, que es su presentación oportuna ante el Ministerio Público, sin que ello ocurra con la relativa al primer inciso, siempre y cuando la detención se ajuste al parámetro constitucional de la flagrancia Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 8/2016 (10a.), con registro 2012186, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 33, agosto de dos mil dieciséis, tomo II, visible en la página 723, con el epígrafe y texto: "DEMORA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL DETENIDO EN FLAGRANCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. LA VALORACIÓN DEL PARTE INFORMATIVO U OFICIO DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS AGENTES APREHENSORES, DEBERÁ ATENDER A LA INDEPENDENCIA FÁCTICA Y SUSTANCIAL DE LA DETENCIÓN Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN". Expuesto lo anterior, se considera correcto lo expresado por la Sala responsable, ya que el informe policial homologado de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, no tuvo como origen la ilegal retención del imputado, ahora quejoso, sino que este surgió precisamente de la detención en flagrancia, y lo que se plasmó en dicho informe, según se advierte de lo relatado en la audiencia de vinculación a proceso, solo guarda relación con la descripción de las circunstancias que motivaron la intervención de la policía y aquellas en las que tuvo lugar la detención del inculpado. Por ello, con independencia que posterior a la detención en flagrancia, se originó una ilegal retención, ello no genera que el informe policial se considere ilegal, atendiendo precisamente a la independencia fáctica y sustancial de esos dos momentos. Por lo tanto, deviene infundado el concepto de violación que hizo valer el quejoso. Misma consideración se tiene en relación a lo manifestado respecto a que no se le debe de dar valor probatorio al informe policial, ya que los agentes policiales no observaron el hecho de tránsito, sino que solo escucharon un golpe y al retornar detuvieron a una persona como conductor, sin que ello se encuentre concatenado con diverso medio de prueba. Pues la autoridad responsable de manera correcta esclareció que, si bien los elementos antes referidos no observaron el hecho de tránsito, de su informe homologado se desprendía que al circular por la avenida, vieron pasar una motocicleta a alta velocidad y escucharon en seguida un fuerte ruido, por lo que se reincorporan y minutos después arribaron al lugar de los hechos, refiriendo tener a la vista los vehículos siniestrados, así como a las víctimas sobre el arroyo vial. Que tuvieron a la vista un vehículo con placas de circulación HTC 7956 del estado de Guerrero, con mucha gente a su alrededor y en su interior, una persona del sexo masculino como inconsciente en el lado del conductor, el cual logran identificar ahora como TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ. Sin que se especificara en el informe que hubiera otra persona en el interior o exterior del vehículo con lesiones o heridas propias de un hecho de tránsito. Valoración que quien resuelve estima correcta, pues con la misma no se transgredió prerrogativa o formalidad alguna pues incluso permite advertir que se justipreció acorde a las circunstancias del hecho que se imputó, atendiendo a lo expresamente narrado por las partes tanto en la audiencia de formulación de imputación como en la vinculación a proceso, de la cual se pudo apreciar la relevancia y mérito convictivo que le fue conferido y conlleva a determinar infundado el concepto de violación en estudio, en el sentido de que no se le debió de otorgar valor probatorio el informe policial homologado de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2022178, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 260, de rubro: "VINCULACIÓN A PROCESO. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN SUSTITUIR AL JUEZ DE CONTROL EN LA PONDERACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA INCORPORADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSA, EN EL PLAZO CONSTITUCIONAL O SU DUPLICIDAD, SIN EMBARGO, SÍ PUEDEN ANALIZAR LA LEGALIDAD DE SU EJERCICIO DE PONDERACIÓN." Finalmente, y en relación al restante concepto de violación, se observa que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en el auto de vinculación a proceso se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su comisión. Lo que implica que los datos recabdos hasta esta etapa procedimental sólo debe reunir el estándar demostrativo necesario para satisfacer tal extremo, lo que si ocurre en el presente asunto. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el auto de vinculación a proceso, tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado. Por lo que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, Materia Penal, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En ese sentido, debe atenderse a que en el nuevo sistema penal se reduce el estándar demostrativo del hecho ilícito por lo que en esta etapa es innecesario "acreditar" plenamente los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo, ya que sólo es necesario el estudio conceptual de los elementos esenciales y comunes del delito, esto es, subsumir la conducta al tipo penal, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del delito o tipo penal. También debe tomarse en consideración que para resolver la situación jurídica sólo se cuenta con datos de prueba, consistentes en la referencia al contenido de determinados medios de convicción aún no desahogados ante el órgano jurisdiccional pues en esta fase debe evitarse su formalización a medios de prueba para no "contaminar" o anticipar algún juicio respecto a la demostración el delito y su autor, teniendo el juez de control la facultad de valorarlos de manera libre y lógica. Sirve de apoyo también, la tesis XVII.1o.P.53 P (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Décima Época, página 2082, número de registro 2015953 de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ESTÁNDAR DE VALORACIÓN PARA SU DICTADO NO DEBE REBASAR EL DEL DATO, AUN CUANDO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO O LA DEFENSA EN LA AUDIENCIA INICIAL, HAYAN INTEGRADO ALGÚN MEDIO DE PRUEBA." En efecto se advierte que la Sala responsable expresó que del informe policial homologado de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, se desprende una imputación directa en contra de TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, dado que fue encontrado y asegurado en el interior del vehículo responsable - placas de circulación HTC 7956- del lado del conductor. Que de acuerdo a los informes de hechos de tránsito de dieciocho de marzo de dos mil dieciocho y así como de cinco de abril del mismo año, el vehículo de placas de circulación HTC 7956, invadió el carril opuesto, en el cual circulaban las victimas a bordo de una motocicleta, la que impactó de frente, saliendo expulsadas las víctimas impactando sobre el pavimento. Que las lesiones originadas a los tripulantes de la motocicleta, de acuerdo con las necropsias realizadas, les causó hemorragia subaracnoideas secundarias a traumatismo craneoencefálico, lo que les originó la muerte. Por lo que concluyó que el indicio de pruebas eran suficientes para acreditar la posible intervención del imputado, puesto que para el auto de vinculación a proceso, basta con que obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Visto lo anterior, se advierte que la Sala correctamente justiprecio las pruebas antes referidas, para llegar a la conclusión razonada, como se encuentra previsto en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo cual a juicio de este órgano resolutor, no demerita su apreciación y su ponderación como datos de prueba, sino que fueron tomados en consideración de manera conjunta y se considera que la Sala responsable acertadamente estableció que los medios de convicción eran eficaces para establecer la posible intervención del imputado en el hecho de transito que se le atribuye, hechos que corresponde a lo previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 62 y 15 párrafo tercero del Código Penal Vigente en el Estado de Morelos. Establecido lo anterior, se considera que la autoridad responsable actuó conforme a derecho al confirmar el auto de vinculación a proceso emitido por el a quo, contrario a lo alegado; porque con los datos de prueba que le fueron referidos al juez de control y cuya valoración convalidó la Sala responsable, llevaron a establecer razonablemente la existencia del hecho ilícito imputado al quejoso, y su posible intervención en los hechos imputados; datos de prueba que se consideran idóneos y pertinentes para establecer razonablemente hasta este momento procesal que desplegó el hecho que se le imputa. En este orden de ideas al ser inoperantes en una parte e infundados en lo restante, los conceptos de violación analizados y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de cuatro de febrero de dos mil veinte emitida por la Sala del Distrito Judicial Único en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Jojutla, Morelos. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a TOMAS GARCÍA HERNÁNDEZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy dos de febrero de dos mil veintiuno, en que las funciones del Juzgado lo permitieron, asistido del Secretario de Juzgado Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencias en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/8/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos.
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