Tomás Flores Barajas

Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
267/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2021

Partes del expediente

  • Tomás Flores Barajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el escrito presentado por el quejoso ********************, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veinticinco de mayo del presente año, en el que se acordó lo relativo a lo que peticiona.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN ELA RTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, serán destruidos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. León, Guanajuato; cuatro de mayo de dos mil veintiuno. I. Quejoso ratifica firma de escrito aclaratorio. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, la diligencia que antecede de la que se advierte que el quejoso Tomás Flores Barajas, reconoció como suya la firma y ratifica el contenido del escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante en el cual desahoga la prevención que se le formuló el veintiuno de abril del año en curso, en tal virtud, se provee: II. Desahogo de prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Tomás Flores Barajas, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en acuerdo de ocho de abril del año en curso, en atención a ello, se acuerda: III. Parte quejosa. Tomás Flores Barajas. IV. Autoridad responsable. Comisión Federal de Electricidad, División Bajío, Zona León, con sede en San Francisco del Rincón, Guanajuato y otra autoridad. V. Fijación de la litis. Ahora, de una lectura integral de la demanda de amparo, ocurso aclaratorio y anexos que se acompañaron a los mismos, se advierte que la parte quejosa reclama medularmente lo siguiente: a. La exigencia que el Jefe de Cobro de la Comisión Federal de Electricidad le hizo para que efectúe el pago de un supuesto ajuste y/o multa, así como el inminente corte total del suministro eléctrico en el domicilio ubicado en calle Morelos, número 312, Sur, Zona Centro de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, del cual es el usuario final del servicio de energía eléctrica que se suministra en dicho bien, al ser arrendatario del negocio establecido en ese lugar, mismo que aduce es su única fuente de empleo, ingreso y subsistencia. b. La diligencia contenida en el formato 3 relativa a la revisión del sistema de medición y la instalación eléctrica con número de folio P2021-4269, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, relativa al contrato de suministro eléctrico celebrado con el usuario contratante Christofer Emmanuel Flores Cortés, relativo al número de servicio 060150991342, con número de equipo de medición 212DKH. Sirve de apoyo a lo anterior, por el criterio que sostiene, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." VI. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos, ello, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que más adelante se citará, de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; ya que los actos aquí reclamados, al ser actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, previstos y derivados en un contrato de suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo como a continuación se expone. En principio, es menester transcribir lo que disponen los preceptos legales 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La tesis P. XXVII/97, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199459, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". Y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 161133, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. a. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b. Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante; c. Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso recordar que los actos reclamados a las autoridades responsables en el presente controvertido se hacen consistir en: a. La exigencia que el Jefe de Cobro de la Comisión Federal de Electricidad le hizo para que efectúe el pago de un supuesto ajuste y/o multa, así como el inminente corte total del suministro eléctrico en el domicilio ubicado en calle Morelos, número 312, Sur, Zona Centro de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, del cual es el usuario final del servicio de energía eléctrica que se suministra en dicho bien, al ser arrendatario del negocio establecido en ese lugar, mismo que aduce es su única fuente de empleo, ingreso y subsistencia. b. La diligencia contenida en el formato 3 relativa a la revisión del sistema de medición y la instalación eléctrica con número de folio P2021-4269, de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, relativa al contrato de suministro eléctrico celebrado con el usuario contratante Christofer Emmanuel Flores Cortés, relativo al número de servicio 060150991342, con número de equipo de medición 212DKH. Sobre este tema particular, es oportuno mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un pronunciamiento al resolver la contradicción de tesis 198/2017. Primeramente, y como lo sostuvo la Superioridad, es necesario indicar que la teoría de las atribuciones señala que existe una diferencia entre los conceptos de función pública y servicios públicos. El desconocimiento de sus diferencias impide saber a los gobernados cuando están en presencia de actos de autoridad y cuando ante actos del Estado de carácter prestacional o de particulares. Se ha dicho que por servicio público se entiende toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo debe ser permanentemente asegurado, reglado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico exorbitante de derecho privado, ya por medio de la administración pública, bien mediante particulares facultados para ello por la autoridad competente, en beneficio indiscriminado de toda persona. Al estudiar los servicios públicos a cargo del Estado, se ha detectado que no toda su actividad puede llamarse servicio público, porque además, existen servicios públicos manejados por particulares, por medio de una gestión privada que se caracteriza porque ella, en realidad, no tiene la preocupación de satisfacer las necesidades del público sino de administrar su patrimonio con un fin puramente pecuniario. En otro aspecto, se tiene que la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Lo cual implica una situación donde cualquier persona o empresa es libre de participar en una determinada actividad económica ya sea como vendedor o como comprador. Así, la Superioridad indicó que era necesario estudiar el régimen especial de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE), a fin de delimitar cuál es su relación con los consumidores del servicio básico de suministro eléctrico. La Ley de dicha entidad la constituye como empresa productiva del Estado que mediante sus subsidiarias presta el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, responsables en el ámbito de sus competencias; además, puede llevar a cabo diversas actividades mediante sus empresas productivas filiales, tales como la comercialización, suministro básico, suministro calificado y suministro de último recurso, en un régimen de libre competencia, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía, por lo que la correspondiente participación en los mercados será de manera independiente. Establecerá la separación contable, funcional y estructural entre dichas subsidiarias y filiales. Precisó que sus empresas productivas subsidiarias operan conforme al régimen especial previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto; deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, así como responsabilidades administrativas, remuneraciones, bienes y dividendo estatal. Se sujetan a lo dispuesto en los artículos 3, 7 y 8 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y por la Ley de la Industria Eléctrica. En particular, y en lo que resulta relevante, el primero de los artículos citados en el párrafo precedente, señala que la Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en su Ley y Reglamento, así como en las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común, asimismo deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Ahora, en esta ejecutoria la Segunda Sala indicó que, con base en el marco jurídico de la CFE, los transportistas y los distribuidores sólo podrán suspender el servicio a los usuarios finales en los casos siguientes: I. Por caso fortuito y fuerza mayor; II. Por mantenimiento programado en las instalaciones, siempre que se haya notificado con anterioridad al usuario final o su representante; III. Por incumplimiento de las obligaciones de pago o de garantía de un usuario calificado participante del mercado frente al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en cuyo caso éste emitirá la instrucción respectiva; IV. Por incumplimiento de las obligaciones de pago oportuno por el servicio prestado, en cuyo caso el suministrador que representa al centro de carga emitirá la instrucción respectiva; V. Por terminación del contrato de participante del *mercado o del contrato de suministro, en cuyo caso el CENACE o el Suministrador que representa al centro de carga, respectivamente, emitirán la instrucción; VI. Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el funcionamiento adecuado de las redes o que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medición; VII. Por incumplimiento de las normas oficiales mexicanas, o mala operación o fallas en las instalaciones del usuario final; VIII. Por el uso de energía eléctrica en contravención a lo establecido en las reglas de mercado o en las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico, según corresponda, y IX. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando en el contrato se estipule que tal incumplimiento implica la suspensión del servicio. En los supuestos antes señalados, los transportistas y los distribuidores procederán al corte del servicio y sólo deberán restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron el corte. Por otra parte, la generación y comercialización son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia sobre la base de que es una obligación el ofrecer y prestar el servicio público y universal de suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. La comercialización comprende, entre otras, la actividad relativa a ofrecer y prestar el suministro básico a usuarios finales, actividad que constituye el conjunto de productos y servicios requeridos para satisfacer la demanda y el consumo de energía eléctrica de los usuarios finales, pues el objetivo de las reformas en materia energética se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Dicho régimen especial exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. A su vez, la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Para lo cual generó un marco legal adecuado y transparente que permite que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás. Por tal motivo, la Segunda Sala indica que la determinación de que los órganos jurisdiccionales, al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado, deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; de manera particular se destaca que conforme al artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo no previsto en ella, debe ser considerado como mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. Con base en esto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País indicó que, con base en la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Incluso, la Superioridad hace hincapié en que si a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Estos razonamientos dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 532, Décima época, registro 2016656, que dice lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". En esas condiciones, y con base en los argumentos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que los actos reclamados en análisis no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de una relación mercantil existente entre un particular con la empresa productiva del Estado, pues implica diversos actos relativos al corte del suministro de energía eléctrica derivado del incumplimiento del contrato de suministro eléctrico celebrado con el usuario Christofer Emmanuel Flores Cortés, relativo al número de servicio 060150991342, con número de equipo de medición 212DKH. Sin que escape para está juzgadora que el nombre de la persona que aparece como contratante de dicho servicio no es del del hoy quejoso, empero al haberse demostrado indiciariamente que éste actualmente tiene la posesión del inmueble donde se proporciona el servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad a través del contrato de arrendamiento que exhibió para tal efecto, se estima que es el hoy impetrante el directamente afectado con motivo de la revisión y de la posible suspensión y ajuste en la facturación del servicio de energía eléctrica de que se trata, al ser el ocupante de ese lugar. Lo anterior es así, ya que en la demanda de amparo se sostiene que el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en calle Morelos, número 312, Sur, Zona Centro de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, se realizó una revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica relativa al número de servicio 060150991342, con equipo de medición 212DKH, la cual fue identificada con el número de folio P2021-4269 y en la que se hizo constar que se encontró un uso indebido por aparecer una carga conectada antes de la medición con base directa en el mismo domicilio conectada a la red de baja tensión con puente color blanco con cada fase con carga directa al interior del predio; por lo que derivado de dicha irregularidad, la parte quejosa debía acudir a las instalaciones de la responsable a fin de hacer el ajuste y pago correspondientes. Motivo por el cual, la parte quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se constituyó en las oficinas que ocupa la Comisión Federal de Electricidad, ante el Jefe de Cobro, en donde se le informó que debido a que se había encontrado una irregularidad debía pagarse la cantidad de $141,149.99 (ciento cuarenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos 99/100 moneda nacional) por ajuste en concepto de multa, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro de los tres días siguientes, se procedería a suspender y cortar en su totalidad el suministro del fluido eléctrico. Todo lo cual, incluso se encuentra demostrado con las documentales que se acompañaron a la demanda y al ocurso aclaratorio correspondiente. De ahí que, se reitera, los actos reclamados derivan de una relación jurídica comercial, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía mercantil, pues como se advierte de la narración de antecedentes que antecede, los actos reclamados derivaron de una relación contractual que tiene un particular con la responsable, ya que los mismos consistieron en una revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica en el medidor de consumo de energía instalado en el domicilio que arrenda la parte quejosa, relativo al número de servicio 060150991342, con equipo de medición 212DKH, en la cual se advirtió un uso indebido al encontrar una carga conectada antes de la medición con base directa en el mismo domicilio acoplada a la red de baja tensión con puente color blanco con cada fase con carga directa al interior del predio, lo cual ocasionó la petición de realizar el ajuste correspondiente por concepto de energía eléctrica consumida y no pagada, tal y como se corrobora con el formato 3, relativo a la revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica identificada con el número de folio P2021-4269 que se acompañó al ocurso aclaratorio. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES.". Sin que de la mencionada documental se advierta lo manifestado por el quejoso en la demanda de amparo en el sentido de que el incumplimiento de lo anterior ocasionaría el corte total del suministro de energía eléctrica que reclama ni la cantidad que alude debe pagar con lo motivo de ello. De ahí que también se estime que en el caso concreto, la exigencia de pago de un supuesto ajuste y/o multa así como el inminente corte total del suministro eléctrico por sí mismos, no le produce una afectación actual, real y directa al aquí quejoso, puesto que son un acto futuro e incierto para la procedencia del juicio de amparo. Ello es así, pues dichas circunstancias no causan un perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica del impetrante, toda vez que constituye únicamente una invitación a pagar una suma de dinero por un ajuste en el consumo de energía eléctrica; y, por ende, las consecuencias del acto combatido se encuentran supeditadas a la conducta que el quejoso guarde en relación a realizar o no el pago de la cantidad por suministro de electricidad. En tales condiciones, resulta evidente que hasta este momento el ajuste en el consumo de energía eléctrico emitido por la autoridad responsable en el cual se indicó de manera verbal al quejoso la cantidad a pagar, así como el posible corte en el suministro eléctrico, no producen una afectación actual, real y directo al peticionario de amparo, por ser actos futuros e inciertos pues están condicionados a que el quejoso, o bien, el usuario que contrató el servicio que nos ocupa, incumplan con lo solicitado, así como al hecho de que la autoridad decida llevar a cabo lo establecido, por lo cual, no resulta ser un acto inminente al no existir certeza de su ejecución. Máxime que, de las menifestaciones realizadas por el quejoso en la demanda de amparo y escritos aclaratorios a las prevenciones que le fueron formuladas no se advierte que se haya realizado el corte de suministro de energía eléctrica. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia PC.I.L.J/14 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, enero de 2016, página 2321, registro digital 2010813, de rubro: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". A más, que los actos reclamados, contrario a lo aseverado por el quejoso, no se encuentran en los casos de excepción por violación a derechos humanos ante la orden de corte derivada de un supuesto adeudo por concepto de ajuste determinado por Comisión Federal de Electricidad. Lo anterior es así, ya que dichos actos, no se equiparan a los ejemplos que expuso el máximo tribunal, para analizar cada caso concreto y advertir la posible violación a los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, esto es, cuando la suspensión o el corte de energía eléctrica ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas, por ejemplo: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida, (enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica." En efecto, si bien la parte quejosa expuso en su demanda de amparo tres cuestiones sustanciales: a) Que la negociación de la cual es arrendatario (gimnasio) es su única fuente de ingreso y empleo, y que es su fuente de subsistencia. b) Que padece de una discapacidad que le imposibilita caminar. c) Que dicha negociación funge parcialmente de vivienda, porque almuerza, come y cena, refrigerando alimentos perecederos. Lo cierto es que en el caso particular tales manifestaciones y las documentales exhibidas para acreditar las mismas se estiman insuficientes para demostrar que derivado del posible corte total de energía eléctrica, se ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad del amparista. Se asevera lo anterior, porque para acreditar la manifestación en el sentido de que padece de una discapacidad que le imposibilita caminar, únicamente aportó la documental consistente en el dictamen médico de treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, expedido por el Subdirector Médico del Hospital comunitario de San Francisco del Rincón, Guanajuato, en el que se lee: ".se hace constar que posterior a la valoración del C. Tomás flores barajas (sic) de 62 años de edad, se determina que cuenta con una discapacidad física que consiste en limitación para la bipedestación y la deambulación; lo anterior por secuelas de poliomielitis desde su infancia. El paciente requiere de apoyo con aparatos ortopédicos para la deambulación. Se extiende el presente a solicitud del interesado para los fines que a él le convengan." [Lo resaltado el propio]. Lo cual se estima insuficiente para acreditar fehacientemente que con el corte de energía eléctrica, se ponga en peligro su salud y vida, pues de dicha documental se inadvierte el grado de limitación para la bipedestación y la deambulación, el tipo de aparatos ortopédicos que requiere para tal efecto; que alguno de ellos requiera luz eléctrica para funcionar; o que se le haya prescrito algún medicamento que requiera ser refrigerado; lo dicho, porque en tratándose del tema central que nos ocupa (posible corte de energía eléctrica), no basta el acreditamiento de tal padecimiento, sino que, correlacionado con la circunstancia del corte de energía eléctrica, debe acreditarse fehacientemente que éste ponga en peligro la salud y vida del quejoso; como puede ocurrir por ejemplo, con la necesidad de utilizar algún aparato médico y que éste requiera luz eléctrica para funcionar, lo que, como ya se dijo, no se acredita en el particular. Ahora, las diversas manifestaciones del quejoso en el sentido de que las percepciones de la negociación que arrenda (gimnasio) y que aduce es su única fuente de trabajo e ingreso; así como las atinentes a que dicho negocio funge parcialmente de vivienda, porque almuerza, come y cena, refrigerando alimentos perecederos, tampoco se estiman suficientes para colocar al impetrante en los casos de excepción y considerar a la Comisión Federal de Electricidad, como posible autoridad para efectos del amparo, debido a que para acreditar lo anterior únicamente exhibió el contrato de arrendamiento de diez de agosto de dos mil dieciocho, en el que al efecto, se aprecia lo siguiente: ".OCTAVA.- EL USO Y GOCE DEL INMUEBLE Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO ES SUS INSTALACIONES Y A QUE SON MATERIA DE ESTE CONTRATO ÚNICAMENTE PODRÁ SER DESTINADO PARA USO, GOCE Y EXPLOTACIÓN COMO GIMNASIO QUEDANDO EL ARRENDATARIO TOMÁS FLORES BARAJAS OBLIGADO A MANTENER LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD QUE EXIJAN LAS LEYES CORRESPONDIENTES." [Lo resaltado el propio]. Empero la mencionada documental de igual forma se estima insuficiente para acreditar fehacientemente las aseveraciones del quejoso, pues de la misma se inadvierte que las percepciones del negocio que aduce es su única fuente de trabajo se utilicen para el suministro de algún medicamento, para su atención médica o bien que éstas sean su único ingreso para subsistir ni que, con el posible corte total de la energía eléctrica dé lugar al cierre total del negocio que administra o en su caso que ello impida el total funcionamiento del mismo; pues no aportó alguna otra prueba para acreditar tales extremos; a más de que de dicha probanza no se advierte el horario en el que labora el quejoso a fin de corroborar fehacientemente el lapso en el que éste permanece en el mismo, ni tampoco se evidencia la necesidad de refrigerar medicamentos o alimentos que le hayan sido prescritos por el médico especialista y que ante el eventual corte total de la energía eléctrica que reclama, se pudiera poner en peligro su salud, su vida o su integridad; empero, como ya se puso de manifiesto en líneas precedentes, nada de ello se acredita fehacientemente. Por ende, en el caso particular, se estima que el quejoso no acredita con datos objetivos y fehacientes estar ante los riesgos de los que se habla en la ejecutoria del Alto Tribunal del País; de ahí que no se esté ante la presencia de uno de los casos de excepción para la procedencia de la presente demanda de amparo, pues como se ve de los argumentos relacionados en la demanda, la parte quejosa pretende evidenciar que se encuentra en un supuesto de excepción a fin de que se admitida la demanda de amparo; pero lo cierto es que, en el caso, no existen elementos suficientes para establecer que se actualiza el supuesto excepcional referido, ya que por el contrario los actos que combate el quejoso, son consecuencia de la revisión del sistema de medición e instalación eléctrica, en la que se encontró que en el inmueble se consumía energía eléctrica a través de instalaciones que alteraban, evitaban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, esto es, actos derivados de un contrato de servicio celebrado con la empresa de energía eléctrica. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), definió la naturaleza de los actos ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad, derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica, concluyendo que no podían considerarse como actos de autoridad, para efectos del juicio de amparo. Asimismo, en la referida ejecutoria, realizó la salvedad siguiente: ".Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación.". Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente; lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Sin embargo, en el caso, del análisis de la demanda de amparo, del ocurso aclaratorio y de los anexos que se exhibieron a los mismos, no se advierte que la parte quejosa hubiese proporcionado información fehaciente que evidenciara que con la emisión de los actos reclamados, la Comisión Federal de Electricidad se hubiese colocado en algún supuesto de excepción. Máxime que el eventual corte de energía eléctrica es resultado de la revisión que llevo a cabo la citada empresa -en su carácter de prestador de servicio particular-, del sistema de medición e instalación eléctrica, en la que se encontró que se consumía energía eléctrica a través de instalaciones que alteraban, evitaban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición que se reviso. Por ello, se estima que la empresa señalada como responsable en la demanda de amparo a quien la parte quejosa atribuye en especificó el posible corte total de suministro de energía eléctrica con sus consecuencias, se localiza en un plano de igualdad con los derechos del quejoso, derivado del punto de coordinación existente como prestador de servicios (autoridad señalada como responsable) y de consumidor final (parte quejosa). Además de lo antes expuesto, tampoco se advierte que se este en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la ley de la materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio "no son actos de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como actos de particulares susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: a. Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: 1. Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u, 2. Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. b. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. Empero, conforme a lo expuesto, se estima que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario final del servicio que nos ocupa, no es de supra a subordinación, sino, como ya se dijo, de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme a las cláusulas pactadas en el contrato de prestación de servicio de energía eléctrica que da origen a los actos que ahora se tildan de inconstitucionales y al cual voluntariamente se sometieron las partes. Ahora, como de autos se obtiene que el contrato de adhesión celebrado entre el hijo del amparista y la Comisión Federal de Electricidad fue pactado con posterioridad al dieciséis de septiembre de dos mil quince, fecha en que se dio de baja el servicio, pues así lo manifestó el promovente bajo protesta de decir verdad en el escrito de cumplimiento a la prevención, esto es durante la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se publicó el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco en el Diario Oficial de la Federación y estuvo vigente hasta el once de agosto de dos mil catorce, es inconcuso que las cuestiones que surjan con motivo del aludido contrato de suministro deben ventilarse en la vía mercantil y no a través del juicio de amparo, como lo pretende el hoy peticionario. Se asevera lo anterior, pues se considera que el hoy quejoso cuenta con legitimación activa para demandar la nulidad de los actos aquí reclamados vía mercantil donde se constituya como parte accionante ante los tribunales competentes, pues la legitimación del peticionario deriva de haber demostrado indiciariamente tener la posesión del inmueble donde se proporciona el servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, a través del ya mencionado contrato de arrendamiento que exhibió para tal efecto, pese a que dicho servicio está a nombre de un diverso usuario (Christofer Emmanuel Flores Cortés), como ya se dijo con anterioridad, con independencia del nombre de la persona que aparezca como contratante de dicho servicio, es el hoy quejoso el directamente afectado con motivo de la revisión y de la posible suspensión y ajuste en la facturación del servicio de energía eléctrica reclamadas, al ser éste el ocupante actual de ese lugar. Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), número de registro 2015944, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 336, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, del rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL.." De igual forma, resulta ilustrativa a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 75/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, página 351, en la parte esencial referente a la legitimación activa en la causa, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.". Así también, precisa acotar que al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó criterio en cuanto a que la acción de nulidad absoluta puede ejercerla todo aquél que cuente con interés jurídico para demandarla, tal como se advierte en la jurisprudencia 1a./J. 57/201, número de registro 161036, visible en la página 828, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de epígrafe: "NULIDAD ABSOLUTA. PUEDE EJERCER LA ACCIÓN RELATIVA TODO AQUEL QUE CUENTE CON INTERÉS JURÍDICO Y DE ELLA SE PUEDE PREVALER TODO INTERESADO UNA VEZ DECRETADA POR AUTORIDAD JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 2226 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.". Entonces, deviene inconcuso que en el caso es el solicitante del amparo, quien como poseedor, tiene interés y legitimación activa en la causa para demandar la nulidad de los actos que reclama al ser arrendatario del inmueble, beneficiario y consumidor final del servicio de energía eléctrica, con independencia de quien aparezca como "usuario" (o titular) por virtud de la contratación inicial de tal servicio no sea el propio quejoso. Tampoco escapa para esta juzgadora la diversa manifestación del quejoso en el sentido de que estima transgredidos sus derechos en términos de los artículos 14 y 16 Constitucionales, por la falta de fundamentación y motivación en los actos reclamados, lo dicho por la misma constituye una circunstancia a ventilar en un juicio ordinario mercantil, pero insuficiente para afirmar que tiene el carácter de autoridad responsable la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del presente juicio de amparo. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No pasa inadvertido que, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el auto inicial de la demanda de amparo no es la actuación oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Sobre todo, si dicha jurisprudencia, con base en la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", publicada en el Semanario Judicial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso. Sin embargo, la propia Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, indicó que es factible el desechamiento de la demanda de amparo como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia. Tal y como se puede apreciar de la redacción de la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, página 1008, Décima época, registro 2019230, que dice lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional". En ese sentido, y como se vio anteriormente, el presente desechamiento se hizo con base en la diversa jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), dado que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo contra los actos previstos en el contrato de suministro de energía, como lo es el corte de luz. Asimismo, tampoco escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio establecido en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.". Así como la jurisprudencia J/23, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, intitulada: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1, constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta Juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J.10/2014(10a.), consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14K (10a.), consultable en la página 1641, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, de título: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. ". VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE 21 DE ABRIL DE 2021, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: León, Guanajuato; veintiuno de abril de dos mil veintiuno. I. Parte quejosa desahoga parcialmente la prevención de demanda. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta signado por Tomás Flores Barajas, por medio del cual cumple con los requerimientos marcados con los incisos b y c de la prevención de demanda que se le formuló en proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno; sin embargo, es omiso en desahogar a cabalidad lo solicitado en el punto a de la aludida prevención. Lo anterior es así, porque el promovente no precisa con claridad si señala o no como autoridad responsable al Jefe de Cobro de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que de la lectura integral de su escrito de desahogo, no es posible dilucidar con claridad si es su deseo señalarlo o no con esa calidad, pues por una parte precisa que la autoridad responsable lo es la Comisión Federal de Electricidad, División Bajío Zona León, y por otra, también indica que el Jefe de Cobro de la Comisión Federal de Electricidad fue quien realizó el requerimiento de pago del supuesto ajuste por concepto de multa y quien le manifestó que de no realizar dicho pago se realizaría el corte total de suministro de energía eléctrica, sin que exista señalamiento expreso en ese sentido. A lo que se suma que en la narración de antecedentes específicamente en el romano VII, realiza manifestaciones tendentes a combatir el formato 3 con número de folio P2021-4269 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, pues refiere un actuar ilegal de la autoridad responsable, sin especificar a qué potestad se lo atribuye, así como manifestar que la misma se encuentra viciada de origen. Circunstancias que imposibilitan la correcta fijación de la litis en el presente controvertido constitucional, así como el debido llamamiento de las autoridades responsables. En tales condiciones, requiérase nuevamente al promovente del amparo, para que por escrito y sin formular ni presentar una nueva demanda se constriña a cumplir con lo siguiente: a. Indique si también señala como autoridad responsable al Jefe de Cobro de la Comisión Federal de Electricidad, ya que en el ocurso que se analiza no lo menciona expresamente. b. Aclare si lo manifestado en apartado VII del capítulo de antecedentes del escrito de cuenta, con relación formato 3 con número de folio P2021-4269 de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, constituyen sólo manifestaciones a manera de antecedentes, o bien, aclare si su intención también es señalar esa diligencia como acto destacado en el presente juicio constitucional, en caso afirmativo, deberá precisar a qué autoridad en concreto se lo atribuye. Apoya lo anterior, la tesis número XX.57K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." II. Plazo para desahogo de prevención. Atento a lo anterior y en virtud de que la parte quejosa fue notificada del auto de requerimiento el día catorce de abril pasado, surtiendo efectos al día siguiente hábil, del tal suerte que el término concedido para tal efecto transcurrió del dieciséis al veintidós de abril, ambos de dos mil veintiuno, siendo inhábiles los días diecisiete y dieciocho de los actuales por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que si el ocurso que se analiza fue presentado en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, el dieciséis de abril del año actual (según sello de recepción), esto es primer día de los cinco que le fueron otorgado; indíquese a la parte quejosa que cuenta con cuatro días para desahogar la prevención de que se trata, cómputo que se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, de Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta del rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TERMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATO LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TERMINO." Hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda subsistente el apercibimiento formulado en autos, y en caso de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. III. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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