Tomás Eliud Gaspar Cruz
Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1096/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomás Eliud Gaspar Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas del juicio de controversias del orden familiar 294/2013 que el Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvase ese instrumento mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. En otro punto, agréguese el ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el justiciable Tomás Eliud Gaspar Cruz expone que ya transcurrió el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, dictada en este asunto, sin que se haya combatido, por lo que solicita que dicho fallo cause ejecutoria. Al respecto, téngase al inconforme por hechas sus manifestaciones y en cuanto a su solicitud hágase de su conocimiento que con apoyo en lo establecido por los dispositivo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el presente proveído se declaró que la sentencia pronunciada en este asunto ha causado ejecutoria, por lo que se dispuso el archivo de este expediente como asunto concluido; por tanto, deberá estarse a lo decidido en la presente determinación en cuanto a su petición. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1096/2021 del que deriva la presente incidencia se declaró que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese sumario y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de siete de octubre del año en curso, se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el catorce de octubre posterior, se negó la medida cautelar definitiva en relación con las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otro lado, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos de lo establecido por el normativo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que en este incidente suspensión se negaron la suspensión provisional y la definitiva en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista por el inciso c), del artículo 21 del citado Acuerdo General. En otro punto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En diverso aspecto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del ocurso presentado por el justiciable Tomás Eliud Gaspar Cruz se advierte que expone su renuncia al plazo establecido por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de octubre del año en curso, dictada en este asunto, por lo que solicita que dicho fallo cause ejecutoria. Al respecto, téngase inconforme por hechas sus manifestaciones y hágase de su conocimiento que no es factible proveer de conformidad a su petición, porque el artículo 267 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expresamente señala que los recursos no son renunciables; además, en la Ley de Amparo no existe alguna disposición que autorice a las partes la renuncia de los medios de impugnación que prevé; de ahí que la renuncia a la interposición del recurso de revisión que el disconforme señala no puede tenerse en cuenta. Por otro lado, agréguese sin mayor proveído el instrumento presentado por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dado que el veintiocho de octubre pasado, se celebró la audiencia constitucional en este juicio de amparo y se dictó la sentencia respectiva, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente sumario respecto de los actos reclamados; por tanto, la presentación del citado informe es inoportuna, por lo que la citada autoridad deberá estarse a esa resolución judicial. Notifíquese.
- Principal
"S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 1096/2021 promovido por Tomás Eliud Gaspar Cruz, en contra de las omisiones de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio atribuida a la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció respecto de la promoción señalada reprochada al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva reconocidos por el ordinal 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES El veintiuno de abril de dos mil tres, Yasmín Bautista Hernández promovió un juicio de controversias del orden familiar por sí y en representación de su hijo -en ese entonces- menor de edad Kevin Eliud Gaspar Bautista, en contra de Tomás Eliud Gaspar Cruz, a quien demandó el pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva a favor de los accionantes, la guarda y custodia provisional y definitiva de su descendiente, la inscripción permanente de los actores en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el pago de los gastos y las costas que se generen con motivo del trámite de la citada controversia. De ese asunto correspondió conocer al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, quien por auto de veintidós de abril de dos mil tres, dictó las determinaciones siguientes: 2.1. Admitió a trámite la demanda respecto de las prestaciones exigidas, registrándola bajo el expediente 294/2013. 2.2. Dispuso el emplazamiento del enjuiciado para que en el plazo de nueve días contestara la demanda. 2.3. Señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. 2.4. Admitió las pruebas que los accionantes ofrecieron y emitió diversas determinaciones tendentes a preparar el desahogo de algunos medios de convicción. 2.5. Respecto de la pensión alimenticia provisional estableció que una vez que se acreditara la capacidad económica del demandado fijaría un monto. 2.6. Decretó la guarda y custodia provisional de Kevin Eliud Gaspar Bautista a favor de su progenitora Yasmín Bautista Hernández. En la substanciación del proceso, la autoridad judicial fijó una pensión alimenticia provisional a favor de los accionantes. Cabe destacar que el actor Kevin Eliud Gaspar Bautista adquirió la mayoría de edad durante la tramitación del juicio de origen, por lo que se incorporó a la relación jurídica procesal entablada en ese contradictorio y en este último ejerce sus derechos por sí, dado que la representación legal que ejercía su progenitora cesó. En la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, el mencionado órgano jurisdiccional desechó los informes a cargo de diversas instituciones de crédito que el accionante Kevin Eliud Gaspar Bautista ofreció como pruebas supervenientes. Al no estar de acuerdo con el desechamiento de esos medios de convicción, el actor Kevin Eliud Gaspar Bautista interpuso el recurso de apelación, por lo que en el auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió en el efecto devolutivo y se encuentra pendiente de resolución. A través del escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el demandado Tomás Eliud Gaspar Cruz solicitó a la Juez instructora del proceso que dictara la sentencia en ese contradictorio, porque señaló que los recursos que se encontraban pendientes de resolver no fueron admitidos en el efecto suspensivo y porque ya había dado contestación a los agravios que el accionante Kevin Eliud Gaspar Bautista formuló en el medio de impugnación que interpuso, sin que el hecho de que estuviera pendiente de resolución este último impidiera el dictado de la sentencia. En el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se pronunció respecto de la citada promoción y estableció que no era factible dictar la sentencia en el juicio de origen, porque en el proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió al acreedor alimentario Kevin Eliud Gaspar Bautista el recurso de apelación que interpuso en contra de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la porción en donde desechó las pruebas supervenientes que ofreció, por lo que indicó que ese medio de impugnación actualmente lo conoce la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca bajo el toca 51/2021 y que no se ha resuelto, por lo que sostuvo que si turnara los autos para el dictado del fallo en ese asunto violaría los derechos de audiencia y debido proceso consagrados por los normativos 1, 14 y 16 de la Carta Magna, por lo que señaló al enjuiciado que su petición la debía reiterar en el momento procesal oportuno. El auto señalado se notificó al demandado por la vía electrónica el once de octubre de dos mil veintiuno. En consideración del titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Tomás Eliud Gaspar Cruz promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 8 y 17 de la Constitución General de la República; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de siete de octubre del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 1096/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a diversas autoridades que tienen su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: De la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, combate: La omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio. Del Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, impugna: La omisión de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en ese asunto respecto de la promoción señalada. V. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No es cierto el acto atribuido a la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso que el justiciable presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio. Se sostiene lo anterior, porque la citada autoridad en su informe justificado negó la existencia de esa actuación, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Además, la inexistencia de esa actuación se desprende de las diversas constancias del juicio natural que la mencionada responsable remitió en copias certificadas, a las cuales se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto relativas al juicio de origen se advierte lo siguiente: A través del escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, el demandado Tomás Eliud Gaspar Cruz solicitó a la Juez instructora del proceso que dictara la sentencia en ese contradictorio, porque señaló que los recursos que se encontraban pendientes de resolver no fueron admitidos en el efecto suspensivo y porque ya había dado contestación a los agravios que el accionante Kevin Eliud Gaspar Bautista formuló en el medio de impugnación que interpuso, sin que el hecho de que estuviera pendiente de resolución este último impidiera el dictado de la sentencia. En el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se pronunció respecto de la citada promoción y estableció que no era factible dictar la sentencia en el juicio de origen, porque en el proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió al acreedor alimentario Kevin Eliud Gaspar Bautista el recurso de apelación que interpuso en contra de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la porción en donde desechó las pruebas supervenientes que ofreció, por lo que indicó que ese medio de impugnación actualmente lo conoce la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca bajo el toca 51/2021 y que no se ha resuelto, por lo que sostuvo que si turnara los autos para el dictado del fallo en ese asunto violaría los derechos de audiencia y debido proceso consagrados por los normativos 1, 14 y 16 de la Carta Magna, por lo que señaló al enjuiciado que su petición la debía reiterar en el momento procesal oportuno. El auto señalado se notificó al demandado por la vía electrónica el once de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al siete de octubre de dos mil veintiuno -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso que el inconforme presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio, porque como se estableció en el acuerdo de treinta de septiembre del año en curso -el cual se emitió cuatro días hábiles antes de que se promoviera el juicio de amparo-, la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se pronunció respecto de la citada promoción y estableció que no era factible dictar la sentencia en el juicio de origen, porque en el proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, se admitió al acreedor alimentario Kevin Eliud Gaspar Bautista el recurso de apelación que interpuso en contra de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la porción en donde desechó las pruebas supervenientes que ofreció, por lo que indicó que ese medio de impugnación actualmente lo conoce la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca bajo el toca 51/2021 y que no se ha resuelto, por lo que sostuvo que si turnara los autos para el dictado del fallo en ese asunto violaría los derechos de audiencia y debido proceso consagrados por los normativos 1, 14 y 16 de la Carta Magna, por lo que señaló al enjuiciado que su petición la debía reiterar en el momento procesal oportuno. Tal situación evidencia que a la fecha en la que el justiciable presentó su demanda de amparo, el órgano jurisdiccional responsable ya había dictado el proveído que correspondía al ocurso que el disidente presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio. Lo anterior pone de relieve que a la data en la que la disconforme promovió el juicio constitucional, la autoridad judicial responsable ya había acordado el escrito cuya omisión de proveer reprocha. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su demanda de amparo pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." También cobra vigencia la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Igualmente, fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto al acto combatido a la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el acuerdo que corresponda al ocurso que el justiciable presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO COMBATIDO La autoridad responsable Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no rindió su informe justificado, no obstante que fue notificado de la admisión de la demanda de amparo y se le emplazó a este juicio constitucional, como consta en el acuse de recibo del oficio 28467/2021 que se encuentra glosado en el expediente en el que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierta la actuación que se reprocha al citado fedatario consistente en la omisión de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que el disconforme presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio. Además, la certeza de la omisión atacada se corrobora con las copias certificadas de las diversas actuaciones del juicio de controversias del orden familiar 294/2013 que la autoridad judicial responsable aportó en este medio extraordinario de defensa, las cuales fueron valoradas en los párrafos anteriores y de las que se advierte que a la fecha en la que el justiciable presentó su demanda de amparo -siete de octubre de dos mil veintiuno-, el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, aún no había notificado al disidente el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio, sino que esa comunicación procesal la realizó por la vía electrónica hasta el once de octubre de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga por demostrada la certeza del acto omisivo reclamado a dicho funcionario público. VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se advierte que en cuanto al acto combatido a la autoridad responsable Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que el justiciable presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos, porque dicho fedatario ya comunicó procesalmente al inconforme la resolución judicial señalada. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que el solicitante del amparo reclama del Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la omisión de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a esa autoridad a comunicar procesalmente la citada determinación. Ahora, de las constancias que obran en este sumario relativas al juicio de origen se advierte que la autoridad judicial responsable remitió copia certificada de la razón de once de octubre de dos mil veintiuno, en donde el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, hizo constar que notificó al demandado Tomás Eliud Gaspar Cruz por la vía electrónica el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que la Juez de su adscripción pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio. Lo anterior evidencia que el fedatario público responsable ya notificó el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto del ocurso que el disidente presentó el veintinueve de junio pasado, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la comunicación procesal señalada practicada al justiciable en relación con el pronunciamiento judicial que recayó a su escrito relativo los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado. Efectivamente, el hecho de que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, haya notificado al quejoso Tomás Eliud Gaspar Cruz por la vía electrónica el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que la Juez de su adscripción pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio evidencia que los efectos y las consecuencias de la actuación reclamada a esa autoridad han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, comunicó procesalmente al justiciable Tomás Eliud Gaspar Cruz por la vía electrónica el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que el órgano jurisdiccional de su adscripción dictó en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva atribuida al citado fedatario público han cesado, ya que con la realización de esa comunicación procesal al disidente se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que el justiciable presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que el justiciable reclamó al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistente en la omisión de notificar el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que se pronunció en el juicio de controversias del orden familiar 294/2013 respecto de la promoción que el justiciable presentó el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el que solicitó que se dictara la sentencia en ese contradictorio. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Tomás Eliud Gaspar Cruz, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese."
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- TobìAs LeòN Ramos457/2022
- Tobías Paz Zavaleta1223/2022
- Tobías Pinzón Nucamendi187/2022
- TOMAR JORGE o TOMAS JORGE MARTÍNEZ CHIVIQUE1386/2021
- Tomás Ángel Ramírez Barrita517/2015
- Tomás Eliud Gaspar Cruz161/2023
- Tomás Eloy Chacón Pérez563/2015
- Tomás Eloy Chacón Pérez1502/2015
- Tomás Eloy Chacón Pérez1361/2014
- Tomás Eloy Chacón Pérez704/2017
- Tomás García González1539/2016
- Tomás Hernández Hernández838/2017