Tomás de la Cruz Morales y Otros.
Expediente 1292/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1292/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomás de la Cruz Morales y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintinueve de julio del año en curso (fojas 8 a 10), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por....; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese el oficio 13982 suscrito por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que devuelve sin diligenciar el exhorto número 175/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, por las razones que expone; dese de baja la comunicación en cita en el libro respectivo. Por lo anterior, se ordena notificar al quejoso el proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto, señale domicilio correcto para oír y recibir notificaciones; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la ley de la materia, con número 1a./J. 20/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 238, del tomo XXVII, Abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia, Común, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. NOTIFICACION POR LISTA DE ACUERDO ORDENADO EN AUTO ANTERIOR. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Con la copia del oficio signado por el Actuario Judicial de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, al que acompaña la demanda de amparo promovida por Tomás de la Cruz Morales, contra actos del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1292/2016. Acúsese recibo. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el promovente del amparo reclama del Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en esta ciudad: 1. El cambio de medidor de energía eléctrica tradicional por uno moderno denominado digital y/o electrónico, dictado en su contra, con la amenaza de la suspensión del suministro de energía eléctrica. 2. La orden de pago injustificado con cantidades excesivas y suspensión de energía eléctrica dictada en su contra. Como antecedentes de dichos actos, señala: 1. Que el dieciséis de febrero del año en curso, llegaron a su domicilio unas personas diciendo que son empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio laboral en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar su medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno digital/electrónico, a lo cual se opuso, dado que no sabe utilizarlo, y aquellos le dijeron que posteriormente le darían un curso a todos los Chiapanecos, para aprender a usarlos; con lo cual no está de acuerdo, a lo que le dijeron que es obligatorio y le comentaron que cada vez que quede sin energía eléctrica en su casa, deberá ir a recargar una tarjeta que le dejarían, en cajero automático llamado Cefemático; por lo que estima que con esas acciones vulneran sus derechos fundamentales, al pretender realizar un cambio de medidor de lectura del suministro de energía eléctrica en su domicilio, que jamás solicitó y la inminente suspensión unilateral del servicio, sino acepta ese cambio y si no paga el arbitrario recibo que pretender cobrarle. Así también, el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. En el caso, contra los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del mismo ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La causa de improcedencia que alberga el precepto primeramente invocado, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ahora, a efecto de determinar el momento en el cual comienza a correr el plazo para presentar la demanda de amparo, debe destacarse lo que dispone el artículo 18 de la Ley de Amparo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Conforme a lo anterior, el plazo para promover el amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Como es evidente, el precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se concluye que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido así el legislador hubiese señalado su orden de prelación. En el caso, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de Amparo, ya que señala que en esa fecha llegaron a su domicilio unas personas diciendo que son empleados de la Comisión Federal de Electricidad, enviados por el Gerente de la División de Distribución Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio laboral en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con la intención de retirar su medidor tradicional, pretendiendo cambiarlo por uno digital/electrónico, sin que lo permitiera; que le dijeron que es obligatorio y le comentaron que cada vez que quede sin energía eléctrica en su casa, deberá ir a recargar una tarjeta que le dejarían, en un cajero automático llamado Cefemático; que le suspenderán el servicio si no acepta ese cambio y si no paga el recibo que pretenden cobrarle. Por lo que resulta evidente que estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, desde el veintidós de febrero de dos mil dieciséis; por tanto, si su demanda la presentó hasta el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, como se advierte de la cuenta asentada por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, es claro que fue presentada cuando ya había fenecido el término legal de quince días con el que el quejoso contaba para promover el juicio de amparo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; y en esa virtud, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el artículo 61 fracción XIV de la ley de la materia, lo que hace imposible encausar la inconformidad del quejoso en este medio de control, si previamente consintió. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. Se tienen por autorizadas a las personas que señala, únicamente para recibir notificaciones, esto es, sin las amplias facultades previstas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, por no conferírselas. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Avenida Primavera, esquina con calle Roble número ciento treinta y cuatro, fraccionamiento "El Bosque", en la Ciudad de México, esto es, fuera de la jurisdicción de este Juzgado; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, gírese exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente al quejoso Tomás de la Cruz Morales el presente auto, y lo requiera para que en el plazo de tres días, señale domicilio en esta ciudad de Oaxaca, para recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos de los que se advierte que la autoridad responsable, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; consecuentemente, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que de inmediato informe a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento que está dando a la sentencia concesoria del amparo, debiendo remitir copia certificada de las constancias que lo acrediten; apercíbase a la citada autoridad que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo; asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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