Tomás Daniel García Oramas
Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 31 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Tomás Daniel García Oramas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
Xalapa, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 6128/2022, con el que se le notificó el auto de catorce de marzo último; al respecto, agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa, Veracruz, siete de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 4031/2022, con el que se le informó que el juicio en que se actúa se sobreseyó fuera de audiencia; al respecto, agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintiuno de febrero del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes, por lo que deberán archivarse las actuaciones al tratarse de un asunto concluido Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO. Asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse negado la suspensión de los actos reclamados; asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO. Por otro lado, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses, y pasados treinta días de este plazo, se procederá a la destrucción del mismo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Ahora, toda vez que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, remitió un legajo de pruebas, con las que se formó un tomo de pruebas por separado, por lo que toda vez que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente devuélvase a su lugar de origen, solicitando el acuse de recibo. Finalmente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil número 227/2021, de su índice; al respecto, agréguese sin mayor proveer, toda vez que en veintiuno de febrero último, se tuvo por recibido el mismo vía correo institucional acordándose lo conducente. Notifíquese por lista de acuerdos. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, mediante el cual remite copia autorizada de la sentencia de veinticuatro de noviembre del dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil número 227/2021, de su índice, para los efectos legales a que haya lugar. A las anteriores documentales, se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de la propia ley. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: 1. La resolución de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente 76/2020-I-A, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Perote, Veracruz, a través de la cual se resolvió el recurso de reclamación que interpuso en contra del acuerdo de ocho de julio del mismo año, en el que se concedió una pensión provisional a su menor hija, consistente en el equivalente a un día de salario mínimo diario, confirmándose dicha determinación. Expuesto lo anterior, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, el cual estipula lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". De la transcripción anterior, se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Por tanto, si el acto reclamado lo constituye la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente 76/2020-I-A, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microregional, con residencia en Perote, Veracruz, (ahora juicio ordinario civil número 227/2021/III, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz), a través de la cual se resolvió el recurso de reclamación que interpuso en contra del acuerdo de ocho de julio del mismo año, en el que se concedió una pensión provisional a su menor hija, consistente en el equivalente a un día de salario mínimo diario, confirmándose dicha determinación, y existe constancia en autos de que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil veinte) el Juez responsable emitió sentencia en la que aprobó el convenio celebrado entre el quejoso y la tercera interesada, en la que, en lo que aquí importa, se pactó ".la forma de suministrar los alimentos para el menor a cargo del padre no custodio, quedó establecido en términos de la cláusula segunda, sin embargo, deberá tener suplencia de la queja a favor de la creedora alimenticia, al no haberse pactado ningún incremento respecto del monto de la pensión alimenticia, en términos del artículo 242 dl Código Civil en vigor, un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual el salario mínimo general diario que corresponda."; consecuentemente, resulta inconcuso que ha operado un cambio de situación jurídica, pues con la emisión de la referida sentencia debe considerarse que las violaciones impugnadas han quedado irreparablemente consumadas. Ello es así, pues de resolver el presente juicio de amparo en los términos planteados, indiscutiblemente se trastocaría lo establecido por la partes en el convenio elevado a categoría de cosa juzgada en sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario de origen, y por ende, de haber existido alguna violación en perjuicio del quejoso, debe considerarse que se encuentra irreparablemente consumada, al no poder decidirse lo conducente respecto a la misma, sin afectar la nueva situación jurídica; máxime que la nueva determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, resultó acorde a sus pretensiones, y ya se ordenó la ejecución de la pensión alimenticia definitiva pactada en el juicio de origen. Resulta aplicable la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONVENIO CON FUERZA DE SENTENCIA EJECUTORIA QUE DEJA AL ACTO RECLAMADO SIN EFECTO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En los términos del artículo 2953 del Código Civil, "La transacción tiene respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada..."; y a su vez, el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles estatuye que: "todo lo que en este capítulo (de la vía de apremio) se dispone respecto de la sentencia, comprende las transacciones, convenios judiciales y los laudos que ponen fin a los juicios arbitrales". Por tanto, los convenios judiciales con los que las partes concluyen una controversia son equiparados por el derecho sustantivo y por el procesal a las sentencias ejecutorias siempre y cuando hayan sido judicialmente aprobados y elevados a esa categoría. Atendiendo a estas consideraciones, es inconcuso que cesan los efectos del acto reclamado, si las partes en convenio judicial expresamente transigen con respecto a lo resuelto en aquél; consecuentemente, es este convenio judicial el que a partir de su celebración, obliga jurídicamente a las partes, si las mismas estuvieron anuentes en otorgarle la misma fuerza de la de una sentencia ejecutoria, y así fue acordado por el Juez del conocimiento. Por voluntad expresa de los firmantes, la sentencia del tribunal de alzada deja, por tanto, de surtir sus efectos jurídicos, al modificarse en el convenio lo resuelto en aquélla; surtiéndose, por ende, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTO la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Pablo Alberto Ochoa Blanco, Secretario que autoriza y da fe.
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