Tomás Cruz Portugal y Otros.

Expediente 923/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
923/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Tomás Cruz Portugal y Otros.
  • Alberto García Castellanos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE... DOCUMENTO. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad el documento exhibido por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlo. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlo correrá la suerte del expediente. Notifíquese; y, electrónicamente a la parte quejosa...".

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades. Regístrese con el número 923/2022-III que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya que la demanda es promovida por Tomás Cruz Portugal por propio derecho como se hizo constar en el proemio de la demanda y capítulo relativo a la parte quejosa. Sin embargo, también es signada por el autorizado **********, quien en el ocurso constitucional refiere se adhiere a la demanda, al ser profesionista independiente en ejercicio de la licenciatura en Derecho y al haber sido designado abogado en el asunto radicado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia, del distrito judicial de Veracruz, Veracruz, con la ejecución de los actos reclamados resiente afectación en sus derechos. Lo anterior daría motivo para prevenir la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Sin embargo, dado el sentido de la determinación que se adoptará resulta innecesario proceder en estos términos, pues aun cuando se desahogara satisfactoriamente no cambiaría el sentido, como se expone a continuación. DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia en el presente sumario constitucional que se analizará a continuación. En el caso, de la lectura integral de la demanda, se advierte la persona quejosa combate: - Del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa: La Sesión Extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós. El Acuerdo tomado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en dicha sesión publicado el tres de octubre de dos mil veintidós, en el número extraordinario trescientos noventa y dos (392), tomo cinco (V), de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en la que se determinó trasladar a los Juzgados señalados como responsables a un municipio diverso que está en el mismo distrito judicial. Hacer nugatorio el acceso a la justicia, trasladando el juzgado donde se tramita el juicio donde es parte actora, en el expediente 611/1996 del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial de Veracruz. Los actos tendientes a limitar el acceso del abogado autorizado, pues se limita el ejercicio profesional como licenciado en Derecho postulante, desempeña de forma independiente y habitual en la tramitación, sustanciación y seguimiento al juicio antes señalado. La orden e inminente traslado de los Juzgados Sexto de Primera Instancia y Décimo Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Mercantil, ambos del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz a Ciudad Cardel, municipio de La Antigua, Veracruz. La omisión de poner a disposición de las partes litigantes las herramientas tecnológicas necesarias para realizar el trámite en línea o digital de los juicios que se encuentran radicados ante las propias responsables, conculcando su derecho humano al trabajo y acceso a la justicia. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé la posibilidad de impulsar los juicios que se encuentren en trámite, a través de vías electrónicas o digitales. Restringiendo el ejercicio de su profesión. La negativa de acceder y expedir justicia. En virtud que el acuerdo de doce de septiembre pasado combatido, no prevé reasignación de los expedientes que se encuentran en trámite a otros juzgados en funciones, en Veracruz, Veracruz. Las consecuencias de hecho y de derecho que dicho traslado conlleva. Congruente con ello, el suscrito advierte en forma notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 107, fracción I, éste en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" Conforme los preceptos legales invocados, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Es parte en el juicio de amparo el quejoso. Tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. Siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo. Y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. Así, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Lo que se entiende, para efectos del amparo, en la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la Ley. O bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera, debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado. Ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo) o en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. Los actos reclamados ya quedaron precisados. En la especie, el promovente [Tomás Cruz Portugal] aduce ser parte actora en el expediente 611/1996 del cronológico del Juzgado Sexto de Primera Instancia, de Veracruz, en Veracruz. El autorizado [Alberto García Castellanos] refiere tener reconocida calidad de abogado patrono en dicho juicio. Por su parte, el "Acuerdo que autoriza el cambio de domicilio de órganos jurisdiccionales a la Ciudad Judicial de Cardel, Ver" solo determinó el cambio de domicilio de dicho juzgado con sede en la zona conurbada de Veracruz, a la Ciudad Judicial Cardel, Veracruz, sito en Carretera Federal Nautla-Cardel, en la localidad de Cabezas, municipio de Puente Nacional, Veracruz, código postal 91653. Lo que se aprecia del Acuerdo combatido y constituye un hecho notorio dada su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el tres de octubre de dos mil veintidós, número extraordinario trescientos noventa y dos (392). De ahí que el reclamo no les causa un agravio personal y directo. Es así porque, tanto a la impetrante como al autorizado (abogado patrono) con la emisión del Acuerdo citado y su consecuente ejecución, no resienten una afectación real y actual en su esfera jurídica. Su existencia no vulnera alguno de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. Como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia. Lo anterior, dado que necesariamente quien solicite la protección de la Justicia Federal debe probar que la dolencia constitucional conculca alguno de los derechos que en su favor tutela el orden jurídico. Y la decisión administrativa de organización interna tomada por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no está sujeta a prueba. Es evidente su realización. Pero esas medidas no pueden estar sujetas al interés individual de las personas. Ni siquiera bajo el concepto de interés legítimo. Aún y cuando se alegue ser parte en algún proceso [Tomás Cruz Portugal] o tener calidad de abogado patrono o autorizado [Alberto García Castellanos] -como es el caso-. El interés en que un órgano jurisdiccional se sitúe en un determinado lugar o no sea reubicado, es propio de políticas públicas que no deben sujetarse a la voluntad de los particulares. Además, respecto de sus manifestaciones consistentes en que el Acuerdo en comento afecta el acceso y expedición de justicia, no causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resulta un acto futuro de realización incierta. Lo aprobado por dicho Acuerdo únicamente incide en el cambio de domicilio del juzgado en el que Tomás Cruz Portugal aduce es parte actora y Alberto García Castellanos ser abogado patrono. No obstante, los asuntos radicados ante el aludido órgano jurisdiccional continuarán con su trámite de manera normal. Por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Lo cual se precisa en virtud que el planteamiento de la quejosa se basa en suponer no tendrá un eficaz acceso a la justicia por el cambio de domicilio del juzgado en cuestión. Igualmente, se estima no se demuestra el interés legítimo de la parte quejosa, el cual ha sido definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse -en caso de concederse el amparo- en un beneficio jurídico en favor de la parte quejosa derivado de una afectación a su esfera de derechos en sentido amplio. Esto es, el interés con el que promueve la demanda de amparo no está diferenciado con el de alguna otra persona. Pues la persona quejosa no resiente una afectación en su esfera jurídica que implique una posible concesión del amparo le generará un beneficio inmediato. Su planteamiento conlleva la posibilidad de que ocurran ciertos hechos. Limita su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernado. Sustenta un interés igual al de los demás integrantes de la sociedad. Sin características especiales de la situación que guarda frente al orden jurídico y lo coloque en un punto diferenciado (cualificado, actual, real y jurídicamente relevante) de la situación general. De ahí que el interés que ostenta el peticionario es simple o jurídicamente irrelevante. Porque en caso de una eventual concesión de amparo, sus efectos no podrían traducirse en un beneficio inmediato para el interesado. Y, por ende, no supone afectación alguna a su esfera jurídica en algún sentido. Sostenerlo de otra manera llevaría al eventual supuesto de que la ubicación de los juzgados o tribunales estaría sujeta al arbitrio o control de los quejosos, pudiendo éstos plantear tantas hipótesis como intereses tuvieran. Y además el amparo no podría implicar restituir en lo individual ni colectivo a un grupo cuya pretensión fuera situar en determinada residencia a un juzgado y luego a otro que quisiera radicara en diverso lugar. Por tanto, se estima que a la parte peticionaria de amparo le asiste únicamente un interés simple. No así el legítimo o el jurídico. En razón que el cambio de domicilio del Juzgado con sede en Veracruz, Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel, Veracruz, no le causa un agravio personal y directo. Tampoco afecta a su esfera jurídica en modo alguno. Lo reclamado no le impide continuar de manera normal con el asunto donde tiene intervención. Contrario a lo que aduce, se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia en el juzgado correspondiente y continuará con la secuela procesal del litigio radicado en ese órgano jurisdiccional. Sin que sea dable exigir a través del amparo a manera de una omisión la falta de elementos tecnológicos para acceder a la justicia en línea en esos órganos jurisdiccionales o dentro del Poder Judicial Estatal en general. Tal tópico también atañe a gestiones de administración internas del propio órgano del estado. No estando en presencia de un mandato constitucional de actuar en un determinado sentido -como el caso de las omisiones legislativas- que esté siendo incumplido. Mucho menos que eso suceda específicamente en la esfera jurídica del promovente de amparo. Sirve de apoyo, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia Común, página 690, Décima Época, registro 2012364, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esta determinación se corrobora tomando en consideración que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, entendida como el derecho público subjetivo de todo gobernado para acceder dentro de los plazos y términos que fijen las leyes a los tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, no se transgrede con la emisión y ejecución del Acuerdo reclamado. Como se ha explicado, el asunto donde tiene intervención el aquí quejoso Tomás Cruz Portugal [como parte actora] y Alberto García Castellanos como abogado continuará con su trámite de manera normal. Máxime que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el órgano legislativo puede establecer válidamente las condiciones para el acceso a los tribunales, siempre y cuando gocen de fundamento en la ley. Sirve como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital: 2015591, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional. La cual resulta indudable. Cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa. Independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Es aplicable a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1078, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2014433, de epígrafe y sinopsis siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo promovida por Tomás Cruz Portugal y Alberto García Castellanos al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Finalmente, se estima necesario señalar que similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 354/2022 de su índice en sesión de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. En la cual el planteamiento derivó de un juicio de amparo promovido por una persona en su calidad de parte dentro de un procedimiento jurisdiccional, donde el acto reclamado consistió en diverso Acuerdo que determina el cambio de domicilio del juzgado de primera instancia que conocía de dicho sumario. AUTORIZADOS. Atento a la certificación secretarial de cuenta, se tiene con tal carácter, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "Alberto74". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese a la persona que refiere para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, pueda acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Conforme a los artículos 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones a la parte impetrante en la vía electrónica, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" (previamente aludido) y con el usuario proporcionado, en los términos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, sin que obste proporcionó un domicilio físico donde oír y recibir notificaciones en la ciudad conurbada de Veracruz. Debe prevalecer la tramitación electrónica del asunto de acuerdo con el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 citado en párrafos precedentes (reformado por el similar 21/2022 en relación con el periodo de vigencia). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (prorrogado por el diverso 21/2022), se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa; y, personalmente a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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