Tomas Crescencio Ramírez Uribe

Expediente 2260/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2260/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • TOMAS CRESCENCIO RAMÍREZ URIBE y Otros.
  • Steven Ramírez Uribe
  • Tomas Crescencio Ramírez Uribe
  • STEVEN RAMÍREZ URIBE y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró que el fallo protector ha quedado cumplido sin excesos ni defectos; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por la otra conceder la protección constitucional, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de anexos. Por otra parte, dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se ordenó la formación de un sobre cerrado con información confidencial remitida por el Coordinador de Oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, devuélvase éste a la mencionada autoridad. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró que el fallo protector ha quedado cumplido sin excesos ni defectos; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó por una parte sobreseer en el juicio de amparo y por la otra conceder la protección constitucional, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, dado que en el incidente de suspensión se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió documentos originales; con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de esta anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos exhibidos. Devolución de anexos. Por otra parte, dado que durante la tramitación del presente juicio de amparo, se ordenó la formación de un sobre cerrado con información confidencial remitida por el Coordinador de Oficinas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, devuélvase éste a la mencionada autoridad. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida sentencia de amparo. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del ocho de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del catorce de agosto de dos mil veinte, misma que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el recurso de revisión 243/2020, y se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, conforme a lo determinado por este juzgado en el fallo recurrido en los considerandos VII, VIII y IX, y para los efectos ampliados en dicha ejecutoria. Efectos precisados en la sentencia de amparo: "En atención a los razonamientos expuestos, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que se estimaron vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y el Subdirector de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el respectivo ámbito de sus competencias: Dejen sin efectos el oficio SA/RH/2033/2019 y el memorándum 0649/2019 de cuatro y diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, por medio de los cuales se ordenó el cambio de adscripción de ******* [padre del quejoso]. Dicten una nueva determinación, en el plazo de diez días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, en la que valoren la particular situación en la que se encuentra el quejoso y, a partir de ello, resuelvan si es indispensable o no que el policía custodio ******* sea cambiado de adscripción -por necesidades del servicio- al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez. Para tal efecto, las autoridades responsables deberán tomar en cuenta que: Las personas con discapacidad merecen una protección reforzada por parte de las autoridades del Estado, por lo que debe procurarse, en la medida de lo posible, no afectar o afectar en mínima intensidad los derechos a la familia y a la salud del quejoso, para permitir su plena inclusión en la sociedad. De insistir en que es necesario el cambio de adscripción del padre del quejoso, valorar que dicha decisión puede perpetuar un estereotipo de género negativo, pues implícitamente se impondría en mayor medida la carga del cuidado del quejoso a su madre y hermana, siendo que en dicha tarea también debe participar su padre. Si a pesar de todo lo anterior, las autoridades responsables determinan que el cambio de adscripción del quejoso es imperioso para preservar, mantener o mejorar la prestación del servicio de seguridad pública, deberán analizar la viabilidad de adoptar un ajuste razonable, a partir del cual verifiquen la posibilidad de que el cambio de adscripción del padre del quejoso se realice en otro centro de reinserción social más cercano a su domicilio, en aras de armonizar el interés de la sociedad a recibir un eficiente servicio de seguridad pública con los derechos del quejoso a la salud y a desarrollarse en un entorno familiar." Efectos precisados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito: " (.) Sin embargo, en esos efectos, el Juez federal soslayó tomar en consideración que el cambio de adscripción que determinó violatorio de derechos fundamentales, se materializó desde el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, cuando ******* fue comisionado al Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez Puebla, lo cual es reconocido por el quejoso en su demanda y por la propia responsable al interponer este recurso a través de su representante. Por lo que, el acto desde esa fecha ya se está ejecutando, por lo cual a fin de restituir en el pleno goce de los derechos violados a Steven Ramírez Muñoz, las autoridades responsables Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y el Subdirector de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el respectivo ámbito de sus competencias, además de atender los efectos que fueron precisados por el Juzgador Federal, deberán: a) Reubicar a ******* a la adscripción que tenía antes de que se ejecutara el acto reclamado (Centro de Readaptación de San Miguel). b) Si al emitir la nueva determinación en cumplimiento a lo ordenado por el A quo, una vez realizado el juicio de ponderación y el ajuste razonable, determinaran que es menester el cambio del referido centro penitenciario de San Miguel en la ciudad de Puebla del padre del quejoso por necesidades del servicio, deberán adoptar el ajuste razonable a que aludió el juez Federal en la sentencia, en el que de manera prioritaria deberán privilegiar el cambio de adscripción del padre del quejoso al centro de reinserción social más cercano a su domicilio, en aras de armonizar el interés de la sociedad a recibir un eficiente servicio de seguridad pública con los derechos del quejoso a la salud y a desarrollarse en un entorno familiar que le permita el ejercicio pleno de sus demás derechos en la condición que tiene como persona con una discapacidad." Mediante proveído del seis de septiembre de dos mil veintiuno se requirió al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y el Subdirector de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En diversos oficios remitidos por las autoridades responsables, informaron las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la concesión del amparo, y de éstas se advierte que dejaron sin efectos el oficio SA/RH/2033/2019 y el memorándum 0649/2019 de cuatro y diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, por medio de los cuales se ordenó el cambio de adscripción de Tomás Crescencio Ramírez Uribe (padre del quejoso). A través de los diversos SSP/SUBCP/DMCyPEP/10864/2021 de veintitrés de septiembre del año en curso, el Encargado del Despacho de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla, informó que notificó al quejoso el similar SSP/SUBCP/DJ/15427/2021, de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual le comunicó que deberá permanecer en su calidad de policía custodio de la Dirección del Centro Penitenciario Puebla. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés legal convenga respecto de las manifestaciones hechas por la autoridad, con relación al diverso cambio de adscripción del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Así, en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables; no obstante, se requirió al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, para que dictara la nueva determinación en la que valoraran la particular situación en la que se encuentra el quejoso y, a partir de ello, resolvieran si era indispensable o no que el policía custodio Tomás Crescencio Ramírez Uribe fuese cambiado de adscripción. En auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Subdirector de Centros Penitenciarios, remitiendo copia certificada de la determinación dictada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se ordenó comunicar al quejoso por conducto de las autoridades competentes, que deberá permanecer en la categoría 08 G-230400.0, en calidad de Policía Estatal Custodio bajo las órdenes del Encargado de Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario Puebla, y que atendiendo su lugar del domicilio, se determinó que no era indispensable que fuera comisionado a un diverso Centro Penitenciario. Cabe destacar que al oficio y anexo remitido por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, pues reubicaron al quejoso al Centro Penitenciario en el que originalmente prestaba el servicio, y además las autoridades determinaron que dada la cercanía con su domicilio no era necesario comisionarlo a diverso Centro Penitenciario, aunado a que la parte quejosa manifestó su conformidad con la determinación de las responsables. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida sentencia de amparo. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que le fue otorgada mediante auto del ocho de noviembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, se precisa que mediante sentencia del catorce de agosto de dos mil veinte, misma que fue modificada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el recurso de revisión 243/2020, y se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, conforme a lo determinado por este juzgado en el fallo recurrido en los considerandos VII, VIII y IX, y para los efectos ampliados en dicha ejecutoria. Efectos precisados en la sentencia de amparo: "En atención a los razonamientos expuestos, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos que se estimaron vulnerado, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y el Subdirector de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el respectivo ámbito de sus competencias: Dejen sin efectos el oficio SA/RH/2033/2019 y el memorándum 0649/2019 de cuatro y diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, por medio de los cuales se ordenó el cambio de adscripción de ******* [padre del quejoso]. Dicten una nueva determinación, en el plazo de diez días hábiles a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, en la que valoren la particular situación en la que se encuentra el quejoso y, a partir de ello, resuelvan si es indispensable o no que el policía custodio ******* sea cambiado de adscripción -por necesidades del servicio- al Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez. Para tal efecto, las autoridades responsables deberán tomar en cuenta que: Las personas con discapacidad merecen una protección reforzada por parte de las autoridades del Estado, por lo que debe procurarse, en la medida de lo posible, no afectar o afectar en mínima intensidad los derechos a la familia y a la salud del quejoso, para permitir su plena inclusión en la sociedad. De insistir en que es necesario el cambio de adscripción del padre del quejoso, valorar que dicha decisión puede perpetuar un estereotipo de género negativo, pues implícitamente se impondría en mayor medida la carga del cuidado del quejoso a su madre y hermana, siendo que en dicha tarea también debe participar su padre. Si a pesar de todo lo anterior, las autoridades responsables determinan que el cambio de adscripción del quejoso es imperioso para preservar, mantener o mejorar la prestación del servicio de seguridad pública, deberán analizar la viabilidad de adoptar un ajuste razonable, a partir del cual verifiquen la posibilidad de que el cambio de adscripción del padre del quejoso se realice en otro centro de reinserción social más cercano a su domicilio, en aras de armonizar el interés de la sociedad a recibir un eficiente servicio de seguridad pública con los derechos del quejoso a la salud y a desarrollarse en un entorno familiar." Efectos precisados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito: " (.) Sin embargo, en esos efectos, el Juez federal soslayó tomar en consideración que el cambio de adscripción que determinó violatorio de derechos fundamentales, se materializó desde el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, cuando ******* fue comisionado al Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez Puebla, lo cual es reconocido por el quejoso en su demanda y por la propia responsable al interponer este recurso a través de su representante. Por lo que, el acto desde esa fecha ya se está ejecutando, por lo cual a fin de restituir en el pleno goce de los derechos violados a Steven Ramírez Muñoz, las autoridades responsables Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y el Subdirector de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en el respectivo ámbito de sus competencias, además de atender los efectos que fueron precisados por el Juzgador Federal, deberán: a) Reubicar a ******* a la adscripción que tenía antes de que se ejecutara el acto reclamado (Centro de Readaptación de San Miguel). b) Si al emitir la nueva determinación en cumplimiento a lo ordenado por el A quo, una vez realizado el juicio de ponderación y el ajuste razonable, determinaran que es menester el cambio del referido centro penitenciario de San Miguel en la ciudad de Puebla del padre del quejoso por necesidades del servicio, deberán adoptar el ajuste razonable a que aludió el juez Federal en la sentencia, en el que de manera prioritaria deberán privilegiar el cambio de adscripción del padre del quejoso al centro de reinserción social más cercano a su domicilio, en aras de armonizar el interés de la sociedad a recibir un eficiente servicio de seguridad pública con los derechos del quejoso a la salud y a desarrollarse en un entorno familiar que le permita el ejercicio pleno de sus demás derechos en la condición que tiene como persona con una discapacidad." Mediante proveído del seis de septiembre de dos mil veintiuno se requirió al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado y el Subdirector de la Dirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. En diversos oficios remitidos por las autoridades responsables, informaron las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la concesión del amparo, y de éstas se advierte que dejaron sin efectos el oficio SA/RH/2033/2019 y el memorándum 0649/2019 de cuatro y diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, por medio de los cuales se ordenó el cambio de adscripción de Tomás Crescencio Ramírez Uribe (padre del quejoso). A través de los diversos SSP/SUBCP/DMCyPEP/10864/2021 de veintitrés de septiembre del año en curso, el Encargado del Despacho de la Dirección de Medidas Cautelares y Policía Estatal Procesal de Puebla, informó que notificó al quejoso el similar SSP/SUBCP/DJ/15427/2021, de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el cual le comunicó que deberá permanecer en su calidad de policía custodio de la Dirección del Centro Penitenciario Puebla. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés legal convenga respecto de las manifestaciones hechas por la autoridad, con relación al diverso cambio de adscripción del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Así, en proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno, la parte quejosa manifestó su conformidad con el cumplimiento dado por las autoridades responsables; no obstante, se requirió al Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, para que dictara la nueva determinación en la que valoraran la particular situación en la que se encuentra el quejoso y, a partir de ello, resolvieran si era indispensable o no que el policía custodio Tomás Crescencio Ramírez Uribe fuese cambiado de adscripción. En auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Subdirector de Centros Penitenciarios, remitiendo copia certificada de la determinación dictada el diez de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se ordenó comunicar al quejoso por conducto de las autoridades competentes, que deberá permanecer en la categoría 08 G-230400.0, en calidad de Policía Estatal Custodio bajo las órdenes del Encargado de Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario Puebla, y que atendiendo su lugar del domicilio, se determinó que no era indispensable que fuera comisionado a un diverso Centro Penitenciario. Cabe destacar que al oficio y anexo remitido por la autoridad responsable se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. En consecuencia, se aprecia que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector, pues reubicaron al quejoso al Centro Penitenciario en el que originalmente prestaba el servicio, y además las autoridades determinaron que dada la cercanía con su domicilio no era necesario comisionarlo a diverso Centro Penitenciario, aunado a que la parte quejosa manifestó su conformidad con la determinación de las responsables. Con base en lo expuesto, se considera que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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