Tomás Cenobio Manuel

Expediente 183/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
183/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Tomás Cenobio Manuel

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca; diez de junio de dos mil diecinueve Agréguese a los autos el oficio 4028/2019, firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual transcribe el acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, dictado en el conflicto competencial 5/2019, con el que comunica que admitió a trámite el citado conflicto competencial entre este Juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, acusando recibo de las constancias remitidas; de lo anterior, se toma nota para los efectos legales procedentes a que hayan lugar. Notifíquese. IV-A

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el oficio 13103/2019, firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo promovida por TOMÁS CENOBIO MANUEL, en su carácter de presidente y apoderado legal del comité local de la Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita Asociación Civil; pues considera lo siguiente: ".Ahora bien, el suscrito no comparte las consideraciones del juez declinante para fincar la competencia a este órgano jurisdiccional, por lo que a continuación se expondrá. [.] Ahora, en el caso, es factible establecer que los actos reclamados por el quejoso son: 1. La resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo 2019/0388, en la que se determinó procedente el registro de la modificación por elección del Comité Directivo de la organización denominada "Unidad Cañera Democrática del ingenio La Margarita", Asociación Civil, consignado en el acta de asamblea general celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho; 2. La ejecución de dicha orden, traducida en el registro de la indicada modificación por elección del Comité Directivo. Distinción que, nos permite clarificar que la naturaleza de los actos reclamados sí requiere ejecución material, la cual se traduce en el registro de la modificación por elección del Comité Directivo de la organización denominada "Unidad Cañera Democrática del ingenio La Margarita", Asociación Civil, consignado en el acta de asamblea general celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, que se llevará a cabo en el Registro Nacional Agropecuario, con sede en la Ciudad de México. Registró que, desde luego, no implica considerar también como un acto necesario y consecuente a esa ejecución, la destitución del quejoso como presidente del comité, así como a cada uno de sus miembros, quienes ejercen sus funciones en Acatlán de Pérez Figueroa, Tuxtepec, Oaxaca, ya que en la resolución reclamada no se ordenó dicha destitución. En el caso, el juez declinante finca la competencia en base en la inferencia de las posibles consecuencias del acto reclamado, aspecto que no es dable tomar en consideración para fijar la competencia de este órgano jurisdiccional. [.]" Anexando el original del juicio de amparo 435/2019 y diecisiete copias de la demanda. Acúsese recibo vía interconexión. En razón de lo anterior, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, no comparte los argumentos del juzgado requerido, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, insiste en declinar la competencia planteada, con apoyo en las consideraciones vertidas en el proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el sentido que contrario a lo que argumento el juez oficiante, de la lectura integral de la demanda de amparo puede determinarse que el quejoso se duele del registro de un nuevo comité directivo de la asociación denominada Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita, Asociación Civil, de la que refiere ser el Presidente del comité directivo de dicha asociación registrado previamente para el periodo 2016-2020, y el cual no ha concluido en su encargo, por lo que es evidente que la resolución reclamada tiene como finalidad sustituir al citado comité, pues precisamente de la referida resolución que obra a fojas 59 y 60 se advierte que ésta deriva de una solicitud de modificación del comité de esa asociación ante el Director del Registro Nacional Agropecuario, dependiente de la oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con residencia en la Ciudad de México. Lo anterior, conlleva a que el quejoso sea destituido como presidente del comité, así como cada uno de sus miembros, quienes ejercen sus funciones en Acatlán Pérez de Figueroa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, lo cual no es una inferencia como lo refiere el juez oficiante, puesto que conforme a lo argumentado, tal resolución reclamada, tendrá como consecuencia la destitución a que se ha hecho referencia y de la cual el quejoso se duele expresamente en el proemio de su demanda de amparo al referir literalmente "en contra del acto de autoridad que más adelante precisare, mismo que atenta en contra de las garantías individuales de que es titular el suscrito quejoso, en mi carácter de presidente y apoderado legal del COMITÉ EJECUTIVO LOCAL DE LA UNIDAD CAÑERA DEMOCRÁTICA DEL INGENIO LA MARGARITA ASOCIACIÓN CIVIL, ya que quieren privar al suscrito y a mis representados de los derechos que tenemos, el suscrito como presidente y los del comité local de la unidad cañera democrática del ingenio la margarita A.C. Sin que haya concluido el periodo de nuestro cargo y sin que exista un juicio instaurado en nuestra contra o bien se haya convocado a una Asamblea General para destituirnos del cargo". En tal virtud, en razón de que este juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir los presentes autos, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto de competencia suscitado. Con fundamento en el mismo precepto, mediante oficio dése aviso de lo anterior al juez requerido, para que exponga lo conducente. Notifíquese al promovente de la demanda en el domicilio que señaló en la misma; y cúmplase. IV-A

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por TOMÁS CENOBIO MANUEL, en su carácter de presidente y apoderado legal del comité local de la Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita Asociación Civil, tal como lo acredita con la copia certificada del instrumento notarial número 10, 556, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, pasado ante la fe del notario público 6 de la Octava Demarcación Notarial, con sede en la ciudad de Papantla de Olarte, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, contra actos del Director del Registro Nacional Agropecuario, dependiente de la oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con residencia en la Ciudad de México (ordenadora); Secretario del Registro Nacional Agropecuario, dependiente de la oficina del Abogado General de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, con residencia en la Ciudad de México (ejecutora); Director del Comité Nacional para el Desarrollo, sustentable de la Caña de Azúcar, con residencia en la Ciudad de México (ejecutora); y, Director y/o quien legalmente represente al Comité de Producción y Calidad Cañera del Ingenio La Margarita, con residencia en Veracruz, Veracruz (ejecutora); que hace consistir literalmente en: IV.- LEY O ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como Ordenadora, DIRECTOR DEL REGISTRO NACIONAL AGROPECUARIO DEPENDIENTE DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, reclamo LA RESOLUCIÓN NÚMERO 110,03-19735/19, con número de control interno 2019/00388 dictada con fecha veintiocho de marzo del año dos mil diecinueve, en el expediente administrativo con control interno número: 2019/00388 Resolución de la cual tuve conocimiento con fecha diez de abril del año 2019, y en la que se resuelve procedente la elección del comité directivo de la ASOCIACIÓN DENOMINADA UNIDAD CAÑERA DEMOGRÁTICA DEL INGENIO LA MARGARITA, A.C. Sin que haya concluido el periodo de mi cargo como presidente ni del cargo de todos y cada uno de los directivos del comité ejecutivo local UNIDAD CAÑERA DEMOCRÁTICA DEL INGENIO LA MARGARITA y sin que exista un juicio instaurado en nuestra contra, y sin que hayamos sido destituidos de nuestro cargo por la Asamblea General que es el órgano supremo de la UNIDAD CAÑERA DEMOCRÁTICA DEL INGENIO LA MARGARITA A.C. Toda vez que EL PERIODO DEL COMITÉ DE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA UNIDAD CAÑERA DEMOCRÁTICA DEL INGENIO LA MARGARITA A.C., del cual soy presidente entró en funciones el día veintitrés del año 2016, por un periodo de cuatro años, mismo que se vence el día 23 de octubre del año 2020. Y que además dicha RESOLUCIÓN QUE HOY RECLAMO no se encuentra ajustada a derecho toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 33, 34, 35, 36 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. De las autoridades señaladas COMO AUTORIDADES EJECUTORAS RECLAMO EL CUMPLIMIENTO QUE LE DEN A DICHA RESOLUCIÓN. (sic) En consecuencia, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 183/2019. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en el derecho fundamental genérico de legalidad, tutelado por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizados a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Apoya lo anterior la tesis 1a. II/92, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, registro 206167 cuyo rubro y texto es de la expresión siguiente: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado estima carecer de competencia para conocer del presente asunto. En el caso del amparo, las reglas de competencia se sitúan en tres ámbitos a saber: a) La instancia o vía intentada por la parte quejosa (amparo indirecto y directo). En el caso del amparo indirecto, conforme a lo que establece el artículo 33, fracción IV, de la Ley de Amparo, el órgano competente es un juzgado de Distrito. b) La materia (civil, penal, laboral y administrativa). En el amparo indirecto, la materia para conocer de un amparo está regulada en la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación. c) El territorio. Regulado en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, siendo la competencia un presupuesto procesal de orden público y estudio oficioso como ya se estableció, deben tomarse en cuenta las reglas establecidas en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El precepto citado prevé una condición indispensable para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, consistente en determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material. En el primer caso, se fijan dos reglas: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención. Esta parte del artículo en estudio hace referencia a los actos que traen aparejada una ejecución material. En el segundo supuesto, que el acto reclamado no requiera ejecución, la norma indica que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo por territorio depende de la naturaleza del acto reclamado, para lo cual, resulta indispensable determinar si éste requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el preinvocado numeral 37 de la legislación de la materia. Es pertinente añadir que atendiendo a su naturaleza, el acto reclamado se clasifica de dos maneras, positivo y negativo. Un acto será de carácter positivo cuando consista en una conducta de hacer; a su vez, estos actos se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea; b) actos de ejecución continuada o inacabada; y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. En cambio, el acto será de naturaleza negativa cuando consista en un conducta omisiva o en una abstención, que se traduce en dejar de hacer lo que la ley ordena o en dejar de reconocer u otorgar lo que la norma impone, estos actos negativos se subclasifican en: a) abstenciones; b) negativas simples; y, c) actos prohibitivos. En la parte conducente, es aplicable a lo anterior la tesis visible en la página 312, tomo XI, junio de 1993, octava época del Semanario Judicial de la Federación, registro 216236 que dice: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. En ese sentido, de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama sustancialmente: La resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo 2019/00388, en la que se determinó procedente el registro del comité directivo de la asociación denominada Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita, Asociación Civil, así como su ejecución . En esas condiciones, el acto reclamado en el presente asunto tiene naturaleza declarativa con efectos positivos, por ende, con ejecución material; pues la determinación de tener por procedente el registro del comité directivo de la asociación denominada Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita, Asociación Civil, constituye una determinación que conlleva un principio de ejecución. Lo anterior se afirma, de inicio, porque de la lectura integral de la demanda de amparo puede determinarse que el quejoso se duele del registro de un nuevo comité directivo de la asociación denominada Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita, Asociación Civil, de la que refiere ser el Presidente del comité directivo de dicha asociación registrado previamente para el periodo 2016-2020, y el cual no ha concluido en su encargo, por lo que es evidente que la resolución reclamada tiene como finalidad sustituir al citado comité, pues precisamente de la referida resolución que obra a fojas 21 y 22 se advierte que ésta deriva de una solicitud de modificación del comité de esa asociación ante el Director del Registro Nacional Agropecuario, dependiente de la oficina del Abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con residencia en la Ciudad de México. Así, se refuerza la idea de que el acto que fundamentalmente controvierte el quejoso, conlleva un principio de ejecución, pues precisamente el nuevo registro del comité de la multicitada asociación civil, se insiste implica que el quejoso sea destituido como presidente del comité, así como cada uno de sus miembros, quienes ejercen sus funciones en Acatlán Pérez de Figueroa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, ya que de conformidad con el instrumento notarial número diez mil quinientos cincuenta y seis, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que contiene la protocolización del acta de asamblea de veintitrés de octubre de dos mil dieciséis que el quejoso anexara a su demanda, se desprende que el domicilio social de dicha asociación es el ubicado en Andador los Tulipanes, sin número, Vicente Camalote, Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca. Por lo que, la determinación de la competencia territorial del Juez de Distrito, se subsume en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro a tomar en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, de autos se colige que el acto reclamado se ejecutará en la residencia de la asociación civil, esto es, Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca, Distrito Judicial de Tuxtepec. Máxime que de las diversas documentales que adjuntara dicho quejoso a su demanda se advierte que la celebración de las diversas asambleas generales de la asociación civil Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita, Asociación Civil, principal órgano en la toma de decisiones de dicha asociación y la cual es precedida por el citado comité directivo, conforme a sus estatutos, son celebradas en el Distrito Judicial de Tuxtepec; en consecuencia la resolución reclamada tendrá ejecución en el domicilio social de dicha asociación civil, donde ejerce sus funciones el referido comité directivo. En ese sentido el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, establece que los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial, en los municipios que expresamente refiere, a saber: . XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. En tales condiciones, cabe destacar que cualquier Juez de Distrito se deberá declarar incompetente de plano, cuando se presente una demanda de amparo en contra de un acto reclamado que tenga una ejecución material y que ésta se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado en otra jurisdicción que no le corresponda, pues en estos casos mandará los autos al Juez que considere competente. Circunstancia que le genera competencia a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo de mérito, por actualizarse la hipótesis que establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que se refiere a que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado En efecto, el Municipio de Acatlán Pérez de Figueroa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, de conformidad con el punto cuarto, fracción XIII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no está comprendido dentro de la relación de municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ejercen su jurisdicción de territorial. Por lo tanto, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en términos del punto cuarto, fracción XIII, primer párrafo del Acuerdo General antes referido, toda vez que, los actos reclamados tendría ejecución material dentro del ámbito territorial del Municipio de Acatlán Pérez de Figueroa, Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que se declina competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por consiguiente, remítase el original de la demanda de amparo de referencia, con sus anexos, así como la papeleta de turno respectiva, para que proceda conforme a sus facultades legales. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo I, número 2a./J. 68/2015 (10a.), página 916, que dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo y de la papeleta de turno respectiva. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis XXII.1o.22 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, visible en la página 1067, de rubro siguiente: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Asimismo, téngasele únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones Guadalupe Fernández Méndez, Juan Ariel Castro Pulido y María Hilda Jiménez Flores, en virtud de que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, no existen registradas cédulas profesionales a sus nombres. Los criterios jurisprudenciales citados son aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo anterior. Notifíquese. IV-A

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