Tomás Castillo Lizárraga
Expediente 433/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 21/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Tomás Castillo Lizárraga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Se recibe resolución. Visto el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada el tres de junio del año en curso, en el toca de revisión 189/2020, en la que se resolvió: ".ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por Tomás Castillo (sic) Lizárraga, contra la sentencia interlocutoria de seis de octubre de dos mil veinte, dictada por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 433/2020, de su registro". Acúsese recibo y anotaciones. Acúsese el recibo de estilo respectivo, glósense el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. IV. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el original del incidente de suspensión en que se actúa, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Además, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo general en mención, destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, una vez que cumpla seis meses de archivo. V. Relevancia documental. Hágase saber, para los efectos establecidos en el citado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, ni es considerado de relevancia documental. VI. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, se precisa que en el presente expediente no existe ningún documento original que devolver a las partes. VII. Remisión de oficios. Se instruye a la secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el actuario de la adscripción que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. Informar a tribunal colegiado. Tomando en consideración que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, conoce del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Tomás Carrillo Lizárraga, en contra de la interlocutoria de seis de octubre de dos mil veinte, el cual quedó registrado como revisión 189/2020. En consecuencia, comuníquese a dicho tribunal, que el juicio principal causó ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. VIII. Remisión de oficios. Se instruye al Secretario o Secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata del oficio correspondiente. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo del mismo recae en el Actuario Judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: El acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 768/2020 relativo a juicio de divorcio sin expresión de causa, en el que se decretó el aseguramiento de una pensión provisional por el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones, en favor de Israel Castillo Rendón. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se requirió el informe justificado, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada y dar vista a la representante social adscrita; asimismo, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, en atención a que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en donde se ejerce jurisdicción; ello, de conformidad con los artículos 33 fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en: El proveído que decretó la pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso. Emitido en veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de tramitación especial de divorcio unilateral 768/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es verdad que el juzgador responsable emitió el proveído que se le reclama, en el que se decretó la pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso; puesto que así lo aceptó al rendir su informe justificado (registro 10761). Lo que se corrobora con las constancias que allegó como complemento, mismas con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. Es improcedente el juicio de amparo conforme al artículo 61 fracción XVIII de la ley de la materia, por incumplimiento al principio de definitividad. De las constancias que lo integran, se obtienen los siguientes acontecimientos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que son los siguientes: En diecisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió en la vía especial de divorcio unilateral, la solicitud promovida por el aquí quejoso, a la que le correspondió el estadístico 768/2020, del índice de la responsable. En ese proveído, entre otras cosas, se ordenó emplazar a la cónyuge, asimismo, girar oficio a una institución crediticia para la investigación acerca de fondos a nombre de ésta y su aseguramiento, en virtud de la tramitación del juicio. En veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la demandada, por contestando la solicitud de divorcio presentada por el aquí quejoso, además, se decretó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento del total de las prestaciones del aquí quejoso, en favor de Israel Castillo Rendón, por conducto de su progenitora. Esta determinación constituye el acto reclamado en la instancia constitucional. La norma que constituye la hipótesis de improcedencia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la transcripción anterior, se obtiene que procede el amparo indirecto contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando se agote previamente el recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El aludido principio, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación. Considerar lo contrario, es decir, que las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades; a menos que se encuentre en alguna de las excepciones contempladas en la citada disposición. De los antecedentes narrados, se sigue que el impetrante no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad. Ello, porque el acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, no se trata de persona extraña al juicio, dado que el quejoso es el actor. Por otra parte, el medio de defensa que se debió agotar no está sujeto a interpretación adicional, al ser claro el artículo 376 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en precisar que procede el recurso de revocación en contra de los autos no apelables o que expresamente sean irrecurribles. Lo anterior se corrobora de la transcripción de la citada disposición: "Artículo 376. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte. Los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que este Código expresamente disponga que no sean recurribles." Además, el numeral 377 del citado código, establece el procedimiento para la tramitación del recurso de revocación de que se habla, al respecto, indica que deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; se dará vista a la contraparte, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga, y el juez pronunciará resolución dentro del tercer día y contado a partir del día en que se haya evacuado la vista aludida. Lo que se complementa con el hecho de que el juicio de origen es de naturaleza especial, luego, conforme a los numerales 404 a 413 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, en dicho procedimiento especial de divorcio no se contempla la irrecurribilidad de los proveídos dictados por el juez, tampoco se advierte que expresamente sea apelable, conforme a la fracción III del artículo 381 del aludido código. De modo que, si no se actualizó alguno de los supuestos de excepción, se debió agotar el recurso de revocación previo a la promoción del amparo indirecto; circunstancia que no aconteció, lo que se advierte del análisis de las constancias del juicio de origen y de lo referido en la demanda de amparo. Finalmente, se acota que no pasa desapercibido el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." En síntesis, de esa jurisprudencia se observa que no es jurídicamente correcto someter a los menores a las mismas exigencias procesales previstas en instituciones que se advierten concebidas en orden con los adultos, como ocurre con el principio de definitividad. La sanción, que es la improcedencia del juicio de amparo por no agotar el recurso ordinario previo, únicamente se puede entender dirigida a los adultos y no a los menores, aunque éstos estén representados por un adulto, pues un infante es un incapaz total y de origen, lo que resulta en una vulnerabilidad extrema. Ello, pues los criterios contendientes en la contradicción de tesis que motivó la jurisprudencia referida, parten del siguiente antecedente fáctico: los quejosos eran los menores de edad. No obstante, del texto del criterio obligatorio de trato, el Alto Tribunal no limitó la aplicación de la regla de excepción al principio de definitividad a que estrictamente los menores sean los quejosos. En efecto estableció que, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En la especie, no se colma el requisito relativo a que el menor se encuentre en situación de vulnerabilidad, ni se alega, por el contrario, esa situación se generaría si acaso el juzgador de primera instancia no hubiera decretado la pensión alimenticia provisional. Contrariamente a ello, en tanto la acción constitucional se ejerce por el deudor alimentario, la ejecución de ésta favorecería al menor; entonces, es la persona deudora quien sí debe agotar el mencionado principio de definitividad, máxime que ante la potestad local, el quejoso podrá argumentar y demostrar lo que pretende en esta vía constitucional, esto es, que él tiene bajo su custodia al menor de edad. Consecuentemente, en este caso, se estima que no es jurídicamente posible dispensar al quejoso de agotar el recurso ordinario establecido en la ley, por ende, se sobresee en el juicio de amparo, conforme al artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, ante el incumplimiento al principio de definitividad. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Tomás Castillo Lizárraga, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en último considerando de este fallo. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para conocimiento de la Tercera Interesada Gloria Cristina Rendón Campillo; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes: Autoridad responsable: Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: El acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitido en el expediente 768/2020 relativo a juicio de divorcio sin expresión de causa, en el que se decretó el aseguramiento de una pensión provisional por el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones, en favor de Israel Castillo Rendón. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, se requirió el informe justificado, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada y dar vista a la representante social adscrita; asimismo, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado tiene competencia para resolver el juicio, en atención a que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, en donde se ejerce jurisdicción; ello, de conformidad con los artículos 33 fracción IV y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados consisten en: El proveído que decretó la pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso. Emitido en veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de tramitación especial de divorcio unilateral 768/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es verdad que el juzgador responsable emitió el proveído que se le reclama, en el que se decretó la pensión alimenticia provisional a cargo del quejoso; puesto que así lo aceptó al rendir su informe justificado (registro 10761). Lo que se corrobora con las constancias que allegó como complemento, mismas con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio. Es improcedente el juicio de amparo conforme al artículo 61 fracción XVIII de la ley de la materia, por incumplimiento al principio de definitividad. De las constancias que lo integran, se obtienen los siguientes acontecimientos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que son los siguientes: En diecisiete de agosto de dos mil veinte, se admitió en la vía especial de divorcio unilateral, la solicitud promovida por el aquí quejoso, a la que le correspondió el estadístico 768/2020, del índice de la responsable. En ese proveído, entre otras cosas, se ordenó emplazar a la cónyuge, asimismo, girar oficio a una institución crediticia para la investigación acerca de fondos a nombre de ésta y su aseguramiento, en virtud de la tramitación del juicio. En veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la demandada, por contestando la solicitud de divorcio presentada por el aquí quejoso, además, se decretó una pensión alimenticia provisional del veinte por ciento del total de las prestaciones del aquí quejoso, en favor de Israel Castillo Rendón, por conducto de su progenitora. Esta determinación constituye el acto reclamado en la instancia constitucional. La norma que constituye la hipótesis de improcedencia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De la transcripción anterior, se obtiene que procede el amparo indirecto contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando se agote previamente el recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El aludido principio, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias que puedan modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que le produce afectación. Considerar lo contrario, es decir, que las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos conforme a las leyes que los rijan, el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el órgano de control suplantaría las facultades de las autoridades; a menos que se encuentre en alguna de las excepciones contempladas en la citada disposición. De los antecedentes narrados, se sigue que el impetrante no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad. Ello, porque el acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Además, no se trata de persona extraña al juicio, dado que el quejoso es el actor. Por otra parte, el medio de defensa que se debió agotar no está sujeto a interpretación adicional, al ser claro el artículo 376 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en precisar que procede el recurso de revocación en contra de los autos no apelables o que expresamente sean irrecurribles. Lo anterior se corrobora de la transcripción de la citada disposición: "Artículo 376. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicte. Los autos que no sean apelables y los proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, salvo que este Código expresamente disponga que no sean recurribles." Además, el numeral 377 del citado código, establece el procedimiento para la tramitación del recurso de revocación de que se habla, al respecto, indica que deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; se dará vista a la contraparte, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga, y el juez pronunciará resolución dentro del tercer día y contado a partir del día en que se haya evacuado la vista aludida. Lo que se complementa con el hecho de que el juicio de origen es de naturaleza especial, luego, conforme a los numerales 404 a 413 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, en dicho procedimiento especial de divorcio no se contempla la irrecurribilidad de los proveídos dictados por el juez, tampoco se advierte que expresamente sea apelable, conforme a la fracción III del artículo 381 del aludido código. De modo que, si no se actualizó alguno de los supuestos de excepción, se debió agotar el recurso de revocación previo a la promoción del amparo indirecto; circunstancia que no aconteció, lo que se advierte del análisis de las constancias del juicio de origen y de lo referido en la demanda de amparo. Finalmente, se acota que no pasa desapercibido el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." En síntesis, de esa jurisprudencia se observa que no es jurídicamente correcto someter a los menores a las mismas exigencias procesales previstas en instituciones que se advierten concebidas en orden con los adultos, como ocurre con el principio de definitividad. La sanción, que es la improcedencia del juicio de amparo por no agotar el recurso ordinario previo, únicamente se puede entender dirigida a los adultos y no a los menores, aunque éstos estén representados por un adulto, pues un infante es un incapaz total y de origen, lo que resulta en una vulnerabilidad extrema. Ello, pues los criterios contendientes en la contradicción de tesis que motivó la jurisprudencia referida, parten del siguiente antecedente fáctico: los quejosos eran los menores de edad. No obstante, del texto del criterio obligatorio de trato, el Alto Tribunal no limitó la aplicación de la regla de excepción al principio de definitividad a que estrictamente los menores sean los quejosos. En efecto estableció que, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En la especie, no se colma el requisito relativo a que el menor se encuentre en situación de vulnerabilidad, ni se alega, por el contrario, esa situación se generaría si acaso el juzgador de primera instancia no hubiera decretado la pensión alimenticia provisional. Contrariamente a ello, en tanto la acción constitucional se ejerce por el deudor alimentario, la ejecución de ésta favorecería al menor; entonces, es la persona deudora quien sí debe agotar el mencionado principio de definitividad, máxime que ante la potestad local, el quejoso podrá argumentar y demostrar lo que pretende en esta vía constitucional, esto es, que él tiene bajo su custodia al menor de edad. Consecuentemente, en este caso, se estima que no es jurídicamente posible dispensar al quejoso de agotar el recurso ordinario establecido en la ley, por ende, se sobresee en el juicio de amparo, conforme al artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, ante el incumplimiento al principio de definitividad. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Tomás Castillo Lizárraga, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, con residencia en esta ciudad; por los motivos expuestos en último considerando de este fallo. Notifíquese en términos de ley y dentro del plazo legal.
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