Tomas Carlos Arellano Cortes

Expediente 1237/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1237/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Tomas Carlos Arellano Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa y a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México, ya que fue a éstos a quienes únicamente afectó dicha determinación. Háganse las anotaciones respectivas. En atención, a que en el resolutivo segundo de la sentencia se le impuso al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México, una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, aparatado A, fracción IV, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 260, fracción II de la Ley de Amparo. En consecuencia, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria en esta ciudad, a efecto de que realice las gestiones pertinentes al cobro de la multa impuesta al licenciado gente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México; debiendo informar a este órgano jurisdiccional, sobre el número de crédito asignado y el cumplimiento de la misma; en el entendido que de no comunicar las gestiones realizadas, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización. Finalmente, se reserva a proveer lo conducente por cuanto hace al archivo del presente sumario, hasta en tanto la autoridad informe el cumplimiento pertinente al cobro de la multa.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1237/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito depositado el once de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, turnado a este juzgado federal el catorce siguiente, Tomas Carlos Arellano Cortes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. En proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo se requirió el informe justificado, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada por el quejoso como "Comisario General de Seguridad Pública de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México". Seguidas las formalidades, la cual, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que precede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35, 37, de la Ley de Amparo; 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que se reclaman actos que podrían tener ejecución en el lugar en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que se reclaman. En ese tenor, por así desprenderse del estudio integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado: AUTORIDAD RESPONSABLE OF. AUTORIDAD RESPONSABLE 23376/2023 JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ ESTADO DE MÉXICO DEL TRIBUNAL SUPERIRO DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 23377/2023 JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA 23378/2023 FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 23379/2023 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TOLUCA -denominación correcta- 23381/2023 COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 23382/2023 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE MÉXICO 23383/2023 AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO -denominación correcta- 23384/2023 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE XONACATLÁN ACTO RECLAMADO -La orden de aprehensión librada en contra del quejoso y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma; Fiscal General de Justicia del Estado de México; Dirección General de Seguridad y Protección del municipio de Toluca -denominación correcta-, Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de México; y, Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar y de Género de Metepec, Estado de México -denominación correcta-, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado Por lo que hace a la diversa autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, no obstante de estar debidamente notificada del auto por el que se le requirió su informe justificado, omitió rendirlo. En ese orden, si bien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, ante la falta de informe justificado se debe presumir cierto el acto reclamado, en el caso no es dable presumirlo cierto, toda vez que las ordenadoras lo negaron y por tanto, es evidente que la ejecutora no llevará a cabo algo que no fue ordenado. En consecuencia, dada la calidad de autoridad ejecutora, de la autoridad señalada con anterioridad, ante la inexistencia del acto por parte de la ordenadora, lo que en su caso procede es hacer extensiva tal negativa, dada su calidad de ejecutora, en razón de que no puede ejecutar el acto reclamado si éste no ha sido ordenado. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la Segunda Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Volumen 6, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materia Común, con número de registro 246423, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. FALTA DE INFORME DE LAS, CUANDO LAS ORDENADORAS NIEGAN LOS ACTOS. Si las autoridades ejecutoras no rinden informe, pero las ordenadoras niegan los actos a ellas atribuidos, es incuestionable que la autoridad ejecutora no puede cumplimentar una orden inexistente, y no es susceptible de presumirse el acto conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo." En ese orden se ideas, resulta importante resaltar lo que establece el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone las hipótesis normativas para decretar la inexistencia de los actos reclamados, a saber: a) Cuando en los autos está claramente demostrado que no existen los actos reclamados; o b) Negados los actos reclamados por la autoridad responsable, cuando no se prueba la existencia de éstos hasta la celebración de la audiencia constitucional. En el caso concreto, son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, porque así lo manifestaron al rendir el informe justificado y en autos no obran constancias que desvirtúen dichas negativas. Sobre este punto conviene precisar que en el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestado por las autoridades responsables, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos fundamentales que alegan, ya que, el que promueve una demanda de amparo está obligado a demostrar directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo la jurisprudencia VI.2o.J/308 (registro digital 210769), del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 680, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados.". Ante tal panorama, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Imposición de multa. Atento al hecho de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México, fue omiso en rendir su informe justificado a pesar de estar debidamente notificado sobre su requerimiento, debe imponerse la multa con que fue conminado en el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés. Al respecto debe precisarse que al procedimiento de amparo se le considera un juicio sumario, pues basta observar la simplicidad de su tramitación y los breves términos que la propia ley establece, para advertir el propósito del legislador de que los juicios de amparo tengan una pronta resolución; por lo mismo, las disposiciones procesales de la Ley de Amparo deben entenderse de manera tal, que a través de ellas se logre el desarrollo ágil del juicio. Además del mencionado principio de expedites procesal, debe tomarse en consideración otro, no menos importante, consistente en la obligación que tiene el juzgador de no dejar a las partes en estado de indefensión, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 14 y 16 Constitucionales. Efectivamente, en la tramitación del juicio de amparo, debe preponderar el respeto a la garantía de audiencia para asegurar la defensa cabal de las partes, sin demérito de que las resoluciones se dicten en un lapso breve. Entre estos dos puntos de referencia -expedites del procedimiento por una parte, y respeto a las garantías de defensa, por el otro-, se finca el criterio para determinar cuándo debe rendirse el informe justificado por las autoridades responsable. Ciertamente, el principio de la expedites procesal que deriva de la naturaleza sumaria del juicio de amparo, exige que los informes justificados se rindan en el término que son requeridos. También debe tomarse en consideración el respeto a la garantía de defensa de la autoridad responsable; por ello, es fundamental que rinda su informe justificado para que defienda su acto, pero ello siempre en el término señalado por la autoridad de control constitucional. Por tanto, si el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México, conocía su obligación de rendir informe justificado desde el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por ser la fecha en que se le notificó dicho requerimiento, el término de quince días que se les otorgó para ello, transcurrió del veintiuno de agosto al ocho de septiembre de la presenta nulidad, sin contar los días inhábiles que mediaron en ese lapso, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la citada autoridad responsable contó con los elementos necesarios para emitir su informe justificado, es incuestionable que estuvo en posibilidad de rendir su informe, incluso, hasta el día y hora de la celebración de la audiencia constitucional, sin que así lo hicieran; por ende lo procedente es imponer a la apersona física que tenga el cargo de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización en términos de lo establecido en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 117, de la citada legislación. Toda vez que de la interpretación conjunta de dichos numerales, se desprende que a la autoridad responsable que no rinda su informe justificado en el término legal establecido, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, aparatado A, fracción IV, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de lo anterior y para único efecto de no dejar lugar a dudas sobre la legalidad de esta medida de apremio, este juzgado federal advierte que la infracción de la autoridad responsable es grave, pues su conducta obstaculiza la actividad de este órgano jurisdiccional para cumplir, dentro del presente juicio, con la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, misma que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a las condiciones socioeconómicas del infractor, se aprecia el hecho indubitable de que se trata de servidor público, por ello se presume que tienen un ingreso fijo como sueldo y ello le permite hacer el pago de la multa por el importe que se impone en el presente auto; máxime que se trata de la multa mínima. Por tanto, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, gírese oficio anexando copia de esta y del auto que la declare ejecutoriada, a la autoridad correspondiente, para que proceda a la ejecución de la multa impuesta, hecho lo cual, lo comunique a este Juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 74, fracción V y 107 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Tomas Carlos Arellano Cortes, contra los actos, las autoridades y por los motivos precisados en el último considerando de este fallo constitucional. SEGUNDO. Se impone al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia de Xonacatlán, Estado de México, una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, aparatado A, fracción IV, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta data; sin embargo, no es posible llevar a cabo su desahogo, en virtud de que a la titular de este juzgado federal le fue concedida una licencia, de conformidad al oficio 3642/2023 del cuatro de septiembre del año en curso, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIFERIMIENTO Por tanto, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada, y en su lugar se fijan las trece horas con veinticinco minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Paola Lizzette Acosta Campos, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, encargada del Despacho, con fundamento en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos de lo dispuesto en el oficio CCJ/ST/5388/2023 de once de septiembre de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe. La Secretaria La Secretaria encargada del despachovos

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Vista la certificación y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para esta fecha, no obstante está transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de treinta de agosto de dos mil veintitrés, respecto del informe justificado rendido por la Dirección General de Seguridad y Protección del Ayuntamiento de Toluca, Estado de México; asimismo, se encuentra trascurriendo el término de quince días otorgado en proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, para que rindan su informe justificado las autoridades responsables ahí mencionadas. DIFERIMIENTO En consecuencia, a fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con quince minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. INTERVENCIÓN MINISTERIAL En otro orden, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese la intervención ministerial 144/2023 suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; a través del cual, formula alegatos y solicita copia de la sentencia que se dicte en el presente juicio de amparo. ALEGATOS En consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos realizados, sin perjuicio de hacer relación de ellos en la audiencia constitucional. COPIAS En atención a la solicitud de copias de la sentencia que en su oportunidad se emita, no se provee favorable su petición en virtud de que se trata de un acto futuro e incierto, quedando expedito su derecho de realizar su petitoria en el momento procesal oportuno. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.VOS

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