Tomas Aquino Calixto
Expediente 501/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 32 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 14/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo
- Tomas Aquino Calixto
- Luis Calixto García y Otros.
- Luis Calixto García
- Tomas Aquino Calixto y Otros.
- Mario Calixto Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Por lo cual, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Conforme al punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado acuerdo, el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible porque se concedió la medida cautelar; asimismo deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica. Finalmente, toda vez que no es necesario seguir conservado las copias certificadas relativas a la Causa Penal ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, hágasele la devolución de dichas constancias constantes de dos tomos; en el entendido, que el sello de recibido del oficio correspondiente, se tomará como acuse de recibo de las constancias remitidas.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, se advierte que el término otorgado a la parte quejosa para desahogar el requerimiento de cinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 172 a 175), a la fecha le ha transcurrido, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al quejoso, en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, al no haber comparecido ante este juzgado federal a recibir los edictos relativos al emplazamiento de los terceros interesados Guadalupe Esteban Ortiz y Carlos Esteban Ortega, no obstante de encontrase legalmente notificado para ello, tal y como se aprecia de la constancia de autos (foja 176); y en ese tenor, los dispositivos 61, fracción XXIII, 27, fracción III, inciso b) y 5º, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTICULO 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. (.) III. Cuando no conste en auto domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a). b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado, Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter. (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso." El extremo que se contiene en la causa de improcedencia que sobreviene, se actualiza en el presente caso, virtud a que en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, hipótesis ésta que evidentemente no se actualiza en el sumario; también precisa el numeral invocado al principio de este párrafo, que el emplazamiento a juicio del tercero interesado, podrá realizarse mediante edicto a costa de la parte quejosa, si la investigación para conocer el domicilio no fructificara, supuesto este que se evidencia en las constancias, pues aún y cuando se realizó la investigación relativa, no se logró conocer el domicilio para que los terceros pudieran ser llamados a deducir sus derechos en el presente asunto, circunstancia por la cual mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó emplazarlos a través de edictos, sin que tampoco se lograra el cometido, porque la parte quejosa no compareció ante este órgano de control constitucional, a recoger los edictos de trato, mismos que se le dejaron a su disposición en la secretaría de este juzgado por el plazo de veinte días hábiles (fojas 172 a 175). Luego, si se ordenó realizar la relación sucinta de la demanda y se estableció además su publicación de tres veces de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un Periódico de mayor circulación en la República Mexicana, habiéndose dejado a su disposición para que realizara su publicación, sin que hasta el momento jurídico procesal en que se actúa así lo hubiera acreditado; por ende, si del análisis sistemático del artículo 61, fracción XXIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5º. Fracción III, inciso b), del propio ordenamiento legal, así como el numeral 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se infiere, que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) y ordenado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, éste no los recibe para su publicación, ni exhibe la misma, cuando se realizara su entrega, lo que procede decretar en consecuencia, el sobreseimiento en el presente juicio en que se actúa fuera de audiencia, toda vez, que incumple con el presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento (artículo 14 Constitucional) y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Por ende, sobreviene la causa de improcedencia de narras, pues con la no publicación de los edictos ordenados, quedaría paralizado el presente juicio de garantías, al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la resolución del conflicto, ya que ello no es atribuible al Órgano de Control Constitucional, sino al propio quejoso de referencia, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la Ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del solicitante del amparo y protección de la Justicia Federal. Consecuentemente, al sobrevenir la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b) y 5º, fracción III, inciso b) todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto, con fundamento en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.64/2002, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, publicada en la página doscientos once, tomo XVI, julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De ahí pues, que en el caso sea dable decretar el sobreseimiento del presente juicio, por lo que resulta ocioso esperar la celebración de audiencia constitucional; por tanto, se deja sin efectos la audiencia señalada para las trece horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (foja 184 vuelta).
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo (foja 175); sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en virtud de que está transcurriendo el plazo de veinte días concedidos a la parte quejosa en auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, para que efectúe las gestiones respectivas para la publicación de los edictos indicados en dicho proveído (fojas 172 a 175). En vista de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 111 vuelta) misma que no es posible desahogar, toda vez que de autos se advierte que los terceros interesados Guadalupe Esteban Ortiz y Carlos Esteban Ortega, no se encuentran emplazados al presente juicio. Ahora bien, es menester precisar que mediante proveído de veinte de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo como terceros interesados a Rafael Ortiz Ortega, Guadalupe Esteban Ortiz y Carlos Esteban Ortega, así como al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, el cual fue notificado el veinticinco de mayo de la anualidad que transcurre (foja 45). Por otra parte, por cuanto hace a Rafael Ortiz Ortega, se le tuvo por emplazado al presente juicio, en proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, en atención a lo anterior y a la reserva de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (foja 111), se provee al respecto, no obstante las medidas de investigación decretadas por este juzgado federal no fue posible localizar el domicilio cierto de los terceros interesados Guadalupe Esteban Ortiz y Carlos Esteban Ortega, a fin de emplazarlos a juicio. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 111 a 112), con fundamento en los artículos artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, emplácese a los terceros interesados Guadalupe Esteban Ortiz y Carlos Esteban Ortega, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismos que deberán contener una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana, haciéndole saber que deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional dentro de un término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación; fíjese además en los estrados de este juzgado federal una copia íntegra de ésta resolución por todo el tiempo del emplazamiento; bajo el apercibimiento a los terceros interesados que de no comparecer, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal les surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal. A fin de que se lleve a cabo la publicación de mérito, se deja en la secretaría de este juzgado, a disposición de la parte quejosa los edictos relativos, para que dentro del plazo de veinte días siguientes al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, los recoja, realice la entrega de los mismos para su publicación y acredite ante este órgano jurisdiccional su entrega (es decir, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos). Aplica a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dentro de la Décima Época, visible a página 27 del Tomo I, Septiembre de 2015, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo.". Apercibido que de ser omiso en el cumplimiento de cualquiera de los supuestos anteriores, darán lugar al sobreseimiento en el presente juicio de amparo; toda vez que se incumpliría con un presupuesto procesal que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 63 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido, lo manifestado por la parte quejosa mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil dieciséis, así como las constancias expedidas por el Comisario Propietario del Poblado "El Calvario" del Municipio de Chilpancingo, Guerrero, toda vez que con las mismas no se demuestra que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal, por el contario, al contar con un abogado, un autorizado y un despacho para oir y recibir notificaciones, demuestra que sí tienen recursos económicos para hacer frente a dicha carga procesal. Aunado a que de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, no se desprende atribución alguna al citado Comisario para expedir constancias de pobreza, por lo que carecen de valor probatorio. Al respecto, tiene aplicación la tesis visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, Marzo de 2015, página 1110, cuyo rubro y texto refieren: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. Finalmente, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para éste día, se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza y da fe.
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