Tomas Antonio Rodríguez Ovando
Expediente 1541/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2019
Partes del expediente
- Tomas Antonio Rodríguez Ovando
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la actuaria adscrita al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, informa que admitió a trámite el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que la demanda de amparo que nos ocupa; se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, por lo que este Juzgador se declara impedido para conocer del presente asunto, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene establecer que el impedimento en general, desde el punto de vista jurisdiccional, se integra por las circunstancias previstas en la ley que puedan afectar la imparcialidad de un Juez, Magistrado o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer de determinado asunto. En otras palabras, los impedimentos son todas aquellas causas que la Ley de Amparo estima suficientes para que los operadores se abstengan de administrar justicia cuando existan situaciones en concreto que puedan afectar su imparcialidad. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" En el precepto constitucional transcrito, se reconoce el derecho humano de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen a su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo, de acuerdo con el artículo invocado, los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias puestas a su consideración de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La administración de justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho sino, primordialmente, que no dé lugar a considerar que existió inclinación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. El referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Así, la tutela judicial efectiva no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se sometan a la potestad de los órganos jurisdiccionales, sino que también debe comprender ciertos aspectos que permitan suponer que el fallo no esté afectado de parcialidad objetiva o subjetiva. Se afirma lo anterior, porque la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre varios sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la clara observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el proceso, favoreciendo al otro con esa actuación y, por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las decisiones deben ser honestas por parte del órgano encargado de emitirlas. Tales consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal." Por tanto, todo proceso que se somete a consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad, con lo cual se garantiza una sana y adecuada impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, puesto que una condición esencial de la eficacia de la justicia reside en la independencia e imparcialidad de los órganos que la imparten, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. Así pues, el impedimento conlleva una incompetencia subjetiva del funcionario judicial para conocer y resolver de un asunto en particular, y su separación del asunto, atiende al cumplimiento de la garantía de imparcialidad que debe regir en toda actuación de un juzgador. Un marco referencial lo encontramos en el artículo 11 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, que dispone que el juez se encuentra obligado a abstenerse de intervenir en aquéllas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así; en tanto que el numeral 43 de dicho código establece que el juez tiene el deber de promover en la sociedad una actitud racionalmente fundada, de respeto y confianza en la administración de justicia; confianza que desde luego se consigue cuando el juzgador hace del conocimiento circunstancias que pudieran comprometer su fuero interno para resolver un determinado asunto de su competencia. Por otro lado, el artículo 4° del Código Nacional Mexicano de Ética Judicial establece condiciones para colocarse en una posición neutral ante los asuntos competencia de cada servidor público judicial, conminándolo a: a) Abstenerse de intervenir en aquellas causas donde se vea comprometida su imparcialidad o en las que desde la mirada de un observador razonable puedan entenderse que hay motivos para pensar así. b) Evitar todo trato o apariencia de trato preferencial o especial a alguna de las partes de sus abogados o de todas aquellas personas que directa o indirectamente se encuentran relacionadas con ellas. Bajo esa óptica, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, define la imparcialidad como la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de algunos de los justiciables; por tanto, el juzgador evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes; rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de la partes o de terceros; evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad; se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función y se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto. El desempeño de cualquier función en forma simultánea a la comprometida con el pueblo mexicano en el servicio de impartición de justicia, éticamente no debe generar situaciones que puedan llevar a conflictos de intereses, como podría ser, la presencia de una relación o circunstancia directa o indirecta entre el justiciable o sus familiares con alguna de las partes, lo que lleva a la necesidad de estar atentos ante cualquier situación que pueda afectar el ético desarrollo de la actividad jurisdiccional. Ante ello, quien se encuentra en una circunstancia de este género o pueda conducirse a ella, deberá tomar en cuenta que dentro de los principios exigidos a los funcionarios judiciales se encuentra el gozar de una distinción de honorabilidad, lo que implica que el juzgador debe actuar con prudencia ante cada situación concreta para no poner en duda la ética de las actuaciones del órgano jurisdiccional que se presume de buena fe, y no llevar a circunstancias que pongan en entredicho, por un observador razonable, la percepción general sobre su rectitud ética, y que desde luego repercute en el decoro judicial de la que goza el órgano jurisdiccional del que es parte. Por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia. Al efecto, el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece lo siguiente: "Artículo 8°.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 32 sobre el Derecho a un Juicio Imparcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, ha manifestado lo siguiente: "El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia y a un juicio imparcial es un elemento fundamental de la protección de los derechos humanos y sirve de medio procesal para salvaguardar el imperio de la ley." En congruencia con lo anterior, el numeral 51 de la Ley de Amparo consagra el acto jurídico procesal, por virtud del cual el funcionario judicial de amparo se aparta por su propia decisión del conocimiento de un asunto de su competencia, por estimar que concurren en su persona uno o más de los impedimentos legales que se prevén en las fracciones diversas de dicho numeral, que no son más que los hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculos para que imparta justicia con objetividad e imparcialidad. El citado artículo, es del tenor siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo; IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación; V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada; VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." Las fracciones I a VII prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando precisamente tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. En la norma en cuestión, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen desde luego elementos objetivos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que establecen de forma tasada los elementos objetivos que afectan dicha imparcialidad, la fracción VIII exige un examen de los elementos en su caso planteados a fin de que se pondere si de ellos pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Véase que a diferencia de las fracciones I a VII, la norma no exige que el elemento objetivo afecte directamente la imparcialidad del juzgador, pues establece como mínimo que ese elemento pudiera estar en riesgo, cuyo término significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la norma en cuestión, debe tener la característica de que el juzgador, al resolver un asunto de su competencia, no puede encontrarse en una situación o circunstancia -elemento objetivo- que comprometa su imparcialidad, o que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así, esto es, que adviertan situaciones que puedan llevar a pensar que existan conflicto de intereses, y por ello se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de la que goza tanto él como el órgano jurisdiccional del que forma parte. En ese orden de ideas, como se adelantó, el suscrito considera se ubica en la causa de impedimento prevista en la fracción VIII del citado numeral 51 de Ley de Amparo, al existir un elemento que puede derivar en un riesgo de quebranto del principio de imparcialidad que debe revestir a la función jurisdiccional. Para evidenciar lo anterior, el suscrito juzgador bajo protesta de decir verdad manifiesto lo siguiente: 1. Desde el dieciséis de junio de dos mil diecinueve, me encuentro adscrito al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en sustitución del Secretario en funciones de Juez **************. 2. Pese a tal circunstancia, la plantilla de personal del órgano jurisdiccional a mi cargo no sufrió baja alguna, esto es, que los servidores públicos que laboraban al momento de mi llegada, se mantuvieron en sus respectivos puestos; 3. Entre los Secretarios de Juzgado a mi cargo, se encuentra el licenciado *************, quien se ocupa de la mesa "5" relativa a la competencia otorgada al Juzgado Federal a mi cargo, mediante Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Así como el licenciado ************* que el día uno de abril de dos mil diecinueve, solicito una licencia sin goce de sueldo. 5. Debo destacar que, según las constancias que obran en los expedientes personales de los citados servidores públicos, dichos profesionistas desarrollan su carrera judicial en este Juzgado de Distrito aproximadamente diez y once años, respectivamente. Así, con el objeto de evitar causas de responsabilidad, y salvaguardar uno de los principios rectores en la administración de justicia, como lo es la imparcialidad, estimo necesario declararme impedido para conocer del presente asunto. Cabe precisar que lo anterior tiene el propósito de poner de manifiesto una circunstancia que de conformidad con la ley de la materia, incide en el óptimo desempeño de la función jurisdiccional y, que de no formularse, puede dar origen a alguna causa de responsabilidad, de modo, que el impedimento invocado se somete a consideración del Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, para que tenga a bien dictar la resolución correspondiente. Al caso tiene aplicación, la jurisprudencia que a continuación se cita: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable". En consecuencia, a fin de no incurrir en algún motivo de responsabilidad y observando lo previsto en el Título Décimo Primero "Delitos cometidos contra la administración de justicia", Capítulo I, "Delitos cometidos por los servidores públicos", en concreto el artículo 225, fracción I, del Código Penal Federal, que regula la conducta consistente cuando un servidor público conoce de negocios respecto de los que tenga impedimento legal, este Juzgador, estima procedente declararse legalmente impedido para conocer del juicio de amparo que promueven *************, por propio derecho. En razón de lo anterior se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, esto es, a las nueve horas con treinta y ocho minutos de este día, por los motivos antes señalados. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos incidentales serán remitidos hasta que se tenga conocimiento del órgano que conoce del pr esente juicio de amparo. Finalmente, téngase por recibido el oficio que remite el Titular de la Secretaria de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso del Estado de Chihuahua, por medio del cual rinde su informe justificado; sin embargo, se reserva acordar dicha promoción para que el órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, acuerde lo que en derecho estime conveniente. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE Y APERTURA DE CUADERNO DE ANTECEDENTES. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 54, fracción III y 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítase de inmediato el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por considerarse que es a un Tribunal Colegiado Auxiliar de la Primera Región, en la referida residencia, a quien le corresponde la calificación del impedimento planteado por el que suscribe. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y hágase la remisión ordenada, solicitando atentamente al Tribunal a quien por razón de turno corresponda conocer del asunto, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que tenga a bien dictar respecto al impedimento que se plantea. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Tribunal Colegiado Auxiliar de la Primera Región, en turno.
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