Tomás Andrade Álvarez
Expediente 358/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Tomás Andrade Álvarez
Actuaciones
- Principal
I. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. II. Se requiere cumplimiento. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días dé cumplimiento a la sentencia protectora en los siguientes términos: 1. Deje insubsistente el oficio ******* de catorce de septiembre de dos mil veintidós, relativo a la solicitud de pensión por viudez y orfandad de la quejosa. 2. Emita una nueva determinación en relación con la aludida solicitud de pensión, en la que reiterará aquellos aspectos que no fueron motivo de concesión, a saber, lo concerniente a que carece de competencia para resolver sobre la solicitud. 3. Hecho lo anterior, prescindirá de arrojar la carga a la quejosa de presentar su solicitud de pensión ante la autoridad que se estima competente y, en su lugar, ordenará la remisión de la solicitud a dicha autoridad. Para tal efecto, deberá informar a este Juzgado dicho cumplimiento, remitiendo copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicte al respecto. Se apercibe a la referida autoridad responsable que de incumplir con el requerimiento, sin causa justificada, con fundamento en los ya citados artículos, así como los diversos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a su titular una multa de cien veces la Unidad de Medida de Actualización vigente al momento del eventual incumplimiento. Asimismo, en términos de los referidos artículos 192 y 193, se le apercibe que en caso de incumplimiento se remitirá el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Además, conforme a los artículos 195 y 197 de la ley de la materia, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el oficio número *** suscrito por el ingeniero ********************, mediante el cual comunica que no ha aceptado el cargo de perito en materia ambiental, no conoce los autos que le permitan formular dicho peritaje y solicita se fije día y hora a efecto de que acudir a este órgano. En virtud de lo anterior, hágase saber al citado perito que puede comparecer a este juzgado en un horario de 9:30 a 14:30 horas de lunes a viernes para que acepte el cargo conferido y asimismo consulte el presente juicio de amparo para que esté en posibilidad de rendir el dictamen que se le requiere. Lo anterior en el entendido que deberá hacerlo en un lapso no mayor a tres días, contados a partir de que quede debidamente notificado, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien unidades de Medida y Actualización a la fecha en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237 y 259 de la ley en consulta. Finalmente, vista la razón que antecede en la que el Actuario Judicial adscrito asentó que no le fue posible emplazar a juicio al tercero interesado ********************, dentro del presente juicio de amparo, ya que al realizar un recorrido por la calle ******************** de la colonia ******************** en esta ciudad, nombre correcto de la calle, se localizaron dos inmuebles con la nomenclatura vial ******************** (********************, el primero de ellos se encuentra deshabitado "abandonado" y en el segundo lo atendió una persona del sexo femenino a quien le hizo saber el motivo de su presencia y le manifestó que ahí vive la familia de apellidos ******************** y no conoce al tercero interesado. En virtud de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que en un término de tres días manifieste si conoce diverso domicilio al anterior, del tercero interesado ********************. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Fiscal General del Estado de Durango y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 358/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia1 disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del contenido de la demanda de derechos fundamentales de que se trata, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6 del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que no contiene firma del promovente ***, por lo que procede desechar la demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto dichos artículos refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la lectura del último precepto se advierte que la promoción del juicio de amparo es personalísimo, esto es, que sólo podrá promoverse por el directo interesado o, en su caso, su representante legal o su apoderado, salvo en excepción de que se trate de una causa criminal y en los que la propia ley lo permita. Al efecto, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Principio que reproduce el diverso artículo 6 de la propia Ley de Amparo, al estatuir que el juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, su representante legal o apoderado, principio que rige en todos los casos, salvo las causas criminales y los casos que expresamente lo permita la propia ley. En tal sentido, las personas físicas dentro de los procedimientos por escrito expresan su voluntad al plasmar su firma, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; cuando no saben hacerlo o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, puesto que, de lo contrario, no existe la manifestación de voluntad del interesado. En el caso, la demanda de amparo no se encuentra firmada por ***, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 108, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por carecer de este requisito formal y esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa extraordinario; de ahí que si ésta no se encuentra suscrita autógrafamente por el interesado, su representante legal o su apoderado, debe entenderse que no existe la manifestación de la voluntad respecto de dicho promovente; por tanto, la demanda resulta improcedente. A mayor abundamiento, el artículo 3 de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su demanda en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa; sin embargo, en el presente caso optó por promover su demanda de forma impresa, por lo que era indispensable que existiera la manifestación de su voluntad, esto es, que el escrito inicial de demanda tuviera la firma del impetrante del amparo. Deficiencia que no puede mandarse prevenir, ni mucho menos tenerse por enmendada mediante un ocurso, pues no es de las irregularidades previstas por el artículo 114 de la ley de la materia, ni se omiten los requisitos señalados por el artículo 108 del indicado ordenamiento legal. En las condiciones apuntadas, al advertirse tal motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda. Sirven de aployo a lo anterior, la tesis que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 244476 Instancia: Cuarta Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 39, Quinta Parte, página 25 Tipo: Aislada FIRMA, IMPROCEDENCIA DE AMPARO POR FALTA DE, EN LA DEMANDA DE AMPARO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales y el artículo 4o. de la Ley de Amparo se desprende que al no estar firmada la demanda de garantías, debe entenderse que toda vez que la demanda de amparo en que se hacen valer los conceptos de violación correspondientes no está firmada, por lo que conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse en el juicio conforme a lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley." "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 218141 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo X, Octubre de 1992, página 314 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Cuenta habida que además del contenido de la demanda de amparo se advierte que el ocursante la promueve por propio derecho y, del análisis de la misma, esta juzgadora concluye que no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, ya que no versa sobre actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de las personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del citado artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí que necesariamente debía contener la firma de la parte quejosa. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ***. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. No ha lugar a tener como autorizados a las personas que se indican en el escrito inicial de demanda, por las mismas razones mencionadas en párrafos que anteceden, esto es, no existe manifestación de voluntad del mencionado quejoso de designarlos con tal carácter para que lo represente en este juicio de amparo. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. El presente acuerdo, así como las determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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