Tobias Altamirano Huerta

Expediente 1042/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1042/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Tobias Altamirano Huerta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 4040/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo de su conocimiento la resolución emitida el quince de febrero de dos mil veintidós. Cúmplase.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar el telegrama remitido por la Delegada Jurídica en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 2012/2022, del índice de este órgano de control constitucional, por medio del cual se hizo la resolución emitida el veinticinco de enero del año en curso. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la ley de amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el presente expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de los documentos originales ni billete de depósito al no obrar éstos en autos

  3. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1042/2021, promovido por. contra actos del Director del Centro de Reinserción Social La Toma, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, y otra autoridad, el que consideró violatorio en su perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1. Director del Centro de Reinserción Social "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y otras autoridades, que hizo consistir en. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, el día de hoy se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, de ser ciertos los actos reclamados tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de la lectura integral de la demanda y de las constancias que obran agregadas al sumario se advierte que aquél consiste en. TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos a) y b), del considerando segundo de esta sentencia, atribuidos a la autoridad responsable denominada 2. Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz. Tampoco es cierto el acto precisado en el inciso a), atribuido a la autoridad responsable en su correcta denominación, 1. Director del Centro Penitenciario "Amatlán", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Lo anterior, toda vez de que al rendir sus informes con justificación, negaron la existencia de dichos actos; y el quejoso no aportó medio de convicción alguno que desvirtúe tales negativas. De ahí que el acto que se atribuye a las autoridades responsables, a que se contrae este considerando, resulte inexistente y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el inciso b) a la autoridad responsable denominada 1. Director del Centro Penitenciario "Amatlán", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Lo anterior, no obstante que al rendir su informe con justificación haya negado tal acto que se le atribuye, pues de la lectura integral de tal informe se obtiene su certeza. Lo que se corrobora con el contenido del legajo de copias certificadas relativas al expediente clínico del quejoso. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Por tanto, se tiene por cierto el acto referido, que se atribuye a la mencionada autoridad responsable. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Por razón de técnica jurídica, se procede a analizar las causas de improcedencia, por ser un tópico de orden público y de estudio preferente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. De oficio advierte que en relación con el acto reclamado, precisado en el considerando cuarto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo contenido dice. La literalidad del precepto transcrito indica que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación relacionada de lo dispuesto en dicho precepto, en relación con el diverso 77 de la Ley en cita, deriva que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. En el caso, el quejoso. promovió el presente juicio de amparo indirecto para reclamar la negativa de proporcionarle la valoración médica correspondiente, con motivo de las agresiones que señala sufrió en el Centro de su reclusión desde el momento de su detención el día diecinueve de octubre del año próximo pasado. Sin embargo, del sumario que conforma este juicio de amparo, específicamente de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, 1. Director del Centro Penitenciario "Amatlán", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en apoyo a su informe con justificación, se advierte: El quejoso. ingresó al centro de reinserción social a su cargo el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por orden del Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral y de Enjuiciamiento del Décimo Quinto Distrito Judicial. Al ingresar, el personal médico de guardia adscrito al Centro de Reinserción Social realizo una valoración médica, del que se desprende que el imputado se encontraba clínicamente sano, sin lesiones, sin huellas de violencia, bien hidratado y consiente; asimismo, los días veintiséis de noviembre y tres de diciembre de dos mil veintiuno, se le realizaron exploraciones médicas, concluyendo nuevamente en que se trataba de un paciente sano, sin lesiones recientes, encontrándose únicamente cicatrices antiguas en ambos hombros y región dorsal. Para demostrar lo anterior, la autoridad responsable de mérito adjuntó copia certificada del certificado médico respectivo practicado al peticionario el veintiuno de octubre, veintiséis de noviembre y tres de diciembre del año pasado, así como diversas notas médicas. Por tanto, si la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de realizarle la valoración médica correspondiente, y la autoridad responsable 1. Director del Centro Penitenciario "Amatlán", con residencia en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, desde el momento en que ingresó al centro de reclusión, así como los días veintiséis de noviembre y tres de diciembre de dos mil veintiuno, realizó diversas valoraciones médicas de las que se advierte que no presentaba alguna lesión reciente, según consta en los certificados y notas medicas; entonces, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia en mención, procede sobreseer en el juicio respecto al acto reclamado a que se hace referencia en el presente considerando. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que por auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se. ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por. contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de cuenta, signados por el 2. Director General de Prevención y Reinserción Social, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la suspensión de plano concedida por proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, al quejoso Tobías Altamirano Huerta, y al efecto remite diversas constancias del expediente clínico del referido peticionario de amparo. Por otro lado, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad precisada en líneas que anteceden; por tanto, dese vista a las partes por el plazo de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo.

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