Titular encargado de la Estación Migratoria, ciudad
Expediente 1269/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1269/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Titular encargado de la Estación Migratoria, ciudad
- David Felipe Grijalva Collazos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, se declara que la misma causa ejecutoria con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, toda vez que este asunto está totalmente concluido, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1269/2022-2. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Julia Giselle Cintora Gutiérrez, en representación de David Felipe Grijalva Collazos y Martha Lucia Collazos Penagos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Titular Encargado (a) de la Estación Migratoria, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por los actos que precisó en el mismo. Segundo. Trámite. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se recibió la demanda y se registró en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como juicio de amparo 1269/2022-2; en el que se proveyó sobre la suspensión de plano. Luego, una vez que los quejosos David Felipe Grijalva Collazos y Martha Lucia Collazos Penagos, ratificaron ante la presencia judicial la demanda presentada en su favor, por auto de diecinueve de agosto del año en curso, se admitió la misma; por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se otorgó al Agente del Ministerio Público de la Federación la participación que legalmente le corresponde y se señaló día y hora para que tuviera lugar la audiencia constitucional, misma que se verificó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse actos privativos de la libertad y prohibidos por el artículo 22 Constitucional y presentarse la demanda en el ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden, el actuar que se estima conculcatorio de derechos se hace consistir en la privación de la libertad, orden de deportación, traslado de una estación migratoria a otra y discriminación en contra de los quejosos. TERCERO. Existencia de actos. En términos del numeral 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a las responsables dependientes del Instituto Nacional de Migración, en virtud de que fueron omisas en rendir su informe justificado. Certeza que se acredita con las documentales que en copia certificada remitió el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, recibidas por auto de seis de septiembre del año en curso; documentales que cuentan con valor demostrativo pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia al ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, sea que las hagan valer las partes o sean advertidas de oficio. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Atento a lo anterior, de las constancias que remitió el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, consistente en copia certificada de los oficios 5534/2022 y 5535/2022, de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se advierte que se entregó a los quejosos David Felipe Grijalva Collazos y Martha Lucia Collazos Penagos, documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que fueron puestos en libertad. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia invocada, pues si bien, a la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de agosto de dos mil veintidós-, las autoridades responsables aun no ponían en libertad a los quejosos de mérito, tal afectación cesó una vez que la responsable emitió los oficios 5534/2022 y 5535/2022, de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, por medio de los cuales hizo entrega a los quejosos el documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, por lo que fueron puestos en libertad. De ahí que, sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la autoridad responsable emitió una determinación para poner en libertad a los quejosos. En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos de los actos impugnados en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la jurisprudencia 2ª./J59/99 establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38, registro 193758, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, registro 176051, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y actualizando así la causa de improcedencia antes invocada. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la legislación aplicable, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo. En apoyo de la anterior determinación se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, registro 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia III.2o.C.J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, registro 176051, que establece: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Atento a lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por David Felipe Grijalva Collazos y Martha Lucia Collazos Penagos, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese con vista a las partes el oficio de cuenta firmado por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado y en seguimiento al acatamiento a la suspensión de plano decretada en autos, remite copia certificada de los oficios relativos al documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas entregado a los quejosos David Felipe Grijalva Collazos y Martha Lucía Collazos Penagos, en veintitrés de agosto del año en curso, Por otra parte, se le tiene a dicha autoridad reiterando domicilio procesal y autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que cita en su oficio.
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables Titular Encargado de la Estación Migratoria e Instituto Nacional de Migración, no han informado en relación a la suspensión de plano decretada en dieciocho de los corrientes, a favor de David Felipe Grijalva Collazos y Martha Lucia Collazos Penagos, aun y cuando se encuentran debidamente notificadas, como se advierte de los acuses de recibo que obran en autos. Por lo anterior, requisase a las responsables de mérito para que dentro del término improrrogable de doce horas conectado a partir de la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado el estatus migratorio de los quejosos antes citados y si ya fueron puestos en libertad; previniéndoseles que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación a lo dispuesto en los artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. De igual manera, se requiere a las responsables, para que al rendir sus informes, indiquen cuál es la situación legal que guardan los quejosos, a saber: a) El motivo de su detención o retención; b) La fecha en que ello aconteció y demás información atinente a las circunstancias del caso. Asimismo, se les reitera que el referido informe podrá ser remitido con firma electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 1jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de hacer la remisión que corresponda por los demás medios que señala la ley de la materia. Con el apercibimiento, que de no atender éste requerimiento, se les impondrá además multa por el equivalentes a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción IV de la ley en cita.
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