Tito Humberto Rosales Rios
Expediente 1641/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tito Humberto Rosales Rios
Actuaciones
- Principal
Se declara que el fallo protector ha quedado cumplido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por , quien se ostenta como apoderado legal de *** contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1641/2022 y fórmese expediente Causa de improcedencia. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo, precepto que enseguida se transcribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir con lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia I.13o.A. J/61, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia?4/95, que en?términos?del?artículo?145?de la?Ley?de?Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de?demanda, y? si?encontrare?motivo?manifiesto?e indudable de improcedencia, la desecharía de?plano; sin embargo, para ello debe analizarse?si?en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de? improcedencia ?reguladas en el?artículo?73?de la?ley?invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los?términos?"manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte,?manifiesto?es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de?improcedencia?que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de?plano?la?demanda?de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta?improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de?improcedencia?establecidas en el?artículo?73?de la?ley?de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro?artículo?de la misma?ley?o de la Constitución, proceda a desechar de?plano?la?demanda?de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite?si?se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el?artículo?17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, la parte quejosa, señala como actos reclamados: Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: a).- La omisión genérica de ejecutar el laudo de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en el expediente laboral 01/367/2013, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Del Ayuntamiento Municipal de Ayala, Morelos y su Presidente: b) La omisión y desacato de dar cumplimiento al laudo de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en el expediente laboral 01/367/2013. Al respecto, por cuanto al acto precisado en el inciso a), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Registro digital: 2000025, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA" que más adelante se cita. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Ahora bien, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de continuar con el impulso de ejecución de laudo de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en el expediente laboral 01/367/2013. Respecto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución forzosa del laudo, conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, inicia una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, entre otras. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa; que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto la omisión de la Junta correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión que se atribuyera al Tribunal ejecutor, transcurridos los quince días posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de ordenar la ejecución del laudo; sin mediar previamente petición por escrito en ese sentido; en consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia que por contradicción de tesis emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2772, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Registro digital: 2000025, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo. Así como la diversa 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." De igual forma tiene apoyo lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2019185 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.VII.L. J/10 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1469 Tipo: Jurisprudencia IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Ahora, por cuanto hace al acto reclamado en el inciso b), respecto de la omisión de dar cumplimiento al laudo de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, dictado en el juicio laboral 01/367/13, reclamado al Ayuntamiento Municipal de Ayala, Morelos y su Presidente. Debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues se estima que el acto reclamado no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El referido artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y relativos establecen lo siguiente: "Artículo 61. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquéllas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión a dar cumplimiento al laudo y como autoridades responsables al Ayuntamiento de Ayala, Morelos y su Presidente; quienes son su contra parte en el juicio laboral de origen, toda vez que son la parte demandada. Por tanto, la omisión reclamada, surge de una relación de coordinación entre la citada demandada Ayuntamiento de Ayala, Morelos así como su Presidente y la quejosa dada la existencia de derechos y obligaciones que comparten entre sí, derivado del hecho que son partes en el juicio laboral de origen, en donde la impetrante es parte actora y la autoridad que señala como responsable es demandada. De ahí que si por tal relación existe un desacuerdo entre dichas partes, entonces será en otra vía en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base a que se encuentran prestaciones derivadas de un conflicto laboral. Por tanto, dicha omisión no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre demandado y actor aquí quejoso dentro del juicio natural; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5°, fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, las partes involucradas actúan en un plano de coordinación y no de suprasubordinación. Por ende, la omisión reclamada no puede ser considerada como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Máxime, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales a fin de lograr que la parte condenada en el juicio de laboral de origen cumpla con el laudo correspondiente. Sin embargo, la anterior tesis jurisprudencial no tiene aplicación en el caso concreto, porque a través de la ejecutoria respectiva se desprende que la Segunda Sala atendiendo al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dilucidó si el incumplimiento por parte de los organismos de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas a una sentencia dictada en un juicio en el que figuraron como parte y al que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 4º del Código Federal de Procedimientos Civiles, que prohíbe dictar en su contra mandamiento de ejecución o providencia de embargo, constituye o no un acto de autoridad susceptible de impugnarse en el juicio de amparo. Esto es, a través de dicha tesis se abordaron actos dictados en un procedimiento que se rige por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles como ley reguladora de los modos y condiciones de la actuación de la ley en el proceso y de la relación jurídico procesal, y que ha concluido con una sentencia condenatoria para el ente de la administración pública, específicamente lo previsto en el artículo 4º del Código adjetivo en alusión. Sin embargo, el juicio del que deriva la omisión combatida, no se rige por lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, además de que a diferencia de lo previsto en el citado artículo 4º del ordenamiento jurídico mencionado, en el artículo 939 de la Ley Federal del Trabajo, se establecen las normas conforme a las cuales se sigue el procedimiento de ejecución forzosa, incluso en el diverso artículo 950 del código laboral, se prevé el procedimiento de embargo; situación que pone de relieve la conclusión que se sostiene. Por lo expuesto, este Juzgado Federal considera que la demanda de amparo es improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el Ayuntamiento de Ayala, Morelos y su Presidente, no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Lo anterior además es acorde con el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo de este Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de queja 77/2022, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veinte de mayo de dos mil veintidós, en donde se abordó igual tema al aquí tratado. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados en los términos que indica a las personas que refiere, por ser parte actora en el juicio natural. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para 1/2021 acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · 16,661 expedientes
- Timoteo Hernandez Hernandez1382/2016
- Tiocha Felipe Bojorquez Chapela871/2017
- Tirsa Celia Pichardo Guadarrama715/2023
- Tirso Quintero Gutiérrez609/2018
- Tito Humberto Rosales Rios1007/2020
- Tito Humberto Rosales Rios1128/2018
- Tito Isaac Aguilar Guadarrama485/2014
- Tito Ramirez Hernandez354/2023
- Tito Verastegui Ocampo1110/2015
- Tizoc Jimenez Carbajal122/2014
- Tizoc Jimenez Carbajal466/2013
- Tobias Armenta Almazan537/2022