Tito Gilberto Chavez Garcia

Expediente 246/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
246/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2015

Partes del expediente

  • Tito Gilberto Chavez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo por causa manifiesta e indudable de improcedencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veinte de abril de dos mil quince, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinte de abril de dos mil quince. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovido por Tito Gilberto Chávez García. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a este Órgano Jurisdiccional, a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del escrito de demanda de amparo se advierte que el promovente Tito Gilberto Chávez García, reclama lo siguiente: "A) CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISION EMITIDO EN FECHA 27 DE ABRIL DE 2014, DENTRO DE LA CAUSA PENAL 12/2014 POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DE COSALA, SINALOA VIOLANDO CON ELLO DISPOSICIONES. B) ADEMAS CONTRA LA CONFIRMACION DEL AUTO DE FORMAL PRISION EMITIDO EN FECHA 27 DE ABRIL DE 2015 EN EL TOCA PENAL 857/2014, EMITIDO POR LA SALA SUPERIOR DE LA ZONA SUR DE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. C) TAMBIEN EN CONTRA EL DICTADO EQUIVOCADO DE LA SUJECION A PROCESO O AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO QUE EMITE EL JUEZ NATURAL EN (FOJA 176) EMITIDO EN NUESTRA CONTRA EN EL AUTO DE FECHA 27 DE ABRL DE 2014, es sin duda que el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, se encuentra inmerso dentro del concepto de "ataques a la libertad personal" que el artículo 22 fracción II de la Lev de Amparo emplea para señalar los casos en que la demanda de garantías puede interponerse en cualquier tiempo, habida cuenta de que si el vocablo "ataque" entraña la sola posibilidad de que el acto reclamado afecte la libertad personal, sin establecer grado de afectación alguno y que acorde al criterio jurisprudencial aludido, el auto de sujeción a proceso, en cuanto a sus efectos, perturba la libertad personal del inculpado, ello conlleva a la determinación de que dicho acto reclamado se encuentra comprendido en la hipótesis de excepción en comento. D) SOBRE LA INEXACTA APLICACION DE LEY DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA EN U LEY QUE LO REGULE U OTRA SECUNDARIA, El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa en relación con los numerales del pacto federal 14, 16, 17 este último párrafo que textualmente dice: toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.... segundo y 20, inciso B, fracción VII que dice textualmente lo siguiente: será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que se solicite mayor plazo para su defensa, mismos que tienen relación con los artículos 1, 29 de la ley suprema como garante de nuestros derechos ADEMAS CON LOS NUMERALES 1,2,3,4,5,6,7,8.9,10,11,12,13,14,15, Y DEMAS DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE SINALOA y con la armonía procesal de los puntos siguientes: (1) La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro, 2) La forma de intervención del sujeto activo, 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa, 4) La calidad de los sujetos activo y pasivo, 5) El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, 6) El objeto material, 7) Los medios utilizados, 8) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, 9) Los elementos normativos y, 10) Los elementos subjetivos específicos, así como la probable responsabilidad del inculpado; además, deben señalarse todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen sobre el inculpado en la comisión de una conducta delictiva (NUESTRO MAXIMO TRIBUNAL NO ESTABLECE A QUE Y SOBRE QUE ES LA INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, SINO SOLO SE REFIERE EXACTAMENTE A LA APLICACIÓN, ES SUFICIENTE DEFICIENCIAS TÉCNICAS PARA ESTIMAR OUE EN EL CASO SE CONCULCAN GARANTÍAS INDIVIDUALES EN PERJUICIO DE DICHO REO. POR INEXACTA APLICACIÓN DE LA LEY). Por lo anterior y Conforme al artículo 19 de la Constitución Federal donde establece los requisitos de fondo y de forma que todo auto de formal prisión o de sujeción a proceso debe contener, dictado que debe cumplirse con lo previsto en el mencionado precepto constitucional, pues el auto de referencia debe claramente debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial, se encuentre fundado y motivado y que se dicte respecto de un delito castigado con pena corporal; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud, debe decirse que en el dictado del auto de término constitucional pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las garantías de seguridad jurídica contempladas en la Ley Fundamental. Ante lo anterior se sustenta con la Tesis de jurisprudencia 10/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de primero de marzo de dos mil seis. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Primera Sala. Marzo de 2006. Página 84. Sirve de apoyo la doctrina siguiente LA EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa. Amparo directo en revisión 268/2003. 11 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. Amparo directo en revisión 1294/2004. 27 de octubre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente; Juan N. Silva Meza. Secretario; Jaime Flores Cruz. Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario; Manuel González Díaz. Amparo en revisión 933/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente; Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Amparo directo en revisión 55/2006. 8 de febrero de 2006. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria; Rosalba Rodríguez Míreles. Dice un principio básico del Derecho. "DONDE EXISTE IGUAL RAZÓN DEBE HABER IGUAL DISPOSICIÓN", así que no existe explicación legal plausible para que en un caso se actúe de una manera v en el otro de otra totalmente contraria y que conduce al empeoramiento de la situación del quejoso. D) TAMBIEN CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS JURIDICAS DE CADA ACTO EN NUESTRA CONTRA. Sirve de sustento al acto la Tesis Aislada, Semanario de la Suprema Corte de Justicia, quinta época, primera sala, XXIX, pág. 1623. AMPARO, EFECTOS DEL. De conformidad con los principios generales que rigen el juicio de amparo, los efectos de la sentencia que concede la protección de la Justicia Federal, son precisamente nulificar el acto que se reclama y, como consecuencia, tratándose de resoluciones judiciales, que las cosas queden en la situación anterior a aquella en que se dictó el fallo contra el cual se concedió la protección constitucional, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, y si se concedió la protección constitucional contra el auto de prisión formal, el efecto del amparo y el cumplimiento de la ejecutoria, consistirán en que dicte resolución el Juez responsable, dejando sin efecto el auto que decretó la formal prisión. Si el juez responsable, creyendo cumplir con dicha ejecutoria, se concreta a satisfacer los requisitos de forma que exige el artículo 19 constitucional, sin analizar los demás elementos del delito que se imputa al acusado y los datos que existen en la causa, para considerar comprobado el cuerpo del delito, así como la responsabilidad criminal, para la cual necesita dejar subsistente, en parte, el auto contra el cual se ha concedido el amparo, no obstante que dicho auto debe ser considerado bajo un aspecto integral, porque es un solo acto jurídico, un mandamiento único de la autoridad, y tiene unidad interna que no se puede destruir, considerando que el amparo se refirió a una omisión de dicho auto y dejó subsistentes las afirmaciones que contenía, desobedece la ejecutoria de amparo, porque si se reconoce que en el auto se cometieron algunas violaciones constitucionales, todo él queda viciado de anticonstitucionalidad, y por lo mismo, nulificado. Lo anterior no quiere decir sin embargo, que si conforme a la ley y sujetándose en todo lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución General de la República, procede dictar alguna resolución que afecte al quejoso, el Juez de lo penal no debe entenderse impedido por la ejecutoria del amparo, de ejercer sus facultades legales, en virtud de que habiéndose concedido el amparo, por omisiones del auto de prisión, que afectaban solamente a la forma del mismo, el caso resulta distinto de aquel en que se concede el amparo por vicios de fondo, en cuyo caso, no se puede ya, sin violar la ejecutoria de amparo, dictar resolución alguna, que afecte al procesado, mientras no cambien los fundamentos de hecho de la resolución que motivó la protección constitucional; cualquiera resolución que se dicte, debe estar enteramente desligada del auto de formal prisión contra el cual se concedió el amparo, y el nuevo auto debe ser formulado como si el nulificado por el amparo, no hubiere existido nunca. Queja en amparo penal 203/29. Lesher Alberto F. 12 de agosto de 1930. Mayoría de cuatro votos en lo que ve a las proposiciones primera y segunda; mayoría de cuatro votos en lo que toca a los puntos segundo, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno, a que se refiere el escrito a que se hace alusión en el considerando primero de esta sentencia; Disidente: Francisco Barba. Infundada por unanimidad de cinco votos, en lo que se refiere los puntos sexto y séptimo; y por unanimidad de cinco votos en lo relativo a la tercera posición. La publicación no menciona el nombre del ponente Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXXIV, página 1080, tesis de rubro "AUTO DE FORMAL PRISION, AMPARO CONTRA EL". Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Novena Parte, página 94, primera tesis relacionada con la jurisprudencia 61, de rubro "AMPARO EFECTOS DEL." En el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En el caso, la demanda de amparo interpuesta por Tito Gilberto Chávez García, es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, descritos con antelación, por lo siguiente: De la transcripción del precepto 18 en cita, se colige que para computar el término de quince días para la presentación de la demanda, prevé tres supuestos: 1), desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2), desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, 3), desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, del acto reclamado se advierte que el promovente reclama la resolución emitida por la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con residencia en esta ciudad, relativa al toca penal 857/2014, donde se confirma la diversa pronunciada por el Juez de Primera Instancia, residente en Cosalá, Sinaloa, por la que se decretó auto de formal prisión en contra del promovente por el delito de secuestro relativo a la causa penal 12/2013. También refiere el quejoso en el escrito aclaratorio de demanda, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diez de febrero de dos mil quince. En consecuencia, de lo anterior se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de la Materia, ya que el quejoso Tito Gilberto Chávez García, tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el diez de febrero de dos mil quince, pues así lo manifiesta en el escrito aclaratorio de demanda. Ahora bien, como la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con asiento en esta ciudad, el nueve de abril de dos mil catorce, es incuestionable que se interpuso después del término de quince días que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, pues si éste empezó a contar a partir del día siguiente al en que se tuvo conocimiento de los actos reclamados; esto es, el doce de febrero de dos mil quince; por tanto, el plazo para la presentación feneció, el nueve de marzo de dos mil quince, con exclusión de los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho de febrero y uno, siete y ocho de marzo de dos mil quince, por ser inhábiles (sábado y domingo) y dieciséis, diecisiete, dieciocho, de febrero de dos mil quince; en virtud de que mediante oficio SEPLE./GEN./003/743/2015, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de veintiocho de enero del presente año, determinó declarar no laborables; por tanto, si el quejoso Tito Gilberto Chávez García, presentó la demanda hasta el nueve de abril de dos mil quince, es obvio, que la misma resulta extemporánea al transcurrir más de quince días que establece el citado numeral para la promoción del juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 47, Tomo 169-174 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito, con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado" De igual manera, es aplicable la tesis 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página Página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE; personalmente al promovente.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE TREINTA DE MARZODE DOS MIL QUINCE,SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS ROSA MARÍA VAZQYUEZ VAZQUEZ Y JOSÉ TEMOC ÁLVAREZ VELARDE, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL PROVEIDO DE TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.

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