Tito Delfín Cano
Expediente 997/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Tito Delfín Cano y Otros.
- Tito Delfín Cano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Xalapa, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto, con posterioridad al DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Ahora bien, respecto de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese como corresponda.
- Incidental
Xalapa, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva este expediente; en consecuencia, debido a que no existen escritos, pruebas ni diligencias pendientes de desahogar, se ordena el archivo de este incidente como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo previsto por el 18, fracción I, inciso a), penúltimo párrafo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse concedido la suspensión definitiva; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el segundo párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su depuración, esto, con posterioridad al DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTISÉIS, acorde a lo establecido en dicho numeral. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General en comento, el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos SEIS MESES se procederá a la destrucción del mismo, esto es, con posterioridad al DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *********, contra la autoridad señalada en el resultando primero, y acto precisado en el considerando segundo, atento a las razones expuestas en el decisorio cuarto. SEGUNDO. Cúmplase lo establecido en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese como corresponda.
- Incidental
Xalapa, Veracruz, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, mediante el cual informa que se encuentra impedido para pronunciarse respecto del traslado del quejoso ***********, del Centro de Reinserción Social Zona 1 Xalapa, al Centro Penitenciario Zona Norte Tuxpan, Veracruz, efectuado por la autoridad administrativa. Al respecto, dígasele que la suspensión definitiva emitida en autos no impide que la autoridad Judicial se pronuncie respecto a calificar la legalidad del traslado excepcional, ello, con fundamento en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto 1a./J. 54/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil doscientos veintinueve, Tomo II, Diciembre de dos mil veintiuno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, que reza: "COMPETENCIA PARA CALIFICAR LA LEGALIDAD DEL TRASLADO EXCEPCIONAL EFECTUADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, EJECUTADO POR RAZONES ADMINISTRATIVAS O DE SEGURIDAD. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DEL MISMO FUERO QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE EL CENTRO DE RECLUSIÓN DE ORIGEN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron posturas contrarias, en torno a cuál es el Juez competente para convalidar el traslado ordenado, en términos del citado artículo, de una persona privada de su libertad, en virtud de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional de un fuero diverso de aquel que corresponde al centro penitenciario en el que se encuentra recluida. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, conforme a la regla prevista en el artículo 57 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la competencia para convalidar un traslado excepcional a que se refiere el artículo 52 de la propia ley, corresponde a los Jueces que ejercen jurisdicción en el centro de reclusión de origen. Justificación: Conforme a lo estipulado en el artículo 57 mencionado, los Jueces que ejerzan jurisdicción sobre las autoridades de los centros penitenciarios de origen o receptores, son quienes estarán facultados para conocer de las controversias con motivo de traslados nacionales. Ese criterio debe aplicarse para determinar quién es la autoridad competente para calificar la legalidad del traslado excepcional, atendiendo a que la intención del legislador es que sean estas autoridades jurisdiccionales las que se pronuncien en todo lo concerniente a los traslados, porque serán quienes tutelen los derechos de las personas. En el caso concreto, el Juez competente debe ser el Juez de origen, porque si se determinara de otra forma se ocasionaría el riesgo de que dicho juzgador no pertenezca al mismo fuero que el de la autoridad administrativa que ordenó ese cambio inmediato y, además, porque las autoridades penitenciarias del centro de origen fueron quienes analizaron las necesidades del traslado, por lo que la calificación de la legalidad de sus actuaciones sólo le corresponde a la autoridad jurisdiccional del mismo fuero." Ahora bien, toda vez que se encuentra trascurriendo el término de cuarenta y ocho horas que marca la Ley Nacional de Ejecución, se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción que se notifique de manera inmediata el presente auto a la autoridad responsable. Notifíquese como corresponda.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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