Tito Carlos Rangel Hernández
Expediente 772/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Tito Carlos Rangel Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que han transcurrido los quince días para interponer el recurso a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado Federal; y, toda vez que a la fecha no se ha recibido promoción alguna, con relación a dicha determinación; por tanto, con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA FIRME DICHA DETERMINACIÓN. En razón a lo expuesto en párrafos precedentes, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso b), se considera que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que en el presente juicio concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional, así como la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción I, y 18 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración de este juicio de amparo y del cuaderno del original del incidente de suspensión, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Juez Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. I. Estado de los autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se conoce que ya transcurrió el termino de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así se tiene, que mediante sentencia engrosada el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos ahí precisados, y para los efectos siguientes: "(.) En las relatadas consideraciones, al resultar parcial y esencialmente fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al quedar evidenciado que el acto reclamado se encuentra indebidamente fundado y motivado e incongruente, tal como ha quedado precisado, ello hace procedente, ante el yerro destacado, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el juez señalado como responsable, conforme a los lineamientos señalados en esta sentencia, una vez que cause ejecutoria esta resolución y, en su caso, se le requiera el cumplimiento: ( Deje insubsistente el acto aquí reclamado, emitido contra la aquí parte quejosa, en la causa penal **** de su índice; debiendo de reiterar lo que no es materia de la presente concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito , y, ( Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en donde subsane el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional, al tenor de lo aquí analizado." Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: 1. Que la autoridad responsable debía reiterar lo que no había sido materia de la concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito; una vez hecho lo anterior, debía emitir una nueva resolución en donde subsanara el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional al tenor de lo analizado en la ejecutoria de amparo. 2. El yerro destacado en la ejecutoria de amparo consistía en que el acto reclamado se encontraba indebidamente fundado y motivado, pues evidenciaba un problema de indebida aplicación de la ley, ya que la autoridad responsable ante la determinación de no prevalencia ya del hecho atribuido como delito, hizo luego prevalecer el artículo segundo transitorio del Decreto 710, en el cual se estableció que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor a esas reformas serían concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento de su inicio, sobre el principio constitucional de la irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional 3. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/2005-PS, y que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 107/2005, publicada en la página 594, Tomo XII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO)", consideró, en lo que aquí interesa: Que el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna; asimismo, que una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar, o suprimir situaciones jurídicas ya acaecidas. Interpretado en sentido contrario, el citado precepto otorga una garantía al individuo consistente en que se le aplique retroactivamente una ley penal, cuando ello sea en su beneficio. Que, si un individuo cometió un delito estando vigente una ley sustantiva con base en la cual se ejerció acción penal en su contra, y con posterioridad se promulga una nueva ley que deroga el precepto legal en que se contenía la conducta delictiva imputada o se prevé una pena menor para el mismo delito o el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter; el individuo tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a que se verifique si la conducta que se le atribuye continua siendo delictiva a efecto de que se justifique su sometimiento a un proceso penal o a que se le aplique retroactivamente la nueva ley, y por ende, se le reduzca la pena o se le ponga en libertad 4. Además, se le refirió que en el marco del derecho interno, la aplicación del principio de aplicación retroactiva de la ley penal en beneficio del gobernado, también se retomaba en leyes secundarias, a saber en el Código Penal para el Estado de Oaxaca, que es el ordenamiento jurídico observable en atención a la naturaleza del delito que se relaciona con el proceso penal de la aquí parte quejosa. Inconforme con dicha resolución la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Oaxaca, interpuso recurso de revisión; la cual, fue confirmada mediante ejecutoria dictada el veintiséis de junio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 467/2019, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito; por ello, mediante proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. II. Pretensión de cumplimiento. Por lo anterior, se tuvo por recibido el oficio de nueve de noviembre de dos mil veinte, signado por el juez responsable, mediante el cual informó lo relativo al cumplimiento del fallo protector, y remitió para tal efecto copia certificada de la resolución dictada el diecinueve de octubre de dos mil veinte y engrosada en nueve de noviembre siguiente, en la causa penal ***, de su índice. En dicha resolución, la responsable dejó insubsistente el acto aquí reclamado, sin embargo, se determinó esencialmente que la responsable realizó consideraciones que no fueron materia de la sentencia concesoria, pues no le fue otorgada libertad de jurisdicción, por lo que a fin de lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se requirió al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que: "1. En el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, acredite haber dejado insubsistente la resolución con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora; y, 2. Dentro del mismo término; emita una nueva resolución en la que se cumplan con todos los aspectos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, debe informarlo y acreditarlo a este órgano jurisdiccional, con las constancias relativas, o bien, indicar el impedimento legal que tenga para hacerlo". III. Actuaciones o diligencias de cumplimiento. Por lo anterior, se tuvo por recibido el oficio de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, signado por el juez responsable, mediante el cual informó lo relativo al cumplimiento del fallo protector, y remitió para tal efecto copia certificada de la nueva resolución dictada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal de origen, por lo que se procedió a dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. De dichas constancias se conoce que el juez responsable: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada en este juicio de amparo, así como la diversa con la que pretendió dar cumplimiento al fallo protector. 2. Decretó el sobreseimiento de la causa penal del origen a favor del quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, en razón de que el hecho atribuido dejó de tener el carácter de delito, por lo que lo puso en libertad absoluta. Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: Los hechos que describe el artículo 208 y sancionado en el numeral 209 del Código Penal del Estado de Oaxaca, materia de la consignación, dejó de tener carácter de delictuoso. Que al no estar la conducta típica como delictuosa, que se enuncia en el referido artículo 208, y no establecerse en algún otro artículo del referido Código, para los efectos de la traslación del tipo, deja de tener tal carácter. Que no obsta para ello el contenido del transitorio segundo del decreto de reforma número 710, porque hace referencia a aquellos casos en donde pueda realizarse la traslación del tipo, y que en esos supuestos resultaría aplicable el segundo párrafo del artículo 3º del Código Penal del Estado de Oaxaca; pues en aquellos casos en donde se eliminó el delito, resulta innecesario estudiar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, como requisitos de fondo para dictar un auto de formal prisión. Que al haber entrado en vigor una nueva ley que dejó de considerar como delito el acto considerado como tal por una ley anterior, el individuo tiene el derecho constitucionalmente protegido, a que se aplique retroactivamente la nueva ley, y por ende, que se le ponga en libertad. Por lo que, con base a los principios de supremacía constitucioanal e interpretación conforme, procede aplicar retroactivamente la ley penal en beneficio del quejoso, conforme a los artículos 1º y 14 de la Constitución Federal. Finalmente, decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen a favor del quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, en razón de que el hecho atribuido dejó tener el carácter de delito, poniéndolo en libertad absoluta. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, conforme con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. IV. Valoración del cumplimiento al fallo concesorio. Ahora bien, a fin de establecer si la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, o bien si hay imposibilidad para cumplirla, debe realizarse el estudio integral bajo los principios de congruencia y exactitud, los cuales obligan a dirimir todo tipo de cuestiones, tomando en consideración las que fueron materia del juicio de amparo, así como las que quedaron intocadas por la propia sentencia ejecutoriada. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J. 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, registro 2010987, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." En el caso, se puede llegar a la conclusión válida de que la sentencia de amparo se encuentra debidamente cumplida, ya que el juez responsable: 1. Dejó insubsistente la resolución reclamada en este juicio de amparo, así como la diversa con la que pretendió dar cumplimiento el fallo protector. 2. Decretó el sobreseimiento de la causa penal de origen a favor del quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, en razón de que el hecho atribuido dejó tener el carácter de delito, poniéndolo en libertad absoluta. Lo anterior, con base en las consideraciones antes destacadas. Consecuentemente, es evidente que al quejoso se le restituyó en el goce del derecho humano violado, restableciéndose las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. Gírese oficio a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales procedentes. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a su interés corresponda, en la inteligencia que de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se autoriza a la Actuaria Judicial y/o Secretario a firmar los oficios que deriven de la presente determinación. V. Adscripción de titular del órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de este año, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y terceras interesadas; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1883/2020 del Juez Segundo Penal, con sede en Santa María Ixcotel, Centro Oaxaca, y anexo, consistente en copia certificada de la resolución de diecinueve de octubre del año en curso, emitida dentro de la causa penal 48/2017, de su índice; mediante el cual informa lo determinado en cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dése vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Sirve de apoyo, la tesis, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 832, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio 1717, recibido vía correo electrónico, correspondiente a la autoridad Juez Segundo de lo Penal, con sede en Ixcotel, Centro, Oaxaca, a través del cual, en atención al requerimiento formulado por esta autoridad (cumplimiento de la sentencia de amparo), solicita se le conceda una prórroga de quince días, para cumplir con el mismo. Por tanto, dados los motivos expuestos en el oficio que se provee, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le concede a la citada responsable el improrrogable término de diez días hábiles, contados a partir de que sea debidamente notificada de este acuerdo, a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Asimismo, dígasele que subsisten los apercibimientos decretados en proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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