Tita Yolanda González Cantú

Expediente 31/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
31/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Tita Yolanda González Cantú

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio 5082/2021-A5 dirigido a la Delegación Estatal en Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, por las razones anotadas en el sobre y acuse respectivos; toda vez que el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo de este asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa Tita Yolanda González Cantú, interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo correspondiente al oficio 3579/2021-5, con el cual se notificó a la autoridad responsable foránea la resolución emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, toda vez que dicha determinación en que se sobreseyó no le afecta, en su caso, para la interposición del recurso de revisión. Resulta aplicable al respecto, la tesis XX.1 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril de 1995, página 127 (registro 205302), cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SOLO ESTÁN FACULTADAS A INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN QUE RESULTEN AFECTADAS.- Es de explorado derecho que de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo pueden interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado, de lo que se determina que las responsable y en general todas las demás partes, sólo están legitimadas para recurrir los fallos de amparo que únicamente las afectan." En consecuencia, hágase las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad, archívense las actuaciones como asunto concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Toda vez que este expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos del párrafo que antecede se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, siendo las once horas con cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 31/2021-5, promovido por ********************.El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes compareció a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. Primeramente, cabe señalar que de la razón actuarial de veinte de enero de dos mil veintiuno, se desprende que no se pudo notificar a ********************, el proveído del pasado veinte de enero, ya que no obra en autos domicilio en esta ciudad para tal fin (foja 119); sin embargo, de la demanda se desprende que la antes nombrada señaló su deseo de oír y recibir notificaciones por juicio en línea (fojas 8 a 16). En consecuencia, túrnese este asunto a la Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que el usuario RAQF920418HDGYXL04 tenga acceso total al expediente electrónico correspondiente, agregando las constancias que lo demuestren; asimismo, se comisiona a uno de los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que por dicha vía realice a la impetrante, la notificación del auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, así como los subsecuentes. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda, así como a las demás constancias de autos, y con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que el Juez provee: téngase por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración dicho informe en el momento procesal oportuno. Posteriormente, se abre el período probatorio, dándose cuenta con las documentales allegadas por la promovente como anexo a su escrito de demanda (fojas 17 a 20), así como las documentales allegadas por la autoridad responsable mediante proveído de treinta de julio de dos mil veinte (fojas 56 a 87). A lo que el Juez acuerda: ténganse por admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, y tómense en consideración oportunamente. Sin que existan más probanzas por relacionar, se da por terminado el período probatorio. Enseguida, se abre la etapa de alegatos, y se da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (fojas 120 y 121). A lo que el Juez acuerda: téngase por expresados los citados alegatos. Sin que exista promoción pendiente de acordar el Juez pasa a dictar la siguiente S E N T E N C I A : VISTOS los autos que integran el juicio de amparo 31/2021-5; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. El seis de agosto de dos mil diecinueve, ********************, presentó escrito de demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, turnado al Juzgado Segundo de Distrito de esa localidad (fojas 8 a 20). Sin embargo, el citado Órgano de Control Constitucional, una vez registrado el juicio de amparo con el número ********************, mediante resolución constitucional de diez de diciembre de dos mil veinte, se declaró incompetente para conocer de tal asunto, por razón de territorio (fojas 100 a 106). SEGUNDO. Mediante oficio ******************** recepcionado el catorce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, fue turnado en esa data a este Juzgado Octavo de Distrito, el juicio de amparo promovido por ********************, avocándose al conocimiento y registrándose con el número 31/2021-5, contra actos de la Delegación Estatal en Tamaulipas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se dio intervención a la Representante Social de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló en los términos que se anotan en el acta que antecede (fojas 111 a 113); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para resolver el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto reclamado tendría lugar en la jurisdicción territorial asignada a éste órgano de control constitucional. SEGUNDO. En principio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado se hace consistir en la aplicación de la Unidad y Medida de Actualización (UMA) a la pensión otorgada a ********************. Sirve de apoyo a lo referido, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 32, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Al rendir informe justificado el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, negó el acto reclamado (fojas 36 a 50). CUARTO. Siendo la procedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público que debe ser analizada aún de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón debe estudiarse cuando alguna de las partes lo plantea, como en este asunto. Apoya lo citado la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro IUS 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de la Materia, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la citada legislación, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" El precepto transcrito estatuye el principio de definitividad en materia administrativa, con base en el cual el juicio de amparo resulta improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no agotar el aludido principio de definitividad. Por ello, los medios ordinarios de defensa están instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo; de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Ahora, la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo en su carácter de pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reclama el cálculo, cuantificación y pago de la pensión mensual jubilatoria con base en la aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no así con salarios mínimos. Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió controvertir el acto reclamado a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º, fracción VII de la Ley Orgánica de ese tribunal, el cual dispone: "Artículo 3.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . VII.- Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;." De lo transcrito se advierte que en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ?como ocurre en la especie?, es procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En efecto, si se tiene en cuenta que la quejosa es pensionada, y reclama precisamente una afectación a su pensión derivada del cálculo, cuantificación y pago de ésta con base en la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA), no así con salarios mínimos; resulta evidente que el sólo hecho de la afectación directa del monto de la pensión, actualiza la hipótesis prevista en la fracción VII del artículo 3º, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Lo anterior es así, toda vez que es suficiente que el acto administrativo ?en el caso, la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) a efecto de realizar el cálculo, cuantificación y pago de la pensión jubilatoria? afecte de manera directa el monto de una pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se actualice el supuesto previsto en la hipótesis en comento, sin que sea necesario que para ello se dicte resolución o se actualice en negativa ficta con motivo de alguna solicitud directa. Ello, pues la determinación y cálculo del monto de la pensión jubilatoria es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que se decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho; por tanto, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva y, en consecuencia, es innecesario que el acto que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que proceda el juicio de nulidad basta con que el acto controvertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece con el acto administrativo que se manifiesta en forma expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el Instituto responsable. En consecuencia, se actualiza una de las materias contempladas por el multicitado artículo 3º, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como lo es la regulada en su fracción VII, por lo que se satisface el requisito necesario para la procedencia del juicio contencioso administrativo, en términos de lo que establece el propio numeral. Apoya lo mencionado, la tesis XXI.1o.P.A.5 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 891, registro 2001006, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PENSIÓN CON CARGO AL ERARIO FEDERAL O AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. ES SUFICIENTE QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA AFECTE DE MANERA DIRECTA SU MONTO, PARA QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El citado dispositivo establece: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ... VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sean con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.". Por ende, es suficiente que la resolución impugnada afecte de manera directa el monto de una pensión que esté recibiendo el pensionista con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se actualice el supuesto de procedencia del juicio contencioso administrativo previsto en dicha hipótesis, sin que sea necesario que la resolución se dicte (o se actualice en negativa ficta), con motivo de alguna solicitud directa de incremento o modificación a la mencionada pensión, porque tal interpretación sería restrictiva y/o rigorista, en demérito del espíritu que orienta a la garantía de acceso a una administración de justicia pronta, completa e imparcial, que a favor de los particulares tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además, en la especie no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad administrativa, contenidos en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, toda vez que, por una parte, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sí prevé la suspensión de los actos, no exige mayores requisitos para suspenderlos, ni prevé un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión provisional. Ante lo cual se cita la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, registro 2008807, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Así como la tesis VI.3o.A. J/5, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1470, registro 2004254, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO INDIRECTO, EN RAZÓN DE QUE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2011). Con la redacción del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, los actos impugnables en el juicio contencioso administrativo eran susceptibles de atacarse vía juicio de amparo, sin necesidad de agotar previamente aquél. Sin embargo, a partir del 10 de marzo de 2011 en que entró en vigor esa modificación, dicho numeral ya no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de 2013, para suspender la ejecución de los actos impugnados, pues incluso los requerimientos básicamente son los mismos, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Asimismo, en cuanto a la forma de garantizar un crédito fiscal, se permite que se haga ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, que conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, comprenden no sólo el depósito en efectivo y el embargo, sino también la prenda, hipoteca, fianza y la obligación solidaria asumida por un tercero, entre otros; además, se establece que la garantía o depósito puede reducirse de acuerdo con la capacidad económica del solicitante, o si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito, lo que incluso otorga un mayor beneficio al contribuyente que la Ley de Amparo. Por tanto, los requisitos vigentes previstos para otorgar la medida cautelar en el juicio contencioso administrativo no rebasan los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, determinó que ".si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo."; de ahí que el acto reclamado no implica un alegato en torno a violaciones directas a la Constitución, sino en todo caso un estudio de legalidad del cálculo para el pago de la pensión mensual jubilatoria. Se cita, en su parte conducente, la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 988, registro 2003874, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." En suma, previo a promover el juicio de amparo, la quejosa debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del artículo 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en contra de la concesión de su pensión jubilatoria (número de pensionista 657558), ya que a través de dicho medio ordinario de defensa puede obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, a fin de que su pensión jubilatoria sea calculada, cuantificada y pagada con base en salarios mínimos, no con unidades de medida y actualización. Y únicamente en caso de obtener resolución desfavorable en el aludido juicio de nulidad, la parte quejosa estaría en posibilidad de impugnar dicha determinación a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En razón de lo expuesto, con fundamento en lo establecido por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER este juicio de amparo promovido por ********************. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 124 y demás relativos a la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 31/2021-5, promovido por ********************, contra los actos y autoridad señalada y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese para que obre como corresponda la intervención ministerial 36/2021 signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante la cual formula alegatos, los cuales se relacionarán en la audiencia respectiva, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, y serán tomados en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 11,832 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano