Tita Carrillo Pavón
Expediente 277/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2017
Partes del expediente
- Tita Carrillo Pavón
Actuaciones
- Principal
ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Intégrese el ocurso de cuenta, por medio del cual la quejosa ******, desahoga la prevención realizada en acuerdo de veinticuatro de febrero pasado. ACTO RECLAMADO La solicitante del amparo, por propio derecho reclama la sentencia interlocutoria que resolvió el recurso de revocación contra el auto que no admitió el incidente de reincorporación a bienes de la sucesión en el expediente 152/2010, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. DESECHAMIENTO Resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, interpretados de manera armónica. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En este sentido el Pleno y la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido las jurisprudencias 189 y 175, visibles en las páginas 154 y 144 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con los rubros: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), 'CONSTITUCIONAL.". Por tanto, es evidente que los actos reclamados no son de los que irrogan perjuicio de imposible reparación a la amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Es dable señalar que el amparo indirecto, en el caso que nos ocupa, juicio sucesorio testamentario, procede, una vez cumplido el principio de definitividad, en contra de las resoluciones que den por terminadas las tres primeras etapas de ese juicio, en virtud de que, las mismas, no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida la etapa correspondiente. Mientras que, respecto a la cuarta etapa, procederá el amparo directo en contra de la resolución que se dicte, en virtud de que en aquélla se está resolviendo en definitiva la totalidad del juicio sucesorio planteado. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis aisladas emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son del rubro siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN". "SUCESIONES. CUARTA SECCIÓN, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN HECHOS VALER EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEBEN VERSAR SOBRE CUESTIONES PROPIAS DE ESA ETAPA PROCEDIMENTAL". Ahora, de las manifestaciones de la impetrante, se advierte que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria que resolvió el recurso de revocación contra el auto que no admitió el incidente de reincorporación a bienes de la sucesión en el expediente 152/2010, el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se encuentra en la primera sección, denominada "sucesión" del juicio sucesorio testamentario 152/2010 del índice del Juez Sexto Civil de Toluca, Estado de México. Por tanto, es evidente que el acto reclamado es de naturaleza procesal, pues con su dictado no se afecta ningún derecho sustantivo de la quejosa, en tanto que, atendiendo a la fase procesal del juicio, la incorporación o no de un bien a la masa hereditaria solo tiene efectos procesales, pues aún se está dilucidando quienes tienen la calidad de herederos, así como quien tiene la representación de la sucesión. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el proceso y será hasta que se dicte la resolución que concluya en definitiva la etapa en que se encuentra el juicio de origen, y se impugne a través del juicio constitucional biinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la aquí quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado de ese fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de garantías con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de garantías tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, 113, 170, fracción I y 172, fracción XXII, del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Aunado a lo anterior, no se soslaya que en el ocurso que se provee señaló bajo protesta de decir verdad que el veintiocho de febrero del año en curso, se designó a Angelina Carrillo Pavón como albacea del juicio sucesorio testamentario a bienes de Agustina Pavón Rodríguez Viuda de Carrillo; por tanto, a esta última corresponde, en su caso, acudir a defender los derechos de la masa hereditaria. Resulta aplicable, la tesis II.2o.C.395 C, de la Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, página 1082, cuyo rubro y texto son los siguientes: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual."
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