Timoteo López Díaz

Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
137/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Timoteo López Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cierto es, que se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamado por la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva; asimismo, este asunto no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración del expediente; terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario adscritos, a firmar los oficios que deriven de este acuerdo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales, el oficio procedente del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y anexo consistente en diversas constancias relativas al despacho 02/2021 de su índice, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 17/2021, orden 30/2021, derivado del juicio de amparo en que se actúa; por lo que, se tiene por notificadas del auto de veintitrés de febrero del año en curso, a las siguientes autoridades responsables: Presidente Municipal de Santa María Jaltianguis, Oaxaca; Síndico Municipal de Santa María Jaltianguis, Oaxaca; y, Regidor de Seguridad del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca. Diligencia de notificación que aconteció el propio veintitrés de febrero pasado, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, dése de baja y háganse las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno respectivo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, glósese la razón actuarial de diez de marzo de este año, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, manifiesta la imposibilidad que presentó para llevar a cabo la notificación personal ordenada en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, por las razones que ahí expone. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la notificación a la parte quejosa del presente proveído y del diverso de veintitrés de febrero del año en curso, así como las subsecuentes determinaciones que deriven de este asunto, aun las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, que se publica vía electrónica, así como en los estrados ubicados en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese; y como está ordenado el acuerdo de veinitrés de febrero de este año. EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. I. Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo que promueve Timoteo López Díaz, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, en su calidad de autoridades responsables; cuyos actos reclamados, se desprende se hacen consistir en: La orden de detención dictada en su contra por el Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 137/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, la orden de detención así como para cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; motivo por el cual, al tratarse de actos que pudieran afectar la libertad personal fuera de procedimiento, procede pronunciarse respecto de la suspensión de oficio y de plano, en los términos que más adelante se precisarán. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, toda vez que, conforme a las manifestaciones de la parte quejosa, no se advierte participación de autoridad judicial alguna, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO respecto de tales actos, así como de cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, para que cese de inmediato la orden de detención así como cualquier otro prohibido por el artículo 22 Constitucional, en contra de la parte quejosa, al ubicarse dentro de aquéllos comprendidos en el citado artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen (.) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." Esto es, para efecto de que las autoridades responsables: a) De existir orden de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, emitido contra la parte quejosa por autoridad distinta al ministerio público, se abstengan de ejecutarlo, siempre que la parte quejosa no hubiere sido sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de delito, así como en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención. b) En el caso que la orden de privación o restricción de la libertad consistente en la orden de detención, decretada en contra del agraviado, por las autoridades municipales de referencia, ya se hubiere ejecutado, tendrá por efecto que la parte directa quejosa sea puesta en inmediata libertad; en el entendido que dicha medida suspensional en los términos antes descritos no surtirá efectos, si la parte quejosa fue sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de delito, comisión de delito, ni en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; supuestos en los cuales, la medida suspensional únicamente tendrá por objeto, que el directo quejoso sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la detención hubiera sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haber cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá en contra de la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Sirve de apoyo la Tesis I.8º.A.11 K (10ª), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, Libro 34, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012710, cuyo rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL". Lo anterior, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trate de una restricción o privación de la libertad personal válida constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Agente del Ministerio Público, por la comisión de un delito, las autoridades responsables en el término CUARENTA Y OCHO o NOVENTA Y SEIS HORAS, tratándose de delincuencia organizada, según sea el caso, conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 de la Ley de Amparo, deberán poner al quejoso a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, o en su caso, deberán ordenar su libertad. En el entendido que la presente medida suspensional concedida en los términos antes anotados, es únicamente respecto de la orden de detención y/o privación de la libertad fuera de procedimiento, reclamada a las autoridades responsables, al encuadrarse dentro de los supuestos que resulta su procedencia. En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de su legal notificación, informe a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales; así como para que, en su caso, acredite dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia o no de la orden de detención decretada contra la directa parte quejosa. Asimismo, se informa a las mencionadas autoridades responsables que la violación de la medida suspensional decretada implica la comisión de un delito, conforme a los artículos 262, fracción III, y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Asimismo, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir sus informes sobre la suspensión de plano, vía fax a este órgano jurisdiccional al número de teléfono 951-5023701 o al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe de manera inmediata por cualquier vía acelerada que asegure su inmediata recepción, CON CARÁCTER DE URGENTE, los oficios que contienen este auto, a las autoridades señaladas como responsables, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibido, para el caso que se logre su envío por fax o medios electrónicos. Asimismo, de manera simultánea a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales en la recepción de los oficios que se libren derivados del presente proveído, tomándose en consideración que las autoridades señaladas como responsables, tienen su domicilio en la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca, Santa María Jaltianguis, Oaxaca, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha Ley y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vía fax o correo electrónico o correo acelerado, líbrese atento despacho al Juzgado Mixto de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, encomiende a quien corresponda, se constituya en la residencia oficial de las autoridades señaladas responsables "Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca", y les haga entrega de los oficios que deriven del presente dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, debiendo recabar el acuse de estilo correspondiente y, remitirlo inmediatamente a este Juzgado Federal, a los cuales se anexa copia del escrito de demanda de que se trata. Asimismo, se faculta al juzgado que auxiliará en la citada diligencia, a agotar los medios legales con que cuente para el éxito de la misma, en el entendido que si a la fecha en que se pretenda realizar la diligencia, en la región donde tienen domicilio las autoridades responsables no se permite el acceso por cuestiones sanitarias, inmediatamente comunique dicha circunstancia a este órgano jurisdiccional, debiendo reservar la diligenciación de la encomienda solicitada, hasta que se reanude el tránsito regular a la región en cuestión. Finalmente, se hace del conocimiento al juzgado requerido, que podrá remitir la devolución del despacho en comento vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y, confirmar su recepción por la misma vía. De igual forma, se faculta al actuario judicial para el caso de que al constituirse en el domicilio de la autoridad responsable, en ese acto corrija la denominación de dicha autoridad siempre que fuere necesario, para efecto de que la responsable reciba los oficios que al efecto se libren. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo XII, Agosto 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191374, cuyo rubro y texto son: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento.". II. Prevención. Ahora, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y V, con relación al numeral 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de CINCO días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción II, y V, de la Ley de Amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, o en su caso proporcione la información del mismo. b) Precise si contra el acto reclamado ha promovido diverso juicio de amparo. d) Igualmente abunde en los antecedentes del acto reclamado, indicando el modo y lugar en que las personas que dice de su confianza tuvieron conocimiento del acto reclamado; toda vez que no se advierte el lugar específico donde la autoridad señalada como responsable ejecutora lo está buscando, esto es, su domicilio particular. Ello, con la finalidad de fijar correctamente la competencia en el presente juicio. Lo anterior, en virtud a que la citada parte quejosa, se limitó a señalar en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, de su demanda de amparo, lo siguiente: ".que el día de hoy por la mañana, como eso de las 6 am., unos familiares que habitan en la población de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, me comentaron que a mi domicilio se presentó el presidente municipal de Santa María Jaltianguis, en compañía de otras personas, es decir, del síndico procurador y al parecer del regidor de seguridad, con la finalidad de detenerme, sin explicar a mis familiares la razón o causa del por qué me andaban buscando pero como no me encontraba en ese momento optaron por retirarse y manifestaron que regresarían con el argumento de que ya no soy una persona grata para el municipio, por pertenecer a una banda de maleantes y que tenía que salir del mismo inmediatamente, y ante el temor de ser detenido y expulsado de mi población junto con otras personas, es que acudo ante usted para que proteja, toda vez que conozco a estos señores que son capaces de cometer su propósito a como de lugar hasta por medio de la fuerza, palos, azotes y cualquier acto de los prohibidos por la constitución, en su artículo 22. Es por esa razón, que le ruego a usted juez de distrito que me otorgue su protección toda vez que en dicha población es donde trabajo y tengo mi fuente de ingreso para mantener a mi familia y estando oculto no lo puedo hacer. (Sic)." Por tanto, tales manifestaciones resultan insuficientes para que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento veraz de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, como lo es, el lugar donde se pretende ejecutar el acto de autoridad que por esta vía se reclama, esto, con independencia del domicilio proporcionado, toda vez que el mismo fue precisado para efectos de oír y recibir notificaciones, no así su domicilio particular, circunstancia que resulta indispensable, incluso para determinar la competencia de este órgano jurisdiccional. Lo cual se traduce en la omisión de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo, con relación al 114 del citado ordenamiento. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo II, materia común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado" III. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". IV. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados únicamente para imponerse de los autos en los términos que dispone la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrés Sánchez Morales y Carlos Antonio Bolaños Cortes, toda vez que no tienen registrada sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para imponerse de los autos a la persona restante. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19.VI. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA."VII. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VIII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. IX. Comunicación a la Oficina de Correspondencia Común para su registro y compensación correspondiente. Ahora, como se advierte, la demanda de amparo se recibió directamente ante este órgano jurisdiccional durante el periodo de guardia, a fin que este órgano jurisdiccional se avocara al conocimiento del asunto; en consecuencia, hágase del conocimiento a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad, para el registro y compensación correspondiente. Finalmente, se habilita al Secretario judicial adscrito, para firmar las comunicaciones oficiales que deriven del presente acuerdo y, al Actuario de la adscripción, los oficios del mismo. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. CONSTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, el oficio procedente del Presidente Municipal y Síndico Procurador del Ayuntamiento Constitucional de Santa María Jaltianguis, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, por medio del cual rinden su informe en relación con la suspensión de plano decretada en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. En atención a su contenido, téngase a la autoridad rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. En tales condiciones, se ordena dar vista a la parte quejosa, con su contenido para que manifieste lo que a su derecho convenga. Asimismo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su comunicado, en términos de la fracción I, del numeral 28 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase a las citadas autoridades informando que la diversa señalada como responsable por el quejoso como "Regidor de Seguridad de Santa María Jaltianguis, Ixtlán de Juárez, Oaxaca" no existe en la organización del cabildo de ese Ayuntamiento. En tal virtud, y toda vez que se en auto de veintitrés de febrero del actual, se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda, se reserva acorar lo conducente hasta que se desahogue la prevención formulada o transcurra el plazo para ello. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. I. Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo que promueve Timoteo López Díaz, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, en su calidad de autoridades responsables; cuyos actos reclamados, se desprende se hacen consistir en: La orden de detención dictada en su contra por el Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca. Por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 137/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, la orden de detención así como para cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; motivo por el cual, al tratarse de actos que pudieran afectar la libertad personal fuera de procedimiento, procede pronunciarse respecto de la suspensión de oficio y de plano, en los términos que más adelante se precisarán. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, toda vez que, conforme a las manifestaciones de la parte quejosa, no se advierte participación de autoridad judicial alguna, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO respecto de tales actos, así como de cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, para que cese de inmediato la orden de detención así como cualquier otro prohibido por el artículo 22 Constitucional, en contra de la parte quejosa, al ubicarse dentro de aquéllos comprendidos en el citado artículo 126, párrafo primero de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen (.) ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." Esto es, para efecto de que las autoridades responsables: a) De existir orden de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, emitido contra la parte quejosa por autoridad distinta al ministerio público, se abstengan de ejecutarlo, siempre que la parte quejosa no hubiere sido sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de delito, así como en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención. b) En el caso que la orden de privación o restricción de la libertad consistente en la orden de detención, decretada en contra del agraviado, por las autoridades municipales de referencia, ya se hubiere ejecutado, tendrá por efecto que la parte directa quejosa sea puesta en inmediata libertad; en el entendido que dicha medida suspensional en los términos antes descritos no surtirá efectos, si la parte quejosa fue sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de delito, comisión de delito, ni en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; supuestos en los cuales, la medida suspensional únicamente tendrá por objeto, que el directo quejoso sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la detención hubiera sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haber cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá en contra de la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Sirve de apoyo la Tesis I.8º.A.11 K (10ª), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, Libro 34, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012710, cuyo rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL". Lo anterior, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; sin perjuicio de que si con posterioridad al analizar el fondo del asunto, se aprecia que se trate de una restricción o privación de la libertad personal válida constitucionalmente, se constriña a la parte quejosa a compurgar la sanción faltante al momento de ser puesta en libertad. Ahora bien, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Agente del Ministerio Público, por la comisión de un delito, las autoridades responsables en el término CUARENTA Y OCHO o NOVENTA Y SEIS HORAS, tratándose de delincuencia organizada, según sea el caso, conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 de la Ley de Amparo, deberán poner al quejoso a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, o en su caso, deberán ordenar su libertad. En el entendido que la presente medida suspensional concedida en los términos antes anotados, es únicamente respecto de la orden de detención y/o privación de la libertad fuera de procedimiento, reclamada a las autoridades responsables, al encuadrarse dentro de los supuestos que resulta su procedencia. En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de su legal notificación, informe a este Juzgado de Distrito, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales; así como para que, en su caso, acredite dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia o no de la orden de detención decretada contra la directa parte quejosa. Asimismo, se informa a las mencionadas autoridades responsables que la violación de la medida suspensional decretada implica la comisión de un delito, conforme a los artículos 262, fracción III, y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se le reclama, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Apoya la anterior determinación, la tesis VI. 1o.A. 19 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y ocho, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Asimismo, infórmese a las autoridades señaladas como responsables, que podrán remitir sus informes sobre la suspensión de plano, vía fax a este órgano jurisdiccional al número de teléfono 951-5023701 o al correo electrónico institucional 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, envíe de manera inmediata por cualquier vía acelerada que asegure su inmediata recepción, CON CARÁCTER DE URGENTE, los oficios que contienen este auto, a las autoridades señaladas como responsables, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibido, para el caso que se logre su envío por fax o medios electrónicos. Asimismo, de manera simultánea a lo anterior, a fin de evitar dilaciones procesales en la recepción de los oficios que se libren derivados del presente proveído, tomándose en consideración que las autoridades señaladas como responsables, tienen su domicilio en la comunidad de San Pedro Tulixtlahuaca, Santa María Jaltianguis, Oaxaca, esto es, fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en los artículos 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha Ley y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vía fax o correo electrónico o correo acelerado, líbrese atento despacho al Juzgado Mixto de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, encomiende a quien corresponda, se constituya en la residencia oficial de las autoridades señaladas responsables "Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidor de Seguridad, todos del Municipio de Santa María Jaltianguis, Oaxaca", y les haga entrega de los oficios que deriven del presente dirigidos a las autoridades señaladas como responsables, debiendo recabar el acuse de estilo correspondiente y, remitirlo inmediatamente a este Juzgado Federal, a los cuales se anexa copia del escrito de demanda de que se trata. Asimismo, se faculta al juzgado que auxiliará en la citada diligencia, a agotar los medios legales con que cuente para el éxito de la misma, en el entendido que si a la fecha en que se pretenda realizar la diligencia, en la región donde tienen domicilio las autoridades responsables no se permite el acceso por cuestiones sanitarias, inmediatamente comunique dicha circunstancia a este órgano jurisdiccional, debiendo reservar la diligenciación de la encomienda solicitada, hasta que se reanude el tránsito regular a la región en cuestión. Finalmente, se hace del conocimiento al juzgado requerido, que podrá remitir la devolución del despacho en comento vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y, confirmar su recepción por la misma vía. De igual forma, se faculta al actuario judicial para el caso de que al constituirse en el domicilio de la autoridad responsable, en ese acto corrija la denominación de dicha autoridad siempre que fuere necesario, para efecto de que la responsable reciba los oficios que al efecto se libren. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo XII, Agosto 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191374, cuyo rubro y texto son: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento.". II. Prevención. Ahora, con fundamento en los artículos 108, fracciones I y V, con relación al numeral 114, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de CINCO días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción II, y V, de la Ley de Amparo, manifieste bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio de la parte tercero interesada, o en su caso proporcione la información del mismo. b) Precise si contra el acto reclamado ha promovido diverso juicio de amparo. d) Igualmente abunde en los antecedentes del acto reclamado, indicando el modo y lugar en que las personas que dice de su confianza tuvieron conocimiento del acto reclamado; toda vez que no se advierte el lugar específico donde la autoridad señalada como responsable ejecutora lo está buscando, esto es, su domicilio particular. Ello, con la finalidad de fijar correctamente la competencia en el presente juicio. Lo anterior, en virtud a que la citada parte quejosa, se limitó a señalar en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, de su demanda de amparo, lo siguiente: ".que el día de hoy por la mañana, como eso de las 6 am., unos familiares que habitan en la población de Santa María Jaltianguis, Oaxaca, me comentaron que a mi domicilio se presentó el presidente municipal de Santa María Jaltianguis, en compañía de otras personas, es decir, del síndico procurador y al parecer del regidor de seguridad, con la finalidad de detenerme, sin explicar a mis familiares la razón o causa del por qué me andaban buscando pero como no me encontraba en ese momento optaron por retirarse y manifestaron que regresarían con el argumento de que ya no soy una persona grata para el municipio, por pertenecer a una banda de maleantes y que tenía que salir del mismo inmediatamente, y ante el temor de ser detenido y expulsado de mi población junto con otras personas, es que acudo ante usted para que proteja, toda vez que conozco a estos señores que son capaces de cometer su propósito a como de lugar hasta por medio de la fuerza, palos, azotes y cualquier acto de los prohibidos por la constitución, en su artículo 22. Es por esa razón, que le ruego a usted juez de distrito que me otorgue su protección toda vez que en dicha población es donde trabajo y tengo mi fuente de ingreso para mantener a mi familia y estando oculto no lo puedo hacer. (Sic)." Por tanto, tales manifestaciones resultan insuficientes para que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento veraz de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, como lo es, el lugar donde se pretende ejecutar el acto de autoridad que por esta vía se reclama, esto, con independencia del domicilio proporcionado, toda vez que el mismo fue precisado para efectos de oír y recibir notificaciones, no así su domicilio particular, circunstancia que resulta indispensable, incluso para determinar la competencia de este órgano jurisdiccional. Lo cual se traduce en la omisión de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 108, fracción I de la Ley de Amparo, con relación al 114 del citado ordenamiento. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 52/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo II, materia común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado" III. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". IV. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados únicamente para imponerse de los autos en los términos que dispone la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Andrés Sánchez Morales y Carlos Antonio Bolaños Cortes, toda vez que no tienen registrada sus cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y únicamente para imponerse de los autos a la persona restante. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. VI. Habilitación de días y horas. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." VII. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VIII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. IX. Comunicación a la Oficina de Correspondencia Común para su registro y compensación correspondiente. Ahora, como se advierte, la demanda de amparo se recibió directamente ante este órgano jurisdiccional durante el periodo de guardia, a fin que este órgano jurisdiccional se avocara al conocimiento del asunto; en consecuencia, hágase del conocimiento a la jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad, para el registro y compensación correspondiente. Finalmente, se habilita al Secretario judicial adscrito, para firmar las comunicaciones oficiales que deriven del presente acuerdo y, al Actuario de la adscripción, los oficios del mismo. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

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