Timoteo Castellanos Julian

Expediente 46/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
46/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Timoteo Castellanos Julian
  • Comisario General, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de diecinueve de febrero de esta propia anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el expediente en que se actúa, pues fue notificado el veinticinco de febrero de ese propio año. Por ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de veintisiete de noviembre del año en curso, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sobreseimiento fuera de audiencia, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin mayor pronunciamiento, toda vez que no se formó el cuadernillo incidental. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por el quejoso susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. Ahora bien, dígasele a la parte quejosa que no ha lugar de acordarle favorable su petición, toda vez que en auto de diecinueve de este mes y año, se sobreseyó año fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por sí y en representación del Titular de la referida Secretaría, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y adjunta copia certificada del memorándum SSPC/SP/7254/2020, de trece de octubre de dos mil veinte, oficio SSPC/UAJ/TGZ/00040/2021, de once de enero de la presente anualidad, así como de la cédula de notificación de dos del mes y año que transcurre, a través de su defensor. Además, señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Libramiento sur oriente sin número, colonia José Castillo Tielmans, kilómetro 09, de esta ciudad; y nombra delegados. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a su contenido, se tiene por rendido el informe de la responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo, y manifiesta que es cierto el acto reclamado por el impetrante de derechos fundamentales, sin embargo, dio respuesta a la petición realizada por el quejoso, adjuntando para ello copia certificada de la contestación y cédula de notificación realizada a la parte quejosa a través de su autorizado en el domicilio que señaló. Relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con los numerales 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite como prueba la documentales que adjunta la autoridad responsable, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; de igual manera, con fundamento en el numeral 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades mencionadas, a las personas que designan. Por otra parte, y visto el contenido del oficio de cuenta y analizado todos los datos que se desprenden del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el accionante de los derechos fundamentales Timoteo Castellanos Julián, señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito de trece de octubre de dos mil veinte, por el que solicitó se le informe respecto a su situación laboral al (1) Comisario General, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, y (2) Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad. Ahora, quien resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. Al respecto, debe decirse que de la interpretación de los artículos en comento, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza con la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, debe precisarse que mediante oficio de cuenta, presentado ante este juzgado el dieciocho de febrero del año que transcurre, la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por sí misma y en representación de la Titular de la referida Secretaria, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada SSPC/UAJ/TGZ/00040/2021, de once de enero del año en curso; por el cual se brindó respuesta al escrito de petición generador del acto reclamado, mismo que fue notificado de manera personal a través del licenciado Félix González Alegría, en el domicilio para oír y recibir notificaciones, adjuntando cédula la notificación de dos de febrero de dos mil veintiuno. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado a que refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, en mérito de que la omisión reclamada fue subsanada. Así, resulta inconcuso que el acto reclamado en esta vía por la quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Por ello, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho que en auto de veintiuno del actual, se haya diferido la audiencia constitucional por no mediar el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con la vista que se le otorgó a las partes, con el contenido del informe rendido por la autoridad responsable, ya que el fin que se persigue con la misma es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante José Lauro Castillejos Matuz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICO POR LISTA A TIMOTEO CASTELLANOS: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto, el oficio de cuenta suscrito por el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por sí y en representación del Titular de la referida Secretaría, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y adjunta copia certificada del memorándum SSPC/SP/7254/2020, de trece de octubre de dos mil veinte, oficio SSPC/UAJ/TGZ/00040/2021, de once de enero de la presente anualidad, así como de la cédula de notificación de dos del mes y año que transcurre, a través de su defensor. Además, señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Libramiento sur oriente sin número, colonia José Castillo Tielmans, kilómetro 09, de esta ciudad; y nombra delegados. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a su contenido, se tiene por rendido el informe de la responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo, y manifiesta que es cierto el acto reclamado por el impetrante de derechos fundamentales, sin embargo, dio respuesta a la petición realizada por el quejoso, adjuntando para ello copia certificada de la contestación y cédula de notificación realizada a la parte quejosa a través de su autorizado en el domicilio que señaló. Relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con los numerales 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admite como prueba la documentales que adjunta la autoridad responsable, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica y que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; de igual manera, con fundamento en el numeral 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades mencionadas, a las personas que designan. Por otra parte, y visto el contenido del oficio de cuenta y analizado todos los datos que se desprenden del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el accionante de los derechos fundamentales Timoteo Castellanos Julián, señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito de trece de octubre de dos mil veinte, por el que solicitó se le informe respecto a su situación laboral al (1) Comisario General, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, y (2) Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad. Ahora, quien resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. Al respecto, debe decirse que de la interpretación de los artículos en comento, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza con la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora, debe precisarse que mediante oficio de cuenta, presentado ante este juzgado el dieciocho de febrero del año que transcurre, la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, por sí misma y en representación de la Titular de la referida Secretaria, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada SSPC/UAJ/TGZ/00040/2021, de once de enero del año en curso; por el cual se brindó respuesta al escrito de petición generador del acto reclamado, mismo que fue notificado de manera personal a través del licenciado Félix González Alegría, en el domicilio para oír y recibir notificaciones, adjuntando cédula la notificación de dos de febrero de dos mil veintiuno. En las relatadas condiciones, tal como se advierte, el acto reclamado a que refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, en mérito de que la omisión reclamada fue subsanada. Así, resulta inconcuso que el acto reclamado en esta vía por la quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicha inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Por ello, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Finalmente, por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del nueve de marzo de dos mil veintiuno. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho que en auto de veintiuno del actual, se haya diferido la audiencia constitucional por no mediar el plazo de ocho días a que hace alusión el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo, con la vista que se le otorgó a las partes, con el contenido del informe rendido por la autoridad responsable, ya que el fin que se persigue con la misma es solo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de NOTIFICO POR LISTA A TIMOTEO CASTELLANOS: las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante José Lauro Castillejos Matuz, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano