Timoteo Burelo Torres

Expediente 520/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
520/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Timoteo Burelo Torres

Actuaciones

  1. Principal

    VI. HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO... ARCHIVESE EL PRESENTE JUICIO.

  2. Principal

    VI. SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO...

  3. Principal

    VI. PREVENCION. Ahora, a efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse." En ese contexto, al analizar la demanda se advierte que en el capítulo de antecedentes (puntos 4 y 5), el quejoso manifiesta que el ocho de abril del presente año, fue notificado del oficio SP/215/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, con el cual -dice- la autoridad condenada Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco, pretende dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad 1096/19-26-01-6, así como del recurso de queja por defecto, lo que afirma motiva la presentación de la demanda de amparo "contra el acto en vía de cumplimiento". Sin embargo, en el capítulo relativo al acto reclamado señala que reclama del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Tabasco, la omisión del cumplimiento de la sentencia definitiva de once de agosto de dos mil veinte, así como la interlocutoria de queja por defecto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y de la Sala Regional de Tabasco, la omisión de vigilar y obligar a la parte demandada en el juicio 1096/19-26-01-6, así como girar oficio al Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para velar el cumplimiento de la sentencia. La divergencia señala impide advertir con claridad cuál es el acto reclamado que se pretende combatir en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, pues como se ve, en el apartado de antecedentes el quejoso, dice promover amparo en contra de actos en vías de cumplimiento y en el apartado de actos reclamados señala como tales las abstenciones de las autoridades de dar y vigilar el cumplimiento a la sentencia. Además, de dichos antecedentes no se advierte qué proveyó la Sala responsable respecto del oficio que afirma la parte quejosa, no cumple con la sentencia definitiva y con lo resuelto en el recurso de queja por defecto, así como si ésta ya se declaró cumplida o no. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el numeral 114, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Aclare el acto reclamado, para lo cual deberá precisar, si se trata de la omisión de la Sala responsable de no requerir el cumplimiento a la demandada y, del Subdelegado de no acatar los requerimientos o bien, reclama el oficio del Subdelegado con el que afirma que éste no da cumplimiento a la sentencia y que en razón de ello la Sala ha sido omisa en lograr el cumplimiento. A fin de ilustrar al promovente, es preciso mencionar que el acto reclamado, según su definición, consiste en una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, su correcto señalamiento para los efectos del amparo consistirá en describirlo. De tal manera que los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juricidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, la distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto, basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. De tal manera que la omisión que refiere el peticionario de amparo como acto reclamado, constituye una violación en el proceso de origen; sin embargo la inconforme no clarifica a este Juzgado cuál es el acuerdo, auto, proveído, resolución u otro acto que prevalece en el expediente de origen y que dilatan el procedimiento, es decir, cuyo dictado -según el quejoso- no satisfizo los requisitos legales, particularmente, la omisión de cumplir con lo previsto por el numeral 17 de la Constitución. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 555, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible a página 369, tomo VI, parte TCC, Apéndice de 1995, cuyo rubro y texto citan: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que esta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Lo anterior, es así porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en el juicio de garantías. De igual manera, el promovente tiene la ineludible obligación de cumplir con ese requisito fundamental en la demanda de amparo, encaminado a una depuración o mejor integración de la controversia; en consecuencia, sin conocerse esos extremos no es posible fijar la Litis constitucional, porque la falta de esa precisión impide a las autoridades preparar su defensa y por consiguiente al suscrito de estar en condiciones de juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. SEGUNDO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado a fin de que se aprecie con claridad el estado procesal del juicio de origen, esto es, deberá realizar una relación sucinta y ordenada de los hechos relacionados con el acto reclamado, así como de las partes que intervinieron, y demás datos que sean relevantes para apreciar claramente la controversia del mismo, particularmente del origen del acto reclamado y qué autoridades son las responsables de su emisión, así como, qué acordó la autoridad señalada como responsable, Sala Regional de Tabasco del Tribunal de Justicia Administrativa, en el juicio 1096/19-26-01-6, respecto del oficio SP/215/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, y si ésta declaró cumplida o no la sentencia definitiva. Aclaración que resulta indispensable, en virtud de que sólo así puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado, para que, de ser procedente su demanda constitucional, la autoridad responsable esté en aptitud de rendir el informe justificado previsto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior por analogía la jurisprudencia número P./J.127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, cuyo rubro dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". TERCERO. Conforme a las precisiones anteriores, proporcione la fecha en que tuvo conocimiento del acto que pretende reclamar a las autoridades responsables. Encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia 161/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el veintiuno de febrero de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA." Prevención. Se apercibe a la promovente que de no desahogar las prevenciones en sus términos y en el plazo señalado; acorde con el penúltimo párrafo, del precepto 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Igualmente, hágase del conocimiento al promovente del amparo, lo dispuesto por el contenido del artículo 261 de la ley de la materia, que prevé las sanciones para la parte quejosa, para su abogado autorizado o para ambos, cuando con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado; numeral que al efecto se transcribe: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa no señaló domicilio para oír citas y notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del presente acuerdo y de las subsecuentes notificaciones que deban de notificárseles de forma personal, por lista autorizada que se fije en las instalaciones de este Juzgado; hasta en tanto designe domicilio para tal fin. Apoya a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, abril de 2008, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES". Asimismo, se tiene como su autorizado en términos amplios como lo prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Ceballos Culebro, Cristina Alfaro Palacios y María de Lourdes Alfaro Palacios, por encontrarse registrada, respectivamente, su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia para entablar comunicación no procesal el número telefónico y el correo electrónico que cita. Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita, se autoriza el acceso electrónico al usuario JLCeballos, ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la ley de la materia, y Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo anterior, siempre y cuando la referida cuenta de usuario esté registrada en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, así como en el artículo 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo1, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido.

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