Timi Adriana Palma Rodríguez

Expediente 663/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 21 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
663/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
02/12/2021

Partes del expediente

  • Timi Adriana Palma Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diez horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, Secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias existentes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y el informe justificado rendido por las autoridades responsables, así como las constancias de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata para los efectos legales correspondientes. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio, consistentes en las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos, en el que el Secretario hace constar que el agente del Ministerio Público adscrito realizó manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la ley en la materia, téngase por hechas las alegaciones a dicha parte. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, Timi Adriana Palma Rodríguez, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se trascriben: "II.- AUTORIDADES RESPONSABLES: C. JUEZ SEGUNDO INTERINO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL del Distrito Judicial de Torreón, con residencia en esta ciudad y con domicilio ampliamente conocido y de dominio en Prolongación Diagonal Las Fuentes s/n, en ésta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO: A).- La indebida e ilegal fundamentación y motivación legal del auto del día 24 de Junio de 2020, dictado dentro de los autos del juicio especial hipotecario número 295/2004, que se tramita ante la Autoridad señalada como responsable. B).- La indebida e ilegal fundamentación y motivación legal del auto del día 7 de Julio de 2020, dictado dentro de los autos del juicio especial hipotecario número 295/2004, que se tramita ante la Autoridad señalada como responsable". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se violaron son los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, y ordenó remitir los autos del juicio de amparo de referencia a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, al considerar que este órgano de control constitucional tuvo conocimiento previo del juicio de amparo indirecto 694/2017, ya que dicho juicio deriva del juicio especial hipotecario 295/2004 del índice del Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, en virtud de lo anterior, este juzgador federal, mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veintiuno, aceptó el returno planteado, admitió a trámite la demanda con el número estadístico 663/2020-I, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente y, se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta y, además, su ejecución tiene lugar en territorio donde este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Del Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad. i. El proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial hipotecario 295/2004, del índice de la autoridad responsable, mediante el cual se decretó la suspensión del juicio de origen. ii. El proveído de siete de julio de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial hipotecario 295/2004, del índice de la autoridad responsable, con el cual se determinó la improcedencia del recurso de reconsideración contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de origen. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, pues al rendir su correspondiente informe justificado reconoció la existencia de los actos reclamados, consistentes en el dictado de los proveídos de veinticuatro de junio y siete de julio, ambos de dos mil veinte, dentro del juicio especial hipotecario 295/2004 de su índice, lo cual, sin duda, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener acreditados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las documentales que allegó el Juez responsable, consistente en las constancias originales que conforman el juicio especial hipotecario 295/2004, dentro de las cuales obra la diligencia reclamada; documentales que gozan de valor probatorio pleno, al tenor lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Por lo anterior, al no haber duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, ya sea que lo haga valer alguna de las partes o se advierta de oficio. A fin de tener un contexto de lo que será materia de estudio en esta sentencia constitucional, es adecuado hacer una breve reseña de los actos procesales relevantes que derivan de las constancias allegadas por la autoridad responsable como justificación de su informe. 1. Mediante escrito recibido el veintitrés de marzo de dos mil cuatro, la hoy quejosa Timi Adriana Palma Rodríguez, demandó en la vía especial hipotecaria a Sergio Leyva Juárez, María Elena Leyva Jaramillo y Sergio Alfonso Leyva Campillo, hoy terceros interesados. 2. El diez de octubre de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva, la que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Procedió la vía especial hipotecaria propuesta y tramitada. SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el último considerando se declara la improcedencia de la acción especial hipotecaria intentada por la actora TIMI ADRIANA PALMA RODRÍGUEZ, y se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que procedan. TERCERO.- Por haber intentado la actora la vía especial hipotecaria sin obtener sentencia favorable, se le condena al pago de las costas del juicio, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del Código Procesal Civil vigente. CUARTO.- En virtud de que los demandados fueron emplazados por edictos publíquese por una sola vez los puntos resolutivos de esta sentencia en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 781 del Código Procesal Civil vigente. QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- (.)". 3. Inconforme con lo anterior, la hoy quejosa Timi Adriana Palma Rodríguez, interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado con el número 210/2012 del índice de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, quien mediante sentencia dictada el siete de agosto de dos mil doce, resolvió: "PRIMERO.- Procedió la vía Especial Hipotecaria propuesta y tramitada. SEGUNDO.- La parte actora TIMI ADRIANA PALMA RODRÍGUEZ, justificó los elementos constitutivos de su acción y la parte demandada SERGIO LEYVA JUÁREZ, MARÍA ELENA LEYVA JARAMILLO y SERGIO ALFONSO LEYVA CAMPILLO, no comparecieron a juicio a deducir sus derechos en los términos de ley, en consecuencia TERCERO.- Se condena a la parte demandada SERGIO LEYVA JUÁREZ, MARÍA ELENA LEYVA JARAMILLO y SERGIO ALFONSO LEYVA CAMPILLO, a pagar a favor de la parte actora TIMI ADRIANA PALMA RODRÍGUEZ, las cantidades de: $372,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto de suerte principal; al pago de los intereses moratorios causados y que se sigan causando hasta la total solución del presente negocio, a razón del 8% mensual. CUARTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte actora, los gastos y costas que se originen en primera instancia. Quinto.- Se señala el término de cinco días contados a partir del siguiente al en que cause ejecutoria esta sentencia, para que la parte demandada cumpla con las prestaciones a que se le condena y en caso de no hacerlo procédase al trance y remate del bien inmueble dado en garantía hipotecaria consistente en: Casa habitación y lote en el construida sobre la Mitad Oriente del Lote de Terreno marcada con el número 10, Manzana número XIX, del Fraccionamiento de la Colonia Ampliación Los Ángeles de esta ciudad, con una superficie de 350.00 M2, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte con parte del lote número 2; al sur con Calle González Calderón, Al Oriente con lote número 11 y al Poniente con la mitad poniente del mismo. Dicho inmueble quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad del esta ciudad, bajo la partida 1689, folio 150, libro 6, sección I, de fecha 11 de Enero de 1979. SEXTO.- Por no haberse dado los supuestos previstos por el artículo 138 del Código Procesal Civil, no ha lugar a hacer especial condenación en costas en esta segunda instancia en contra de ninguna de las partes en este juicio. SÉPTIMO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; (.)". 4. Seguida la secuela procedimental, el agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos de Delitos Varios, presentó escrito ante la autoridad responsable, con la finalidad de informarle sobre la carpeta de investigación en contra de Timi Adriana Palma Rodríguez, y quienes resulten responsables, por la probable responsabilidad del delito de fraude, por lo que se ordenó la suspensión del procedimiento de origen, hasta en tanto se dicte sentencia en el proceso penal, acuerdo que es del tenor siguiente: "Torreón, Coahuila; a (24) veinticuatro de Junio de (2020) dos mil veinte.- A sus antecedentes el escrito de cuenta de la diversa demandada MARIA ELENA LEYVA CAMPILLO, juntamente con informe (sic) que rinde la Licenciada YAHAIRA ANGELIZA ACOSTA VILLA, en su carácter de AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE tramitación de casos de delitos varios.- mediante el cual comuica que ante esa representación social se encuentra abierta una carpeta de investigación en contra de TIMI ADRIANA PALMA RODRIGUEZ y QUIENES MAS RESULTEN RESPONSABLES, por la probable responsabilidad de un hecho que la ley señala como delito de FRAUDE PROCESAL, cometido en agravio de MARIA ELENA LEYVA CAMPILLO, por lo que como lo PIDE la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, y por los motivos que expone, se suspende el procedimiento, hasta en tanto se dicte la sentencia en el proceso penal, ya que la resolución que se llegue a dictar en dicho proceso influirá necesariamente en la ejecución del del presente juicio que pudiera ordenarse en el presente juicio, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 308 fracción I, del Código Procesal Civil. NOTIFÍQUESE Y LÍSTESE". 5. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora aquí quejosa interpuso recurso de reconsideración, el cual se proveyó en acuerdo de siete de julio de dos mil veinte, cuyo contenido es el siguiente: "Torreón, Coahuila, a (07) de julio de (2020) dos mil veinte. A sus antecedentes el escrito de cuenta de la actora TIMI ADRIANA PALMA RODRÍGUEZ.- En cuanto a lo solicitado, s ele tiene por haciendo las manifestaciones a que alude en el que se provee; y al efecto, sin haber lugar a tenerlo por promoviendo Recurso de Reconsideración en los términos que refiere1, ello, tomando en consideración que el mismo no es procedente en contra del auto que pretende sea reconsiderado, lo anterior de conformidad con el artículo 310 del Código procesal Civil.- NOTIFÍQUESE Y LISTESE". Proveídos de los que hoy se duele la parte quejosa y forman los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Ahora bien, de lo antes expuesto se evidencia que la quejosa Timi Adriana Palma Rodríguez, constituye parte actora en el procedimiento de origen, así como que en contra del auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte, promovió recurso de reconsideración, el cual fue declarado improcedente en diverso auto de siete de julio de dos mil veinte. Atento lo anterior, en el asunto a estudio, respecto del acto reclamado consistente en el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dentro de los autos del juicio especial hipotecario 295/2004, promovido por Timi Adriana Palma Rodríguez, en contra de los terceros interesados Sergio Leyva Juárez, María Elena Leyva Jaramillo y Sergio Alfonso Leyva Campillo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por los motivos que en seguida se exponen. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". A fin de demostrar la proposición anterior, debe precisarse que la quejosa Timi Adriana Palma Rodríguez, reclama el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, dictado dentro del juicio especial hipotecario 295/2004, del índice del Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad; proveído el cual fue recurrido por la propia quejosa, pues al efecto, interpuso recurso de reconsideración (fojas 1027 a 1033, tomo I), el cual fue resuelto mediante proveído de siete de junio de dos mil veinte (foja 1002, tomo I). Por tanto, si lo que constituyó el acto reclamado en análisis lo es el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, y de lo expuesto, se obtiene que dicho proveído fue combatido mediante recurso de reconsideración, el cual fue declarado improcedente, por ende, se tiene que del proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte -primer acto reclamado- fue sustituido procesalmente por el proveído de siete de julio de dos mil veinte. En tales condiciones, constituye un cambio de situación jurídica, en el que deben considerarse consumados irreparablemente en esta vía constitucional las violaciones cometidas en el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte -primer acto reclamado-, por no poder decidirse en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad de tal acto, sin afectar la nueva situación jurídica de la solicitante de amparo, de acuerdo a lo ordenado en el precepto legal 61, fracción XVII, de la Ley en la materia. Cobra aplicación a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, Volumen 145-150, Sexta Parte, página 255, con número de registro digital 251013, que dice: "SENTENCIA DE APELACION. SUSTITUYE A LA DE PRIMER GRADO, AUN CUANDO NO HAYA CAUSADO EJECUTORIA. La sentencia definitiva de apelación sustituye legalmente a la primera instancia, por lo que cesan los efectos de ésta y, en consecuencia, de los actos que de ella deriven. No obsta para tal consideración que la sentencia de segunda instancia no haya causado ejecutoria, pues dicha circunstancia no implica que el fallo de primer grado se encuentre subjúdice, porque según se dijo el fallo revocatorio de apelación lo sustituye, para todos los efectos legales, tanto que, es éste y no el de primera instancia el que es materia de impugnación en vía de amparo y considerársele con igual carácter, hasta que se resuelva el juicio de garantías correspondiente". Ahora bien, analizadas que son las constancias que integran los presentes autos, quien resuelve no advierte de oficio diversa causal de improcedencia que se actualice, ni alguna que contestar; por tanto, resulta procedente analizar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. A continuación, procede el estudio de los conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo, de los cuales no se realiza transcripción, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca tal obligación. Cobra aplicación a lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830) de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Es inoperante el primer concepto de violación que formula la parte quejosa, al señalar que al dictar el proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable viola en su perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídica, al establecer la suspensión del procedimiento, dado que como se analizó en considerandos precedentes, respecto del mismo se declaró la improcedencia del juicio de amparo, al indicar que dicho proveído fue sustituido por el diverso siete de julio de dos mil veinte. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada XX.19 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 484, con número de registro digital 204441, el tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. SI LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD GIRAN EN TORNO AL JUEZ A QUO, SON. Son inoperantes los conceptos de violación, si en ellos se inconforman en contra del proceder del juez a quo, en razón de que no es procedente impugnar una sentencia de segunda instancia a través de alegadas violaciones atribuidas a la primera, sino que directamente deben controvertirse las consideraciones de la sentencia reclamada". Asiimsmo, la tesis aislada pronunciada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 75, Sexta Parte, página 21, con número de registro, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES CUANDO SE IMPUGNA UNA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA A TRAVES DE ALEGADAS VIOLACIONES ATRIBUIDAS A LA DE PRIMER GRADO. Si los motivos de inconformidad planteados en la demanda de garantías, se apoyan exclusivamente en violaciones atribuidas al Juez de primera instancia, señalado únicamente con el carácter de autoridad responsable ejecutora y como causadas en la sentencia de primera instancia, no pueden constituir conceptos de violación contra la sentencia reclamada de segunda instancia, por más que de esas inconformidades deduzca el quejoso agravios contra el tribunal superior señalado como responsable ordenadora, pues no es lo procedente impugnar una sentencia de segunda instancia a través de alegadas violaciones atribuidas a la de primera, sino directamente a base de impugnar las consideraciones de la sentencia reclamada de la responsable ordenadora". En lo relativo al segundo de los motivos de disenso formulados por la quejosa, cabe decir que es infundado, cuando señala que no existe fundamento legal que faculte al juzgador a no tramitar el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la actuación de veinticuatro de junio de dos mil veinte, pues por el contrario el numeral 310 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece en forma clara que los autos que ordenen la interrupción y suspensión del procedimiento -como en el caso concreto- y los que ordenen que se levanten, serán apelables en efecto devolutivo, sin que dicho precepto establezca si la mencionada tramitación deba analizarse cuando este o no concluido el juicio de origen. Por lo cual se reitera que la disposición legal antes citada no establece condición alguna para la procedencia del recurso de apelación en el sentido de si la misma debe realizarse durante la tramitación del jico o cuando ya este concluido, como erróneamente lo señala la parte quejosa, de ahí que en el caso particular haya lugar a reiterar lo infundado del concepto de violación en análisis. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Timi Adriana Palma Rodríguez, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Timi Adriana Palma Rodríguez, en contra del acto que reclamó del Juez Interino del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite la autoridad responsable Juez Segundo Interino de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que a fecha actual, continua la suspensión del procedimiento relativo al juicio especial hipotecario 295/2004, con motivo del auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte. Acuerdo. En atención a lo anterior, se tiene a la autoridad referida por dando cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano federal en auto de once de octubre de dos mil veintiuno. Se deja sin efectos apercibimiento. Finalmente, en tales condiciones, deja sin efectos el apercibimiento decretado por este Juzgado Federal en el auto previamente indicado. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún está transcurriendo el término concedido mediante proveído de once de octubre del presente año a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se requirieron las constancias referidas a la suspensión del procedimiento relativo al juicio especial hipotecario 295/2004, con motivo del auto de veinticuatro de junio de dos mil veinte; lo anterior para los efectos legales correspondientes. Diferimiento. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificación. Notifíquese.

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