Tila del Rosario Pérez Ramos
Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Tila del Rosario Pérez Ramos
- Lorena de Jesús Ortega Gómez
- Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.
- Principal
mesa 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el catorce de octubre de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a 1) Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez, 2) Tila del Rosario Pérez Campos, 3) Lorena de Jesús Ortega Gómez y 4) Andrés Pérez Campos; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con residencia en Paraíso, Tabasco, el original del disco versátil digital qe contiene el acta mínima de audiencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno dictada en el cuadernillo 07/2019, de su índice, mismo que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 493/2021-6, promovido por 1) Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez, 2) Tila del Rosario Pérez Campos, 3) Lorena de Jesús Ortega Gómez y 4) Andrés Pérez Campos, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, en donde 1) Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez, 2) Tila del Rosario Pérez Campos, 3) Lorena de Jesús Ortega Gómez y 4) Andrés Pérez Campos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS ".a).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, IDENTIFICADA CON EL NUMERO 1, DEL INCISO A), reclamo lo siguiente:- 1).- La ilegal Restitución del Bien Inmueble, -motivo de la litis natural-, efectuada por la Autoridad Responsable dentro del Cuadernillo Penal 7/2019, en la audiencia de fecha 22 de abril de 2021, relativa al Control Judicial peticionado por la Fiscalía, con sede en Paraíso, Tabasco, violando con ello nuestros Derechos Humanos, el Principio de Contradicción, el Principio de Igualdad de las Partes y el de Deber Legal de Investigación, pues a pesar de no existir elementos suficientes (datos de pruebas, actos y/o registros de investigación, etc.), que justificara la determinación del Juzgador Natural. (.) II).- La indebida e incorrecta valoración otorgada a los datos de prueba y/o actos de investigación y/o registros de investigación, efectuada por la Autoridad Responsable dentro del Cuadernillo Penal 7/2019, en la audiencia de fecha 22 de abril de 2021, relativa al Control Judicial de Restitución de Inmueble peticionado por la Fiscalía, con sede en Paraíso, Tabasco, violando con ello nuestros Derechos Humanos, el Principio de Contradicción, el Principio de Igualdad de las Partes y el de Deber Legal de Investigación, pues a pesar de no existir elementos suficientes (datos de pruebas, actos y/o registros de investigación, etc.), que justificara la determinación del Juzgador Natural, éste de manera arbitraria e ilegal, decretó y/u ordenó restituir el bien inmueble que veníamos poseyendo los suscritos quejosos, aun y cuando se verbalizaron sendas contradicciones y discrepancias en los antecedentes de investigación verbalizados por parte de la Fiscalía. (.) b).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, IDENTIFICADA CON EL NUMERAL 2, DEL INCISO A), reclamo lo siguiente.- I).- la falta del deber de objetividad y debida diligencia por parte de la Fiscalía dentro de los autos de la carpeta de investigación CI-PRJ-207/2019, esto es, que la Autoridad Responsable, al tener como una obligación procesal el deber que la investigación sea objetiva y deba referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso, únicamente la Responsable Investigadora, recepcionó elementos de cargo, mas no de descargo, es decir, sin haber realizado una investigación objetiva, exhaustiva, imparcial, profesional y eficiente, para los efectos cerciorarse que los hechos denunciados en la carpeta de investigación hayan ocurrido en el tiempo, modo, forma y circunstancias referidas por la parte que se dice víctima, denotando con ello cierta parcialidad hacia la parte Victima u Ofendida, por lo que dicho proceder, trae como consecuencia la violación flagrante a los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado A fracciones I, V y X, Apartado B fracciones I y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 6, 10, 11, 57, 62, 91, 113 fracciones I y IX, 129, 131 fracciones I y XXIII, 212, 213, 214, 262 del Código Nacional de Procedimientos Penales." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Cinco, con sede en Paraíso, Tabasco. 2 Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Carpetas del Centro de Procuración de Justicia del Municipio de Paraíso, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Previo requerimiento, el cuatro de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 493/2021-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Mediante diligencia de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, compareció de manera voluntaria a las instalaciones de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, César Ramírez Hernández, en su carácter de apoderado legal del tercero interesado Jorge Amílcar Olán Aparicio. Posteriormente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: La resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez de Control de la Región Judicial Cinco de Paraíso, Tabasco, en el cuadernillo 7/2019, relativa a la audiencia pública de restitución de bien inmueble. La omisión de realizar una investigación objetiva, exhaustiva, imparcial y eficiente, dentro de la carpeta de investigación CI-PR-I-207/2019. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez de Control de la Región Cinco de Paraíso, Tabasco, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con las constancias que anexó a su informe de ley consistente en copia certificada del acta mínima de la audiencia de restitución de bien inmueble, de veintidós de abril de dos mil veintiuno, dentro del cuadernillo 07/2019, iniciado a Andrés Pérez y/o León Campos, Estela y/o Estelita Rodríguez Gómez, Lorena de Jesús Ortega Gómez y Tila del Rosario Pérez Campos, por el delito de despojo, cometido en agravio de Jorge Amílcar Olán Aparicio, la cual obra agregada en autos, y un disco versátil digital "DVD", el cual contiene registro de audio y video de la referida audiencia, y a las que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Con relación a la justipreciación de las videograbaciones indicadas, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por su parte, la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, fue omisa en rendir su informe justificado no obstante estar debidamente notificada según consta de la constancia de notificación que obra agregada al presente juicio; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del acto que le reclama la parte quejosa a la citada responsable. En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por los quejosos, se encuentra plenamente probado. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia del texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. AUDIENCIA DE RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE. De la reproducción de la videograbación proporcionada por la responsable, se desprende que el veintidós de abril de dos mil veintiuno, a las doce horas con trece minutos, el Juez de Control de la Región Judicial Número Cinco de Paraíso, Tabasco llevó a cabo la audiencia de referencia en el cuadernillo 7/2019. De ella se obtiene que: Fueron identificadas las partes comparecientes (fiscales, asesor jurídico público en representación de la víctima, imputados y sus defensores particulares); Los investigados fueron informados sobre sus derechos fundamentales; quienes a su vez designaron a su defensor particular, y éste aceptó y protestó el cargo conferido; Previa solicitud (doce horas con cuarenta y nueve minutos y siguientes), la fiscal solicitó la restitución del bien inmueble propiedad de la víctima (tercero interesado) Jorge Amílcar Olán Aparicio, en virtud de la existencia de una investigación, dentro de la carpeta CI-PR-207/2019, por los hechos que la ley establece como el delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos 198 fracción II, en relación al 199 del Código Penal vigente en el Estado, enunciando los datos de prueba con que cuenta dicha carpeta de investigación, verbalizándolos de la siguiente manera: Denuncia de Jorge Amílcar Olán Aparicio, realizada mediante escrito de doce de febrero de dos mil diecinueve, ratificada el trece siguiente. Documental pública, consistente en la escritura pública número 26,902 pasada ante la fe de la Notaría Pública Número 01, de Comalcalco, Tabasco, de fecha siete de diciembre de dos mil dieciocho, que contiene el acto de compraventa, realizado entre los vendedores Salvador Juárez López y Josefina López Izquierdo, y el comprador Jorge Amílcar Olán Aparicio, del inmueble que cuenta con una superficie de dieciocho hectáreas, seis áreas y treinta y dos centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias, al norte cuenta con 530 metros con la carretera vecinal al Ejido Puerto Ceiba-carrizal; al sur con 510 metros, con la propiedad del señor Mauricio Tejeda Santos; al este cuenta con 455 metros con propiedad de Daniel Rodríguez Angula, y al oeste con 455 metros con propiedad de Rafael Pérez Ocharán. Las entrevistas de Ricardo Hernández Galmiche y Jorge Pérez Arango, de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve. La pericial en topografía y avalúo comercial, realizado por el ingeniero Juan Carlos Ovando Pérez, a través del oficio 5521/2019, de ocho de marzo de dos mil diecinueve, quien refiere que se constituyó en el inmueble el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el cual se encuentra ubicado en la Carretera Vecinal del Ejido Puerto Ceiba-Carrizal de Paraíso, Tabasco, adjuntando el plano y estableciendo medidas y colindancias. Informe de investigación signado por el policía Uriel Gerónimo Hernández, a través del oficio número UPI-39/2019, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el cual adjunta la inspección ocular del predio motivo del presente asunto, ubicado en la Carretera Vecinal del Ejido Puerto Ceiba-Carrizal de Paraíso, Tabasco. Luego, el juez responsable concedió el uso de la voz a la defensa, quien realizó sus manifestaciones defensivas, respecto de la petición de la fiscalía y de la asesoría particular, solicitando que no se concediera la restitución del inmueble solicitado. Posteriormente, el Fiscal del Ministerio Público realizó diversas manifestaciones, respecto a lo manifestado por la defensa, argumentando que no le asistía la razón. Finalmente, (trece horas con treinta y siete minutos y siguientes), el juez cerró el debate y procedió a resolver, realizando sus manifestaciones con las cuales fundó y motivó su resolución, indicando que se encontraban cumplidos los requisitos que establece el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenando a partir de ese momento la restitución provisional del inmueble ubicado en el Ejido Puerto Ceiba-Carrizal de Paraíso, Tabasco, que se encuentra identificado con los linderos y colindancias especificadas en la escritura pública de compraventa 26,902, a favor de Jorge Amílcar Olán Aparicio. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, mismos que se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil diez, Novena Época, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese tenor, la parte quejosa aduce lo siguiente: Al respecto sustancialmente refieren que la resolución impugnada viola en su perjuicio los derechos humanos fundamentales establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ordenarse la restitución del bien inmueble materia del presente asunto que aducen poseían, en favor de Jorge Amílcar Olán Aparicio, a pesar de que no existían elementos suficientes, ni datos de pruebas que justificaran dicha determinación. De igual forma, manifiestan que la resolución reclamada es violatoria de garantías, pues el juez responsable realizó una indebida e incorrecta valoración de los datos de prueba, violando con ello los derechos humanos y los principios de contradicción, de igualdad de las partes y del deber legal de investigación, al ordenar en favor de Jorge Amílcar Olán Aparicio, la restitución del bien inmueble materia del presente asunto. De la misma manera, aducen que les causa agravio la falta de objetividad y la debida diligencia por parte de Fiscalía del Ministerio Público, dentro de los autos de la carpeta de investigación CI-PRI-207/2019, toda vez que manifiestan no realizó una investigación objetiva, exhaustiva, imparcial, profesional y eficiente, a fin de garantizar el derecho de las partes y el debido proceso. Esta juzgadora considera que dichos argumentos resultan infundados, por las consideraciones que a continuación se expondrán, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que debe suplirse la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En ese contexto, conforme a la técnica del juicio de amparo, se estima que para estar en aptitud de apreciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe verificarse si cumple con los previsto en el artículo 16, en sus párrafos primero y décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. De la lectura de este numeral se advierte, en principio, que en éste se tutelan diversos derechos fundamentales de todo sujeto que se someta al orden jurídico de los Estados Unidos Mexicanos tendentes a velar por su seguridad jurídica y a impedir la actuación arbitraria de los órganos del Estado, exigiendo a éstos que cualquier acto de molestia que trascienda a la esfera jurídica de aquéllos deba encontrar sustento en una causa legal y, además, plasmarse por escrito proveniente de la autoridad a la que el propio marco jurídico la faculte para emitir o ejecutar el acto respectivo. Incluso, la lectura detenida de este párrafo del artículo 16 constitucional revela diversos requisitos que deben cumplir las autoridades cuando mediante un acto dirigido a determinado o determinados sujetos de derecho pretendan afectar su esfera jurídica, principalmente: 1. Todo acto de autoridad que implique una molestia para algún gobernado debe constar por escrito. 2. El escrito respectivo debe encontrarse suscrito por el responsable de su emisión. 3. El órgano uni o pluripersonal responsable de la emisión de cualquier acto de autoridad debe tener incorporada en su esfera jurídica la facultad para expedirlo. 4. El documento en el que conste un acto de autoridad debe contener citados los preceptos legales en los que se otorgue a su emisor la facultad para dictarlo. 5. El documento en el que conste un acto de esa naturaleza debe contener citados los preceptos legales en los que se prevea la consecuencia de la actualización del supuesto en el que se ubica el destinatario de dicho acto. 6. En el documento en el que se plasme el respectivo acto de autoridad se deben expresar las circunstancias advertidas que en el caso concreto ubican al destinatario de aquél en el supuesto normativo al que se refieren las disposiciones citadas en el escrito respectivo. Por otra parte, el transcrito artículo constitucional establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Luego, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se observa que en el sistema penal acusatorio y oral adversarial el Fiscal es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, ya que todas realizan actos de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], pues: 1) La investigación se judicializó [el Agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación], es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes [donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen], todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control [quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral], pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) La relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) Todos los actos de investigación que realizan las partes son analizados ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación como son: la cadena de custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito; así como el registro, custodia y disposiciones de los bienes asegurados, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en le etapa de investigación inicial o complementaria. Por su parte, el artículo 133, fracción I, 109, fracciones XIX y XXIII, así como el diverso numeral 111, relativos a los derechos de la víctima u ofendido, del Código Nacional de Procedimiento Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XIX. A solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares; [.] XXIII. A ser restituido en sus derechos, cuando éstos estén acreditados; Artículo 111. Restablecimiento de las cosas al estado previo En cualquier estado del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al Órgano jurisdiccional, ordene como medida provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo." En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial o complementaria, entre otras, al restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, y en su caso resolver sobre la procedencia para la devolución o no del objeto asegurado, siempre que haya suficientes elementos para ello. Ciertamente, los artículos invocados con antelación autorizan que la víctima u ofendido puedan solicitar una medida cautelar dentro del procedimiento para la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, la cual puede ser formulada en cualquier etapa del proceso, bajo la condicionante de que la naturaleza del hecho lo permita y existan elementos bastantes para sustentar la decisión. Los elementos de la medida provisional de restitución a que aducen los dispositivos legales en comento, son: Petición de la víctima u ofendido, en cualquier etapa del procedimiento. Que la naturaleza del hecho lo permita. La existencia de elementos bastantes para sustentar la decisión. Ahora, en la audiencia de veintidós de abril de dos mil veintiuno [restitución de inmueble], se acredita (1) el primer elemento de la medida provisional [que fue solicitada por la víctima]. (2) El segundo elemento, también se encuentra demostrado, tal y como lo señala el Juez responsable, porque el hecho denunciado es el despojo del inmueble y dada su naturaleza sí es posible restituir tal derecho. (3) El tercer elemento, también se encuentra acreditado, ya que existen elementos suficientes para sustentar tal decisión. Lo anterior, como lo determinó el Juez Control responsable, ya que existe una escritura pública número 26,902 pasada ante la fe de la Notaría Pública Número 01, de Comalcalco, Tabasco, de siete de diciembre de dos mil dieciocho, que contiene el acto de compraventa, realizado entre los vendedores Salvador Juárez López y Josefina López Izquierdo, y el comprador (tercero interesado) Jorge Amílcar Olán Aparicio, del inmueble que cuenta con una superficie de dieciocho hectáreas, seis áreas y treinta y dos centiáreas, con las siguientes medidas y colindancias, al norte cuenta con 530 metros con la carretera vecinal al Ejido Puerto Ceiba-carrizal; al sur con 510 metros, con la propiedad del señor Mauricio Tejeda Santos; al este cuenta con 455 metros con propiedad de Daniel Rodríguez Angula, y al oeste con 455 metros con propiedad de Rafael Pérez Ocharán. Además, de la existencia de una investigación, dentro de la carpeta CI-PR-207/2019, por los hechos que la ley establece como el delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos 198 fracción II, en relación al 199 del Código Penal vigente en el Estado, en contra de los aquí quejosos 1) Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez, 2) Tila del Rosario Pérez Campos, 3) Lorena de Jesús Ortega Gómez y 4) Andrés Pérez Campos, cometido en agravio de la víctima Jorge Amílcar Olán Aparicio (tercero interesado). De igual forma, lo robustece con la pericial en topografía y avalúo comercial, realizado por el ingeniero Juan Carlos Ovando Pérez, a través del oficio 5521/2019, de ocho de marzo de dos mil diecinueve, quien refiere que se constituyó en el inmueble propiedad del tercero interesado Jorge Amílcar Olán Aparicio, el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, el cual se encuentra ubicado en la Carretera Vecinal del Ejido Puerto Ceiba-Carrizal de Paraíso, Tabasco, adjuntando el plano y estableciendo las medidas y colindancias con las que cuenta dicho predio. Asimismo, se encuentran las entrevistas de Ricardo Hernández Galmiche y Jorge Pérez Arango, de fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, quienes aducen ser las personas que se constituyeron en el predio materia del presente asunto, a fin de hacer tareas de limpieza y emparejamiento, quienes le informaron a la víctima Jorge Amílcar Olán Aparicio, que en el momento que se encontraban realizando dichas labores en el terreno, de forma violenta e intimidante llegaron los aquí quejosos 1) Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez, 2) Tila del Rosario Pérez Campos, 3) Lorena de Jesús Ortega Gómez y 4) Andrés Pérez Campos, acompañados de aproximadamente unas ciento cincuenta personas más, quienes les manifestaron que dicho predio es de su propiedad, por lo que con lujo de violencia y a empujones fueron retirados de ese lugar, impidiéndoles el acceso para continuar con las labores de limpieza. Finalmente, existe el informe de investigación signado por el policía Uriel Gerónimo Hernández, a través del oficio número UPI-39/2019, de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, en el cual adjunta la inspección ocular del predio motivo del presente asunto, ubicado en la Carretera Vecinal del Ejido Puerto Ceiba-Carrizal de Paraíso, Tabasco, el cual se advierte es propiedad de la víctima Jorge Amílcar Olán Aparicio. En razón de lo anterior, de manera fundada y motivada el Juez señaló que al existir un instrumento notarial del cual se advierte un acto de compraventa realizado por los vendedores Salvador Juárez López y Josefina López Izquierdo, y el comprador (aquí tercero interesado) Jorge Amílcar Olán Aparicio, del inmueble materia del presente asunto, así como una carpeta de investigación CI-PR-207/2019, por la posible comisión del hecho que la ley establece como el delito de despojo, previsto y sancionado en los artículos 198 fracción II, en relación al 199 del Código Penal vigente en el Estado, en contra de los aquí quejosos, además de la pericial en topografía y avalúo comercial, realizado por el ingeniero Juan Carlos Ovando Pérez, en el cual se establecen las medidas y colindancias de dicho predio, así como las entrevistas de Ricardo Hernández Galmiche y Jorge Pérez Arango, quienes manifestaron ser las personas que se constituyeron en el predio materia del presente asunto, a fin de hacer tareas de limpieza y emparejamiento, mismos que fueron sacados de esa propiedad a empujones con lujo de violencia, por los aquí quejosos, quienes iban acompañados de más de ciento cincuenta personas, es que estima que esos elementos son suficientes para sustentar y declarar procedente la restitución del bien inmueble de que se trata a favor de la víctima en la causa. Por tanto, se considera que la determinación adoptada por la autoridad responsable está fundada y motivada, ya que contrario a lo que argumentan los quejosos en sus sintetizados conceptos de violación, la autoridad responsable acertadamente concedió a la víctima u ofendido [tercero interesado] la restitución provisional de su bien inmueble, como lo establece el artículo 109, fracciones XIX y XXIII, así como el diverso numeral 111, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales en comento; por tanto, la causa legal del proceder de la autoridad responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, de acuerdo a los establecido en el artículo 16, párrafos primero y décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis aislada I.4o.P.6 P, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 472, Materia Penal, de la Novena Época, con número de Registro 200955, que dice: "OFENDIDO. DEBEN RESTITUIRSELE SUS DERECHOS O BIENES OBJETO DEL DELITO, UNA VEZ QUE QUEDEN COMPROBADOS LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y QUE SE ENCUENTREN PLENAMENTE ACREDITADOS TALES DERECHOS DURANTE EL PROCESO Y NO NECESARIAMENTE HASTA QUE SE PRONUNCIE SENTENCIA. Atento al texto del artículo 28 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establece que todo tribunal o Juez, cuando estén comprobados los elementos del tipo penal, dictarán oportunamente las providencias necesarias para restituir al ofendido en sus derechos que estén plenamente justificados, no significa dictar providencias para resguardar y asegurar los derechos o bienes objeto del delito hasta que se acredite en la sentencia la culpabilidad del indiciado, sino que tal restitución procede una vez que se encuentran comprobados los elementos del tipo penal, circunstancia esta que se surte desde que se libra la orden de aprehensión, siempre y cuando el ofendido acredite la legitimidad de tales bienes; sostener lo contrario, implica una clara violación a la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal." De igual forma, el actuar del Fiscal responsable se encuentra ajustado a derecho, pues contrario a lo que aducen los impetrantes sí realizó los actos de investigación de manera objetiva, profesional y eficiente, recabando los datos de prueba idóneos y suficientes, con los cuales el juez responsable determinó que se encontraban cumplidos los requisitos que establece el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenando la restitución provisional del inmueble materia del presente asunto a la víctima u ofendido Jorge Amílcar Olán Aparicio. A mayor abundamiento, es dable señalar que la restitución del inmueble es de carácter provisional, porque es vigente hasta en tanto quede firme la sentencia que, en su caso, llegue a dictar el juzgado responsable, y en el supuesto que se le llegara a dictar sentencia absolutoria a los ahora imputados (quejosos), esa restitución provisional deja de tener efectos. En conclusión, se estima correcta la determinación de la autoridad judicial responsable, toda vez que la restitución del inmueble es un acto de molestia que está fundado y motivado, por lo que no resulta violatorio de derechos fundamentales. En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación señalados por los quejosos sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de la materia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Finalmente, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercero interesada, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a 1) Estelita Gómez Rodríguez y/o Estela Gómez Rodríguez, 2) Tila del Rosario Pérez Campos, 3) Lorena de Jesús Ortega Gómez y 4) Andrés Pérez Campos, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el resultando primero; por las consideraciones establecidas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; de la certificación de cuenta se advierte que mediante proveído de nueve de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Paraíso, Tabasco, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de ocho días para que las partes se impongan de su contenido se encuentra transcurriendo. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo, signado por la Juez de Control de la Región Judicial Cinco, con sede en Paraíso, Tabasco, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado, remite copia certificada del cuadernillo 07/2019, de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada constantes de un tomo y déjense a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Finalmente, con motivo de las vistas otorgadas a las partes con las constancias remitidas por las citadas responsables, y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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