Tiburcia Hernández Vázquez
Expediente 18/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Tiburcia Hernández Vázquez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y de los que se advierte que ha transcurrido el término para que las parte se interpusieran del auto mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que el auto de mérito, HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Se declara que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En consecuencia, dése vista a las partes con el informe de mérito, y anexo que se acompaña, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada legible de las constancias que se indican. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el ocho de los corrientes, y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración.
- Principal
téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 18/2016-G, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. En atención a lo expuesto en el párrafo que antecede, con apoyo en lo establecido por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, 2°, 3°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, de que se trata. Por tanto, dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Atento lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Asimismo, con apoyo en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder en relación al acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o bien, de no remitir las constancias necesarias, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, en relación con los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Además, hágase del conocimiento de las partes, que en términos del ordinal 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar de inmediato a este órgano de control constitucional si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causal de sobreseimiento a que se refiere el artículo 63 de la referida ley, debiendo exhibir las constancias que la acrediten, en el entendido que de no cumplir con dicha obligación, de conformidad con el artículo 251, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación, se impondrá a la omisa una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. De igual forma, y para mejor proveer, requiérase a las autoridades responsables para que informen si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos; lo anterior, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, este juzgado les impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en el artículo 259, de la Ley de la Materia, en concordancia con los numerales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda. También, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo leyes antes invocado, esto es, con todas las facultades que el mismo confiere a las personas señaladas en el libelo de cuenta, en atención a que se trata de un asunto en materia laboral donde la quejosa es la trabajadora y no es necesario acreditar tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 119, de la Ley de la Materia, se tienen como pruebas las que así oferta en su escrito de cuenta, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, y sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis número I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en lo conducente y pertinente, dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión." En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de la Materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Con fundamento en los artículos 1° al 9°, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Finalmente, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Y una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo:
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