Thuan Ngueyen Van
Expediente 1204/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1204/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Thuan Ngueyen Van
- Nho Ngueyen Van
Actuaciones
- Principal
Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta remitidos por: - El secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por medio del cual devuelve parcialmente diligenciado el exhorto 1074/2023-IV (orden 1081/2023), del índice de este órgano jurisdiccional, que dio origen al diverso 944/2023-II (orden 863/2023- II), del consecutivo del juzgado exhortado; ante ello, dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para los efectos estadísticos correspondientes; sin que haya necesidad de acusar de recibo dada la naturaleza de su remisión. - El encargado del Despacho del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, por medio del cual rinde su informe en relación con la suspensión de plano y de oficio concedida. Ahora bien, atento a su contenido, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto, este órgano jurisdiccional sea informado de la determinación que en su caso emita el Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, al que por razón de turno correspondió conocer de la incompetencia planteada en auto de veintiséis de septiembre pasado.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por **************, en representación de los directos quejosos **********************, contra actos del Representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California y otros, regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. bajo el número 1204/2023. Ahora, no pasa inadvertido, que la demanda se recibió de manera electrónica; sin embargo, carece de firma autógrafa y electrónica correspondiente al quejoso; empero; al tratarse de actos prohibidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, este juzgado se pronuncia al respecto de conformidad con el último párrafo del artículo 3 de dicho ordenamiento. Apoya lo anterior por identidad jurídica la tesis I.1o.P.3 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro 2023739, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA FIREL DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA DE INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P.J. 8/2019 10." Incompetencia. Es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi- instancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez de Distrito, ante el que se haya promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda de amparo, se obtiene que el peticionario del amparo, reclama en esta instancia como actos destacados: «IV.ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: "1) Reclamo DETENCIÓN FUERA DE PROCEDIMIENTO de los quejosos en particular, basada en criterios discriminatorios, expresamente prohibidos por el artículo 1° de la constitución política de los estados unidos mexicanos con fines de deportación, lo que se traduce en la privación ilegal de libertad por ser migrante. 2) La INCOMUNICACIÓN. Por retención en el aeropuerto. 3) EL TRASLADO de estación migratoria con fines de expulsión. 4) La negación de liberar el oficio de salida de la estación migratoria. 5) Reclamo la inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de Ley de Migración en aplicación al precedente obligatorio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación; al resolver le en revisión 388/2022. 6) La negativa de devolver los documentos de identificación. 7) Actualmente detenido, retenido, bajo custodia, encarcelado, o como las responsables quieran denominar su condición legal, en la estación migratoria multicitada, alegando las mismas, que es una medida administrativa, tal vez formalmente, pero materialmente es una medida carcelaria. 8) La falta de fundamentación y motivación de la excesiva e inconstitucional garantía por el concepto de************************** que solicitan las responsables al quejoso, para poder salir amparados bajo el artículo 102 de la ley de migración. 9) El traslado a domicilio desconocido. 10) La falta de atención médica en el internamiento forzado en la estación migratoria." Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO. Actos que lo atribuye a las autoridades responsables Representante del Instituto Nacional de Migración, residente en Tijuana, Baja California y otras autoridades. Asimismo, de los actos reclamados, la parte quejosa, manifiesto bajo protesta de decir verdad, en la parte que interesa, lo siguiente: "El día 26 de septiembre del 2023, los *************************** abordaron un vuelo nacional, con destino a esta ciudad de Tijuana, B.C., sin embargo, a decir de los directamente agraviados, estos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por personal del Instituto Nacional de Migración en el aeropuerto en ciudad de Tijuana, B.C. por lo que fueron detenidos y posteriormente trasladados a la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, sin embargo, existe el temor fundado de que los Quejosos, sean trasladados de estación con fines de expulsión por tal motivo y en aras de garantizar los derechos humanos de las personas migrantes en nuestro país, y en atención a las manifestaciones de los hoy agraviados, estos fueron detenidos sin haber cometido en flagrancia delito alguno ni contar con orden de aprehensión, violentando de manera directa sus derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México es parte." De lo narrado y atento a la naturaleza de los actos reclamados, este juzgador estima que conllevan una ejecución material, que se está materializando en la ciudad de Tijuana, Baja California, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; de ahí, que se considera que resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por tanto, existen datos fundados de que los actos reclamados, fueron ejecutados fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en la ciudad de Tijuana, Baja California, resulta ser competente un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES». En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, debiendo atentamente informar si acepta o no la competencia declinada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido; fórmese cuaderno de antecedentes. Suspensión de Plano. Tomando en consideración que los actos que por esta vía se reclaman son: La incomunicación de la que están siendo objeto *************************. La detención sin haber llevado a cabo un procedimiento en el que se ordene de manera fundada y motivada la razón de la detención y retención. La retención, detención y/o privación de la libertad en la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California o lugar de detención o retención del Instituto Nacional de Migración sin haber cometido ninguna acción delictiva. El inminente traslado de estación migratoria con fines de expulsión. La negación de liberar el oficio de salida de la estación migratoria. La inaplicación de los artículos 97, 98, 99 y 11 de Ley de Migración en aplicación al precedente obligatorio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación; al resolver le en revisión 388/2022. La falta de atención médica en el internamiento forzado en la estación migratoria. Lo que evidencia que respecto del primero al cuarto y quinto supuesto, se ubica en la hipótesis para proveer sobre la suspensión de oficio y de plano previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo; por tanto, se decreta de oficio y de plano la suspensión respecto al acto reclamado consistente en la incomunicación, para el efecto de que cese la misma contra los directos quejosos **************************, y cualquier acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y 22 constitucional, que afecte o pudiera afectarles su integridad personal, debiendo acatar esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Asimismo, deberán permitir a los directos quejosos dar aviso a sus familiares o a su abogado, permitiéndole la comunicación con ésta en la forma en la que lo determinan las autoridades de conformidad con los procedimientos administrativos reglamentarios aplicables al caso y con las medidas de seguridad que estimen pertinentes, ya que no es desconocido para esta juzgador la actual contingencia sanitaria. Asimismo, hágase del conocimiento que si la privación de la libertad que puede ser objeto los directos quejosos ******************** se debe a que se encuentren sujetas a un procedimiento judicial o en cumplimiento a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, ésta la deberán cumplir conforme a lo establecido en dicho procedimiento; en el cual no tenga derecho a obtener su libertad o en su defecto, esté condicionado a la exhibición de alguna garantía. De igual forma, se informa a las responsables que si la detención es ordenada y ejecutada por autoridades administrativas con motivo de la comisión de algún delito, las agraviadas deberán ser inmediatamente remitidas al agente del Ministerio Público que corresponda. En caso contrario, deberá dejárseles en libertad de inmediato, precisando la fecha y hora exactas de la detención y/o, en su caso, ponerlas a disposición ante el agente del Ministerio Público; si el acto reclamado emana de algún agente del Ministerio Público, la parte quejosa podrá ser retenida hasta por cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que fue puesta a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por autoridad judicial, ni se trate de flagrancia o urgencia, el agente del Ministerio Público, deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la investigación correspondiente. La suspensión que se concede respecto de los actos reclamados reseñados en líneas que anteceden, es para que cesen de manera inmediata; en ese sentido, las impetrantes quedarán a disposición de este juzgado de Distrito, únicamente por cuanto hace a su libertad personal; hágase del conocimiento de las partes que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad según dispone el artículo 237, fracción III, de la ley de la materia; delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de la responsable. Se ordena notificar la suspensión que se concede al encargado del lugar en que se dice se encuentran las agraviadas o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento lo represente o se sustituya en sus funciones. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emita las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento. Por otro lado, respecto a la falta de atención médica a los quejosos ******************** con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE ESE ACTO RECLAMADO, para el efecto de que cesen los mismos, y las autoridades responsables, previa la valoración médica y de advertirse datos que pongan en peligro la vida y la salud de los directos quejosos, les asignen de manera urgente la atención medica correspondiente y que así determinen, en atención a sus padecimientos. Debiendo acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencias de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Se apercibe a las autoridades antes referidas de que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.12o.A.8 K, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1289, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, A CUALQUIER AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SEA PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Por la propia naturaleza que como medida precautoria tiene la suspensión del acto reclamado dentro del contexto protector de garantías constitucionales que se concreta mediante el juicio de amparo, medida que persigue preservar la materia del juicio y proteger los intereses de la parte quejosa hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva de fondo correspondiente, haciendo prevalecer la situación jurídica existente hasta antes de la emisión del acto reclamado para proteger los derechos fundamentales cuya eficaz protección se impetra, es perfectamente válido considerar que el Juez de Distrito, una vez determinada la procedencia de su concesión, para lograr el objetivo que con ella se pretende, puede requerir a cualquier autoridad, independientemente de que haya participado en el juicio de garantías o no, para que realice los actos conducentes a tal finalidad o, en su caso, omita aquellos que pudieran hacer nugatoria la concesión de la protección constitucional que en su caso llegara a decretarse, por haber sido irreparablemente consumado el acto reclamado." Ahora, en atención a que los actos reclamados consistentes en el traslado de estación migratoria con fines de expulsión, está previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 126 y 160 de la legislación de la materia, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL MISMO, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE EJECUTE, y para que cesen todos los actos tendentes a ejecutar el traslado con fines de expulsión, sin perjuicio de que, en su caso, sean puestos a disposición de la autoridad de migración correspondiente en el lugar que designe para su estancia, caso en el cual, la suspensión también tendrá el efecto de que las interesadas queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano de control constitucional; solo en cuanto se refiere a su libertad personal. Debiendo las autoridades responsables informar en un término no mayor a veinticuatro horas el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidas de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo. De igual forma, se les requiere a las responsables que deberán rendir de forma inmediata su informe solicitado, debiendo acompañar las constancias que lo sustenten y dentro de los mismos, señalen de manera precisa, si por las quejosas existe o ha existido algún procedimiento con fines de deportación que este en trámite o haya sido resuelto y en su caso, remitan las constancias con las que acrediten su dicho, apercibidas de no hacerlo serán acreedoras a una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Al caso se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, Segunda Parte-2 (enero a Junio de 1989), página 951, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA". Resulta importante acotar que la suspensión de plano concedida es para que no se lleve a cabo en perjuicio de las quejosas actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, como es la expulsión en la inteligencia de que tal medida cautelar también se traduce en la posibilidad de que se le respete su libertad de libre tránsito, pero no dejarlo en libertad si se encuentran sujetas a algún proceso penal. La suspensión concedida no surte efectos tratándose de actos posteriores a su concesión, o si el acto reclamado procede de autoridades distintas de las señaladas como responsables, sino únicamente que cesen los efectos de la expulsión de que podrían ser objeto los quejosos. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida cautelar entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece dicho precepto legal. En acatamiento a lo preceptuado en el dispositivo 126 de la Ley de Amparo, comuníquese sin demora a las autoridades responsables la concesión de la medida cautelar antes decretada para su inmediato cumplimiento. Asimismo, se apercibe a las autoridades responsables que si se niegan a recibir el oficio librado en el presente juicio, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 28, fracción I, 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme lo dispone el artículo 266, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional para los efectos de su competencia. De igual forma, se hace de su conocimiento que en caso de considerar necesaria la remisión de alguno de sus informes vía correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, a la siguiente dirección: 5jdo2cto@correo.cjf.gob.mx; cuya confirmación podrá realizarse por la misma vía, o en la extensión en cita 2251. Ahora bien, toda vez que el promovente afirma que los directos quejosos********************, están privadas de su libertad en la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California, con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, proceda a cerciore si los directos quejosos********************se encuentran retenidas en el interior de la Estación Migratoria de la ciudad de Tijuana, Baja California, de ser así, dé fe de la incomunicación que dicen ser víctimas y cuál es la autoridad responsable que realiza la referida conducta, así como de su estado físico; de igual forma, les haga de su conocimiento en forma personal, el contenido íntegro de este auto y haga entrega de los oficios correspondientes a las autoridades responsables a fin de dar cabal cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada. A fin de pueda realizarse lo anterior, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita días y horas inhábiles al Juez exhortado para tal efecto, así como para que dentro de sus atribuciones dicte las determinaciones tendientes a la realización de la diligencia solicitada. Con la atenta suplica, que una vez realizada la diligencia solicitada por este Juzgador en el auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, proceda a su inmediata devolución a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- Teresa Velez Trejo811/2017
- Teresita Tello Belgara882/2020
- Thalia Areli Hernández García914/2017
- Thalía Constanza López Bandala1314/2018
- Thelma Patricia Ochoa Herrera1326/2021
- Thelma Patricia Ochoa Herrera1304/2021
- Tiburcio López Rangel207/2020
- Timoteo Flores Cruz1222/2019
- Tobias Franco Montes953/2023
- Tobías Franco Montes1151/2023
- Tomas Caballero García1443/2017
- Tomas Díaz García1458/2017