Thelma Raquel Flores Estrada

Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
663/2019
Año
2019
Actuaciones
18
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Thelma Raquel Flores Estrada
  • Thelma Raquel Flores Estrada y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de seis de noviembre de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables que tiene su residencia fuera de esta ciudad, hayan sido notificadas del citado veredicto y no se haga el cómputo respectivo, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que se les reclamó. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en cuenta que: a) Se decretó el sobreseimiento. b) La naturaleza del acto reclamado en este juicio. c) No ser asunto considerado de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario y; d) No existen documentos originales. Por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, dos de diciembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ténganse por recibidos y únicamente glósense a sus autos para que obren como correspondan, los sobres devueltos por la administración postal de esta ciudad, relativos a los oficios 18543/2019, 18545/2019, 19722/2019, 19723/2019 y 19724/2019, los cuales están dirigidos a la Subdelegada Federal y los Delegados Locales de las terminales uno y dos del aeropuerto de la Ciudad de México, todos del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, toda vez que el pasado dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se decretaron como inexistentes en el presente juicio de garantías. Cúmplase. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, once de noviembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 151 suscrito por la Administración de Telecomunicaciones de México del Centro de Servicios Integrados, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el telegrama depositado el pasado treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dirigido al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, se encuentra en lista de rezago de dicha oficina, toda vez que no fue posible entregarlo, en virtud de que la autoridad no existe. En tal razón, se instruye a la actuaría adscrita para que reenvíe dicho comunicado vía ordinaria al domicilio ubicado en ********************. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    seis de noviembre de dos mil diecinueve Vistos para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo número 663/2019-II, promovido por Thelma Raquel Flores Estrada, por sí y en representación de sus menores hijos Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, contra actos de la Secretaria de Gobernación, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Thelma Raquel Flores Estrada, por sí y en representación de sus menores hijos Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, promovieron juicio de amparo indirecto en el que como autoridades responsables y acto reclamado, señalaron lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Secretaría de Gobernación. 2. Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Titular de la Oficina de Representación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Encargado de la Estancia Provisional Migratoria del Instituto Nacional de Migración dependiente de la Secretaría de Gobernación, Matamoros, Tamaulipas. Titular de la Estación Migratoria en la Ciudad de México. Subdelegada Federal del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México. Aeropuerto Internacional, terminal 1, puerta 10. Delegado Local del Instituto Nacional de Migración, Ciudad de México. Aeropuerto Internacional, terminal 2, sala k. Acto reclamado: "La orden y ejecución de deportación y/o expulsión del país y la ilegal privación de la libertada y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra del hoy quejoso." DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS 1. La Orden de Deportación y/o Expulsión, así como la Ilegal Privación de la Libertad y/o Ilegal Retención y/o Ilegal Detención en contra de las hoy quejosas. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS El cumplimiento de la orden de Deportación y/o Expulsión, así como la ilegal privación de la libertad y/o la ilegal retención y/o la ilegal detención en contra de la hoy quejosas." (sic). Segundo. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda en el libro de gobierno con el progresivo 663/2019-II que le correspondió; concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el expediente, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de garantías pues los quejosos señalan como acto reclamado la retención ilegal de su persona en la estación provisional migratoria ubicada en esta ciudad, lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción territorial; ello en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Fijación del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, relativo al mes de abril del dos mil, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, se tiene que el acto que los quejosos Thelma Raquel Flores Estrada, Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, reclaman consiste en: La orden de deportación, así como la ilegal retención de su persona. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. En relación a la orden de deportación y la ilegal retención de los impetrantes, las autoridades responsables denominadas Secretaría de Gobernación; Comisionado del Instituto Nacional de Migración; Directora de la Estación Migratoria, todos con sede en Ciudad de México; y Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad, (con excepción del último de los actos respecto a esta autoridad); al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Asimismo, la autoridad responsable denominada Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificada del oficio 16053/2019, por medio del cual se le requirió; sin embargo, sí rindió su informe en relación a la suspensión de plano otorgada a los quejosos Thelma Raquel Flores Estrada, Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, en el que se puede advertir que negó el acto que reclaman. En tales circunstancias, dicho informe produce los efectos que genera el informe justificado y se puede comprobar si existe o no lo reclamado por la parte quejosa, por lo que se tiene al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México negando el acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior, por las consideraciones que la informan, el contenido de la Tesis II.2º.P.25K (10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 1933 del Tomo III, Libro 42, del mes de Mayo de 2017, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2014261, que a la letra dice: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado. Los quejosos Thelma Raquel Flores Estrada, Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, no desvirtuaron esas negativas con pruebas en contrario; consecuentemente, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Al respecto tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza del actos reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la privación de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, pues aun cuando la Delegada Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, negó su existencia al momento de rendir su informe justificado, lo cierto es que los quejosos Thelma Raquel Flores Estrada, Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, al momento de presentarse la demanda se encontraban privados de su libertad por instrucciones de dicha responsable; esto es, dicha negativa se encuentra desvirtuada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Quinto. Causas de improcedencia. Lo conducente enseguida, es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo al artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es oportuno establecer que en el caso no será estudiada la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, dado que se actualiza una causa de improcedencia; amén de que, de conformidad con la técnica expositiva de las sentencias de amparo, resulta obligatorio para los tribunales de amparo ocuparse de las causas de improcedencia en atención al carácter de orden público que les asiste, ello, aun ante la existencia del acto que le es atribuido a una autoridad responsable En la especie, respecto al acto de reproche consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causa de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el artículo 77 de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Precisado lo anterior, en el caso, Thelma Raquel Flores Estrada, Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, en cumplimiento al auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, fueron puestos en libertad, circunstancia que por sí no genera la improcedencia del juicio, pero, atento a lo acordado el día nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 76 y 77), se tiene que los quejosos en mención dejaron de cumplir con las medidas de seguridad, sin que exista constancia de que la autoridad responsable haya tenido contacto nuevamente con ellos, pues se encuentran evadidos de su jurisdicción. Entonces, si Thelma Raquel Flores Estrada, Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores fueron puestos en libertad, y posteriormente dejaron de cumplir sin causa justificada con las obligaciones impuestas por este órgano jurisdiccional, y además, no se tiene noticia de que se encuentran internos en la estación migratoria, es evidente que la privación de la libertad que les aquejaba, cesó en sus efectos; ello sin soslayar que el acto reclamado, aun cuando existiera formalmente, no se podría ejecutar materialmente. En consecuencia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad traducida en la retención de los impetrantes en la Estación Migratoria en esta localidad, reprochado al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta localidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracciones IV y V, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo 663/2019-II promovido por Thelma Raquel Flores Estrada, por sí y en representación de sus menores hijos Anderson Ariel Banegas Flores, Carlos Andrés García Flores y Fernando José Cárcamo Flores, en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy seis de noviembre de dos mil diecinueve, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

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