Thelma Ramírez López

Expediente 438/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
438/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Thelma Ramírez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente Q.C. 256/2021, en la que dicho cuerpo colegiado declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la solicitante del amparo, en contra de la determinación de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ******, de lo que se toma conocimiento. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el oficio signado vía electrónica por el actuario judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo de las constancias que se remitieron con motivo del recurso de queja promovido por la quejosa -en contra del proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda-, mismo que se registró con el número R.Q.C. 256/2021, e informa que se admitió el citado medio de defensa; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por ************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, por el que se desechó de plano la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 99 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia del citado medio de impugnación, en el sentido de que efectivamente en la data mencionada, se dictó el proveído al que alude el recurrente; por lo tanto, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el ocurso original de agravios y copia certificada de todo lo actuado. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, póngase a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda el expediente electrónico; en ese sentido, se instruye al secretario del juzgado encargado del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día en que se haga la publicación de este auto, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA EL AUTO DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el ocurso presentado por la promovente del amparo, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintitrés de junio del año en curso. En ese sentido, vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio, presentados por ***** por derecho propio, contra actos del titular y del actuario, ambos del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos contenidos en los artículos 1°, 8, 14, 16 y 17 constitucionales, provéase lo que en derecho corresponda. Ahora, visto el contenido de la demanda de mérito, la misma debe desecharse. Lo anterior es así, ya que de su estudio integra, se advierte que el acto reclamado por la inconforme se hace consistir en lo siguiente: El auto de nueve de junio de la presente anualidad, dictado en la controversia del arrendamiento inmobiliario, expediente ****, del índice del Juzgado Sexagésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por *****, en contra de *** aquí quejosa. Cabe precisar que en dicha determinación, se hizo efectivo el apercibimiento formulado en diverso proveído de veintiocho de enero del mismo año, por lo cual se ordenó requerir a la aquí inconforme la entrega del inmueble materia de la litis, ubicado ******* en el entendido que de no hacerlo sería lanzada del mismo. Asimismo, la falta de notificación de la determinación señalada en segundo término. Por otra parte, de lo expuesto en la demanda bajo protesta de decir verdad, se deduce lo siguiente: La promovente es parte formal y material del juicio de donde derivan los actos reclamados, tan es así que tiene el carácter de demandada. Asimismo, de su narrativa se advierte que la impetrante se integró a la relación procesal a través de la contestación efectuada en el mismo, por lo que se puede válidamente colegir que tiene pleno conocimiento de las actuaciones ahí realizadas. No existe incertidumbre en cuanto a que el procedimiento de origen se encuentra en ejecución de sentencia. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. - - - Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; El primer numeral transcrito precisa que el juicio de amparo es improcedente cuando de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia, se derive una causal que así lo prevea. Por su parte, el segundo dispositivo establece de manera general que la vía constitucional que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Además, se puede advertir que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial en la fase de ejecución, establece un distingo entre: 1) Los actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y que afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada y, 2) Los actos de ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, son aquellos que cuentan con autonomía propia y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por lo tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución del procedimiento respectivo -definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo por ser en ésta en la que se materializará el agravio respectivo. Sentado lo procedente, en la especie el acto reclamado consistente en el proveído de nueve de junio de la presente anualidad, a través del cual se ordenó el lanzamiento de la quejosa del bien raíz destacado en párrafos precedentes, no encuadra en las hipótesis de procedencia del amparo contra actos dictados por la autoridad judicial después de concluido el juicio, pues las actuaciones reclamadas no constituyen la última de la fase de ejecución de sentencia -ya que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, menos aún ordena el archivo definitivo del expediente no es de naturaleza autónoma, ni afecta derechos sustantivos diversos de la cosa juzgada establecida en el procedimiento de origen. Esto es, la promovente al ser parte formal y material del juicio que se encuentra en la fase de ejecución, debe acatar lo resuelto en el fallo resolutivo, por lo cual el acto reclamado constituye una cuestión que no puede analizarse en el amparo indirecto de forma inmediata, ya que estimarlo de otro modo, su reclamo implícitamente impediría el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural. De ahí que el amparo indirecto sólo procederá si el acto reclamado goza de autonomía en relación con la ejecución de la condena decretada y afecte directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada o contra la última resolución dictada en esa fase, esto es, contra la que reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo convenido o la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, la inconforme debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento y por ello las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se emita el acto conclusivo de dicho procedimiento, momento en el que podrán impugnarse las cuestiones adjetivas surgidas durante esa fase, pues no podría aceptarse la procedencia de la instancia constitucional cada vez que las partes manifestaran oposición en contra de alguna decisión que se tomara durante ese trámite. Además, cabe precisar que de la demanda de amparo, no se desprende otro concepto de violación dirigido a evidenciar la afectación de derechos sustantivos generados por una cuestión diversa a la cosa juzgada. No obstante, como ya se precisó, el amparo que se promueva en contra de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia resulta improcedente cuando no se trata de la última resolución dictada en esa fase, en donde se podrán reclamar todas las demás violaciones que se hubieren cometido durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso previo acatamiento al principio de definitividad, por lo que las violaciones que aquí reclama deberá hacerlas valer hasta que se dicte el acto conclusivo de dicho asunto. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia anteriormente invocada, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. Determinación a la que se arriba en total observancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir la demanda de que se trata y darle el cauce legal correspondiente, ya que el inconforme no podría demostrar una cuestión diversa a la aquí analizada, esto es, que la determinación aquí impugnada no constituye la última resolución emitida en la fase de ejecución del sumario natural -lo cual crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las declaraciones respecto de su falsedad u omisión de datos-. Máxime que aún y cuando se llegaren a recabar los informes y constancias del juicio de origen, la conclusión a la que se arribaría luego de tenerlas a la vista, sería la misma, lo cual significaría un gasto tanto en recursos materiales como humanos innecesarios tanto para las partes como para el propio Estado.

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