Thelma Maricela Paredes Bess Oberto

Expediente 116/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
116/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2018

Partes del expediente

  • Thelma Maricela Paredes Bess Oberto

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual informa que ha causado estado el proveído por el que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; además, devuelve los autos del juicio de amparo, mismos que se le remitieron para la resolución del referido medio de impugnación. Consecuentemente, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior. Ahora bien, en razón de que la resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente. Finalmente, se precisa que en el caso ninguna de las partes allegó algún documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que amerite ser devuelto. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el ocurso signado por la quejosa; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 84, 86, 88, 89 y relativos de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión contra el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, toda vez que no existe en el presente juicio partes a las que debiere notificarse la interposición del recurso de revisión, remítanse los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que corresponda, para la substanciación del mencionado recurso. En la inteligencia de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso que nos ocupa. Con este acuerdo, escrito de expresión de agravios y constancias que se estimen necesarias, por separado fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase recibida la demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 116/2018; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado: El ilegal emplazamiento practicado en perjuicio de la promovente dentro del expediente 484/2017 del índice del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Querétaro. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Precisado lo anterior, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley invocada, impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En términos del numeral invocado con antelación, se estima que la demanda de amparo que presentó el justiciable es improcedente por la extemporaneidad en la instauración del juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación gramatical de los artículos reproducidos, se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente; es decir, cuando la acción de amparo no se ejerce dentro de los quince días siguientes al en que hubiera surtido efectos la notificación practicada al quejoso, conforme a la ley del acto; al en que haya tenido conocimiento de él, o bien, al en que se hubiera ostentado sabedor del mismo. La fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de la materia, alude al consentimiento de actos. En términos generales, el vocablo "consentir" significa permitir una cosa o condescender en que se haga y se pueden definir como los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales que no son reclamados dentro los términos que la ley señala para la promoción del juicio de amparo. En el caso se trata de un consentimiento tácito, esto es el que deriva de que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así es, al ejercicio inoportuno de la acción constitucional por no plantearse la demanda de amparo en los plazos que al efecto estableció el legislador, opera una presunción juris tantum que admite prueba en contrario sobre que, con su silencio o inactividad se han consentido los actos, produciéndose la aceptación porque el afectado por el acto de autoridad, no actúa para defenderse de aquél, en los términos prejudiciales establecidos en la Ley de Amparo, los cuales varían según las características de la litis que se controvierta. Cierto, la acción de amparo, por regla general, debe ejercitarse en el plazo de quince días, para lo cual establece tres hipótesis distintas de la forma como puede iniciar a computarse dicho término a saber; a partir del en que surta efectos, según lo disponga la ley, la notificación de este último (en cuyo supuesto se alude a procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer las resoluciones y que se es parte en el mismo); a partir de que el gobernado se ostente sabedor de él (se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece notificación, o de personas que no son parte en el mismo, lo que impide que sean notificadas); el último supuesto conlleva la confesión del conocimiento sin prueba en contrario. La ratio legis es preservar la seguridad jurídica de los actos de autoridad permitiendo que cobren firmeza; no es jurídicamente admisible (dado los principios de orden y preclusión procesal), dejar al libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la inseguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren eficacia de cosa juzgada, quienes, en su caso, se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza que crea su inmutabilidad. La temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo citada, encuentra excepciones en el propio artículo 17 anteriormente reproducido, que contempla plazos más amplios, como lo es el de treinta días, para el supuesto en que a partir de la vigencia de una ley autoaplicativa reclamable en la vía de amparo o del procedimiento de extradición; de ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; de siete años cuando se trate de actos que priven total o parcialmente, de forma provisional o definitiva, derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Existe otra excepción de que el juicio pueda ser promovido fuera del plazo genérico de quince días, y se da cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en cuyo caso la acción constitucional puede intentarse en cualquier tiempo, caso que desde luego, no es el que se examina. Supuestos los anteriormente precisados, que por ser una excepción a la regla general consagrada en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, son de estricta interpretación, y por tanto, no pueden aplicarse por analogía en caso alguno no comprendido en él. En ese contexto, el cómputo del término para promover la demanda de amparo, no depende simplemente de la realización del acto reclamado, sino del conocimiento que el quejoso haya tenido de tal acto. En ese sentido, del texto del artículo 18 de la Ley de Amparo, anteriormente reproducido, se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: A) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame. B) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad. C) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor del mismo o su ejecución. Lo anterior revela que el precepto mencionado, hace tres distinciones para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos aludidos, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. Esto es, tomando en cuenta la idoneidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y su posición respecto de los actos reclamados, no deben aplicarse invariablemente para empezar a contar a partir del día siguiente, cualquiera de las tres hipótesis; pues de lo contrario, si el legislador no hubiera querido hacer tal distinción, habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el inconforme se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el agraviado se haga sabedor del acto reclamado, ya que se trata de medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, y que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto, que el tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto siempre que éstas se cumplan, mientras que el propio conocimiento, no siempre proviene de una notificación, por lo que se está en casos diversos, al establecerse la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. En cambio, el conocimiento de la resolución, se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, al no haber sido partes, por esa sola circunstancia, no podrían ser notificadas. Asimismo, se aplica a aquellos actos de autoridad que no hayan nacido dentro de algún procedimiento. En ese orden de ideas, el tercer supuesto del numeral transcrito, entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. Así, los requisitos que deben satisfacerse para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, son los siguientes: La existencia de un acto de autoridad. Una persona afectada por dicho acto. La posibilidad legal para que dicha persona promueva el juicio de amparo en contra del acto en mención. El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y, El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, el marco referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es preponderante frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, sería inútil analizar el resto. En ese sentido, las condicionantes antes mencionadas se actualizan en la especie. Para sustentar lo anterior, se tiene que de la certificación que antecede, se advierte que en este Juzgado de Distrito existe el juicio de amparo 775/2017, promovido por ****, por conducto de su apoderado legal **** De la misma forma, que en dicho juicio de control constitucional el acto reclamado se hizo consistir en el auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 484/2017, relativo al medio preparatorio a juicio, del índice del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por ****, en el que se ordenó el desahogo de una prueba confesional a cargo de la ahora justiciable. Asimismo, que en el referido expediente, manifestó como fecha de conocimiento del acto reclamado el quince de mayo de dos mil diecisiete, lo que se acreditó con la documental que acompañó a su escrito de demanda. Constancias que constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional y de las cuales se ordena recabar copia certificada para que obren agregadas en el presente asunto. De lo anterior, se advierte que la quejosa ******, fue notificada personalmente del auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 484/2017, relativo al medio preparatorio a juicio, del índice del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por ***** el quince de mayo de dos mil diecisiete en las instalaciones de la Coordinación de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia por así ser su deseo y voluntad; por tanto, es en este momento en el que fue notificada de la existencia del expediente 484/2017. En relación con esto último debe decirse que de acuerdo al artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que se establece el plazo para la presentación de la demanda será de quince días contados a partir del siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) Al en que se haya ostentado sabedor del acto. En ese tenor, es claro advertir que el justiciable fue notificado del acto de autoridad desde el quince de mayo de dos mil diecisiete, de ahí que debe tenerse tal fecha como la de conocimiento del acto combatido, para los efectos de su impugnación en amparo. Lo anterior denota, que la quejosa, tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama, desde el quince de mayo de dos mil diecisiete, lo que se corrobora con la manifestación realizada por su apoderado legal en el escrito de demanda realizada dentro del juicio de amparo 775/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, la que constituye una confesión expresa, así como la constancia de notificación que acompañó al referido ocurso; por lo que el término de quince días para interponer la demanda de amparo respecto a dicho acto ha fenecido. De ahí tenemos que: a) Existen actos de autoridad, como lo es el trámite del expediente 484/2017 del índice del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Querétaro. b) Existe una persona que se dice afectada por dicho acto, esto es, la directa quejosa ***, será a quien le agravian los actos reclamados. c) Existía la posibilidad legal de que la parte quejosa promoviera juicio de amparo contra los actos a que se ha hecho alusión, porque así lo contempla el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. d) Existe en la ley un plazo perentorio para el ejercicio de dicha acción constitucional, en el caso concreto de quince días, establecido por el artículo 17, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiera actualizado en el caso alguno de los supuestos de excepción aludidos en párrafos pretéritos; y, e) El transcurso de ese lapso de quince días sin que el quejoso hubiera presentado dentro del mismo la demanda de amparo contra dichos actos. Luego, si la quejosa ****, fue notificada del trámite del juicio 484/2017 del índice de la autoridad resposnable desde el pasado quince de mayo de dos mil diecisiete, es de concluirse que los actos impugnados fueron tácitamente consentidos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia del solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda; de la misma forma, se tienen como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley invocada a *** y en términos del artículo 24 del referido ordenamiento legal a las diversas personas que menciona por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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