Thelma María del Socorro Pinzon Chi
Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Thelma María del Socorro Pinzon Chi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
*CITATORIO..- SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEITNISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "México, Ciudad de México, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Visto el escrito presentado por ************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos; por tal motivo, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo en los siguientes términos: PERSONALIDAD Se tiene a *************, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra los actos que reclama del Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Sexagésimo de lo Civil, todos de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO De la lectura del escrito de demanda y escrito aclaratorio, se advierte que el promovente acude a la presente instancia constitucional reclamando lo siguiente: a) *************************************. b) ****************************************. c) ***************************************. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes, con relación al acto reclamado: 1) ************** 2) ***************. 3) ******************. 4) ******************. Lo anterior, se aprecia de los documentos exhibidos por la parte quejosa, los que hacen prueba plena en su contra de los hechos plasmados en su demanda y escrito aclaratorio, así como en los documentos que adjuntó. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.C. J/5, con número de registro 203516, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 124, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTATICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. No es válido negar el carácter de prueba a las copias fotostáticas simples de documentos, puesto que no debe pasar inadvertido que conforme a diversas legislaciones, tales instrumentos admiten ser considerados como medios de convicción. Así el Código Federal de Procedimientos Civiles previene, en su artículo 93, que: "La ley reconoce como medios de prueba: ... VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia..." El artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece a su vez que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse, entre otros elementos probatorios, "... de cualquier cosa..." Dentro de estas disposiciones es admisible considerar comprendidas a las copias fotostáticas simples de documentos, cuya fuerza probatoria mayor o menor, dependerá del caso concreto y de las circunstancias especiales en que aparezcan aportadas al juicio. De este modo, la copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque cabe considerar que la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original. Esto es así porque las partes aportan pruebas con el objeto de que el juzgador verifique las afirmaciones producidas por aquéllas en los escritos que fijan la litis; por tanto, si se aporta determinado medio de convicción, es porque el oferente lo considera adecuado para servir de instrumento de verificación a sus afirmaciones. No es concebible que el oferente presente una prueba para demostrar la veracidad de sus asertos y que, al mismo tiempo, sostenga que tal elemento de convicción, por falso o inauténtico, carece de confiabilidad para acreditar sus aseveraciones. En cambio la propia copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y habría que tener en cuenta, además, que ni siquiera tendría la fuerza probatoria que producen los documentos simples, por carecer de uno de los elementos constitutivos de éstos, como es la firma autógrafa de quien lo suscribe y, en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la fuerza probatoria que proporcionaran otras probanzas que se relacionaran con su autenticidad." De igual forma, en lo conducente, la tesis 214,035, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, diciembre de 1993, página 857, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. RESPECTO EL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO A). De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado identificado con el inciso a), es extemporáneo y por tanto, en la especie SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 17 y 18 del ordenamiento jurídico invocado, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, el plazo para promover el juicio de garantías se computará desde el día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor de la resolución o acuerdo reclamado o de su ejecución. Ahora bien, en primer término es necesario establecer que todo gobernado cuenta con un término de quince días hábiles para la presentación de su demanda de amparo, y si durante el mismo no lo hace aquél resulta improcedente, al considerarse el acto tácitamente consentido, lo anterior es así ya que dicho término fue establecido por el legislador para otorgar seguridad jurídica con relación a los actos de autoridad, de lo contrario podría pensarse válidamente que la presentación del libelo constitucional puede hacerse en cualquier momento con lo cual se generaría incertidumbre a la autoridad responsable así como a quienes se hubiesen visto beneficiados con la actuación de referencia. De igual forma, puede advertirse que se entienden por días hábiles para la presentación de la demanda todos aquellos en que se encuentren en funciones los Tribunales de la Federación, excluyendo únicamente los que en forma expresa contiene el citado artículo 19 de la Ley de Amparo, sin establecer mayores excepciones que las ya mencionadas, esto es, tratándose de la entrada en vigor de una ley, actos que importen peligro a la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, extradición o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; en ese mismo sentido, se establece como caso de excepción aquellos supuestos en que se combate una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, siempre que el agraviado no hubiese sido citado legalmente y resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la república, o bien, fuera de esta. Así, de una sana interpretación armónica y sistemática de los preceptos legales antes citados, se establece la hipótesis jurídica de que es improcedente el juicio de amparo, cuando éste se promueva contra actos consentidos tácitamente, debiéndose entender por aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo indirecto en los términos previstos en los preceptos 17 y 19 de la Ley de la materia. Luego, el término que debe prevalecer en la especie es el contemplado en el referido artículo 17, es decir el de quince días, partiéndose de la premisa de que la promovente es parte en el juicio. Ahora bien, de los anexos que exhibió el quejoso, en su escrito de desahogo, a las que se les concede pleno valor probatorio en de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, resulta que la resolución de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 280/2019/2, que modificó el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se advierte que dicha sentencia fue publicada en el boletín judicial número 195 (ciento noventa y cinco), de quince de noviembre de dos mil veintidós, que surtió efectos el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. De lo anterior, conduce a determinar la fecha de conocimiento del acto reclamado por ******************, lo que hace prueba plena que el término para promover el presente juicio de garantías resulta extemporáneo. Se cita en apoyo, por identidad de razón jurídica la tesis P./J. 27/96, número de registro 200094, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Así las cosas, si la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto del juicio de origen desde el quince de noviembre de dos mil veintidós, fecha en que se publicó la resolución que señala como acto reclamado; y la demanda de garantías se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el ocho de marzo de dos mil veintitrés, según se advierte del sello fechador de dicha oficina; entonces, es indiscutible que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues dicho término transcurrió en exceso, ya que se debe computar a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 14, visible en la página once del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.- Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual manera, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 105 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS "CONSENTIDOS.- Se entiende que un acto que puede vulnerar las garantías individuales, ha sido consentido, cuando no se interpone dentro del término de quince días, el amparo contra la resolución respectiva, exceptuándose sólo de esa regla los actos clasificados en los incisos a), b) y c) de la fracción V del artículo 43 de la Ley Reglamentaria del Amparo (hoy artículo 22)." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: (IV Región) 2o.7 K (10a.), de la Décima Época, con número de registro 2007883, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, Materia Constitucional, consultable en la página 2926, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO CON RELACIÓN AL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO B). Ahora bien, por lo que hace a los actos reclamados identificados como inciso b) se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Esos numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que en esta vía se reclama los proveídos de tres y seis de marzo de dos mil veintitrés, dictados dentro del ****************. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, deriva de la ejecución. Sentado lo anterior, resulta claro que el acto materia de estudio no es de aquéllos dictados fuera de juicio, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita, y el criterio de irreparabilidad en la ejecución ?por regla general?, no es aplicable a los actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, supuestos ambos previstos en la fracción IV del artículo antes citado. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que al no cumplirse con esos requisitos el acto que por esta vía se reclama, no se satisfacen los supuestos de procedencia que establece el artículo 107, fracción IV, de la ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" - visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, este juzgador, estima, que el acto reclamado, emitido en la ejecución en vía de apremio, no es ajeno a la cosa juzgada, pues su cumplimiento deriva directamente de la resolución definitiva ya citada. Debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en el caso en concreto ejecución de sentencia definitiva, en contra de la cual sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia, puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general). Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues el acto que se reclama no es ajeno a lo resuelto en la resolución definitiva lo que constituye la verdad legal; es decir, es un acto dictado con motivo de la ejecución de la sentencia definitiva, el cual no es ajeno a la cosa juzgada, motivo por el cual, el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Dichas reglas deben aplicarse ya que en la resolución de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el ************* modificó el proveído de veinticuatro de agosto de dicho año, escritura correspondiente, así como que una vez que se realizara lo anterior, se devolviera el expediente, para que se notificara al titular registral **************, que deberían comparecer dentro del término de cinco días siguientes al en que quedaran notificados a la notaría a otorgar la escritura con el estampado de su firma correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo así, el juez de origen firmaría en su rebeldía, la que constituía la última resolución en la etapa de remate y las subsecuentes resoluciones deben seguir las reglas de la última resolución en la etapa de ejecución precisadas. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual manera, es aplicable la Tesis Aislada de la Décima Época, con número de registro 2009245, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Tomo III, Mayo de 2015, página 2334 de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. LA APROBACIÓN O RECONOCIMIENTO RESPECTO DE SU CUMPLIMIENTO TOTAL A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, PUEDE SER EXPRESO O TÁCITO (APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 32/2001). La fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, exige como presupuesto de procedencia para la impugnación en amparo indirecto de los actos de ejecución de sentencia, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento "entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento" o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este significado legislativo es el mismo que diera también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis P. LVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 16, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.". Asimismo, al emitir la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de idéntico rubro, se advierte que el Máximo Tribunal de la Nación lo hizo retomando y reiterando lo determinado en la tesis citada en primer lugar, esto es, que por "última resolución" debía entenderse "aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento", añadiendo únicamente que esa aprobación o reconocimiento podía darse de manera expresa o tácita. En consecuencia, por igualdad de razón, la misma interpretación debe darse a la referida fracción IV, párrafo segundo del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, pues la definición que el legislador previó para la expresión "última resolución" en esta norma, es la misma que analizó y dotó de alcance y contenido el Alto Tribunal en las aludidas tesis, esto es, que la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total de la sentencia de amparo indirecto puede ser expreso o tácito." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Asimismo, la Jurisprudencia número 235 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 159 que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón jurídica, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Novena Época, Tomo IV, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de ***************; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." RESPECTO EL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO C). Ahora bien, respecto del acto reclamado identificado con el inciso c) se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXI, ya que el acto reclamado cesó en sus efectos como se advierte de los antecedentes detallados, como se demostrará a continuación. En efecto, conforme a la causal de improcedencia en estudio, para que se actualice la hipótesis es necesario que concurran los requisitos siguientes: 1. ***************. 2. ***************. Ahora bien, del escrito de demanda y aclaratorio se evidencia que el gobernado acude a la presente instancia reclamando de la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de resolver el recurso de apelación, interpuesto en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el toca 280/2019/2; con lo que se colma el primer requisito. No obstante, de los anexos que presentó la parte quejosa en el presente asunto, resulta que por sentencia catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 280/2019/2, resolvió el recurso de apelación que interpuso el impetrante de amparo, en la que modificó el proveído de veinticuatro de agosto de dicho año, para el efecto de decretar la adjudicación directa a favor de la parte actora, respecto del inmueble ubicado en calle "E", número 12 (doce), colonia Educación, Ciudad de México; así mismo, se determinó que cuando se encontrara firme dicha sentencia se pusieran los autos a la vista del notario que designara la ejecutante para que procediera a tirar escritura correspondiente, así como que una vez que se realizara lo anterior, se devolviera el expediente, para que se notificara al titular registral *******************, que deberían comparecer dentro del término de cinco días siguientes al en que quedaran notificados a la notaría a otorgar la escritura con el estampado de su firma correspondiente, con el apercibimiento que de no hacerlo así, el juez de origen firmaría en su rebeldía. De lo anterior, se evidencia que se colma el segundo de los requisitos, ya que al haberse emitido la sentencia por la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 280/2019/2, operó con ello un cambio de situación jurídica, con relación al acto en estudio que se reclama en la presente instancia constitucional, trayendo como consecuencia que cesara en sus efectos. De ahí que, al haber cesado en sus efectos la omisión de dictar sentencia en el recurso de apelación que interpuso el quejoso y que dio origen al toca 280/2019/2 del índice de la Sala responsable, se actualiza con ello la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia número P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es aplicable, por identidad, la jurisprudencia número VI. 2o. J/39, consultable en la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 83, Noviembre de 1994, página 70, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***************. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.
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"México, Ciudad de México, a cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la parte quejosa para hacer manifestaciones relativas a la vista que se le mandó dar mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, y dado que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con vista en las constancias del sumario, se procede a resolver si ha quedado satisfecho o no el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de tres de marzo de este año, con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días, para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades, que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Substanciado el presente juicio de amparo, a través de la sentencia con fecha de engrose de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, se concedió el amparo a la quejosa. Dicho fallo causó ejecutoria mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se requirió a las autoridades responsables, informaran el cumplimiento al fallo protector, en los siguientes términos: "I.- Deje insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en la controversia de arrendamiento inmobiliario ******, del índice del Juzgado Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México. II.- Emita otro con plenitud de jurisdicción en el que con base en lo planteado en la presente sentencia, tome en consideración que el domicilio en que se constituyó el Actuario de su adscripción para llevar a cabo el emplazamiento del ahora tercero interesado fue el del bien arrendado, así como que dicho funcionario se cercioró que se constituyó en tal bien y que era el del buscado, emita una nueva resolución.". En respuesta de ello, mediante oficio recibido el treinta de septiembre pasado, registrado con el número de orden ******, el Juez responsable remitió copia certificada del acuerdo de esa misma fecha -dictado en el procedimiento de origen-, del que se advierte el cumplimiento, en los siguientes términos: Con relación al efecto precisado con el número I, dejó insubsistente el auto de ocho de marzo de dos mil veintidós; asimismo, con relación al diverso efecto identificado con el número II, dictó una nueva determinación con fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que atendió lo siguiente: El Juez responsable tomó en consideración que el domicilio en que se constituyó el Actuario de su adscripción para llevar a cabo el emplazamiento del ahora tercero interesado fue el del bien arrendado, en atención a lo siguiente: ".el emplazamiento se realizó en el inmueble arrendado atendiendo a lo dispuesto por el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad.". Cabe precisar que dicho precepto legal dispone lo siguiente: "Artículo 963.- Para los efectos de este título siempre se tendrá como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento". Por otra parte, asentó que el Actuario de su adscripción, se cercioró que se constituyó en tal bien y que era el del buscado; ello es así, ya que de la constancia remitida, se advierte textualmente lo siguiente: ".revisado que fue el emplazamiento, atento a lo dispuesto por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles, se desprende de la razón actuarial de fecha diez de febrero de dos mil veintidós, cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que, tal como lo prevé el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles de esta Ciudad, la actuaria describió los medios por los que se cercioró de que se encontraba en el domicilio del buscado (.)".Por tanto, el Juez responsable tuvo por válida y practicada la diligencia de emplazamiento, por lo que ordenó se realizara el cómputo respectivo, a efecto de que la parte demandada diera contestación de la demanda incoada en su contra. En atención a lo expuesto, este Juzgador considera que con las documentales que obran en autos se acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria, en virtud de que el Juez responsable acató en sus términos los resuelto por este juzgador, tal y como se advierte de lo previamente relacionado. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 77 fracción I, 196 tercer párrafo y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, sin que se advierta que exista exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria No obstante lo anterior, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, ya sea las partes o una persona extraña a juicio pueda hacer valer el recurso de inconformidad que prevé dicho numeral. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En ese sentido, también se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a su depuración conservándose únicamente las constancias a que hace alusión el citado numeral. Por lo que posterior a dicha depuración, se procederá hacer la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En las relatadas condiciones, remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al trece de enero de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, notifíquese el presente proveído a la parte quejosa por medio de lista. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.
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México, Ciudad de México, a tres de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Trigésimo Tercero Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia certificada de las constancias que acreditan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; al respecto, se provee: Con el contenido de la minuta de cuenta y constancias anexas, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, se imponga del contenido de dichas constancias. Lo anterior bajo el apercibimiento que de ser omisa, éste órgano jurisdiccional procederá a analizar de oficio el cumplimiento al fallo protector, con los elementos que obran en autos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis 1a. XC/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en la página 358, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, con número de registro IUS 188635, del tenor literal: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Finalmente, en cumplimiento al auto de diecisiete de agosto del año en curso, notifíquese el presente acuerdo a la parte quejosa, por medio de lista. Notifíquese por medio de lista a parte quejosa.
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México, Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la Jueza Trigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por medio del cual, acusa recibido de las constancias remitidas en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de septiembre del año en curso. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
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